Se trata de Carlos Alberto Martínez, quien integrara el Estado Mayor General del Ejército. Es en el marco de la megacausa por crímenes en el Primer Cuerpo de Ejército. Es considerado partícipe necesario del secuestro de 1194 personas, entre otros delitos
En el marco de la causa en la cual se investigan los crímenes llevados a cabo por el personal del Primer Cuerpo del Ejército, el juez Daniel Rafecas dispuso el procesamiento y la prisión preventiva del ex general de División del Ejército Carlos Alberto Martínez, quien durante la dictadura estuvo a cargo de la Jefatura II de Inteligencia y fue uno de los principales integrantes del Estado Mayor General del Ejército, órgano de asesoramiento directo al entonces comandante general del Ejército y presidente de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla.
El juez procesó a Martínez por su participación en el plan sistemático de represión implementado durante la dictadura, en el ámbito jurisdiccional del Primer Cuerpo de Ejército, mediante el procesamiento de la información obtenida mediante los interrogatorios a víctimas detenidas, la infiltración, el análisis de la documentación y demás material capturado en los procedimientos de detención ilegal, para luego hacer la llamada “apreciación de inteligencia”, y determinación de “blancos”, que guiarían las acciones a seguir del plan represivo; en definitiva el juez sostuvo que la Jefatura II de Inteligencia tenía una doble función: consultiva y requirente ante el comandante general del Ejército Jorge Rafael Videla, quien mantenía la decisión respecto de la realización de los operativos que implicaban la concreción de las acciones criminales.
La imputación de Martínez se extendió a los padecimientos de 1194 víctimas, concretamente el juez lo consideró partícipe necesario del homicidio de 151 personas, la privación ilegal de la libertad de 1194 personas, la aplicación de torturas a 696, en tres casos seguidos de muerte; todo ello durante el período en que se desempeñó como “J II” o Jefe de Inteligencia, entre el 24 de marzo de 1976 y el 23 de enero de 1978, fecha en que fue designado a cargo de la Secretaría de Inteligencia del Estado, cargo que ocupó hasta enero de 1982.
La imputación del nombrado quedó conformada por las víctimas que estuvieron en los centros de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, “El Vesubio”, “Superintendencia de Coordinación Federal”, “Garaje Azopardo”, “Automotores Orletti”, “Hospital Posadas”, “Sheraton”, “Cuatrerismo”, “Comisaría de Monte Grande, y del circuito represivo conformado por la “Comisaría 1° de Junín”, “Unidad 13 del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires”, “Unidad Regional 8 de Junín” y “Destacamento de Morse”.
También se le atribuyó a Martínez la intervención como partícipe en varios operativos de detención ilegal, entre ellos, el llevado a cabo en el “Hospital Posadas”, o el realizado en la llamada “Quinta La Pastoril” o “Quinta de Moreno”, o en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA- en Castelar, a la vez que se le atribuyó la privación ilegal de la libertad de siete personas secuestradas en la localidad de Marcos Paz, entre ellas Oscar Felipe Sánchez, intendente de dicha localidad hasta 1976; como también el secuestro de un grupo de profesionales y empleados pertenecientes a la Comisión Nacional de Energía Atómica, como Antonio Misetich, entre otros prestigiosos científicos de reconocimiento internacional, quienes se hallan desaparecidos.
También se lo procesó por su participación en el homicidio del coronel –ascendido post mortem- del Ejército Bernardo Alberte, quien en la década del sesenta había sido edecán y asesor del General Perón, y quien el mismo día del golpe de estado, a la madrugada, según tuvo acreditado el juez, habría sido arrojado por personal militar desde la ventana de su domicilio del 6to piso de Av. Del Liberador, en Capital Federal.
FuentedeOrigen:www.cij.gov.ar
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PROCESARON A CARLOS ALBERTO MARTINEZ, JEFE DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO DE LA ULTIMA DICTADURA
El líder de los espías del dictador Videla
El juez federal Daniel Rafecas lo culpó de delitos de lesa humanidad contra 1194 víctimas. Señaló que “su aporte fue trascendental a los fines de la diagramación del plan de acción a llevar a cabo en el marco de la ‘lucha antisubversiva’”.
El Batallón 601, símbolo de la tarea de Inteligencia del Ejército.Imagen: Adrián Pérez
El general de división retirado Carlos Alberto Martínez, ex jefe de Inteligencia del Ejército durante los primeros dos años de la última dictadura, fue procesado ayer por delitos de lesa humanidad contra 1194 víctimas. El juez federal Daniel Rafecas destacó que Martínez fue desde su cargo “el principal asesor del comandante general del Ejército”, léase del dictador Jorge Rafael Videla, y que “su aporte fue trascendental a los fines de la diagramación del plan de acción a llevar a cabo en el marco de la ‘lucha antisubversiva’”. El militar, de 84 años, detenido por primera vez en junio último y ahora procesado con prisión preventiva luego de 34 años de impunidad, seguirá gozando de arresto domiciliario en San Miguel, provincia de Buenos Aires.
Martínez fue procesado por su actuación como titular de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército entre el 24 de marzo de 1976 y el 23 de enero de 1978, cuando pasó a comandar la Secretaría de Informaciones del Estado, la SIDE, a la que volvería en los primeros años del menemismo de la mano de Juan Bautista Yofre. Rafecas lo imputó por su actuación en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que incluyó los centros clandestinos Banco, Atlético, Olimpo, Vesubio, Superintendencia de Coordinación Federal, Garaje Azopardo, Automotores Orletti, Sheraton, entre otros. El documento judicial que lleva la firma de Albertina Carón, secretaria del juzgado, tiene más de 3500 páginas e incluye el detalle de los delitos sufridos por cada víctima, imputados a Martínez como “partícipe necesario”: 1194 privaciones ilegales de la libertad, 696 tormentos (en tres casos seguidos de muerte) y 151 homicidios. Martínez “realizó un aporte fundamental respecto de los hechos acaecidos en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército, aporte sin el cual seguramente las detenciones, tormentos, homicidios y desapariciones de personas no habrían alcanzado la magnitud y alto grado de lesividad constatado en la presente investigación”, destacó.El juez responsabilizó a Martínez por operativos ilegales como los registrados en el Hospital Posadas, en la Quinta la Pastoril o Quinta de Moreno, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Castelar; también lo procesó por siete secuestros ocurridos en Marcos Paz, incluido el del ex intendente Oscar Felipe Sánchez, por los secuestros de profesionales y empleados de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como Antonio Misetich, entre otros prestigiosos científicos que están desaparecidos; y por el homicidio del coronel Bernardo Alberte, ex edecán de Juan Domingo Perón, a quien un grupo de militares arrojó al vacío desde un sexto piso la madrugada del golpe de Estado.
La responsabilidad de Martínez no sólo surge del cargo que ocupó y de los discursos de la época, sino también de documentación secuestrada durante los allanamientos a la casa donde vive, en España 865, partido de San Miguel y otra propiedad en Muñiz, también en San Miguel. La Justicia encontró allí directivas del funcionamiento de los órganos de inteligencia, un balance de gestión titulado “Experiencias y enseñanzas recogidas en la lucha contra la subversión”, y un cuestionario respondido a máquina en el que Martínez explica que el Batallón 601, que dependía de la Jefatura II a su cargo, le brindaba “apoyo técnico de interrogadores” al Primer Cuerpo de Ejército. Se trataba de “personal adiestrado en técnicas de interrogatorio y con un profundo conocimiento sobre la organización a la que perteneciera el detenido”, puntualizó.
El militar resaltó en otro escrito el rol de los infiltrados durante la dictadura. “La verdadera eficacia de la inteligencia contrasubversiva no se derivó de esos tortuosos (sic) procedimientos denunciados (en referencia a los interrogatorios bajo tormentos), sino de la extremadamente riesgosa tarea de infiltración de las principales organizaciones subversivas que el área de inteligencia de las FF.AA. y de seguridad desarrollaron paciente y estoicamente”, escribió. “No debe ser soslayada la labor llevada a cabo por los agentes infiltrados”, sostuvo Rafecas, y apuntó que “son pocos los registros que se poseen hoy en día acerca del personal infiltrado en las organizaciones de la época”.
Durante los allanamientos también se encontraron documentos sobre la situación de Montoneros y el PRT-ERP en marzo de 1978. Rafecas apuntó que esas pruebas “ponen de manifiesto el conocimiento concreto que tenía Carlos Alberto Martínez, como máximo responsable del aparato de inteligencia y encargado de la conducción del ‘esfuerzo de inteligencia’, de las acciones y resultado de las mismas que eran llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y de seguridad”. “Así, la información que recaía en la Jefatura II de Inteligencia del Ejército proveniente de los sistemas de inteligencia de todas las Fuerzas Armadas y de seguridad era utilizada por el Comando General del Ejército para trazar la estrategia de desarrollo de la ‘lucha antisubversiva’”, sostuvo el juez.
FuentedeOrigen:Pagina12
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OJALÁ SE PUDRA EN EL INFIERNO JUNTO A LOS DEMÁS GENOCIDAS HIJOS DE PUTA
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