Año 5. Edición número 238. Domingo 9 de diciembre 2012
Por Laureano Barrera
lesahumanidad@miradasalsur.com
La Secretaría de DD.HH. le requirió al juez Ercolini que declaren Videla, Herrera de Noble, Magnetto y Mitre, entre otros.
El martes pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apostó a reactivar la causa que investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa, aprovechando un doble viento de cola: el procesamiento de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, el presidente del Ingenio Ledesma, como el primer mojón relevante del juzgamiento de los poderes civiles que fogonearon la matanza de la Junta Militar entre 1976 y 1983; y el de la semana en que los intereses políticos que siempre ocultaron los medios de comunicación estallaron en la agenda pública: la retórica gubernamental del 7D como hecho político, por un lado, y los infructuosos lavajes publicitarios del Grupo Clarín por resignificarla como una estrategia de censura sobre sus usinas de prensa, por el otro, terminaron con un Bluff: el fallo de la Cámara Civil y Comercial que prorroga la puesta en vigencia de la cláusula de desinversión de la Ley de Servicios Audiovisuales, y que Luis Alen, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, calificó como “una verdadera vergüenza” en diálogo con Miradas al Sur. “Hay que ser muy claros: las medidas cautelares son para casos de extrema urgencia, no para congelar la aplicación de una ley aprobada hace tres años. Clarín no busca proteger la libertad de expresión, sino las propiedades de un grupo económico”, se explayó el funcionario.
En ese estado de cosas, la cartera que hoy conduce el fundador de Hijos Córdoba, Martín Fresneda, pidió que se indague con premura a diez empresarios y jerarcas periodísticos que habrían cooperado con la dictadura para hacerse de la empresa productora del papel de diario. “Queremos que se pruebe en la Justicia lo que nosotros estamos convencidos: que hubo un acuerdo espurio de Clarín, La Nación y La Razón con los militares golpistas para apropiarse de Papel Prensa”, sostuvo ante Miradas al Sur Luis Alen, al tabular la implicancia del escrito. Entre los requeridos, se encuentran la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO del Grupo, Héctor Magnetto; el exdirector de La Nación, Bartolomé Mitre; Sergio, Marcos y Hugo Peralta Ramos, exdirectivos de La Razón; además del exdictador Jorge Rafael Videla, el exministro José Alfredo Martínez de Hoz; el exsecretario de Industria, Raymundo Podestá, y el periodista Reinaldo Gregorio Bandini. “La presentación judicial no es otra cosa que la reiteración de pedidos para mover la causa que habíamos hecho en la denuncia inicial, y que nunca se proveyeron”, detalló el abogado.
Algunos de esos pedidos originales, reiterados en esta presentación, tienen que ver con la voluntad del organismo querellante de reunir viejos expedientes desperdigados en numerosos despachos –como la investigación en 1984 del fiscal Ricardo Molinas sobre irregularidades o el expediente de la sucesión de la familia Graiver–, que ayuden a componer el cuadro de situación más acabado posible sobre la judicialización a lo largo del tiempo del caso de Papel Prensa.
“Aunque existe un elemento bastante novedoso: el pedido de que se llame a declarar a la periodista Graciela Mochkofsky, para autenticar los dos audios que colgó en su blog personal”, detalló el funcionario. Los audios a los que se refiere son fragmentos de entrevistas al general José Rogelio Villarreal y al exdueño de La Razón Patricio Peralta Ramos –ya fallecido– para su libro Pecado Capital, de los que surgen detalles sobre la intención pueril que habrían estrechado hace 36 años la cúpula militar y los periódicos. En rigor, el deseo de que Mochkofsky acuda a Tribunales tampoco es tan reciente: en agosto del año pasado, ella misma lo barajaba como posible en su plataforma digital. “Este lunes, 1º de agosto, me enteré que el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, querellante en la causa judicial abierta por la denuncia de la Presidenta, pidió al juez que me citara y me pidiera las cintas grabadas con las entrevistas a Villarreal y Peralta Ramos”, escribió el 4 de agosto de 2011.
Desde entonces, un conflicto de competencia entre los jueces federales de primera instancia Daniel Rafecas y Arnaldo Corazza (de La Plata) dilató el avance de la causa. Hace exactamente un año, la Cámara Federal porteña resolvió la competencia a favor de la Justicia Federal porteña, alegando que los hechos denunciados, tormentos y otros apremios ilegales para concretar la operación, ocurrieron en la Capital Federal. El expediente recayó sobre el juez federal Nº 10 Julián Ercolini, que aún la conserva bajo su órbita. En ese entonces, se recordaron algunos antecedentes del juez. En el año 2007, había intervenido en un caso donde se cuestionaba la licitud de la fusión Multicanal-Cablevisión y se expresaba su afán monopólico. Su actuación desembocó en un apoyo notorio a la concentración de medios en manos de Clarín, que había implicado sumar el oligopolio del cable al emporio que ya acumulaba papel prensa, radios, canales de TV, diarios, revistas, internet y editoriales.
Sin embargo, desde la Secretaría esperan que “la Justicia actúe y se cumplan todos los pasos procesales, como siempre lo hemos hecho. Respetamos la ley”, afirma Alen. Y resalta el pedido al juez de prohibición a los imputados de salir del país. “Si no, para cuando a la Justicia se le ocurra volver a mover la causa, todos los acusados van a estar fuera del país y del alcance de la Justicia”, concluyó el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alen.
Fuente:MiradasAlSur
No hay comentarios:
Publicar un comentario