Con la misma escuela de Poncio Pilato
El Episcopado rechazó toda acusación de “complicidad” con los militares. Dijo que los obispos de entonces “intentaron hacer cuanto estaba a su alcance para el bien de todos”.
Por Washington Uranga
El cardenal Jorge Bergoglio y el obispo José María Arancedo.Imagen: Télam
Mediante una “carta al pueblo de Dios” emitida al término de su asamblea plenaria celebrada durante toda la semana en Pilar, los obispos católicos argentinos retomaron ayer el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura militar y las complicidades entre la jerarquía católica y el régimen militar, puestas nuevamente sobre el tapete a raíz de las declaraciones del dictador Rafael Videla (a quien mencionan como “ex presidente ‘de facto’”) aparecidas en un libro. Aunque no se menciona en el texto de la declaración, en esta ocasión los obispos reaccionaron ante el pedido que un importante grupo de laicos les formuló de manera directa semanas atrás y después de conocidas las afirmaciones públicas del dictador condenado por delitos de lesa humanidad.En el documento, si bien se reitera que los obispos de entonces “intentaron hacer cuanto estaba a su alcance para el bien de todos, de acuerdo con su conciencia y juicio prudencial”, rechazan toda acusación de “complicidad” con la dictadura, vuelven a pedir perdón “por acciones u omisiones” y admiten que “no todos los miembros de la Iglesia pensaron y actuaron con idénticos criterios”. El documento recoge declaraciones periodísticas del presidente de la Conferencia, José María Arancedo, en las que señaló que “una suerte de connivencia es totalmente alejado de la verdad de lo que hicieron los obispos involucrados en ese momento”.
Respecto de los obispos que actuaron durante la dictadura evitan todo juicio categórico. “De nuestros hermanos mayores, los obispos que nos precedieron, hemos reconocido su palabra y testimonio” y “sobre su modo de actuar, volvemos con respeto, sin poder conocer a fondo cuánto supieron personalmente de lo que estaba sucediendo”.
Una carta con más de 350 firmas de un grupo de cristianos encabezados por el escribano Hernán Patiño Meyer había sido entregada a las autoridades del Episcopado el 20 de septiembre pasado, exigiendo a los obispos un pronunciamiento a raíz de las declaraciones de Videla que involucraron de manera directa, entre otros, al fallecido cardenal Raúl Francisco Primatesta, quien fuera titular de la Conferencia Episcopal.
Ahora los obispos que se autodenominan “servidores de la reconciliación” dicen que “queremos estar cerca de cuantos sufren todavía por hechos no esclarecidos ni reparados” porque “cuando la justicia es demasiado largamente esperada deja de ser justicia, y agrega dolor y escepticismo”. Señala también el documento que “sabemos que en miles de familias hay heridas abiertas y angustiosas, por lo acontecido después del secuestro, detención o desaparición de un ser querido”. Subrayan en consecuencia que “compartimos el dolor de todos ellos y reiteramos el pedido de perdón a quienes hayamos defraudado o no acompañado como debimos”.
Patiño Meyer reconoció “la actitud de los obispos en tomar en cuenta el documento que le entregamos” y celebró que la cuestión haya sido retomada cuando aparentemente parecía clausurada para la Iglesia institucional. Sin embargo, adelantó que “a título personal puedo decir que no es lo que esperábamos” porque “no se da respuesta ni satisfacción a los reclamos”. El dirigente adelantó que los cristianos firmantes de la carta enviada a Arancedo se reunirán en los próximos días para analizar una respuesta formal al texto de los obispos.
Otro aspecto del documento eclesiástico tiene que ver con el apoyo a las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. “Nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos a fin de seguir buscando la verdad.” Agregan que “por ello nos estamos abocando a revisar todos los antecedentes a nuestro alcance” y alientan “a otros interesados e investigadores a realizarlos en los ámbitos que correspondan”. Y piden “a quienes tengan datos sobre el paradero de los niños robados o que conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes”.
Los obispos se muestran “comprometidos y empeñados en promover la fraternidad y la amistad social en el pueblo argentino”, señalando que “la reconciliación no es ‘borrón y cuenta nueva’ y menos impunidad”.
El tema de las violaciones a los derechos humanos y la actuación de la jerarquía frente a esos hechos fue el único abordado por los obispos al final de su asamblea plenaria. No hubo pronunciamiento ni declaraciones públicas sobre otras cuestiones, como las reformas al Código Civil, que también estuvieron presentes en los cinco días que duró la asamblea plenaria en Pilar.
Fuente:Pagina12
10.11.2012
Mensaje de la Comisión Episcopal Argentina
La Iglesia anunció que revisará su actuación en la dictadura y pidió perdón
A 30 años del fin del terrorismo de Estado, los obispos argentinos se comprometieron a investigar el rol de la institución durante ese período. Exhortaron a quienes tengan datos sobre el robo de bebés a que los den a conocer.
Por: Claudio Mardones
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El texto, difundido como "una carta al pueblo de Dios", es una respuesta institucional de la Curia, a las declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla, sobre el "asesoramiento" que recibió de la Iglesia Católica durante el gobierno de facto. En una entrevista a una revista riocuartense, Videla dijo haber hablado "con muchas personas", entre ellas el entonces nuncio apostólico en Argentina, Pío Laghi (que falleció en 2009) y con Raúl Primatesta, en aquellos años cardenal primado del país, que murió en 2006.
Las revelaciones del titular de la Junta Militar impactaron duramente en el interior de la estructura política de la Iglesia, que recién ayer se pronunció, luego del largo debate anual que protagonizaron los obispos.
En su carta, los prelados se comprometieron a investigar el rol eclesiástico durante los años de plomo. "Nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres. Por ello nos estamos abocando a revisar todos los antecedentes a nuestro alcance", indicó el comunicado púrpura.
En esa línea, los obispos alentaron "a otros interesados e investigadores, a realizarlo en los ámbitos que correspondan” y convocaron a su comunidad, a decir lo que podrían saber sobre el destino de hijos de desaparecidos apropiados: “Exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes.”
Puertas adentro de la Iglesia Católica, las palabras de los prelados resultaron oportunas, pero llegan tarde, y luego que Videla metiera el dedo en la llaga de la compleja relación que mantuvo la curia con la junta militar, durante el terrorismo de Estado.
"Ahora habla, cuando está gagá", se quejó un miembro de la Iglesia, a las vinculaciones que disparó Videla, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, las palabras no pasaron inadvertidas y, al parecer, calaron hondo en una toma de distancia que difícilmente hubiera ocurrido algunos años atrás.
"De nuestros hermanos mayores, los obispos que nos precedieron, hemos recibido su palabra y testimonio. Sobre su modo de actuar, volvemos con respeto, sin poder conocer a fondo cuánto supieron personalmente de lo que estaba sucediendo", sostuvo el texto, luego de volver a bordear la teoría de los dos demonios, que las principales figuras eclesiales sostuvieron durante años.
"Conocemos los sufrimientos y reclamos de la Iglesia por tantos desaparecidos, torturados, ejecutados sin juicio, niños quitados a sus madres, a causa del terrorismo de Estado.
Como también sabemos de la muerte y desolación, causada por la violencia guerrillera”, dice la carta que, entre sus párrafos más impactantes, pide perdón: "Sabemos que en miles de familias hay heridas abiertas y angustiosas, por lo acontecido después del secuestro, detención o desaparición de un ser querido. Compartimos el dolor de todos ellos y reiteramos el pedido de perdón a quienes hayamos defraudado o no acompañado como debimos."
La mención, tendría que ver con las cuestionadas gestiones del nuncio Pío Laghi, de Primatesta y de una decena de autoridades eclesiales con la dictadura, entre ellas, la del actual cardenal Jorge Mario Bergoglio, señalado por el periodista Horacio Verbitsky, como otra de las sotanas con poder, que habrían "discriminado" los pedidos de auxilio de sus hermanos.
El antecedente de Brasil
La Comisión de la Verdad creada por la presidenta Dilma Rousseff este año anunció el miércoles que investigará el rol de las iglesias evangelistas y la Católica durante la última dictadura militar brasileña (1964-1985).
"Entre los temas poco profundizados de la historia está el papel de las iglesias y de los religiosos, tanto en la resistencia de muchos a la arbitrariedad, protegiendo con coraje a las víctimas, como la colaboración de algunos con la represión de la dictadura", dijo el diplomático brasileño Paulo Sergio Pinheiro, uno de los siete miembros de la Comisión de la Verdad al anunciar el inicio de la investigación en ese país.
el obispado castrense en la cuerda floja
La autocrítica de la CEA sobre la relación del clero con la última dictadura militar golpeó como una piedra dentro del Obispado Castrense, una de las estructuras más cuestionadas de la jerarquía católica, encabezada por monseñor Pedro Candia.
Se trata del administrador diocesano de los confesores militares desde que monseñor Antonio Baseotto fue desplazado a finales de 2005, luego de exigir que "cuelguen una piedra de molino al cuello y arrojen al mar" al entonces ministro de Salud Ginés González García, por impulsar la despenalización del aborto. Desde entonces, el obispado atravesó una compleja crisis de exposición, por la pérdida de su principal impulsor.
El remplazante Candia es un prelado que, según el libro de promociones del Ejército Argentino, egresó del colegio el 14 de diciembre de 1979 y pidió la baja el 31 de mayo de 1987, luego del alzamiento carapintada contra el gobierno de Raúl Alfonsín, donde tuvo un destacado papel como estratega militar de betún en rostro.
Candia buscó salvar a su obispado del peligro final, es decir, de la anulación del concordato firmado entre el Vaticano y Buenos Aires en 1957 para la creación del obispado. La bronca de Baseotto dejó al organismo castrense en la cuerda floja, pero esa debacle fue revertida gracias al bajo perfil de Candia, el mismo que en octubre decidió castigar al capellán de Gendarmería Gerónimo Fernández Rizzo por dar una misa a los efectivos que se concentraron frente al edifico Centinela para protestar por los errores en las liquidaciones de sus salarios.
Fernández Rizzo, denunció que había sido desplazado injustamente, pero en rigor, el capellán había sido suspendido un mes antes, por decisión del propio Candia, que le impidió dar misa desde septiembre.
A pesar de la prohibición, Rizzo igual dio la misa, pero dejó expuesto a un obispado castrense que tiene estrechas relaciones con la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, encabezada por el domínico Aníbal Ernesto Fósbery, reconocido amigo del criminal de guerra nazi Erich Priebke, y de estrecha relación con la jerarquía militar más conservadora. Todos ellos fruncieron el entrecejo cuando supieron de la autocrítica de la CEA, pero se resguardarán en el silencio para evitar que el obispado castrense vuelva a correr peligro.
Fuente:TiempoArgentino
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