LA PROCURACION GENERAL DE LA CORTE SUPREMA REFUERZA LAS FISCALIAS
Formas de mejorar la justicia
El Procurador emitirá una resolución para fortalecer el trabajo en las causas penales. Reforzarán el Ministerio Público Fiscal y reformularán el registro de causas con el mismo imputado. Habrá más control de las fuerzas de seguridad.
Por Lorena Panzerini
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia provincial, Angélica Gastaldi, solicitó las medidas.
Frente a los "episodios de desfraternización" y la escalada de violencia generada en la provincia, y sobre todo en Rosario y la región, la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia santafesina emitirá una resolución, a pedido de la presidencia de la Corte, que busca fortalecer los ejes de trabajo en cada una de las causas penales. Entre las ideas que comenzaron a barajarse sobre los últimos días de la feria judicial, se busca reforzar las oficinas del Ministerio Público Fiscal; agregar algunas atribuciones a los fiscales contempladas por el Código Procesal Penal vigente; y reformular el sistema de registro de causas sobre un mismo imputado, además de mejorar el contacto con la fuerza de seguridad.
La iniciativa plantea una idea similar a la presentada a nivel nacional por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, que anunció la creación de nuevos cuerpos especiales de fiscales para que trabajen exclusivamente en temas complejos y problemáticos, sólo que en este caso se buscará reforzar lo existente. El concepto puntual tiene que ver con la búsqueda de mejorar las investigaciones de causas penales, tras los hechos violentos de los primeros meses del año, en los barrios Ludueña y Nuevo Alberdi, pero que también se dieron también en pleno centro rosarino y hasta en los estadios de fútbol.
Fuentes judiciales confiaron a Rosario/12 algunas cuestiones que preocupan sobremanera al Poder Judicial, desde las más altas esferas. Frente a ello, este diario pudo saber que sobre la segunda quincena de enero se realizaron reuniones cerradas entre los miembros de la Corte, el Procurador General, Jorge Barraguirre (h), y funcionarios judiciales, para intentar avanzar en algunas cuestiones en medio del período de transición entre los dos códigos.
Algunas de las ideas que se conversaron tienden a reforzar ciertas oficinas del Ministerio Público, como la de Causas con Imputados No Identificados (conocida como NN), la unidad de atención a las víctimas y las fiscalías a fin de "estar en condiciones de instruir ciertos tipos de causas (tal como lo autoriza el Código Procesal Penal vigente)", según indicó la fuente consultada.
En el mismo sentido, se busca habilitar a los fiscales más activos. En conversaciones reservadas con los fiscales de Cámara de Rosario surgió la iniciativa de comenzar a "expandir las prácticas que autoriza el Código vigente, como entrevistar cuando fuere necesario al preventor de la instrucción, a la víctima y a los damnificados por el hecho, así como a todas las personas que puedan aportar elementos para el eficiente ejercicio de la acción penal"; y también "recibir a quien comparezca espontáneamente a la fiscalía para aportar elementos" que sean de interés en las causas más complejas.
Por otro lado, se retomó un planteo que busca ir hacia un sistema de registros de causas que permitan establecer los patrones de conducta de ciertas personas imputadas en delitos muy graves y de trascendencia pública.
A su vez, la actuación de las fuerzas de seguridad fue parte de los planteos de preocupación en las reuniones. Al parecer, la resolución final que se conocerá en los próximos días, apuntará a que la policía "responda mucho más acabadamente en materia de investigación de delitos, al Poder Judicial". En este sentido, se trabajará en estrategias de "reporte inmediato" y de "mayor y mejor control"; y si fuera necesario, "motorizando las acciones penales previstas en el artículo 274 del Código Penal, por el que cada efectivo de la fuerza deberá responder por sus acciones y omisiones".
LEGISLADORES PROVINCIALES ANALIZAN UNA DENUNCIA EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Más críticas a los jueces
El diputado provincial de la UCR, Maximiliano Pullaro, advirtió que los magistrados federales de Rosario retienen más de 100 denuncias provinciales contra kioscos de drogas, y apoyó el escrito de dos fiscales sobre la inacción en el fuero.
Maximiliano Pullaro inició sus denuncias contra jueces federales en agosto pasado.Imagen: Sebastián Granata
El diputado provincial de la Unión Cívica Radical Maximiliano Pullaro respaldó ayer la posición de los fiscales federales Juan Murray y Federico Reynares Solari sobre las trabas que ponen los jueces federales de Rosario para acumular causas cuya conexidad permitiría avanzar hacia sectores más encumbrados en el delito y adelantó que junto a otros legisladores evalúan una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. "Lo planteamos públicamente cada vez que un reconocido narco logra la libertad tras ser aprehendido", indicó el legislador provincial, quien agregó: "Los cuestionamientos a algunos sectores de la justicia federal llevan mucho tiempo, nosotros lo comenzamos a decir con insistencia en agosto del 2012". El diputado señaló, incluso, que existen en la actualidad "más de cien denuncias de bunkers de venta de drogas realizadas por la provincia ante la justicia federal, en las que los Tribunales no han ordenado ninguna medida".
A raíz de la tapa de ayer de Rosario/12, que refleja un escrito de Murray y Reynares Solari dirigido al juez federal Marcelo Bailaque, Pullaro consideró que "es central avanzar con el cruzamiento de información que pueda surgir de las investigaciones judiciales que existen sobre la narcocriminalidad, y que, en caso de ser necesario, se implementen las acumulaciones de los procesos conexos entre si -?tal como lo solicitan los fiscales-- a los fines de profundizar las investigaciones y establecer las responsabilidades de los eslabones superiores de la cadena".
Pullaro recordó sus críticas, hechas públicas el 21 de agosto pasado, a la decisión del juez federal número 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, de anular el procedimiento policial que había detenido con droga y armas al narco de Firmat Aldo "Totola" Orosco. "En aquellos meses la Provincia de Santa Fe estaba actuando de manera implacable, deteniendo uno a uno a los más importantes traficantes del sur de la provincia que llevaban años de total impunidad, y al mismo tiempo los jueces los liberaban sin profundizar en las investigaciones", indicó Pullaro sobre sus críticas de entonces.
Y recordó que "aquella decisión de Vera Barros de anular el procedimiento que detuvo a Totola Orosco fue apelada por el fiscal Marcelo Degiovani, y la Cámara Federal le dio la razón". Es decir que la Cámara dispuso que el procedimiento policial era correcto, y correspondía encarcelar a Orosco.
Pullaro destacó también que existen "reiteradas denegaciones a las solicitudes de ordenes de allanamiento de la Policía de la Provincia, y que en los pocos casos a los que se les hacía lugar muchas veces llegaban con enormes demoras que las convertía en ineficaces, situación ésta que generaba una enorme desventaja para la reunión de pruebas fundamentales para detener a los delincuentes". En ese sentido, planteó la existencia de 100 denuncias sin resolución judicial. El legislador, que pertenece al Frente Progresista, nada dice sobre las denuncias de connivencia entre la policía provincial y las redes narco.
"Si algunos sectores de la Justicia federal no acompañan la lucha contra el narcotráfico, será muy cuesta arriba revertir la sensación de impunidad que reina en muchos pueblos y ciudades del interior santafesino", dijo Pullaro. Así, el legislador sigue la línea del escrito presentado la semana pasada por los fiscales federales ante Bailaque, en la que consideraban que "el sistema de justicia debe ser una instancia de solución y no parte del problema. Sino seguiremos abonando el pensamiento existente en el hombre común de que la corrupción también ha corroído a la agencia judicial".
El diputado adelantó entonces que, junto a otros legisladores, evalúan "la posibilidad de presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, de modo tal que si un juez o un fiscal de la Nación no cumplen adecuadamente con su labor, deban responder por sus faltas ante los órganos constitucionalmente establecidos al efecto".
Finalmente Pullaro hizo una apelación directa a los magistrados federalse de la ciudad: "Les pedimos explicaciones por la ausencia de compromiso con una realidad que nos angustia como sociedad. Necesitamos demostrarle a los santafesinos que todos los poderes del estado estamos dispuestos a enfrentar el narcotráfico y el lavado de dinero".
Fuente:Rosario12
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