14 de mayo de 2013

GUATEMALA.

LUNES, 13 DE MAYO DE 2013 
Comentario a tiempo: Dictador y genocida
Por Teodoro Rentería Arróyave
El ex dictador de Guatemala, general retirado, José Efraín Ríos Montt de 86 años, se convirtió en el primero y único mandatario o ex mandatario en la historia de la humanidad, en ser declarado culpable de genocidio. 

En un juicio histórico, que por momentos se caía y con la intervención en contra del actual presidente, Otto Pérez quién aseguró, “que no se cometió el delito de genocidio en el país durante la guerra civil”, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de Guatemala halló culpable al dictador de 1982 a 1983 y lo sentenció a 80 años de prisión: 50 por genocidio y 30 por el delito de lesa humanidad.

La jueza Jazmín Barrios, presidenta del tribunal, que completan los magistrados Patricia Bustamante y Pablo Xititul, dictó la sentencia en una sala atiborrada de indígenas victimados, pero también de familiares, amigos, defensores y guardaespaldas de los acusados, en un ambiente frenético incontrolable; sin embargo absolvió al otro indiciado, el también jefe castrense Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de Inteligencia Militar.

En su parte sustancial, la jueza afirmó: “Al efectuar el análisis doctrinario del delito de genocidio y confrontarlo con la prueba producida en el debate, con lo dicho por los hombres y las mujeres ixiles de la región, se comprobó hasta la saciedad que eran comunidades civiles dedicadas a la agricultura”. 

“Quedó –agregó-, comprobado en forma objetiva que la población del grupo ixil en las aldeas fue objeto de asesinatos, masacres, torturas, degradación, violaciones masivas, desplazamiento forzoso, traslado de niños de un grupo a otro. Los juzgadores estamos totalmente convencidos de la intención de la destrucción física del grupo ixil. Se produjeron delitos constitutivos del genocidio”.

Acto seguido llegó el fallo: por haber ordenado, supervisado y permitido la destrucción parcial de un grupo étnico de Guatemala, el pueblo ixil, un 5.5 por ciento de su población total -mil 771 indígenas-, durante los 17 meses que gobernó de facto entre 1982 y 1983, “el general José Efraín Ríos Montt es culpable de genocidio y violación a los deberes con la humanidad”, por lo que se le sentencia en suma 80 años de prisión.

El caos inundó la sala y ante el peligro de que ayudaran a huir al sentenciado, la presidenta del tribunal con toda su fuerza lanzó las siguientes frases: “Se ordena la inmediata detención por la naturaleza de los delitos y se ordena el ingreso directamente a prisión.” “El tribunal ordena al Ministerio Público que continúe la investigación en contra de las demás personas que pudieran haber participado en los hechos que se juzgan”. 

Con más fuerza añadió la impartidora de justicia: “El señor acusado no puede abandonar la sala, sus abogados no pueden llevarse al imputado, sus escoltas no lo pueden sacar de la sala, porque la sentencia es en firme”. “Señores abogados, no obstruyan la acción de la justicia”. “Que hagan una valla para evitar que se vaya, hay que evitar una posible fuga. Nadie se lo puede llevar, que los agentes de seguridad controle las dos entradas”.

Al fin hicieron actos de presencia los elementos de la Policía Nacional, los cuales escoltaron al dictador genocida hacia las patrullas que le esperaban en la calle, en una de ellas, fue llevado preso al cuartel de Matamoros, Ríos Montt tuvo tiempo, ya sin la sonrisa que sostuvo en todo el juicio, de declarar que apelaría la sentencia y que todo era “una farsa internacional”. Es obvio, cuenta con el apoyo presidencial en ese proceso de apelación.

“El reconocimiento del delito de genocidio afecta a todos los guatemaltecos. Al reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado. La aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas. Estos hechos no deben volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz”. Con esta última sentencia de la jueza presidenta, Jazmín Barrios, nos quedamos, en la esperanza de que jamás se vuelvan a repetir estos actos de barbarie contra nuestros pueblos, en especial contra los centenariamente victimados indígenas.
Fuente:Argenpress


LA JUSTICIA DE GUATEMALA DETERMINO QUE LOS TRES PODERES DEBEN DISCULPARSE CON LAS VICTIMAS
Perdón del Estado al pueblo maya ixil
En una audiencia sobre reparación, el tribunal que condenó a ochenta años de prisión a Ríos Montt, el viernes pasado, estableció que el Estado tiene una deuda simbólica con los familiares de los asesinados entre 1982 y 1983.
Ríos Montt durante la sentencia del viernes; ayer dijeron sus abogados que se desmayó yendo al tribunal.
El Estado de Guatemala deberá pedir perdón al pueblo maya ixil por las matanzas de las que fue víctima. En una audiencia sobre reparación, el Tribunal A de Mayor Riesgo determinó que los tres poderes del Estado deberán pedir perdón a las víctimas luego de la condena del viernes en contra de Efraín Ríos Montt. Además, el 23 de marzo será declarado Día Nacional contra el Genocidio, según lo determinó ayer el mismo tribunal que condenó al ex dictador Ríos Montt a 80 años de prisión. La Justicia admitió la solicitud de los querellantes, apoyados por el Ministerio Público, para que el perdón al pueblo maya ixil por las matanzas cometidas en su contra durante los años 1982 y 1983, cuando Ríos Montt ejerció la jefatura de Estado, sea pedido por quienes ejerzan la presidencia en cada órgano del Estado, así como por el ministro de la Defensa y Secretaría de la Mujer.

Sin embargo, el tribunal dejó constancia de que en ningún momento se condena al Estado de Guatemala y señaló que lo que se ordena es el uso de los mecanismos adecuados para hacer efectivo el derecho de reparación. Las medidas solicitadas y aceptadas incluyen la construcción de un monumento y una ceremonia en el Palacio Nacional de la Cultura y en las cabeceras de los municipios donde se ubicaban las comunidades donde se registraron las matanzas documentadas. Por su parte, el Ejecutivo deberá implementar, dentro del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), la figura de genocidio y delitos en contra de los deberes de la humanidad para que las víctimas puedan tener acceso a los beneficios. Y también tendrá que construir un centro cultural en la zona ixil, en Quiché, al norte del país, dirigido al rescate de la memoria histórica e identidad cultural de los pueblos.

El Ministerio de Cultura deberá presentar al Congreso una iniciativa para que el 23 de marzo, fecha del golpe de Estado que llevó al poder a Ríos Montt, se conmemore el Día Nacional contra el Genocidio. Asimismo, deberá desarrollar un programa de difusión de la sentencia a través de los medios de comunicación, orientadas al respeto de la diversidad.

El tribunal no estableció un plazo específico para cumplir con la resolución, considerando que la consecución de cada una de las actividades conlleva una serie de pasos a nivel logístico, jurídico y presupuestario. Pero su pronunciamiento coincidió con las palabras de satisfacción expresadas ayer por la ONU. “A pesar de todos los obstáculos, interrupciones y numerosas impugnaciones legales que retrasaron el juicio, Guatemala ha demostrado al mundo y a su propio pueblo que es posible confrontar los crímenes del pasado y hacer justicia”, indicó Navi Pillay, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Este veredicto histórico demuestra que nadie está por encima de la ley y que las instituciones guatemaltecas tienen la fortaleza y la solidez para llevar esto a cabo, siempre que exista la voluntad de hacerlo”, agregó Pillay. Además, elogió el desarrollo pacífico del juicio, a pesar del tenso contexto en el que se celebró, e instó a las autoridades a seguir brindando seguridad efectiva a toda persona involucrada en el proceso judicial. “El país demostró que la justicia para crímenes internacionales graves puede y debe llegar a cualquier lugar donde se hayan cometido. Este juicio motivará a los que en todo el mundo luchan por obtener justicia”, concluyó la alta comisionada.

En cuanto al Ríos Montt, fue ingresado ayer de emergencia en un sanatorio luego de sufrir un desmayo por un aparente estrés, cuando era trasladado a los tribunales, informó su abogado defensor, Francisco García Gudiel. El ex dictador fue condenado a 80 años de prisión por el genocidio perpetrado durante su gestión contra la etnia indígena ixil. La corte determinó que los crímenes habían sido cometidos según planes militares cuyo objetivo era exterminar a quienes fueran considerados enemigos. Según García Gudiel, el militar retirado era trasladado desde el cuartel de Matamoros, donde guarda prisión desde el pasado viernes, hacia el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo para participar en la audiencia en donde se darían a conocer las reparaciones para las víctimas, cuando sufrió un desmayo. Inmediatamente fue trasladado al Hospital Militar, donde el médico Carlos Alvarez afirmó que Ríos Montt, de 86 años, deberá permanecer internado entre tres días y una semana, mientras se repone de las dolencias que lo aquejan y es sometido a un chequeo médico completo.

Los abogados del ex dictador anunciaron que en los próximos días apelarán el fallo para lograr la anulación de la sentencia condenatoria. A este intento desesperado por parte de la defensa se suma el apoyo brindado por el empresariado guatemalteco, nucleado en el Comité Coordinadorde Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). En una solicitada publicada ayer en varios medios locales, pidió al Tribunal Constitucional que anule el proceso por considerar que el fallo está plagado de vicios e inconstitucionalidades y por promover la polarización del país. No obstante, la Justicia fue clara: concluyó que Ríos Montt dio la orden de elaborar los planes que condujeron al genocidio, tuvo conocimiento de las atrocidades cometidas y no hizo nada para detenerlo, pese a tener autoridad para hacerlo.
Fuente:Pagina12


14.05.2013
Opinión 
Guatemala, Ríos Montt y la desmemoria 
En una sentencia histórica el dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt (1982-1983) fue condenado el pasado viernes a 80 años de cárcel –50 por genocidio y 30 por crímenes contra la humanidad– como autor de un "exterminio" que buscaba el "aniquilamiento" de la etnia ixil. Ríos Montt fue responsable de la muerte de 1771 indígenas ixiles, el desplazamiento de otros 29 mil y la violación sistemática de mujeres por tropas bajo sus órdenes. 





Por: Walter Goobar
Desde el derrocamiento de Fernando Romeo Lucas García, en 1982, Ríos Montt se encaramó al poder y proclamó que el exterminio le había sido encomendado por misteriosas instancias metafísicas. Miembro de una secta religiosa llamada Iglesia del Verbo, el uniformado se consideraba elegido para liberar a Guatemala de la amenaza comunista. Sus discursos estaban llenos de citas bíblicas y de comentarios apocalípticos.

Aunque no fue alumno de la tenebrosa Escuela de las Américas, el golpe de Ríos Montt fue alentado por las autoridades estadounidenses, que no estaban dispuestas a tolerar en Guatemala un proceso parecido al de Nicaragua y necesitaban un hombre fuerte para hacer frente a la guerrilla.

Todo el proceso contra Ríos Montt estuvo signado por los escalofriantes testimonios de los sobrevivientes del exterminio, pero un aspecto menos ventilado de esta tragedia fue el papel que jugó el entonces presidente de los EE UU Ronald Reagan. Las campañas de tierra arrasada que aniquilaron más de 600 pueblos indígenas de las tierras altas de Guatemala no fueron solamente el resultado de una ideología anticomunista que dominó las élites políticas y militares nativas, sino que el genocidio fue respaldado por la administración Reagan.

Un documento recientemente descubierto por el periodista Richard Parry demuestra que Reagan trató de aliviar las restricciones en la ayuda militar a Guatemala que habían sido impuestas por el presidente Jimmy Carter y el Congreso por las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.

En los documentos salta a la vista la complicidad de la diplomacia estadounidense con los engranajes del terror guatemalteco. En todo el material desclasificado se comprueba que la administración Reagan no consideraba como un problema matar a civiles por la mera sospecha de simpatizar con la guerrilla.

"Queremos restablecer nuestro suministro militar tradicional y la relación de entrenamiento tan pronto como sea posible", reza una carta del general Vernon Walters, que a renglón seguido agrega: "Como los dos somos conscientes, esto no ha sido todavía posible, debido a nuestras limitaciones políticas y jurídicas internas relativas a la utilización por parte de algunos elementos de las fuerzas de seguridad y deliberada matanza indiscriminada de personas que no participan con la guerrilla o sus mecanismos de apoyo civil. No me refiero aquí a la lamentable pero inevitable muerte de inocentes, ni a los errores en situaciones de combate, sino de lo que nos parece un uso calculado de terror para inmovilizar a personas no politizadas o adversarios potenciales".

Los documentos recién descubiertos –y otros desclasificados a finales de 1990– dejan claro que Reagan y su gobierno eran muy conscientes de la carnicería en curso en Guatemala y en otras partes de Centroamérica.

El 17 de abril de 1981, un cable de la CIA describió una masacre del ejército en Cocob, cerca de Nebaj en el territorio indígena Ixil, ya que se cree que la población apoyaba a las guerrillas izquierdistas.
Una fuente de la CIA informó que "la población apareció para apoyar plenamente la guerrilla" y "los soldados se vieron obligados a disparar a todo lo que se movía". El cable de la CIA añadió que "las autoridades guatemaltecas admitieron que perdieron la vida muchos civiles, muchos de los cuales, sin duda, eran no combatientes".

Durante sus ocho años en la Casa Blanca, no hay indicios de que Reagan estuviera preocupado por el baño de sangre e incluso el genocidio que tuvo lugar en Centroamérica, mientras él enviaba cientos de millones de dólares en ayuda militar a las fuerzas implicadas. La cifra de muertos fue asombrosa –un estimado de 70 mil o más asesinatos políticos en El Salvador, posiblemente 20 mil muertos de la guerra de la Contra en Nicaragua, unas 200 "desapariciones" de políticos en Honduras y unas 100 mil víctimas de la violencia política en Guatemala.

En los documentos encontrados en la Biblioteca Reagan queda claro que las agencias de inteligencia estadounidenses siguieron de cerca las matanzas patrocinadas por el gobierno guatemalteco. Un informe de la CIA en febrero de 1982 describe una redada del ejército a través del llamado Triángulo Ixil, en la provincia central de El Quiché. "Los oficiales al mando de las unidades involucradas han sido instruidos para destruir todas las ciudades y pueblos que están cooperando con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y eliminar todas las fuentes de resistencia", se lee en el informe. "Desde que comenzó la operación, varios pueblos han sido arrasados, y han matado a un gran número de guerrilleros y colaboradores."

El informe de la CIA explicó el modus operandi del Ejército: "Cuando una patrulla del Ejército encuentra resistencia y le disparan desde una ciudad o pueblo, se supone que toda la ciudad es hostil y que se debe destruir posteriormente". "Cuando el ejército se encuentra con un pueblo vacío, se “supone que han estado apoyando al EGP, y se destruye." Hay cientos, posiblemente miles de refugiados en las colinas sin hogares a regresar.

"El alto mando del Ejército está muy satisfecho con los resultados iniciales de la operación de barrido, y cree que va a tener éxito en la destrucción de la mayor área de soporte EGP y será capaz de conducir el EGP fuera del Triángulo Ixil (...) La creencia bien documentada por el Ejército de que toda la población indígena iIxil es pro-EGP ha creado una situación en la que se puede esperar que el ejército no de cuartel a los combatientes y no combatientes por igual".

En julio de 1982, Ríos Montt comenzó una nueva campaña de tierra arrasada bautizada "Fusiles y Frijoles". El lema significaba que los indígenas "pacificados" obtendrían frijoles, mientras que todos los demás podían esperar ser el blanco de los fusiles del Ejército.

En octubre Ríos Montt dio carta blanca a una unidad de inteligencia para ampliar las actividades de los escuadrones de la muerte que operaban en las ciudades. El 22 de octubre de ese mismo año, personal de la Embajada de los EE UU desestimó los informes de masacres calificándolos como "una campaña de desinformación, de inspiración comunista".

El 4 de diciembre de 1982, después de reunirse con Ríos Montt, Reagan elogió al general como "totalmente dedicado a la democracia" y añadió que el gobierno guatemalteco había hecho grandes avances en materia de Derechos Humanos.

Sin embargo, en febrero de 1983, un cable secreto de la CIA observó un aumento de la "violencia de derecha con los secuestros de estudiantes y profesores". Los cuerpos de las víctimas fueron apareciendo en las cunetas y barrancos. Fuentes de la CIA rastrearon estos asesinatos al entorno de Ríos Montt y lo acusaron de "retener, interrogar y deshacerse de presuntos guerrilleros a su antojo".

La semana pasada, The New York Times informó sobre algunos de los testimonios más escalofriantes, pero –como sucede casi siempre en estos casos– no mencionó el papel de Reagan y su gobierno. La historia de la matanza de Guatemala y la complicidad del gobierno de Reagan rápidamente desapareció en el gran agujero de la memoria estadounidense.
Fuente:TiempoArgentino                 

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