“Es el duelo que no nos dejaron hacer”
Familiares y amigos de las víctimas, así como las querellas y los organismos de derechos humanos, esperan una condena de “cárcel efectiva, común y perpetua” a los responsables del fusilamiento de 16 presos y el intento de asesinato de otros tres en 1972.
Por Ailín Bullentini
Los acusados son los militares retirados Del Real, Sosa, Paccagnini, Marandino y Bautista.Imagen: Télam
“No nos sirve un poco de justicia, sino toda. No alcanza un poco de verdad; se necesita toda”, dice Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Es en el horizonte de esos “todo” donde debe ubicarse la sentencia que familiares y amigos de las víctimas, organismos de derechos humanos y gran cantidad de habitantes de las ciudades patagónicas de Rawson y Trelew esperan este mediodía: una condena de “cárcel efectiva, común y perpetua” a los responsables del fusilamiento de 16 presos políticos y el intento de asesinato de otros tres, hace 40 años, en la Base Almirante Zar. La Masacre de Trelew.La esperanza respecto del destino que aguarda para los acusados en el juicio les es más fácil de poner en palabras a los familiares, revela Hilda Toschi, la compañera de Humberto Toschi, uno de los fusilados, que los sentimientos que los atraviesan en las horas previas a la decisión judicial. “La tensión me ganó el cuerpo. Faltan horas, cuarenta años después, para que al fin podamos sentir alivio”, intenta Raquel Camps, hija de uno de los tres sobrevivientes, Alberto Camps. Toschi participó de casi todo el juicio. Junto con gran parte del resto de los familiares, Camps llegará esta madrugada a la tierra de donde salió gravemente herido su papá. Escucharán la sentencia juntos.
Con el veredicto que leerán este mediodía los jueces Enrique Guanziroli, Juan Leopoldo Velázquez y Nora Cabrera de Monella, que integran el Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia, finalizará el juicio por los asesinatos de Trelew, considerados por la Fiscalía y las querellas como delitos de lesa humanidad y la “mesa de ensayo” del terrorismo de Estado cívico-militar que arrasó con 30 mil vidas entre 1976 y 1983. Docenas de testigos desfilaron ante los magistrados, las partes acusatorias y las defensas durante los más de cinco meses de debate.
“Esperamos que la sentencia sea absolutamente condenatoria de cárcel común, perpetua y efectiva. Queremos también la inmediata detención de estas personas, porque está harto comprobado que fueron culpables de dieciséis asesinatos y tres en grado de tentativa. No nos explicamos por qué todavía están en libertad”, resumió Toschi el núcleo de la esperanza que une a los familiares de las víctimas de Trelew. La bronca de tener que compartir la calle con los asesinos de sus seres queridos sigue en su sangre. Respiran y aguantan, pero siguen, como hizo ella misma el miércoles pasado, que detrás de la mesa que ocupó durante el desayuno, en una confitería de Rawson, hacía lo mismo Emilio Del Real, uno de los acusados.
Bajo esa acusación –la de ser responsables de dieciséis casos de homicidio agravado, de tres casos de tentativa y torturas–, tanto los fiscales Fernando Gélvez, Horacio Arranz y Dante Vega, como las querellas de los familiares de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitaron la pena de prisión perpetua para los militares retirados Del Real, Luis Sosa, Rubén Paccagnini y Carlos Marandino. Los alegatos también coincidieron con el pedido de dos años de prisión efectiva para el militar retirado Jorge Bautista, juez ad hoc en la investigación militar de lo acontecido en la Base en la madrugada del 22 de agosto de 1972, acusado de encubrimiento.
También coincidieron en el pedido al Tribunal de que exija la deportación del militar retirado Roberto Bravo, que vive en Estados Unidos y fue mencionado por varios testigos –y en el fundamental relato de los sobrevivientes a la masacre, Alberto Camps, Ricardo Haidar y María Antonia Berger, cuyas voces grabadas se escucharon por primera vez en el marco del debate que hoy termina– como uno de los partícipes del fusilamiento. Las defensas, por supuesto, exigieron la prescripción de los hechos.
La de Raquel Camps también fue su primera vez en la escucha de la voz de su papá. Y más allá de lo “épico y fantástico” que, contó, fue ese hecho histórico en su vida –un “encuentro necesario” con su padre “en la intimidad” que le permitirá desde ese momento en adelante “cerrar los ojos y escucharlo”–, la mujer que espera la sentencia de hoy para “tener alivio” también define el relato en audio de su papá y los otros sobrevivientes en el marco de los hechos: “Después de 40 años pudieron, con sus voces de aquel momento, ser testigos en el juicio a los responsables. Lo que ellos siempre quisieron. No pudieron con sus voces”.
Su sentir es confuso, por estos momentos, y la memoria de su cuerpo está viva: los efectos que sintió en el juicio y la sentencia a los responsables de la desaparición de su madre son los mismos que experimenta por estas horas: tensión, sueños repetitivos, expectativas. “Estas cosas tienen que ver con los duelos. Cuando les vi las caras arrugadas a quienes desaparecieron a mi madre me dio mucha bronca: vivieron impunes, libres, disfrutando de su familia, sus hijos, sus nietos. Nosotros, mientras, aguardamos todo esto. El juicio y la sentencia es para nosotros el duelo que no nos dejaron hacer”, intentó.
Toschi se permite utilizar sustantivos para definir las sensaciones, sin encontrar uno que la convenza del todo: dolor, placer, ¿seguridad? Entonces, completó: “Lo que siento y sentimos todo los familiares es que realmente tenemos a los asesinos donde los queríamos tener: enjuiciados, sentados en el banquillo de los acusados y que fuera la Justicia la que determinara absolutamente su culpabilidad. Llegar a la sentencia en un juicio que se nos hizo muy largo. Llegamos casi sin esperanza”.
–¿Las expectativas para hoy son las mismas que albergaban al inicio del juicio?–No. Entonces fue la necesidad clara de rever toda la historia. Hoy, como en el aniversario, será distinto. Creo que podremos sentirlo de otra manera: que se hizo justicia. Será un momento de paz.
La marca de la memoria
Desde hoy, un cartel de grandes dimensiones ubicado en la puerta de la Base Almirante Zar, en Trelew, señalará que en ese lugar se cometieron delitos de lesa humanidad. Allí, en pequeños calabozos del edificio de armas, fueron mantenidos encerrados los 19 presos políticos que se fugaron de la Unidad Penal Nº 6 de Rawson el 15 de agosto de 1972, pero que no llegaron a abordar un avión que los llevaría a Chile –ése era el plan de fuga– y, al cabo de una semana, fueron fusilados (tres de ellos sobrevivieron). El acto, organizado por el Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se llevará a cabo esta mañana a las 9, tres horas antes de que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia lea la sentencia en el juicio por la Masacre de Trelew, que se lleva adelante en Rawson contra cinco represores.
Fuente:Pagina12
15.10.2012
Llega a su fin el juicio por el asesinato de 16 presos políticos ocurrido en la base Almirante Zar en agosto de 1972
A 40 años de la Masacre de Trelew la justicia pondrá hoy fin a la impunidad
Pidieron prisión perpetua en cárcel común para cuatro de los procesados. Será clave que el tribunal reconozca los fusilamientos como delitos de lesa humanidad. Para las querellas está probado que existió una práctica sistemática.
Por: Gerardo Aranguren
La herida abierta en la sociedad argentina hace más de 40 años podrá comenzar a cerrarse hoy a partir del mediodía cuando se conozca finalmente la condena a los responsables del fusilamiento de 16 presos políticos ocurrido en la base Almirante Zar en la madrugada del 22 de agosto de 1972 y conocido como la Masacre de Trelew.
El histórico juicio oral se llevó adelante en Rawson durante cinco meses, tiempo en el que alrededor de cien testigos brindaron su testimonio y en el que sólo uno de los acusados permaneció detenido, el ex cabo Carlos Marandino.
El resto de los procesados gozó de libertad: el entonces jefe de la base, Rubén Paccagnini, los capitanes Luis Sosa y Emilio Del Real, y Jorge Bautista, quien ofició de juez instructor militar luego de la masacre. Justamente, sobre Bautista pesa un pedido de pena menor que sobre el resto de los procesados.
Acusado por el delito de encubrimiento, la fiscalía, la querella de las familias y la de la Secretaría de Derechos Humanos solicitaron para él dos años de prisión efectiva.
Para el resto, imputados como autores mediatos y directos de los 16 homicidios, tres intentos de homicidio y las torturas, las partes acusadoras pidieron prisión perpetua en cárcel común. A través de testimonios, documentos y pericias, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia pudo recrear lo que sucedió a partir de las 3:30 de la madrugada del 22 de agosto en la base Almirante Zar, donde permanecían detenidos los 19 presos políticos que se habían fugado del Penal de Rawson, pero que fueron recapturados en el aeropuerto de Trelew.
Para que los pedidos de condenas efectuados por los familiares y el Estado se vean reflejados en la sentencia, será fundamental que los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Pedro José De Diego y Nora María Cabrera de Monella reconozcan estos delitos como de lesa humanidad.
"El debate ha sido claro, de acuerdo a la prueba acumulada quedó probado el carácter de lesa humanidad de los delitos y la responsabilidad de los imputados por los hechos. Que se reconozcan estos delitos como de lesa humanidad nos va a permitir una profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia que nos permita visualizar otros delitos de lesa humanidad en el país", señaló en diálogo con Tiempo Argentino el abogado Germán Kexel, quien representa a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos en el juicio.
"Esperamos la máxima condena, que no va a reparar lo que sucedió pero que después de 40 años, después de tantas trabas, esperamos poder mostrar que al final siempre vence la justicia, esa que iniciaron los familiares y abogados, y que terminamos las querellas, la fiscalía y nosotros representando a la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Martín Fresneda", agregó.
Para el joven abogado, oriundo de Trelew, la naturaleza de este juicio permitió reconstruir los mecanismos represivos de una época inmediatamente anterior a la de la última dictadura, donde todavía no se había implementado la desaparición como método sistemático.
"Las dinámicas represivas tenían una fisonomía particular: detenciones ilegales, incomunicaciones por diez días, tortura para extraer información para construir una cadena de delaciones y, posteriormente, el traslado a las cárceles australes, como el Penal de Rawson, alejados de sus abogados y familias. Después de esta práctica sistemática: detención, tortura y desaparición por diez días, generalmente quedaban a disposición del Poder Ejecutivo y, en una especie de doble condición, con causa en la Cámara Federal en lo Penal, conocida como 'el Camarón'", explicó Kexel.
Probar la sistematicidad de esa práctica, que llevó a la detención de más de 1500 presos políticos, es una de las claves para que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia confirme, como lo hiciera el juez de instrucción, que esos hechos constituyeron crímenes de lesa humanidad.
Otro aporte clave fue probar la intervención directa del dictador Agustín Lanusse en la toma de decisiones. "Desde el minuto uno tuvo el absoluto control de la situación, decidiendo que los militantes fueran a la Base Aeronaval y no de vuelta al penal. Pudimos comprobar que Lanusse estuvo al tanto de todo lo que pasó", señaló Kexel.
Pero además de los fusilamientos, relatados con sumo detalle por los tres sobrevivientes de la masacre, María Antonia Berger (FAR), Alberto Miguel Camps (FAR) y Ricardo René Haidar (Montoneros), durante las audiencias se logró reconstruir la persecución posterior sufrida por quienes sobrevivieron, los familiares de las víctimas, sus abogados e incluso los organismos de solidaridad con los detenidos como embrión de los organismos de Derechos Humanos que surgieron durante la última dictadura.
También quedó clara la continuidad represiva, ya que estas represalias fueron llevadas adelante por la Triple A y los grupos de tarea de la última dictadura. "Junto a Eduardo Luis Duhalde señalamos históricamente que este episodio fue el ensayo general del terrorismo de Estado, que seguiría después con la Triple A y la dictadura de Videla. Tiene los elementos del terrorismo de Estado: se cometen crímenes de lesa humanidad, por su carácter sistemático, y se trata de ocultar la responsabilidad estatal.
Nos pareció evidente desde el comienzo, lo que llamamos el origen de la pedagogía del terror", analizó en diálogo con este diario el abogado Rodolfo Mattarollo, embajador de la Unasur en Haití y abogado de María Angélica Sabelli, una de las 16 víctimas fatales del 22 de agosto de 1972. Mattarollo recordó a Sabelli: "su sonrisa, confianza y fe en que Argentina iba a salir de la noche de la dictadura", y la figura de Duhalde, con quien luchó "durante 40 años para que se juzgara la responsabilidad de los fusilamientos".
"Siempre estuvo claro que se trató de una masacre y estamos saliendo por la única vía posible, la reparación a través de la justicia. Se trata de una reparación histórica que abarca a la sociedad en su conjunto y fue realizada por un tribunal que garantizó todos los derechos y garantías de los procesados", finalizó el abogado.
"se visibilizó la agenda política de una generación"
Realizado en 2004, el documental de Mariana Arruti Trelew, la fuga que fue masacre se convirtió en una investigación de referencia sobre los fusilamientos del 22 de agosto de 1972 junto a La Patria Fusilada, histórica entrevista de Paco Urondo a los sobrevivientes de la Masacre, y La Pasión según Trelew, de Tomás Eloy Martínez.
El film puso en agenda los delitos cometidos por la dictadura de Agustín Lanusse y denunció la impunidad de sus autores. "En principio, cuando hice la película, no implicaba ninguna esperanza de que se abriera la causa, sino que estaba la sensación de que iba a quedar impune.
Mucho más porque se trataba de un hecho anterior a la dictadura y desmarcado de la construcción represiva de los últimos años", señaló Arruti en diálogo con Tiempo Argentino.
–¿Qué significó el proceso judicial por la Masacre?
–Me parece que más allá de las condenas, que espero que sean las máximas porque reparan a la historia que tiene que cerrar, el juicio puso en debate una cantidad de cosas que tiene que ver con cómo se construyó la represión estatal. También visibiliza la agenda política de esa generación de militantes, porque los fusilamientos son consecuencia de un hecho previo, un acto político además de militar, que fue la fuga del penal.
El juicio habló de eso, permitió escuchar esas cosas, y ayudó a construir las identidades políticas de esa generación, una cuestión interesante para las nuevas generaciones para aprender a la última dictadura como proceso histórico más amplio.
–¿La película contribuyó a darle visibilidad a este tema muchas veces ocultado?
–La experiencia de hacer la película fue muy intensa porque estaba silenciado. Había recordaciones y actos, pero no tenía un lugar de visibilización para el conjunto de la sociedad de esa zona. La película tuvo un lugar en ese proceso y, obviamente, el juicio también en esta nueva etapa.
Fuente:TiempoArgentino
Llega a su fin el juicio por el asesinato de 16 presos políticos ocurrido en la base Almirante Zar en agosto de 1972
A 40 años de la Masacre de Trelew la justicia pondrá hoy fin a la impunidad
Pidieron prisión perpetua en cárcel común para cuatro de los procesados. Será clave que el tribunal reconozca los fusilamientos como delitos de lesa humanidad. Para las querellas está probado que existió una práctica sistemática.
Por: Gerardo Aranguren
El histórico juicio oral se llevó adelante en Rawson durante cinco meses, tiempo en el que alrededor de cien testigos brindaron su testimonio y en el que sólo uno de los acusados permaneció detenido, el ex cabo Carlos Marandino.
El resto de los procesados gozó de libertad: el entonces jefe de la base, Rubén Paccagnini, los capitanes Luis Sosa y Emilio Del Real, y Jorge Bautista, quien ofició de juez instructor militar luego de la masacre. Justamente, sobre Bautista pesa un pedido de pena menor que sobre el resto de los procesados.
Acusado por el delito de encubrimiento, la fiscalía, la querella de las familias y la de la Secretaría de Derechos Humanos solicitaron para él dos años de prisión efectiva.
Para el resto, imputados como autores mediatos y directos de los 16 homicidios, tres intentos de homicidio y las torturas, las partes acusadoras pidieron prisión perpetua en cárcel común. A través de testimonios, documentos y pericias, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia pudo recrear lo que sucedió a partir de las 3:30 de la madrugada del 22 de agosto en la base Almirante Zar, donde permanecían detenidos los 19 presos políticos que se habían fugado del Penal de Rawson, pero que fueron recapturados en el aeropuerto de Trelew.
Para que los pedidos de condenas efectuados por los familiares y el Estado se vean reflejados en la sentencia, será fundamental que los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Pedro José De Diego y Nora María Cabrera de Monella reconozcan estos delitos como de lesa humanidad.
"El debate ha sido claro, de acuerdo a la prueba acumulada quedó probado el carácter de lesa humanidad de los delitos y la responsabilidad de los imputados por los hechos. Que se reconozcan estos delitos como de lesa humanidad nos va a permitir una profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia que nos permita visualizar otros delitos de lesa humanidad en el país", señaló en diálogo con Tiempo Argentino el abogado Germán Kexel, quien representa a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos en el juicio.
"Esperamos la máxima condena, que no va a reparar lo que sucedió pero que después de 40 años, después de tantas trabas, esperamos poder mostrar que al final siempre vence la justicia, esa que iniciaron los familiares y abogados, y que terminamos las querellas, la fiscalía y nosotros representando a la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Martín Fresneda", agregó.
Para el joven abogado, oriundo de Trelew, la naturaleza de este juicio permitió reconstruir los mecanismos represivos de una época inmediatamente anterior a la de la última dictadura, donde todavía no se había implementado la desaparición como método sistemático.
"Las dinámicas represivas tenían una fisonomía particular: detenciones ilegales, incomunicaciones por diez días, tortura para extraer información para construir una cadena de delaciones y, posteriormente, el traslado a las cárceles australes, como el Penal de Rawson, alejados de sus abogados y familias. Después de esta práctica sistemática: detención, tortura y desaparición por diez días, generalmente quedaban a disposición del Poder Ejecutivo y, en una especie de doble condición, con causa en la Cámara Federal en lo Penal, conocida como 'el Camarón'", explicó Kexel.
Probar la sistematicidad de esa práctica, que llevó a la detención de más de 1500 presos políticos, es una de las claves para que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia confirme, como lo hiciera el juez de instrucción, que esos hechos constituyeron crímenes de lesa humanidad.
Otro aporte clave fue probar la intervención directa del dictador Agustín Lanusse en la toma de decisiones. "Desde el minuto uno tuvo el absoluto control de la situación, decidiendo que los militantes fueran a la Base Aeronaval y no de vuelta al penal. Pudimos comprobar que Lanusse estuvo al tanto de todo lo que pasó", señaló Kexel.
Pero además de los fusilamientos, relatados con sumo detalle por los tres sobrevivientes de la masacre, María Antonia Berger (FAR), Alberto Miguel Camps (FAR) y Ricardo René Haidar (Montoneros), durante las audiencias se logró reconstruir la persecución posterior sufrida por quienes sobrevivieron, los familiares de las víctimas, sus abogados e incluso los organismos de solidaridad con los detenidos como embrión de los organismos de Derechos Humanos que surgieron durante la última dictadura.
También quedó clara la continuidad represiva, ya que estas represalias fueron llevadas adelante por la Triple A y los grupos de tarea de la última dictadura. "Junto a Eduardo Luis Duhalde señalamos históricamente que este episodio fue el ensayo general del terrorismo de Estado, que seguiría después con la Triple A y la dictadura de Videla. Tiene los elementos del terrorismo de Estado: se cometen crímenes de lesa humanidad, por su carácter sistemático, y se trata de ocultar la responsabilidad estatal.
Nos pareció evidente desde el comienzo, lo que llamamos el origen de la pedagogía del terror", analizó en diálogo con este diario el abogado Rodolfo Mattarollo, embajador de la Unasur en Haití y abogado de María Angélica Sabelli, una de las 16 víctimas fatales del 22 de agosto de 1972. Mattarollo recordó a Sabelli: "su sonrisa, confianza y fe en que Argentina iba a salir de la noche de la dictadura", y la figura de Duhalde, con quien luchó "durante 40 años para que se juzgara la responsabilidad de los fusilamientos".
"Siempre estuvo claro que se trató de una masacre y estamos saliendo por la única vía posible, la reparación a través de la justicia. Se trata de una reparación histórica que abarca a la sociedad en su conjunto y fue realizada por un tribunal que garantizó todos los derechos y garantías de los procesados", finalizó el abogado.
"se visibilizó la agenda política de una generación"
Realizado en 2004, el documental de Mariana Arruti Trelew, la fuga que fue masacre se convirtió en una investigación de referencia sobre los fusilamientos del 22 de agosto de 1972 junto a La Patria Fusilada, histórica entrevista de Paco Urondo a los sobrevivientes de la Masacre, y La Pasión según Trelew, de Tomás Eloy Martínez.
El film puso en agenda los delitos cometidos por la dictadura de Agustín Lanusse y denunció la impunidad de sus autores. "En principio, cuando hice la película, no implicaba ninguna esperanza de que se abriera la causa, sino que estaba la sensación de que iba a quedar impune.
Mucho más porque se trataba de un hecho anterior a la dictadura y desmarcado de la construcción represiva de los últimos años", señaló Arruti en diálogo con Tiempo Argentino.
–¿Qué significó el proceso judicial por la Masacre?
–Me parece que más allá de las condenas, que espero que sean las máximas porque reparan a la historia que tiene que cerrar, el juicio puso en debate una cantidad de cosas que tiene que ver con cómo se construyó la represión estatal. También visibiliza la agenda política de esa generación de militantes, porque los fusilamientos son consecuencia de un hecho previo, un acto político además de militar, que fue la fuga del penal.
El juicio habló de eso, permitió escuchar esas cosas, y ayudó a construir las identidades políticas de esa generación, una cuestión interesante para las nuevas generaciones para aprender a la última dictadura como proceso histórico más amplio.
–¿La película contribuyó a darle visibilidad a este tema muchas veces ocultado?
–La experiencia de hacer la película fue muy intensa porque estaba silenciado. Había recordaciones y actos, pero no tenía un lugar de visibilización para el conjunto de la sociedad de esa zona. La película tuvo un lugar en ese proceso y, obviamente, el juicio también en esta nueva etapa.
Fuente:TiempoArgentino
15-10-2012
Dictan sentencia por la Masacre de Trelew
El juicio contra cinco represores por el fusilamiento de 19 guerrilleros en 1972 llega a fin 40 años después.
El tribunal federal de Comodoro Rivadavia dará a conocer hoy su fallo.
La fiscalía solicitó prisión perpetua para cuatro acusados.
Comodoro Rivadavia (Télam) El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dará a conocer hoy la sentencia en el juicio oral y público por el fusilamiento de 19 prisioneros políticos el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de Trelew, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse.
La fiscalía y las querellas coincidieron en solicitar prisión perpetua para Rubén Paccagnini, Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino, como autores de 16 homicidios y tres tentativas, y dos años de cárcel efectiva para Jorge Bautista, acusado de encubrir esos crímenes de lesa humanidad. En sus alegatos finales en septiembre último, pidieron además otras medidas, entre las cuales que se insista en tramitar la extradición o la deportación del represor Roberto Bravo, residente en Estados Unidos y cuya extradición denegó la Justicia de ese país en el 2008.
Una espera de 40 años
La causa elevada a juicio en abril de 2009 acumuló una extensa plataforma probatoria sobre los hechos de la Masacre de Trelew que, argumentaron los acusadores, marcó hace 40 años un hito en el plan clandestino de represión y fue el "ensayo general del terrorismo de Estado" llevado a su máxima expresión durante la última dictadura.
Un grupo de presos políticos gestó el 15 de agosto de 1972 una fuga masiva de la cárcel de la ciudad de Rawson. Los presos pertenecían a las organizaciones PRT-ERP, FAR y Montoneros.
Sólo seis de ellos -líderes de estas organizaciones- pudieron escapar en un avión a Chile, mientras que otros 19 llegaron al aeropuerto cuando la aeronave ya había partido. Se atrincheraron en el aeropuerto pero al día siguiente se entregaron.
Fueron llevados a la base militar Almirante Zar y una semana más tarde fueron sometidos a un pelotón de fusilamiento. Tres de los 19 presos sobrevivieron al fusilamiento, pero años más tarde fueron víctimas de la dictadura.
Fuente:LaMañanadeNeuquen
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