ENTREVISTA: ALFREDO IÑIQUEZ. ECONOMISTA-AEDA.

“La prioridad es garantizar la universalización del beneficio” 
Año 5. Edición número 240. Domingo 23 de diciembre 2012 
Por Pablo Galand
pgaland@miradasalsur.com

Entrevista. Alfredo Iñiguez. Economista-aeda

Para Alfredo Iñíguez, economista de AEDA (Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina) y especialista en temas provisionales, entiende que el sistema de reparto debe ser solidario desde dos perspectivas: intergeneracional, porque los trabajadores activos de hoy les aportan a los pasivos, e intrageneracional, haciendo que las jubilaciones morigeren las desigualdades que el mercado de trabajo determina a nivel salarial. Por lo tanto, no comparte el posicionamiento de los fallos de la Justicia ya que consideran que tienden a acentuar las desigualdades señaladas.


–Uno de los argumentos que sostiene el juez Luis Herrero es que los que hicieron los aportes terminan siendo los más perjudicados porque pierden poder adquisitivo. ¿Coincide con esta visión?
–Creo que ahí está el centro de la discusión. Definamos qué justicia nos preocupa más: garantizar un mínimo haber para los que tienen los menores ingresos o incluso por razones ajenas estuvieron afuera del sistema formal de empleo, o la injusticia de que el haber jubilatorio no tenga una relación directa con el salario percibido durante su etapa activa. En términos de justicia, me quedo con el primero. Incluso, los informes del Banco Mundial recomiendan que a mayor nivel de haber jubilatorio, menor es el porcentaje en relación con el salario que se percibía. Me parece que es un acto de justicia mucho más relevante que el acto de justicia de que los que más ganan mejoren su haber jubilatorio. La ley de Frondizi sobre el sistema previsional se regía bajo este parámetro, era una norma bastante progresiva que podría ser emulada. El sistema de reparto es un sistema solidario, por lo tanto los que más ganan tienen que aportar una parte de su haber jubilatorio a los que menos ganan. Además, se supone que los recursos son infinitos, pero no lo son. El sistema actualmente es superavitario gracias a las fuentes no contributivas y aun así, en el mediano plazo, va a llegar a una situación de equilibrio. Por lo tanto, me parece que tomar decisiones con respecto al superávit que tiene el sistema previsional actual es una decisión equivocada.


–Otro aspecto que critican los que se oponen al actual sistema es que el 60% de los fondos de la Anses se utiliza para tareas asistenciales en lugar de destinarlo a los jubilados.
–Hay un error en eso. La Anses no se dedica sólo a los jubilados sino a la asistencia social, que es algo más amplio. Concretamente, con las asignaciones familiares, la Anses se encarga de administrarlas y por lo tanto es correcto que las asignaciones familiares de los informales también las administre la Anses. Con respecto a los recursos, volvemos a lo de los aportes no contributivos. Desde el momento en que la sociedad se dedica a financiar al sistema, es por demás correcto que esos recursos se destinen a todos los que estamos pagando impuestos, incluido aquellos que no reciben asignaciones familiares porque tienen trabajos informales.


–¿No habría que buscar algún mecanismo para que el Fondo de Garantía Sustentable se utilice de una manera que no sea tan discrecional?
–La primera línea de acción que tomó el Gobierno fue la de inducir a las AFJP a que invirtieran en el sistema productivo, con la famosa modificación al inciso Q que las obligaba tener al menos un 5% de los fondos destinados a fondos productivos. Esto las AFJP no lo hicieron y actualmente lo está logrando el FGS. Con respecto a la inversión, la cuestión clave es que el Fondo obtenga una buena rentabilidad y que la Anses promueva el empleo, que es la mejor forma que tiene de garantizarse su fuente contributiva. Pero aun si no fuera así, si se invirtiera en sectores que uno definiera como no estratégicos, mientras obtenga una rentabilidad interesante con nulo riesgo crediticio, está todo bien.


–¿Cómo se resuelve la actual situación? Porque por un lado, si la Anses acata todos los fallos de la Justicia, el sistema se desfinancia. Pero a la vez, hay 80.000 demandas anuales que llevan a que la situación se haga insostenible.
–Volvemos a la discusión de qué justicia nos interesa más. De que toda la población que llega a una determinada edad reciba un haber jubilatorio o que aquel que hizo mas aportes reciba mejores aportes. Por esta alternativa se inclinan las demandas judiciales. Tendría que pasar por un cambio de concepción de la Justicia. Analizar para qué está el Estado, cuál es su función y qué es lo que tiene que garantizar ante situaciones que pone en riesgo la sustentabilidad del sistema.
Fuente:MiradasalSur