22 DE DICIEMBRE DE 2012
Por Juan Carlos Martínez
La sentencia que acaba de dictarse en la causa conocida como Circuito Camps resume con absoluta claridad los componentes que posibilitaron y sostuvieron el golpe del 24 de marzo de 1976. Viene a confirmar que el terrorismo de Estado se asentó sobre tres patas fundamentales: cívico, militar y clerical.
El primer grupo incluye a los civiles que pergeñaron el plan criminal, es decir, a los autores intelectuales donde José Alfredo Martínez de Hoz aparece como el cerebro de las políticas económicas aplicadas a sangre y fuego.
Políticas apoyadas y financiadas por los principales grupos económicos nacionales, entre los cuales se incluye la Sociedad Rural, una entidad estrechamente ligada a los golpes militares que se produjeron en la Argentina a partir de 1930.
Sus fundadores -los Martínez de Hoz- también financiaron la llamada conquista del desierto que produjo el genocidio de buena parte de los pueblos originarios, a quienes arrebataron aquellas tierras que hoy ocupan muchos de los terratenientes herederos de aquel despojo.
El avance de los juicios sobre los grupos empresarios que participaron en las acciones del Estado terrorista también incluye a empresas como el Ingenio Ledesma, Ford, Mercedes Benz y Papel Prensa, entre las más activas.
El sostén económico necesitaba de otros actores para que el brazo ejecutor de esas políticas -los militares- pudieran transitar sin mayores obstáculos los caminos abiertos al terrorismo de Estado. La persecución y exterminio de periodistas e intelectuales de diversos ámbitos no fue suficiente para acallar las voces críticas. Era preciso sumar la obsecuencia de los grandes medios de comunicación y por eso la dictadura se asoció con Clarín, La Nación y La Razón para apropiarse de Papel Prensa.
En la sentencia del tribunal se dedica un párrafo al diario La Nación, uno de cuyos editoriales (10/12/12) estuvo dedicado a defender a ultranza al ex ministro de la dictadura Jaime Smart, ahora condenado a prisión perpetua por su participación directa en los crímenes cometidos en el llamado Circuito Camps.
Un fragmento referido a Smart dice: “Considerando los editoriales y notas periodísticas publicadas por el diario La Nación respecto de este juicio oral donde se publicitan de manera falaz los hechos juzgados intentando mejorar la situación procesal de uno de los imputados, corresponde poner en conocimiento de esta maniobra ante la Comisión Nacional de Independencia Judicial de la Corte Suprema de la Nación y de la Comisión Interpoderes”.
El editorial del diario de los Mitre fue enviado en tren de amenaza a dos de los jueces del tribunal desde Punta del Este, Uruguay.
Otro civil involucrado con la dictadura perteneciente al universo judicial es el ex fiscal de Estado Alberto Rodríguez Varela, a quien se acusa de haber visitado el centro clandestino Puesto Vasco para entrevistar a personas secuestradas y torturadas ligadas al Grupo Graiver.
Entre el silencio y la manipulación de la realidad orquestada a través de los medios obedientes, la dictadura agregó otras voces no menos influyentes para brindar apoyo espiritual a asesinos y torturadores: las del clero. Salvo algunas excepciones, los púlpitos de las iglesias se convirtieron en tribunas de apoyo a quienes habían tomado por asalto el poder en nombre de un dios que no les impidió violar sistemáticamente los principios del Evangelio.
La investigación ordenada por el tribunal en torno del cura Emilio Gracelli y de los funcionarios del Seminario Mayor San José, de La Plata, forma parte de la complicidad institucional que tuvo la Iglesia Católica en las acciones represivas de la dictadura, lo que incluye la entrega de niños apropiados a sus padres desaparecidos o asesinados.
Otros sectores civiles que tuvieron activa participación durante los años de plomo incluye a médicos, entre los cuales Jorge Bergés -condenado a 25 años de prisión- es todo un símbolo de la falta de ética y la violación al juramento hipocrático de parte de quienes pusieron la ciencia al servicio de la tortura, el crimen y el robo de bebés.
En buena hora que los juicios que todavía están pendientes para alcanzar toda la verdad sobre el ominoso pasado transiten por los tres caminos utilizados por la dictadura y que el tribunal de La Plata recorrió sin eufemismos: el militar, el civil y el clerical.
Aplauso a la dignidad
La sala estaba repleta. Quedaban dos asientos en la primera fila. Uno estaba reservado para ella, para la mujer que abrió muchos caminos en busca de la verdad y la justicia. El paso de los años ha hecho mella en sus fuerzas físicas. Sus ojos apenas distinguen una tenue luz. Ahora mira con su luminoso corazón. Camina lentamente apoyada en un bastón. Pero su fuerza espiritual es capaz de mover montañas.
Hace treinta y seis años comenzó un largo peregrinaje en busca de su nieta arrebatada por la barbarie. Con otras doce mujeres fundó Abuelas de Plaza de Mayo. Fue su primera presidenta desde el 21 de noviembre de 1977 hasta su alejamiento en 1989. Recorrió el mundo reclamando justicia. El mundo entero conoció a través de su palabra aquel mensaje que resonó en todos los rincones de la tierra: ayúdennos a encontrarlos.
Impulsó el Banco Nacional de Datos Genéticos. Localizó más de sesenta chicos, de los cuales se recuperaron medio centenar en los doce años que estuvo al frente de la institución. Después fundó la Asociación Anahí, nombre de la nieta ausente. No ha descansado un solo día en esa batalla que libra sin pausa. Quiero abrazarla, dice y repite con la esperanza viva del reencuentro.
Cada 12 de agosto, día del cumpleaños de Clara Anahí, sobre el cielo de La Plata vuelan globos de todos los colores. Mensajes de amor que van en busca del milagro. Cuando ingresó a la sala para escuchar la sentencia del tribunal, el público, de pie, la recibió con una estruendosa ovación. Chicha Mariani había recibido el aplauso a la dignidad.
Fuente:ElDiariodelaPampa
No hay comentarios:
Publicar un comentario