Sin lugar para las chicanas
El Vasco, detenido y procesado por narcotráfico, será indagado hoy por el fiscal Murray. En tanto el próximo jueves desfilarán frente al juez federal cuatro ex jefes policiales: Baigorria, Leegstra, Romitti y Cristian Sola.
Por José Maggi
El Vasco fue trasladado a la delegación de la Policía Federal en Venado Tuerto.Imagen: Sebastián Granata
El juez federal Carlos Vera Barros rechazó ayer la recusación planteada por Pablo Krupnik, defensor de Carlos Ascaíni, el transportista de Villa Cañas detenido y procesado por narcotráfico, quien lo había recusado por falta de imparcialidad. Por lo tanto el Vasco, deberá enfrentar hoy a las 10 la indagatoria del fiscal federal Juan Murray, quien además pedirá hoy que tanto él como el ex jefe policial Hugo Tognoli, sean trasladados a una cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal. En tanto ayer se fijó fecha para las declaraciones de cuatro ex jefes policiales pedidas por Tognoli. Hugo Baigorria, Gabriel Leegstra, José Romitti y Cristian Sola desfilarán frente al juez el 14 de marzo.Vera Barros suspendió ayer la declaración indagatoria de Ascaíni, ante la recusación. Al abandonar los tribunales federales, el transportista procesado por narco, hizo una dura acusación: "Esto es una payasada política generada por el kirchnerismo para derrocar al socialismo, es una vergüenza".
De inmediato, el imputado fue trasladado a la delegación de la Policía Federal en Venado Tuerto. A Ascaíni se lo imputa de integrar junto a Tognoli y otros dos policías santafesinos una "empresa criminal conjunta" que le habría permitido el tráfico de estupefacientes con complicidad policial.
Ayer su abogado Krupnik explicó las razones de la suspensión de la declaración. "Lo que estamos haciendo es recusar a Vera Barros por entender que no están dadas las más mínimas garantías de juez imparcial", señaló el letrado. Y añadió: "Es nuestro deseo que se aparte de entender en la causa (Hugo) Tognoli, desde el inicio el juez ha tenido lo que denominamos comportamientos erráticos, jurídicamente inentendibles".
"Sobre la base de una comunicación telefónica de 2009, recién en 2012 y a partir de la publicación del diario Página/12, ese mismo día se pide la detención de Tognoli. Con (Néstor "Beto") Fernández la situación fue similar ya que había comparecido espontáneamente ante la fiscalía de este juzgado, y a pesar de eso 48 horas después mandó a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) para una detención con ribetes televisivos. Ahora hace lo mismo con Ascaíni, por lo cual entendemos que Vera Barros se encuentra accionando políticamente", agregó Krupnik en las puerta de Tribunales enfundado en un impecable saco de pana azul, mientras se acomodaba su melena.
"Siempre fue una causa política, pero no se sostenía, tanto que la fiscal (Liliana) Bettiolo declinó apelar la resolución de falta de mérito que tenía Tognoli, en ese entonces fue reemplazada y asume el fiscal Murray, no podemos dejar de subrayar que Murray es un columnista de Página/12 (?)", señaló el abogado, quien dijo que "ha habido una serie de irregularidades que a nosotros nos llaman poderosamente la atención".
Fuente:Rosario12
Narcoescándalo: El abogado del Vasco Ascaíni recusó al juez Vera Barros
No hay mejor defensa que un buen ataque11/03/2013
El juez federal 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, suspendió este lunes la declaración indagatoria del presunto narco Carlos Andrés Ascaíni, vinculado a la causa por la que está detenido el ex jefe de policía de Santa Fe Hugo Tognoli, ante un planteo de recusación del magistrado interpuesto por la defensa del imputado, informaron fuentes judiciales.
Vera Barros tenía previsto indagar esta mañana a Ascaíni, alias El Vasco, a pedido del fiscal del caso, Juan Patricio Murray, quien lo imputa de integrar junto a Tognoli y otros dos policías santafesinos una “empresa criminal conjunta” que le permitió el tráfico de estupefacientes con complicidad policial.
El abogado de Ascaíni, Paul Krupnik, presentó la mañana de este lunes minutos antes de la indagatoria una recusación contra el juez Vera Barros por presunta “parcialidad manifiesta”, indicaron voceros judiciales.
Por esa razón, el magistrado resolvió suspender la declaración de Ascaíni hasta tanto resuelva aceptar o rechazar el planteo de la defensa del hombre de 38 años que reside en la localidad santafesina de Villa Cañás.
Según explicaron fuentes judiciales, si el juez acepta la recusación el expediente debe trasladarse al otro juez federal con competencia penal de Rosario, Marcelo Bailaque, que tiene procesado en otra causa a Ascaíni por presunto tráfico de estupefacientes.
En caso de rechaza la recusación, podría tomarle finalmente la indagatoria en los próximos días y elevar el incidente a la Cámara de Apelaciones de Rosario, para que dictamine al respecto, detallaron fuentes del caso.
La fiscalía federal 2, a cargo de Murray y de Federico Reinares Solari, pidió la indagatoria de Ascaíni por entender que junto al ex jefe de policía de Santa Fe, comisario general Hugo Tognoli, y a otros dos uniformados integraron una empresa criminal conjunta destinada al tráfico de estupefacientes.
En la causa está detenido desde el jueves pasado Tognoli, quien ya había quedado apresado en octubre del año pasado durante 15 días hasta que el juez Vera Barros le dictó la falta de mérito.
Tras el cambio de fiscal en la causa, los nuevos representantes del Ministerio Público reunieron nuevas pruebas y modificaron la acusación, lo que le permitió al magistrado volver a indagar a Tognoli y dejarlo detenido en dependencias locales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En la causa también están procesados, y excarcelados, el ex jefe de la seccional 2da de Rosario, Néstor Beto Fernández, y el cabo de la seccional de Villa Cañás Carlos Quintana.
Según explicó a esta agencia el abogado de Ascaíni, la recusación presentada este lunes contra el juez se funda en la presunta “parcialidad manifiesta” del mismo.
“Entendemos que hay un direccionamiento político en esta causa, que hay presiones en el sentido de impulsar la causa Tognoli”, dijo el abogado.
Añadió que “el juez no es imparcial, porque él ya se había expedido dictando la falta de mérito de Tognoli y ahora renueva la imputación con la misma prueba pero con otro enfoque de la fiscalía, que para nosotros está tirado de los pelos”, abundó el defensor.
Mientras Vera Barros resuelva el incidente planteado por la defensa de Ascaíni, el presunto narco seguirá detenido en instalaciones de la Policía Federal, que lo detuvo el sábado pasado en su domicilio de Villa Cañás, informaron fuentes judiciales.
Fuente: Télam
Fuente:RedaccionRosario
Corti: “La Policía es parte del problema”
Por Alexis Louhau.-
El ex ministro de Seguridad, quien renunció en junio de 2012 por un cortocircuito con el gobernador, dijo que la institución es “muy heterogénea, con fuertes intereses económicos”, y que “hay un 30% que no asiste al trabajo”.
12 mar, 2013
El ex ministro de Seguridad, quien renunció en junio de 2012 por un cortocircuito con el gobernador, dijo que la institución es “muy heterogénea, con fuertes intereses económicos”, y que “hay un 30% que no asiste al trabajo”.
12 mar, 2013
Leandro Corti presentó su renuncia como ministro de Seguridad de Santa Fe en junio de 2012, cuando el gobernador Antonio Bonfatti confirmó la realización en la ciudad de Santa Fe de un partido entre Rosario Central y Patronato de Paraná, poco después de que el ministro negara esa posibilidad por entrañar “alto riesgo”. A nueve meses de su salida, el profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Litoral analizó el presente de la fuerza policial, a la que consideró como “parte del problema de la seguridad pública”.
—¿Qué le dejó, tanto en lo profesional como en lo personal, su paso por el Ministerio de Seguridad?
—Haber estado cuatro años como secretario de Asuntos Penitenciarios y casi siete meses a cargo del Ministerio de Seguridad deja un sinnúmero de experiencias que se capitalizan en muchos aspectos. En primer lugar, hay que saber que en ese tipo de espacios –fuerzas de seguridad– es clave encarar procesos de construcción de autoridad política para poder lograr un grado razonable de conducción política, y a partir de allí, intentar encarar algunas transformaciones necesarias.
—¿Cómo se sintió al momento de dejar el cargo?
—Me sentí con sensaciones contradictorias. Por una parte, con la convicción de que era muy dificultoso avanzar con seriedad y responsabilidad después de haber sufrido una pérdida de autoridad tan drástica hacia el interior de la fuerza policial. La situación puntual del partido, en cuanto a las marchas y contramarchas en el proceso decisorio, colocó la figura ministerial en un lugar de franca debilidad y desautorización, que limitaban enormemente las posibilidades ciertas de avanzar con efectividad política.
—¿Cuáles considera que deben ser los puntos en los que debe hacerse hincapié o que hay que mejorar en el tema de la seguridad?
—Como eje fundamental, consolidar la conducción política de la fuerza policial. Esta es la condición esencial para encarar cualquier proceso de transformación en el gobierno de la seguridad pública. Esto se construye con mucha decisión política, con un fuerte consenso de todo el arco político, en orden a acordar una agenda básica de coincidencias programáticas, sobre qué medidas adoptar y sostenerlas en el tiempo.
Para construir eso, es fundamental consolidar los instrumentos de control sobre el accionar policial, que no deben ser meramente simbólicos o gestuales, sino que deben reflejarse en actos concretos. Para esto es imprescindible fortalecer el control sobre el servicio policial, identificar y sancionar los actos de corrupción policial. En ellos, es fundamental que la autoridad política tenga una decisión seria a la hora de controlar los circuitos económicos financieros de la gestión policial, la concurrencia del personal a los lugares de prestación del servicio (hoy hay aproximadamente un 30 por ciento del personal policial por diversas razones no asiste a los lugares de trabajo).
—¿Qué políticas podrían impulsarse en los barrios desde el área de Seguridad para combatir la delincuencia?
—En rigor, el Estado tiene que, en primer lugar, generar dispositivos de inclusión social desde una lógica de políticas sociales hacia los sectores más comprometidos, que abarquen las franjas más vulnerables, proponiendo estrategias en ese sentido.
—¿Se puede combatir el delito con las cámaras de seguridad?
—No. En general son medidas que se toman para calmar la ansiedad de determinados sectores de la sociedad; en todo caso generan un fenómeno de traslación o desplazamiento territorial del delito.
—¿Cómo califica a la Policía santafesina?
—Como una institución muy heterogénea, con fuertes intereses económicos, en función del intenso rol que tienen en la cogestión de determinadas economías del delito, lo que acarrea serios focos de corrupción policial y que, por ende, terminan impactado en una prestación racional del servicio policial.
—¿Qué opina acerca de las versiones que vinculan a las fuerzas de seguridad con el narcotráfico?
—Que es el caso más paradigmático y dramático de la gestión que algunos sectores de la Policía efectúan sobre el delito. Por eso, siempre hemos razonado que la Policía es parte del problema de la seguridad pública. Este proceso sólo se revierte con acciones claras y firmes desde el poder político, identificando y sancionado las prácticas de corrupción.
—¿Es posible comparar el partido entre Central y Patronato en Santa Fe y el frustrado clásico de enero?
—En algún punto tienen similitud. Lo que sucedió allí revela el complejo entramado que se da entre determinados dirigentes del fútbol, sectores de los denominados barra brava y sectores de la Policía. Hasta que no exista una prevalencia de criterios políticos serios y responsables para evaluar condiciones racionales para llevar a cabo determinados eventos futbolísticos, este tipo de situaciones van a seguir aconteciendo. Para ello es necesario que la autoridad política sea la que tome las decisiones y que las entidades deportivas se sujeten a ello, y no al revés.
—¿Cuáles considera que son los pasos fundamentales para avanzar en la materia?
—En primer lugar, se debe trazar un rumbo claro y preciso, es decir, un proyecto en materia de seguridad con líneas de acción más o menos estructurales y sostenidas en el tiempo. Y, a partir de eso, generar la fortaleza política suficiente para construir las condiciones necesarias para que el proyecto sea realizable. El programa o proyecto en materia de seguridad debe tener alto consenso político en rededor de algunas medidas concretas: en primer lugar, hay que identificar y sancionar con mucha fuerza los actos de corrupción policial, sobre todo los realizados por los funcionarios policiales de mayor jerarquía. Por ejemplo, las investigaciones por enriquecimiento ilícito.
Después, hay que separar las funciones de Policía de seguridad de las de Policía de investigaciones. El alto grado de corrupción y las serias falencias de la Policía en su rol de investigación, ameritan que sea urgente y, al menos en forma gradual (Rosario y Santa Fe), la creación de una estructura independiente y autónoma de una Policía judicial o de investigaciones. La baja tasa de esclarecimiento de los hechos delictuales pone de manifiesto la gravedad de este problema.
Además, hay que fomentar un mayor protagonismo de los fiscales en el control del accionar policial en su faz de investigación en los procesos penales que se inician por hechos delictuales, al menos los más graves (homicidios dolosos). En este sentido se advirtió una señal interesante del nuevo procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, que ha emitido algunas instrucciones a los fiscales en este aspecto.
Otro punto importante es controlar políticamente los circuitos económicos administrativos de la gestión del presupuesto policial. La Policía no debe definir más qué se gasta, en qué se gasta y cómo se gasta. Eso debe hacerlo la autoridad política con criterios serios, racionales y transparentes.
Por último, se debe controlar políticamente las cuestiones inherentes al personal policial, concurrencia a los destinos de trabajo, carpetas médicas y distribución del personal policial en el territorio y resolver definitivamente el problema de los presos alojados en comisarías. Hoy hay algo de más de 1.500 presos en espacios policiales, con los consecuentes efectos negativos que ello supone en el servicio policial.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
El juez rechazó la recusación del defensor e indagará hoy a Ascaíni
Ayer suspendieron el interrogatorio al acusado de traficante de Villa Cañás porque su abogado le pidió al magistrado que se aparte. Negó haber actuado bajo presión política o con parcialidad.
El juez federal Carlos Vera Barros rechazó ayer el pedido para que se aparte de la causa en la que investiga a Carlos Andrés Ascaíni, procesado por tráfico de estupefacientes, ahora bajo el cargo de integrar una empresa criminal con policías a fin de prosperar en ese negocio ilícito. La declaración indagatoria del imputado fue suspendida ayer porque el magistrado prefirió contestar ese planteo antes de interrogarlo. Tras desestimar la recusación el juez fijó una nueva fecha para escuchar las palabras de Ascaíni. Lo espera en su juzgado hoy a las 9.30 de la mañana.
El abogado de Ascaíni, Paul Krupnik, recusó a Vera Barros al atribuirle parcialidad manifiesta en el manejo del caso. El abogado reprochaba básicamente que la detención de su cliente era resultado de presiones políticas a las que el juez había cedido y que le adjudicaba a Ascaíni un delito más grave sin que surgieran novedades probatorias para hacerlo.
Vera Barros adujo que la politización que le atribuye Krupnik a su conducta no es un argumento jurídico. También señaló que lo que obligó a detener a Ascaíni, a quien sólo se proponía citar a indagatoria, fue la decisión de su propio abogado de pedir el cese de prisión. Por un motivo procesal eso implicó calificar de antemano el delito y la gravedad de la figura indujo a la detención.
El pleito. El magistrado está en condiciones de indagar aunque la última palabra sobre su permanencia en el control de la causa la tendrá la Cámara Federal de Apelaciones. Ayer el acusado había sido trasladado desde Venado Tuerto, donde está detenido desde el sábado, hacia los tribunales de Oroño al 900. Aplazada la medida, al retirarse del edificio custodiado por la Policía Federal, Ascaíni lanzó una frase a la prensa que lo esperaba. "Esto es una payasada política generada por el kirchnerismo para derrocar al socialismo, es una vergüenza", dijo.
Ascaíni está imputado en la misma causa penal que el ex jefe de policía provincial Hugo Tognoli quien está preso desde el jueves pasado. Esto obedece a que Vera Barros aceptó el criterio propuesto por el fiscal Juan Patricio Murray que propuso la acumulación de todos los expediente con conexidad subjetiva, es decir, donde los mismos imputados aparecieran bajo las mismas conductas ilícitas presuntas.
Ascaíni está implicado en escuchas telefónicas captadas el 25 de noviembre de 2009 donde le pide a policías de Villa Cañás, la ciudad donde vive, que le informen a quién pertenecían los dos vehículos que lo seguían, que eran de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Por proporcionar esta información están procesados dos policías: Néstor "Beto" Fernández, que era jefe de Drogas Peligrosas en Venado Tuerto, y Carlos Alfredo Quintana, quien atendió el llamado de Ascaíni. Esta causa es la que implicó la detención de Tognoli en octubre pasado.
También está involucrado, y procesado, por la tenencia de 1,2 kilos de cocaína, al ser detenido en Chapuy en mayo del año pasado, a bordo de su Audi A4. Esa sustancia, según el laboratorio de Drogas Peligrosas, resultó ser azúcar en un 96 por ciento.
"La empresa". Ascaíni, Tognoli, Fernández y Quintana están imputados de pertenecer a una "empresa criminal conjunta" que le habría permitido al primero el tráfico de estupefacientes en base al beneficio económico de los policías. Esa es la teoría del fiscal Murray que aceptó Vera Barros. Fernández y Quintana están excarcelados.
Krupnik considera descabellada la acusación y motivada en razones políticas. "Recusamos a Vera Barros por entender que no están dadas las más mínimas garantías de juez imparcial", señaló. "Desde el inicio de la causa de (Hugo) Tognoli el juez ha tenido lo que denominamos comportamientos erráticos, jurídicamente inentendibles", dijo.
"Sobre la base de una comunicación telefónica del año 2009, recién en el año 2012 y a partir de la publicación del diario Página/12, ese mismo día se pide la detención de Tognoli. Con (Néstor "Beto") Fernández la situación fue similar ya que había comparecido espontáneamente ante la fiscalía de este juzgado y a pesar de eso 48 horas después mandó a la PSA para una detención con ribetes televisivos. Ahora hace lo mismo con Ascaíni, por lo cual entendemos que Vera Barros se encuentra accionando políticamente", agregó Krupnik.
Una escucha entre tantas
En la resolución sobre la situación ex jefe policial Tognoli, en noviembre, el juez Vera Barros transcribe escuchas al teléfono de Carlos Ascaíni que hace en 2009 la PSA. Un vendedor de nombre Damián refiere a Ascaíni su temor a ser descubierto. Este lo tranquiliza: “Te doy la garantía y seguridad de que a vos la gente de ahí...de Venado (Tuerto) de los azules, tanto los puertas verdes (por los autos de Drogas) como los federales, ninguno de los dos te va a molestar”.
Fuente:LaCapital
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