Año 5. Edición número 240. Domingo 23 de diciembre 2012
Por Derechos humanos
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Lo condenaron a 23 años de cárcel por tres desapariciones y cuatro casos de torturas ocurridas en 1977 en Buenos Aires. También está siendo enjuiciado en Córdoba, acusado de ser el jefe de los torturadores del centro La Perla.
El capitán retirado del Ejército y especialista en Inteligencia Héctor Vergez, acusado en Córdoba de haber sido jefe del campo de concentración de la dictadura La Perla, fue condenado el viernes a 23 años de cárcel por tres desapariciones y cuatro casos de torturas en 1977 en Buenos Aires. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) lo declaró culpable de delitos de lesa humanidad, es decir imprescriptibles, por el secuestro, torturas y desaparición del jefe de inteligencia del PRT-ERP, Javier Pancho Coccoz, y el secuestro e imposición de torturas de su mujer, María Cristina Zamponi, que sobrevivió.
También fue condenado por los secuestros, torturas y desapariciones del ex jefe de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía de la Nación Julio Casariego de Bel y del empresario Julio Gallego Soto, que había sido asistente personal del ministro de Salud del primer gobierno peronista, Ramón Carrillo.
Antes de escuchar la condena que lo mantendrá detenido en el penal de José C. Paz, el ex agente del Batallón 601, se excusó de pronunciar las últimas palabras, agradeció a su abogado y permaneció en silencio, como todo el juicio.
Esta es la primera condena por crímenes en la dictadura que recibe Vergez, de 69 años, preso en el penal de Marcos Paz, y autodenominado Rodolfo, Vargas y Gastón durante la represión ilegal, a pesar de que se desempeñó como uno de los jefes de torturadores de La Perla, que funcionó en el Tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba.
La Fiscalía había pedido que Vergez fuera condenado a 30 años de prisión efectiva por el delito de genocidio, mientras que las querellas reclamaban, cada una, 21 años de cárcel. La querella por la familia de Coccoz había pedido que Vergez fuera investigado por la violación de Zamponi, que ahora reside en Europa.
Vergez, que en los años ’90 trabajó en la Secretaría de Inteligencia del gobierno de Carlos Menem y se desempeñó en la custodia de la entonces secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, hasta ahora sólo tiene una condena por amenazas y a la vez está siendo enjuiciado en Córdoba por los crímenes perpetrados en La Perla.
También se encuentra procesado por otros casos de delitos de lesa humanidad ocurridos en Córdoba durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, de 1974 a 1976, por la banda terrorista paraestatal Comando Libertadores de América –versión cordobesa de la Triple A– hasta el golpe de 1976.
La Perla funcionó en dependencia del Tercer Cuerpo de Ejército y está considerado uno de los más siniestros centros clandestinos de detención y exterminio del terrorismo de Estado, calculándose que por allí pasaron más de 2.000 prisioneros, torturados y en tránsito a la muerte.
Además, Vergez trabajó para la SIDE menemista actuando de “emisario” y ofreciéndole un millón de dólares al entonces detenido Carlos Telleldín para que desviara la atención en la causa AMIA. Telleldín era hijo de un suboficial que había integrado la Triple A cordobesa. Asimismo, a fines de los ’90 estuvo imputado de “estafa” a través de la llamada “Asociación Nacional contra la Usura” (ANCU), que presuntamente extorsionaba a endeudados hipotecarios en el oeste del Gran Buenos Aires para quedarse con sus bienes.
Capitán Rodolfo. Durante las audiencias se escucharon una treintena de testimonios que alcanzaron su mayor dramatismo cuando Zamponi evocó que Vergez iba a buscarla a la casa de sus padres y la llevaba a hoteles para violarla.
En mayo de 1977, el represor fue trasladado de La Perla a Capital para ocuparse de Coccoz, que usaba el nombre clandestino de Pancho y que tras veinte días de detención no rompía su silencio. Fue entonces cuando Vergez comenzó a ir a la casa de los padres de Zamponi, donde ella se había mudado junto a su hijo de tres años, para informarle que estaba en tratativas con su marido con miras a llevarlos a ambos a Europa y que le quedaba prohibido salir de esa vivienda.
Para ello, se presentó como el Capitán Rodolfo y en algunas de sus visitas sacaba a la mujer de la vivienda “y la llevaba a hoteles para violarla”, por lo cual se pidió también que se lo investigue por este delito.
Finalmente, Zamponi y el niño fueron enviados a Europa con pasaportes confeccionados en el Primer Cuerpo del Ejército, y con datos aportados por Coccoz fueron secuestrados Gallego Soto y Casariego de Bell, así como el director del diario El Cronista Comercial, Rafael Perrota, también desaparecido.
Casariego Bell era jefe de inversiones extranjeras del Ministerio de Economía de la Nación y se había opuesto a las estatización de la compañia de electricidad Ítalo, vendida por el entonces ministro José Alfredo Martínez de Hoz.
El empresario Julio Gallego Soto, de origen español como el anterior, se había desempeñado como asistente personal del ministro de Salud del primer gobierno peronista, Ramón Carrillo e integraba una red de informantes del PRT-ERP, al igual que Perrota, cuyo caso no fue ventilado en el juicio.
Fuente:MiradasalSur
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