LA DEMOCRATIZACION DEL PODER JUDICIAL
Carta a la Asociación de Magistrados
Un espacio de debate sobre los cambios en la Justicia.
Por Javier Augusto De Luca *
Opinión
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el fin presentar mi renuncia a la Asociación.
Según se nos ha comunicado, el lunes 13 de mayo se llevó a cabo la reunión mensual del consejo directivo en la que, con respecto al texto de la nueva Ley del Consejo de la Magistratura, se decidió por unanimidad autorizar la iniciación de acciones legales a fin de impugnar puntos esenciales de la reforma y se autorizó al presidente a otorgar los poderes judiciales correspondientes. La representación de la Asociación (AMyFJN) en dichas acciones estará a cargo de los abogados Alberto García Lema y Enrique Paixao. Los distintos periódicos dan cuenta del inicio de esas acciones y de otras a título personal, con foto color y destacada de nuestro presidente y esos abogados.
La razón de mi renuncia es estrictamente social, y la motivan estas últimas noticias, que vienen a ser las gotas que rebasaron el vaso, porque se enmarcan en la misma concepción de una larga lista de expresiones que viene tomando la conducción de nuestra institución, totalmente extraña al objeto social y a la razón de ser de una asociación de magistrados y funcionarios. Esas acciones consisten en enfrentar a unos socios contra los otros, en lugar de trabajar para concebir la AMyFJN como un espacio de contención, de encuentro y de discusión, que acoja a todos los sectores con ideologías diferentes. La conducción se mueve como si la Asociación fuera un nuevo partido político, el judicial, cuya única idea visible es la defensa ciega de determinados colegas y de privilegios insostenibles en una democracia del 2013, ya que, en nombre de la representación que ostentan, aceptan o denuestan políticas de Estado (no del gobierno de turno) al que en realidad debemos servir, como si los jueces tuviesen algún tipo de competencia en la sanción y promulgación de la leyes que son el producto de la soberanía popular. Todas las expresiones de esta conducción siempre se reducen al mismo patrón, la defensa de los intereses de quienes pertenecen al círculo áulico de su dirección, sin reparar en que muchos de los socios piensan distinto y que se sienten ofendidos por los “comunicados” y acciones emprendidas. Por ejemplo, los funcionarios abogados y los fiscales y defensores oficiales, todos abogados, no podíamos votar para candidatos a consejeros de la magistratura, pese a que ese órgano ejercía el cogobierno del poder del Estado, el Judicial, en el que trabajamos o ante el que actuamos. O también, en muchas ocasiones desplegaron la defensa de colegas sin reparar en que habían sido denunciados por otros magistrados o funcionarios también socios, especialmente por la participación de aquéllos en delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.
Y ahora, otra muestra. La AMyFJN está compuesta por socios fiscales, defensores y funcionarios, que no tenemos ningún interés jurídico directo o indirecto en las acciones judiciales citadas que, sin embargo, serán interpuestas en nuestro nombre o, lo que es peor, de manera individual pero usando el nombre de la asociación como símbolo de pertenencia, como base de sustentación o apoyo. No existe ningún interés de la Asociación en juego. Las acciones serán interpuestas en defensa exclusiva del interés personal de algunos jueces que consideran que las leyes cuya inconstitucionalidad predican les producirán (vaya uno a saber cuándo y cómo) un perjuicio personal o profesional.
En fin, he perdido toda voluntad de seguir integrando esta asociación porque las acciones que viene llevando y llevará adelante son incompatibles con mis ideales republicanos y democráticos. Tampoco tengo más fuerzas para oponerme a ellas desde el seno mismo de la AMyFJN. Lo siento profundamente porque allí hay muchos amigos y gente que respeto enormemente. En mis 26 años de socio he recibido muchísimo de la AMyFJN, y he tratado de representarla con dignidad y seriedad en las ocasiones en que me han distinguido con su mandato. Espero que así haya sido entendido. Saludos a ustedes con la más distinguida consideración.
* Fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, doctor en Derecho, profesor titular asociado de Derecho Penal y Procesal Penal (UBA).
LA DEMOCRATIZACION DEL PODER JUDICIAL
Cárceles llenas, ciudadanos insegurosPor Guillermo Nicora *
Un espacio de debate sobre los cambios en la Justicia.
Opinión
Trabajo en el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Soy fiscal, y mi jefe, y la jefa de mi jefe, y todos los jefes del Ministerio Público, tienen jefaturas vitalicias, esas que no existen (que no deben existir) en ningún lugar de una república. ¿Quién inventó esto de que la independencia y la estabilidad de los fiscales radica en que el jefe sea jefe durante veinte o treinta años? La estabilidad y la independencia van a existir cuando haya una verdadera carrera profesional, en la que se ascienda por mérito y buen desempeño, no sólo por antigüedad (y por no hacer olas). Los jefes de los fiscales tienen que volver a ser fiscales después de ser jefes. Un funcionario de la república termina su mandato y vuelve al llano.
Mis colegas y contrapartes habituales, los defensores oficiales, tienen el mismo problema de jefaturas incompatibles con la república. Y ¿saben qué? Ellos y yo tenemos el mismo jefe. El parche de fin del año pasado no cambió nada: la nueva ley de Ministerio Público de la provincia sigue negando la autonomía de la defensa, y sólo viene a aumentar el número de jefes vitalicios. Una defensa dependiente es una defensa débil. Y para la sociedad, tener una defensa débil es como andar en un auto sin frenos.
Decía recién que los defensores y los fiscales de la provincia tenemos un mismo jefe. Pero eso no es todo. Además, la procuradora, jefa de los fiscales y defensores, también es jefa de los jueces: ella integra un organismo (la Suprema Corte) que tiene un poder de mando casi infinito sobre los jueces de mi provincia. Y después dicen que las leyes que se acaban de aprobar amenazan la independencia judicial. ¿Dónde está hoy la independencia judicial? La independencia del juez bonaerense no existe, y no existirá mientras la Suprema Corte y las Cámaras sigan administrando los recursos como una perfecta monarquía y ejerciendo funciones de “superintendencia”, que es el nombre de la dependencia. Hay que transformar el gobierno judicial, necesitamos que los recursos de los jueces sean administrados por un Consejo elegido democráticamente por todos los jueces de la provincia, sin distinción de fueros. Un juez es igual a otro juez, eso es independencia.
Hay que cambiar los modelos feudales de juzgados y tribunales de integración fija: todos los jueces de la misma competencia y jurisdicción tienen que integrar un colegio, que elija su presidente y que tenga un administrador profesional encargado de todo lo que no sea resolver casos judiciales. Los jueces, a las salas de audiencias, a oír a las partes y dictar resoluciones y sentencias. Nada más.
Hay que dejar de violar la Constitución: todos los juicios criminales de este país deben ser resueltos por un jurado. Tenemos una ley, imperfecta pero buena, a medio sancionar en la Legislatura bonaerense. Señores senadores, señor vicegobernador: apruébenla, y empecemos a discutir cómo le mejoramos los problemas. Pero tenemos que empezar a devolverle urgentemente al pueblo el derecho a decidir quiénes tienen que ir a ocupar nuestras cárceles. Sin dudas lo van a hacer mejor de lo que venimos haciéndolo hasta ahora, que tenemos cárceles llenas y ciudadanos inseguros.
Necesitamos una Justicia como la gente, y eso quiere decir cerca de la gente. La Justicia de paz ha dejado de ser una Justicia de proximidad, que solucione los conflictos cotidianos antes de que sean dramas enormes, y no les sirve a las mujeres y los hombres comunes: sólo sirve para que los abogados sigamos haciendo trámites y fabricando expedientes.
Muchos de ustedes seguramente ignoran (como lo ignoraba yo hasta hace unos días) que en la provincia de Buenos Aires viven varias comunidades de pueblos originarios, que tienen negado el derecho a sus propias formas ancestrales de hacer justicia. Y que –como cientos de miles de bonaerenses– tienen enormes problemas de acceso a la tierra, de acceso a la educación, de acceso a la salud, de acceso a la igualdad. Y el más importante, la llave de todos los derechos: el acceso a la Justicia.
Los que integramos Justicia Legítima somos la parte crítica de un sistema judicial que, en vez de hacer justicia, se mira el ombligo para sacarse la pelusa. Y estamos muy orgullosos de reunirnos para hablar de política. No le tememos a la “politización de la Justicia”. Procurar y administrar justicia siempre ha sido, es y será una actividad política. A lo que sí le tememos es al secreto y a la hipocresía de los que ocupan cargos judiciales para satisfacer la vanidad propia, para debilitar a los débiles y para fortalecer a los poderosos.
En conclusión, el espacio judicial es un espacio de lucha por los derechos, es un espacio de lucha política. Vamos a terminar de dar vuelta la página que comenzó el 9 de septiembre de 1930, cuando la Corte Suprema hizo la venia a los golpistas que derrocaron al primer presidente verdaderamente elegido por el pueblo que hubo en este país. Vamos a hacer que la política que hacemos todos los días desde las oficinas judiciales y desde las salas de audiencia sea una política transparente, democrática y al servicio del campo popular.
* Fiscal bonaerense e integrante de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
CFK DESTACO EXPRESIONES DE LA JUEZA GARRIGOS DE REBORI EN UNA NOTA PUBLICADA POR ESTE DIARIO
“Una verdadera corruptela judicial”
A través de su cuenta de Twitter, la Presidenta elogió a la nueva titular de “Justicia legítima” y se refirió “al ataque despiadado” sobre la procuradora Alejandra Gils Carbó. “Cómo vienen las mujeres en la Justicia, como Matrix, recargadas”, bromeó.
Cristina Fernández junto a Gils Carbó, cuando la procuradora asumió su cargo.Imagen: Télam
“Es la primera vez que alguien de la magistratura verbaliza públicamente esta verdadera corruptela judicial”, tuiteó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en referencia a las declaraciones que formuló a Página/12 la jueza María Laura Garrigós de Rébori, flamante titular de “Justicia legítima”. “Cómo vienen las mujeres en la Justicia, como Matrix, recargadas”, bromeó CFK en su cuenta de Twitter, al elogiar el reportaje y la argumentación de la jueza, destacando la defensa de la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
“La reflexión sobre politización de la Justicia merece capítulo aparte: ‘Basta mirar quiénes están sentados en el Consejo. Está Recondo y... ¿Quién es Recondo? ¿Es apolítico?’, se pregunta. ‘No, fue secretario de Justicia de Alfonsín’ (eso lo dice la periodista)”, reseñó Fernández de Kirchner, al destacar el tramo en el que la magistrada hacía referencia a la reforma judicial que establece el voto popular para la elección de integrantes del Consejo de la Magistratura. “O sea que es radical. ‘Hizo campaña diciendo que era anti kirchnerista’ (eso también lo dice la periodista). Pocas veces tanta crudeza y verdad. Mujer tenía que ser”, acotó CFK sobre Rébori.
“También aborda el ataque despiadado sobre la procuradora fiscal de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó por el nombramiento de fiscales subrogantes y ad hoc”, continuó la Presidenta que transcribió la contundente respuesta de la entrevistada: “No parece casual que todos los fiscales cuestionados son los que investigan narcotráfico, trata, tráfico de armas y lavado”. En su cuenta de la red social, Cristina Fernández destacó la tapa de la edición de ayer de este diario en la que Rébori “dispara ‘Para la gente la Justicia no es justa’. Imperdible reportaje. Habla sobre reforma y cambio de la lógica judicial”.
Los dichos de Rébori sobre la reforma del Consejo de la Magistratura recibió numerosos elogios de la Presidenta, quien también destacó notas publicadas ayer en otros medios. “`Lo que han hecho es directamente un forum shopping’. Por dios, ¿qué es eso?”, se preguntó, y rápidamente se respondió: “Fórum Shopping: Dícese de la práctica corriente y conocida en el Poder Judicial de elegir el juez que va a fallar lo que vos quieras. Simple: el juez te va a dar la razón, aunque la Constitución, la ley, la jurisprudencia y María santísima digan otra cosa”.
“Es la primera vez que alguien de la magistratura verbaliza públicamente esta verdadera corruptela judicial”, dijo CFK, apuntando el mecanismo que denuncia la jueza, en el que describe cómo distintos integrantes de la Justicia “presentan amparos y cautelares en todos lados, van probando, hasta que enganchan uno y consiguen lo que quieren: parar la ley”. A su vez la Presidenta no se privó de enviar un mensaje al gremio judicial, al pedir “un sindicato ahí”, luego de explicara que Garrigó cuenta que en su fuero hay una jueza que “exige que los empleados se pongan de pie” cuando entra al juzgado. “Alguien tiene que avisarles a esos trabajadores que las prerrogativas fueron abolidas por la Asamblea del año XIII.”
Fuente:Pagina12
La presidenta Cristina Fernández tuiteó sobre la entrevista a la titular de la Cámara Criminal y Correccional, María Laura Garrigós de Rébori, publicada en el diario Página 12.
La también titular del colectivo “Justicia Legítima” aseguró que “para la gente, la Justicia no es justa”. Cristina elogió sus argumentaciones: “sobre cómo, quiénes y por qué quieren frenar la elección popular del Consejo de la Magistratura votada por mayoría absoluta del Legislativo.”
La mandataria también resaltó el significado del término “Forum Shopping”: “Dícese de la práctica corriente y conocida en el poder judicial de elegir el juez que va a fallar lo que vos quieras”, y continuó “Simple: el juez te va a dar la razón, aunque la Constitución, la ley, la jurisprudencia y María Santísima digan otra cosa”.
Cristina sentenció: “Es la primera vez que alguien de la Magistratura verbaliza públicamente esta verdadera corruptela judicial”.
Fuente:DiarioRegistrado
03.06.2013
uno de los ejes del segundo encuentro de justicia legítima en la plata
La sociedad civil y el debate por un nuevo paradigma judicial
Gils Carbó aclaró que para la nueva entidad de magistrados serán prioridad "todos aquellos que penan por las injusticias que padecen".
Por: Pablo Roesler
La heterogeneidad de los participantes fue uno de los rasgos que se repitió en la decena de encuentros regionales por el interior del país, y que en el Teatro Argentino de La Plata se manifestó en los oradores.
"Queremos que sea clara la forma en que asume un juez. ¿Por qué tienen que ser privilegiados o 'hijos de'? Venimos por una justicia más plural, no solamente para los sectores más acomodados. ¿Por qué los jueces tienen coronita y no pagan impuestos? Estamos con usted presidenta. Vamos por todo", gritó una joven. Era una de las 30 estudiantes del terciario de la organización barrial jujeña Tupac Amaru.
En el caso de los integrantes de las organizaciones sociales y de trabajadores, repasaron todas sus necesidades para el acceso a la justicia.
En el segundo panel expusieron Luis Caro, sobre las particularidades y problemáticas de las cooperativas de trabajo y las fábricas recuperadas; la abogada cordobesa Victoria Gauna, sobre el Movimiento Campesino; la abogada Lorena Gutiérrez Villar, sobre los pueblos originarios; la directora ejecutiva de abogados del NOA por los Derechos Humanos, Josefina Doz Costa; y Marcelo Sunthein, de la Comunidad Homosexual Argentina.
En el último panel, Daniel Pérez, del Encuentro de la militancia judicial; Demetrio Iramaín, del Frente de Trabajadores Judiciales Nacional y Popular; Mila Montaldo, de la Comisión Interna de Empleados del Ministerio Público; y Valeria Volpoli, de Funcionarios Judiciales, completaron los reclamos de los trabajadores de la justicia.
"Queremos un poder judicial más plural y democrático, que sea realmente independiente tanto de los otros poderes estatales como de los intereses económicos concentrados", sostuvo el profesor de la tecnicatura en Economía Social del terciario de la Tupac Amaru, Héctor Acosta. "Queremos un poder judicial que garantice a los más humildes el acceso efectivo a la justicia, ampliando la interpretación restrictiva de los meros derechos individuales hacia una aplicación efectiva de la totalidad de los Derechos Humanos", agregó.
El documento final del segundo encuentro destacó que los integrantes de Justicia Legítima sólo conciben al Poder Judicial "como un servicio del pueblo para todo el pueblo". En ese sentido, señalaron: "Somos conscientes de que confrontamos contra un orden de privilegios que resiste con virulencia cualquier intento de cambio y ataca arteramente la activa labor de probos y comprometidos magistrados. Por eso mismo, seguiremos trabajando en pos de nuevas reformas." En ese ítem, enumeraron "aquellas que atiendan a fortalecer el acceso a la justicia, la oralidad en todos los procesos e instancias y la participación ciudadana en los procesos judiciales". Otro objetivo fijado fue "hacer realidad la expresa letra del artículo 114 de la Constitución Nacional en cuanto prescribe la forma en que se deben administrar los recursos del poder judicial".
Por eso, al anunciar el lanzamiento de la Asociación Civil, la procuradora general de la Corte, Alejandra Gils Carbó, destacó: "Va a ser muy diferente de otras asociaciones de magistrados y funcionarios. Primero, porque no va a trabajar en beneficios de sus miembros sino de la sociedad toda". Gils Carbó aseguró que "tampoco va a ser sólo una de magistrados y funcionarios", porque "Justicia Legítima va a estar integrada por trabajadores judiciales, organizaciones sociales, por cualquier ciudadano que se nos quiera unir para trabajar en una transformación de las instituciones judiciales en beneficio de la sociedad."
Fuente:TiempoArgentino
Se reglamentó el acceso igualitario a la Justicia
Era la última de las seis leyes de reforma judicial que votó el Congreso. Continuará en Tribunales el debate sobre la elección de representantes para el nuevo Consejo de la Magistratura y los nuevos límites a las cautelares, que tienen causas en marcha.
El Poder Ejecutivo reglamentó hoy, a través del decreto 643/2013, la última ley que restaba del paquete de reforma de la Justicia, que establece el acceso e igualitario al Poder Judicial. La ley 26.681, mejor conocida como "Ley de Ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación", fue publicada hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Justicia, Julio Alak.
Fue el último proyecto en reglamentarse porque, pese a que los otros cinco ya habían sido sancionados, en este caso el texto fue aprobado recién el miércoles a la noche por el Senado, por las modificaciones que se incluyeron a último momento para permitir que la Corte Suprema conserve el manejo de los nombramientos y el presupuesto del Poder Judicial.
La ley establece el "ingreso democrático e igualitario" al Poder Judicial. Dentro del paquete de reforma judicial también está la ley de la reforma del Consejo de la Magistratura, la obligación de presentar Declaraciones Juradas cada año para los tres poderes del Estado, la creación de nuevas cámaras de Casación, la limitación de las medidas cautelares contra el Estado y la obligación de difundir correctamente los actos judiciales.
Dos de ellas ya sufrieron objeciones en la Justicia para ser aplicadas. Recientemente dos jueces frenaron la elección de representantes para el nuevo Consejo de la Magistratura y hay causas en marcha contra los nuevos límites a las cautelares.
Fuente:InfoNews
La justicia somos todos
Desde el primer encuentro de la Biblioteca Nacional del 27 y 28 de febrero se han incorporado al colectivo JUSTICIA LEGÍTIMA numerosos actores provenientes de todos los espacios de la comunidad, que siguen aportando propuestas, ideas, inquietudes y reclamos; alimentando y haciendo crecer así el debate libre y plural que caracteriza a este movimiento.
Desde entonces se han celebrado una decena de asambleas a lo largo y ancho del país y multiplicado los foros de discusión, notas de opinión y comunicados que explicitaron los principios rectores para la transformación a la que aspiramos.
También en este lapso se promulgaron algunas leyes que constituyen un andamiaje básico —aunque insuficiente— para la tardía democratización de la justicia, deuda pendiente de la democracia. JUSTICIA LEGÍTIMA acompañó, con observaciones y aportes, este conjunto de iniciativas que considera una contribución relevante a la obtención de los objetivos que nos congrega.
Entre estas leyes, la que dispone la elección popular de los representantes de los jueces y abogados en el Consejo de la Magistratura despertó la airada disidencia de algunas de las instituciones que hoy los agremia. Esta disconformidad se tradujo en la interposición de varias acciones judiciales, tendientes a neutralizar su vigencia y sabotear la ampliación democrática.
Concita nuestra preocupación el rechazo pertinaz de una parte de la magistratura y de la abogacía al incremento de la presencia de la voluntad popular en la elección de aquellos que integrarán el Consejo de la Magistratura.
Tal repulsa al ejercicio de la soberanía popular pretende justificarse en una interpretación restrictiva de la Constitución, que olvida uno de los principios rectores que la define: la forma de gobierno representativa, por voluntad del poder constituyente originario. Así, la habilitación de la participación del pueblo en la conformación de todas sus instituciones afianza, consolida y expande la ideología inspiradora de la carta política de nuestra Nación.
La oposición a la elección popular de los consejeros exhibe al desnudo la impronta monárquica que todavía coloniza el pensar y el hacer de muchos magistrados; quienes se perciben como predestinados al cargo que ostentan y, en cambio, consideran a los ciudadanos como convidados de piedra del servicio que deben brindar.
La salida de la encrucijada que enfrentan hoy los jueces que deben definir las presentaciones de sus pares, que reclaman en defensa del corporativismo judicial en desmedro de los derechos del pueblo, demostrará si el anciano foro conservador está dispuesto a hacer un aporte a la democracia —revisando los aspectos más nocivos de la institución, sus prácticas y su cultura—, o prolongará su agonía replegándose sobre sí mismo, sin pudor ni límites, y al costo de profundizar su distanciamiento de la sociedad, mal disimulado tras una cortina de abstracciones discursivas y rituales cosméticos.
Quienes conformamos JUSTICIA LEGÍTIMA solo concebimos al Poder Judicial como un servicio del pueblo para todo el pueblo. Somos conscientes de que confrontamos contra un orden de privilegios que resiste con virulencia cualquier intento de cambio y ataca arteramente la activa labor de probos y comprometidos magistrados. Por eso mismo, seguiremos trabajando en pos de nuevas reformas, como aquellas que atiendan a fortalecer el acceso a la justicia, la oralidad en todos los procesos e instancias y la participación ciudadana en los procesos judiciales; así como en hacer realidad la expresa letra del artículo 114 de la Constitución Nacional en cuanto prescribe la forma en que se deben administrar los recursos del poder judicial. La prioridad estará puesta en que la justicia llegue a los que más la necesitan, como los pueblos indígenas, los sectores campesinos, los trabajadores, los grupos más vulnerables de la sociedad. Todos aquellos que penan por las injusticias que padecen.
Con estos desafíos por delante, definimos constituirnos formalmente como Asociación Civil y convocamos al Tercer Encuentro Nacional que se celebrará en el mes de septiembre en Mendoza.
Nuestra lucha es irrenunciable e inclaudicable, más allá de cualquier vicisitud, porque es la lucha por lo que falta de Democracia.
Envío:Agnddhh
Cómo queda “Justicia legítima”
¿Por qué convertir al movimiento “Justicia legítima” en una asociación?
–No es fácil conectarse con el mundo desde un estado asambleario. Por ejemplo, ¿quién está autorizado para anunciar las actividades de “Justicia legítima”? ¿Cómo publicamos una solicitada sin tener que pedir plata? Clarín nos pedía 250 mil pesos para publicar, otros diarios 20 mil. Un fiscal ofreció su cuenta para que depositáramos algo ahí, pero ¿cómo lo explicaba patrimonialmente? A nuestras las reuniones de “Justicia legítima” llega gente de otras provincias, quizá hay que pagarles el viaje. Sin ir más lejos, a la reunión en La Plata vinieron indígenas que contaron su problemática: cuando los cita la Justicia en algún conflicto, esperan que vayan a buscarlos con la fuerza pública porque no tienen plata para trasladarse. Para cumplir con estas cosas, poder abrir una cuenta y aportar, mejor ser una asociación.
–¿Ese carácter institucional no atenta contra el espíritu anticorporativo y horizontal que defienden?
–La asociación mantendrá el intercambio asambleario, sin limitaciones ni jerarquías. Vamos a seguir funcionando como un montón de gente loca que hablamos todos al mismo tiempo. El único requisito para participar es ser mayor de 18 años y comulgar con los objetivos de la asociación.
–¿Pero la voz autorizada es usted?
–Sí, soy yo, y otras dos personas, Jorge Auat (titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuración), que es el secretario, y Mario Kestelboim (titular de la Defensoría porteña), el tesorero. También hay una comisión directiva que integran Alejandra Gils Carbó (procuradora general), Stella Maris Martínez (defensora general), Alejandro Slokar (juez de Casación), Javier De Luca (fiscal de Casación), Félix Crous (titular de la Procunar), Omar Palermo (juez de la Corte mendocina) y José Massoni (ex camarista y ex titular de la Oficina Anticorrupción). Pero las jerarquías no son reales. A la vez nos articulamos en una red, con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Abuelas de Plaza de Mayo. No somos sólo gente del sistema judicial.
–¿La idea es desplazar a la tradicional Asociación de Magistrados?
–No pretendemos reemplazarla. Yo sigo siendo socia. Como decía, a los fines prácticos necesitamos asociarnos, no nos podemos mover como un grupo de amigos. Lo importante es que trabajamos juntos y que no actuemos corporativamente.
–¿Cómo fue que se hizo socia de la Asociación de Magistrados? ¿Fue por convicción?
–Fue en 1985. Raúl Madueño (camarista de Casación) era el presidente, me llamó y me dijo: “Usted es funcionaria judicial, tiene que ser miembro de la Asociación”. Así fue. La Asociación es un ámbito de interrelación de todos los funcionarios judiciales, ahí crecí y aprendí mucho. Originalmente era una asociación mutual. Y por ahora, mientras no se aplique la nueva ley de Consejo de la Magistratura, es la única vía para la elección de consejeros jueces. Yo tengo la esperanza utópica de que ceda esta situación de afrenta permanente con mis colegas que creen que estamos perdiendo la república, este nivel de beligerancia tan alto, y cuando volvamos a razonar nos podamos poner a discutir. Siempre pertenecí a sectores que quisieron cambiar las estructuras corporativas, pero siempre fuimos perdidosos. Ahora somos una facción importante como nunca la hubo y nunca vi tanta imbricación con el resto de la sociedad.
Envío:Agnddhh
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