Inspecciones en Jujuy
Las dos causas que se tramitan en Jujuy referidas a la Noche del Apagón y al secuestro de Luis Arédez, en instrucción y en el juicio oral, tuvieron ayer intensas jornadas.
En la primera, el juez federal subrogante Fernando Poviña realizó una inspección ocular en una sede de Gendarmería y tres comisarías por donde pasaron las víctimas de Calilegua y Libertador General San Martín, y en ninguna de las dependencias pudieron acceder a los libros de guardia porque les informaron que los habían incinerado.
Sin embargo, en la comisaría 41 el jefe policial les dijo que hace dos meses el fiscal Emilio Cattan había retirado el “libro de inscripciones” de 1970 a 1995, por orden del juez Jorge Samman.
Ni el juez Poviña, ni la querella ni las partes tenían conocimiento del secuestro de esa documentación y solicitarán acceso a la misma. “Esto demuestra la complicidad del poder político, porque el fiscal de Estado que que motivó el procedimiento, responde a Eduardo Fellner”, dijo indignada Adriana Arédez a Página/12.
En tanto, los abogados querellantes Paula Carreras y Ariel Ruarte expresaron que “esta situación constituye una grave irregularidad por cuanto el Poder Judicial habría producido un ocultamiento de pruebas de suma importancia”.
Y exigen saber en qué causa fueron secuestrados esos libros y por qué razón no se informó a los demás juzgados que investigan delitos de lesa humanidad, como tampoco a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura.
Por otra parte, en el juicio oral en el que están siendo juzgados los casos de varias víctimas, entre ellas Arédez, ayer fue recusado uno de los jueces, Daniel Morín, tras un incidente con uno de los testigos, que confesó que un abogado le recomendó que dijera que no se acordaba nada de su declaración anterior, lo que provocó el enojo de los magistrados del tribunal oral.
Aunque los fundamentos de la recusación presentada por la defensa de los tres genocidas imputados sería poco fundamentada, el proceso queda en suspenso.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agnddhh
COMUNICADO DE PRENSA
18 de octubre de 2012:
Descubren que el poder judicial de la provincia no informó sobre documentación policial de los años de la dictadura que estaría en su poder
Jujuy, 18/10/2012
Las abogadas y abogados querellantes por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy durante la última dictadura cívico militar, desconocían este hecho. Se trata de documentación correspondiente a los años 1976, 1977, y 1978 entre otras, contenidas en los libros de guardia de las comisarías de la localidades de Calilegua y de la que se encuentra en la ciudad de Libertador General San Martín, en el barrio Ledesma; esta última en adyacencia del Ingenio homónimo. Las que se encontrarían secuestradas por la Fiscalía de Investigaciones n°9 de San Pedro de Jujuy, a cargo del Dr. Emilio Carlos Cattan, desde agosto de este año.
Para la querella, esta situación constituye una grave irregularidad, por cuanto se habría producido un ocultamiento de pruebas de suma importancia para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Circunstancia que cobró trascendencia, tras la inspección ocular realizada durante la mañana de ayer por el juez federal de instrucción, Luis Poviña. Magistrado que lleva adelante la causa en la que se indaga la participación del presidente de la empresa Ledesma SAAI, Carlos Pedro Blaquier, y el ex administrador de la misma Alberto Lemos, en los secuestros y desapariciones de personas producidas en la zona desde el golpe militar de 1976.
Orden de inspección que se cumplió in situ en las seccionales de la policía de la provincia n°41 de la localidad de Calilegua, la n° 11 de la ciudad de Libertador Gral. San Martín, y la n° 24 ubicada en barrio Ledesma. Además del destacamento de gendarmería, que colinda con esta última; ante la presencia de las partes involucradas, el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, y el juez Poviña.
“Ayer, mientras se llevaba a cabo la medida, nos enteramos que en agosto de este año, y por una denuncia formulada por el fiscal del estado provincial, Dr. Matuk, se ordenó en el marco del expediente 2093/12, el secuestro de varios libros con registros correspondientes a los años 1976, 1977 y 1978 de la seccional 24 del barrio Ledesma. También pudimos conocer que se secuestró otro libro con registros que datan de los años 1970 al 1995 de la comisaria de Calilegua”; explicó el abogado querellante Ariel Ruarte.
“Esta documentación debió remitirse de manera inmediata, tanto al juzgado federal n° 2 del Dr. Poviña, quién es el que investiga estos hechos, así como también haberlos puesto en conocimiento de los organismo de derechos humanos”; agregó Ruarte.
“Se desconoce el objeto de la denuncia impulsada por la provincia, y lo que es más grave aún, el contenido de los documentos secuestrados, y si el Juez Poviña está al tanto de los mismos”; expresó la abogada querellante Paula Álvarez Carreras.
“Quiero expresar nuestra preocupación como querellantes, ante ésta seria irregularidad, ya que hace más de dos meses que se encuentra en manos del poder judicial de la provincia, una documentación policial relacionada con lugares de detención de víctimas de la noche del Apagón; y podrían estar registradas allí detenciones de numerosas víctimas”. “Muchas de las cuales se encuentran hasta el día de hoy desaparecidas en el contexto del terrorismo de Estado practicado por la dictadura cívico militar”; finalizó la querellante.
Asimismo, la querella informó a su vez que pudo saber que “no existe documentación de aquellos años en la Seccional N° 11 de Libertador Gral. San Martín, por cuanto los registros de archivos anteriores al año 2000, fueron incinerados”; dijeron.
Envío:Agnddhh
Audiencia 25.
Pidieron la recusación a un vocal del TOF: la defensa
argumentó intimidación a uno de los testigos
Lo más sustancial de la audiencia de debate de La Audiencia Nº 25, concretada este jueves, fue el pedido de recusación al vocal que integra el Tribunal Oral Federal, Dr. Daniel Morín. Los defensores de los imputados José Eduardo Bulgheroni y Rafael Mariano Braga, los abogados Carlos Rodríguez Vega y Ricardo Vitellini, argumentaron que el magistrado “intimidó” al testigo Luis Navarro durante el debate en la audiencia y que incurrió en una falta de objetividad e imparcialidad.
La situación será resuelta este viernes, a partir de las 9:00. El TOF deberá entonces resolver el planteo, previa revisación de las actas de debate y lectura del informe de defensa del Dr. Morín.
En esta audiencia declararon seis testigos ofrecidos por la fiscalía, agentes que prestaron servicios en la Central de la Policía de la Provincia. Por problemas en la conexión con el Establecimiento Penitenciario de Ezeiza donde se encuentra el imputado Antonio Orlando Vargas, tres testigos fueron reprogramados para la semana próxima.
Durante esta audiencia los ex policías reconocieron los planos de la Central de Policía y precisaron que -ingresando por calle Alvear- había una “zona restringida” que pertenecía al Ejército, donde había detenidos. Además indicaron en el plano, las oficinas de los interrogatorios que realizaba el Comisario Ernesto Jaig.
Estos ex agentes se desempeñaban en el Comando Radiopatrulla de la policía, eran operadores y otros agentes administrativos.
Genaro Puca, afirmó que en la Central al fondo, donde funcionaba el Comando Radiopatrulla había personal específico para los detenidos subversivos y señaló que después del golpe del 76 ingresa personal militar.
EL TESTIGO DE LA CONTROVERSIA
El testimonio más controvertido de la jornada fue el de Luis Navarro, cuestionado por contradicciones y sobre todo por rectificaciones que efectuó de sus propias afirmaciones vertidas en el proceso de instrucción penal que antecedió al juicio. Navarro trabajaba en el cuerpo de radio patrulla.
Ante una pregunta de la fiscalía, el testigo señaló que después del Golpe de estado de 1976, se produjeron cambios. Manifestó haber visto “una cosa distinta” y que su lugar de trabajo comenzó a ser referida como el “Area 323” que estaba localizada en la zona del Patio de Armas de la POlicía, pero aclaró que “no sabía que era eso”. Además indicó que Jaig se reunía con gente del servicio de inteligencia del Ejército.
Dijo que traían detenidos a ese lugar, a los que tuvo que atender y darles la comida que traían del servicio penitenciario.
Recordó que en una oportunidad escuchó gritos “Jaig golpeaba gente y gritaba, después salió asustado y me dijo: `vos hablas y estás a 1,80metro bajo tierra”. Lo había amenazado de muerte.
El testigo había realizado declaraciones anteriores en el Juzgado de instrucción y se rectificó diciendo que “a Bulgheroni y a Braga no los conocía, pero si se los mencionaba en aquellos años”.
Navarro relató que lo vio a Weizs (Jorge), que llegó en un camión del penitenciario y fue encerrado en un baño, a donde le llevó la comida. “El flaco Weizs estaba mal, me dijo que había firmado su libertad en el penal”, no lo volvió a ver. También destacó que vio gente golpeada en la cara y las espaldas. Otra situación fue que vio ingresar a una pareja de detenidos, a la que sacaron de la oficina de interrogatorios, por la madrugada envueltos en frazadas- probablemente muertos- en un rastrojero. También recordó que vio a un joven de 18 años que era estudiante universitario en Tucumán y a una joven detenida de apellido Navarro.
“Jaig era más que el juez”, dijo el testigo por la autoridad que tenía. También afirmó que “lo veo a Jaig y lo veo al diablo” y recordó que le decían por eso “el loco”. Andaba con Armando Ruiz. Herminio Zarate y Ballón eran del servicio de inteligencia, “andaban de civil por todos lados”, dijo.
Navarro también dijo que sabía por que se hablaba, que en Guerrero funcionaba un centro de detención. Precisó que en una oportunidad, Jaig le dijo a su chofer privado, Luis Montaner, que tenía que ir a Guerrero, entonces el chofer se subió en un ford falcon amarillo o blanco. Antes le había dicho a Navarro que allí había detenidos. Pero además recordó que una vez escuchó conversaciones que daban cuenta que “Jaig se había ido a Guerrero y que Vaca se había ido a interrogar a Guerrero”.
Durante su intervención el Fiscal ad hoc Pablo Pelazzo solicitó al tribunal que se le leyera un artículo del código penal donde se especifica las penalidades por falso testimonio. El fiscal fue quien señaló inicialmente las diferencias entre su relato en la audiencia y lo declarado en la instrucción. El testigo antes había señalado que quería rectificarse de lo dicho en la instrucción.
El juez Marcelo Juárez Almaraz lo interrogó también expresando “cuando firmó su declaración ¿no leyó?” Navarro respondió “estaba cansado señor”. Y “porqué no rectificó antes” agregó el magistrado. Dijo el testigio que esperaba a la instancia del juicio.
Tras esto el juez Daniel Morín observó que su declaración era de marzo de 2011 –es decir se trata de una declaración relativamente reciente- y volvió a requerirle precisiones sobre lo dicho entonces y la contradicción evidente en la que incurría el testigo. Insistió el testigo que “no la léi cuando la firme, pude haber cometido un error”. Morín le consultó entonces si estaba dando a entender que “el juez de instrucción lo había inducido al error”. Finalmente el testigo dijo que a Braga y a Bulgheroni lo nos conocía, pero que si escuchaba sus nombres y que deberían haber estado porque esos eran exclusivamente los nombres que se escuchaban.
La jueza Fátima Ruiz López por su parte, le solicitó al testigo que reflexionara sobre lo que dijo porque “hay gente detenida por sus declaraciones” y le advirtió que “esto que sucede jurídicamente es grave”. La jueza le preguntó si tenía pleno manejo de su discurso y si se sentía bien, para que pudiera declarar tranquilamente y para que no interpretara que se lo estaba tratando de inducir. El Tribunal necesitaba dilucidar esa situación.
“No había otros militares que Braga o Bulgheroni”, afirmó finalmente con lo cual quedó resuelta la contradicción inicial que evidenciaba el testigo.
Navarro, también prestó servicios como guardia del General Urdapilleta, Gobernador interventor de Jujuy durante la dictadura militar, en su casa del Dique La Ciénaga. “Una vez salió y me dijo que había que tener cuidado porque habían matado a un tal Santucho” recordó.
En otro tramo de la audiencia, el testigo volvió a recordar el momento de la amenaza que le infringió Jaig, “Si hablás vas a estar 1,80 metros bajo la tierra”. Entonces Jaig se encontraba con dos personas, en la instrucción el testigo dijo que podían ser Braga y Bulgheroni.
Ante esto el juez Morín observó que si esa amenaza, como lo había referido el testigo, había sido una escena imborrable en su vida, cómo es que no podía recordar la gente con la que se encontraba Jaig. Explicó el testigo que Jaig en ese momento había salido de una habitación donde se encontraban las otras personas y que en ese preciso momento estaba solo.
Tras ese episodio, Jaig se internó nuevamente en la habitación donde estaban los otros, relató Navarro. “Jaig no trabajaba solo sino con el Servicio de Inteligencia” dijo el testigo al aludir a las acciones de interrogación y de tortura, que se presumen por lo que relata el testigo que afirmó que escuchaba quejidos de detenidos y gritos de Jaig.
El testigo no pudo precisar las características físicas de esas personas que suponía que eran del Ejército -Braga y Bulgheroni- cuya presencia en esa dependencia policial era habitual. Sin embargo, si pudo recordar con detalles las características físicas de la pareja detenida que fue sacada aparentemente asesinada. “El varón, era alto, corpulento y con cabellera semi larga, la mujer era delgada”, recordó.
También el testigo dijo que entre las tareas asignada, debía registrar los detenidos, pero esta función le fue suspendida después de la llegada de Weisz. Jaig le dijo que ya no tenía que hacerlo.
OTROS TESTIGOS
Marcelino Condorí trabajó en la Policía de la Provincia, cumpliendo tareas administrativas. Afirmó ante el TOF en la Audiencia Nº 25 que sabía que Jaig iba al Ejército y se comentaba que tenía reuniones con militares. Además Condorí indicó que en el sector de Radiopatrulla, al fondo, había detenidos y que después del Golpe Militar, esa zona se convirtió en área restringida, a la que no tenían acceso.
También en esta audiencia, declaró Miguel Angel Jaime, quien cumplió tareas administrativas en la Policía de la Provincia. Precisamente se desempeñaba en el Cuerpo de Operaciones Policiales, haciendo notas, archivos y manejando radiogramas que se emitían desde las seccionales.
Dijo haber visto gente detenida en la Alcaldía, pero no le llamó la atención y recordó solo la detención de José Torramorell, cuya declaración leyó cuando tuvo que fotocopiar un expediente.
Manifestó el testigo que Jaig se reunía con militares en “la Sala de Situación que tenía el nombre de un militar muerto durante la subversión”
Gilberto Emeterio Ortiz, prestó servicios como operador de radio en el Comando Radioléctrico.
En su declaración ante el TOF indicó que después del golpe pasó a la Secretaría donde hacía trámites administrativos. Dijo que en el sector de la Alcaldía estaban los detenidos que llevaban desde las comisarías para su identificación.
También testimonió Ernesto Reymundo Camargo, quien trabajó en la base operacional del Comando Radioeléctrico como radio operador. Dijo haber escuchado nombrar a Bulgheroni como una persona que se reunía con Jaig y especificó que los militares no se presentaban uniformados, sino de civil. Señaló que los detenidos estaban en la zona de la Alcaldía.
Después de prestar servicios en esta dependencia, el testigo pasó a revistar en la custodia de Urdapilleta en Casa de Gobierno.
Para la jornada de este viernes, declararán testigos víctimas, entre ellos Jerónimo Lamas y Raúl Bartoletti, así como Martiniano Mamaní, Orlando Alfaro, Rosalina Toconás y Adrián Liquen.
Producción: Mariana Mamaní y María Inés Zigarán
Fotografía: Diego Martínez
p/EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE APOYO A LOS JUICIOS
Juicio histórico: Pidieron la recusación del Dr. Morín
Se desarrolló este jueves la audiencia 25 del juicio por delitos de lesa humanidad, en la que declararon seis testigos, ex policías. Recusaron al Dr. Morín.
Dr. Daniel Morín, cuya recusación pidieron las defensas
Lo más sustancial de la audiencia de debate fue el pedido de recusación al vocal que integra el Tribunal Oral Federal, Dr. Daniel Morín. Carlos Rodríguez Vega y Ricardo Vitellini, defensores de los imputados José Eduardo Bulgheroni y Rafael Mariano Braga, argumentaron que el magistrado “intimidó” al testigo Luis Navarro durante el debate en la audiencia y que incurrió en una falta de objetividad e imparcialidad.
La situación será resuelta este viernes, a partir de las 9. El TOF deberá entonces resolver el planteo, previa revisación de las actas de debate y lectura del informe de defensa del Dr. Morín.
En esta audiencia declararon seis testigos ofrecidos por la fiscalía. Se trata de ex agentes que prestaron servicios en la Central de la Policía de la Provincia. Por problemas en la conexión con el Establecimiento Penitenciario de Ezeiza donde se encuentra el imputado Antonio Orlando Vargas, tres testigos fueron reprogramados para la semana próxima.
Durante esta audiencia los ex policías reconocieron los planos de la Central de Policía y precisaron que -ingresando por calle Alvear- había una “zona restringida” que pertenecía al Ejército, donde había detenidos. Además indicaron en el plano, las oficinas de los interrogatorios que realizaba el Comisario Ernesto Jaig.
Estos ex agentes se desempeñaban en el Comando Radiopatrulla de la policía, eran operadores y otros agentes administrativos.
Genaro Puca, afirmó que en la Central al fondo, donde funcionaba el Comando Radiopatrulla había personal específico para los detenidos subversivos y señaló que después del golpe del 76 ingresó personal militar.
El testigo de la controversia
El testimonio más controvertido de la jornada fue el de Luis Navarro, cuestionado por contradicciones y sobre todo por rectificaciones que efectuó de sus propias afirmaciones vertidas en el proceso de instrucción penal que antecedió al juicio.
Navarro trabajaba en el cuerpo de radio patrulla.
Ante una pregunta de la fiscalía, el testigo señaló que hasta el gol golpe de Estado de 1976 todo era “normal” y que luego se produjeron cambios.
Manifestó haber visto “una cosa distinta” y que se comenzó a hablar deel “Área 323”, pero aclaró que “no sabía que era eso”.
Además indicó que Jaig se reunía con gente del servicio de inteligencia del Ejército.
Dijo que traían detenidos a ese lugar, a los que tuvo que atender y darles la comida que traían del servicio penitenciario.
Recordó que en una oportunidad escuchó gritos. “Jaig golpeaba gente y gritaba, después salió asustado y me dijo: `vos hablas y estás a 1,80 metro bajo tierra”. Lo había amenazado de muerte.
El testigo había realizado declaraciones anteriores en el Juzgado de instrucción y se rectificó diciendo que “a Bulgheroni y a Braga no los conocía, pero si se los mencionaba en aquellos años”.
Navarro relató que lo vio a Weizs (Jorge), que llegó en un camión del penitenciario y fue encerrado en un baño, a donde le llevó la comida. “El flaco Weizs estaba mal, me dijo que había firmado su libertad en el penal”, no lo volvió a ver.
También destacó que vio gente golpeada en la cara y las espaldas. Otra situación fue que vio ingresar a una pareja de detenidos, a la que sacaron de la oficina de interrogatorios, por la madrugada, envueltos en frazadas- probablemente muertos- en un rastrojero.
También recordó que vio a un joven de 18 años que era estudiante universitario en Tucumán y a una joven detenida de apellido Navarro.
“Jaig era más que el juez”, dijo el testigo por la autoridad que tenía.
También afirmó: “lo veo a Jaig y lo veo al diablo”. Andaba con Armando Ruiz. Herminio Zarate y Ballón eran del servicio de inteligencia, “andaban de civil por todos lados”, dijo.
Navarro también dijo que sabía porque se hablaba, que en Guerrero funcionaba un centro de detención.
Precisó que en una oportunidad, Jaig le dijo a su chofer privado, Luis Montaner, que tenía que ir a Guerrero, entonces el chofer se subió en un ford falcon amarillo o blanco. Antes le había dicho a Navarro que allí había detenidos. Pero además recordó que una vez escuchó conversaciones que daban cuenta que Jaig se había ido a Guerrero y que Vaca se había ido a interrogar a Guerrero”.
Durante su intervención el Fiscal ad hoc Pablo Pelazzo solicitó al tribunal que se le leyera un artículo del código penal donde se especifican las penalidades por falso testimonio.
El fiscal fue quien señaló inicialmente las diferencias entre su relato en la audiencia y lo declarado en la instrucción. El testigo antes había señalado que quería rectificarse de lo dicho en la instrucción.
El juez Marcelo Juárez Almaraz lo interrogó también expresando “cuando firmó su declaración ¿no leyó?” Navarro respondió “estaba cansado señor”.
“Por qué no rectificó antes” agregó el magistrado. Dijo el testigio que esperaba a la instancia del juicio.
Tras esto el juez Daniel Morín observó que su declaración era de marzo de 2011, es decir se trata de una declaración relativamente reciente, y volvió a requerirle precisiones sobre lo dicho entonces y la contradicción evidente en la que incurría el testigo.
Éste insistió diciendo “no la leí cuando la firmé. Pude haber cometido un error”. Morín le consultó entonces si estaba dando a entender que “el juez de instrucción lo había inducido al error”.
Finalmente el testigo dijo que a Braga y a Bulgheroni lo nos conocía, pero que sí escuchaba sus nombres y que deberían haber estado porque esos eran exclusivamente los nombres que se escuchaban.
La jueza Fátima Ruiz López por su parte, le solicitó al testigo que reflexionara sobre lo que dijo porque “hay gente detenida por sus declaraciones” y le advirtió que “esto que sucede jurídicamente es grave”. La jueza le preguntó si tenía pleno manejo de su discurso y si se sentía bien, para que pudiera declarar tranquilamente y para que no interpretara que se lo estaba tratando de inducir.
El Tribunal necesitaba dilucidar esa situación.
“No había otros militares que Braga o Bulgheroni”, afirmó finalmente, con lo cual quedó resuelta la contradicción inicial que evidenciaba el testigo.
Navarro, también prestó servicios como guardia del General Urdapilleta, Gobernador interventor de Jujuy durante la dictadura militar, en su casa del Dique La Ciénaga.
“Una vez salió y me dijo que había que tener cuidado porque habían matado a un tal Santucho” recordó.
En otro tramo de la audiencia, el testigo volvió a recordar el momento de la amenaza que le infringió Jaig, “Si hablás vas a estar 1,80 metros bajo la tierra”.
Entonces Jaig se encontraba con dos personas. En la instrucción el testigo dijo que podían ser Braga y Bulgheroni.
Ante esto el juez Morín observó que si esa amenaza, como lo había referido el testigo, había sido una escena imborrable en su vida, cómo es que no podía recordar la gente con la que se encontraba Jaig.
Explicó el testigo que Jaig en ese momento había salido de una habitación donde se encontraban las otras personas y que en ese preciso momento estaba solo.
Tras ese episodio, Jaig se internó nuevamente en la habitación donde estaban los otros, relató Navarro. “Jaig no trabajaba solo sino con el Servicio de Inteligencia” dijo al aludir a las acciones de interrogación y de tortura, que se presumen, por lo que relata el testigo que afirmó que escuchaba quejidos de detenidos y gritos de Jaig.
El testigo no pudo precisar las características físicas de esas personas que suponía que eran del Ejército -Braga y Bulgheroni- cuya presencia en esa dependencia policial era habitual.
Sin embargo, sí pudo recordar con detalles las características físicas de la pareja detenida que fue sacada aparentemente asesinada. “El varón, era alto, corpulento y con cabellera semi larga, la mujer era delgada”, recordó.
También el testigo dijo que entre las tareas asignadas debía registrar los detenidos, pero esta función le fue suspendida después de la llegada de Weisz. Jaig le dijo que ya no tenía que hacerlo.
Otros testimonios
El primero en prestar declaración fue Genaro Puca. El hombre, con serios problemas de audición, debió ser secundado por una de las secretarias del Tribunal para ayudarlo a comprender las preguntas.
Esta dificultad hizo que no fuera fácil el interrogatorio y no fue mucho lo que pudo aportar.
Marcelino Condorí trabajó en la Policía de la Provincia, cumpliendo tareas administrativas. Afirmó ante el TOF que sabía que Jaig iba al Ejército y se comentaba que tenía reuniones con militares.
Además Condorí indicó que en el sector de Radiopatrulla, al fondo, había detenidos y que después del golpe militar, esa zona se convirtió en área restringida, a la que no tenían acceso.
También en esta audiencia, declaró Miguel Angel Jaime, quien cumplió tareas administrativas en la Policía de la Provincia.
Precisamente se desempeñaba en el Cuerpo de Operaciones Policiales, haciendo notas, archivos y manejando radiogramas que se emitían desde las seccionales.
Jaime dijo haber visto gente detenida en la Alcaldía, pero no le llamó la atención y recordó sólo la detención de José Torramorell, cuya declaración leyó cuando tuvo que fotocopiar un expediente.
Manifestó el testigo que Jaig se reunía con militares en “la Sala de Situación que tenía el nombre de un militar muerto durante la subversión”.
Gilberto Emeterio Ortiz, prestó servicios como operador de radio en el Comando Radioléctrico.
En su declaración ante el TOF indicó que después del golpe pasó a la Secretaría donde hacía trámites administrativos. Dijo que en el sector de la Alcaldía estaban los detenidos que llevaban desde las comisarías para su identificación.
También testimonió Ernesto Reymundo Camargo, quien trabajó en la base operacional del Comando Radioeléctrico como radio operador. Dijo haber escuchado nombrar a Bulgheroni como una persona que se reunía con Jaig y especificó que los militares no se presentaban uniformados, sino de civil. Señaló que los detenidos estaban en la zona de la Alcaldía.
Después de prestar servicios en esta dependencia, el testigo pasó a revistar en la custodia de Urdapilleta en Casa de Gobierno.
Para la jornada de este viernes, declararán testigos víctimas, entre ellos Jerónimo Lamas y Raúl Bartoletti, así como Martiniano Mamaní, Orlando Alfaro,
FuentedeOrigen:http://jujuyalmomento.com.ar
Fuente:Agnddhh
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