Lo declarado por Baltasar Garzón a la jueza Servini de Cubría en la causa que investiga 114 mil crímenes del franquismo.

03.06.2013
Exclusivo: Tiempo reproduce lo declarado por Baltasar Garzón a la jueza Servini de Cubría en la causa que investiga 114 mil crímenes del franquismo
“Existió un plan sistemático de tortura, eliminación y desaparición de víctimas” 
Para el juez, deben catalogarse como “crímenes de lesa humanidad”. La querella intentará tomar testimonios desde Madrid por videoconferencia. Habían sido suspendidos hace dos semanas por presiones del gobierno español. 

Por: Daniel Enzetti

La única causa abierta en el mundo sobre los crímenes del franquismo, que incluye denuncias por 114 mil desapariciones y asesinatos y 30 mil bebés sustraídos a los que se les cambió la identidad ni bien estalló la Guerra Civil, dio un vuelco a favor de sus víctimas hace pocos días, cuando el juez español Baltasar Garzón declaró ante su par argentina María Servini de Cubría, que orienta el proceso. Garzón no sólo reconoció “la existencia de un plan sistemático de eliminación, secuestro, desaparición, ejecuciones extrajudiciales y robo de niños”, sino que además presentó documentación que muestra a la dictadura de Francisco Franco como ejecutora de una “política de eliminación, tortura y desaparición de miles de víctimas”. Para el magistrado, suspendido en España por querer investigar lo mismo que hoy intenta Servini desde aquí, no hay duda de que los delitos deben catalogarse como “crímenes de lesa humanidad”.

El testimonio duró dos horas y se llevó a cabo en el despacho de la jueza, delante de los doctores Máximo Castex, Ricardo Huñis y Beinusz Szmukler, representantes de las familias denunciantes. En su declaración, a la que Tiempo Argentino accedió en forma exclusiva, Garzón comenzó recordando la vez que intentó llevar al franquismo a juicio, iniciativa que le valió haber sido apartado por la Corte española: “La causa se inició en diciembre de 2006”, fecha a partir de la cual “fueron incorporándose diferentes denuncias y querellas de múltiples víctimas, organizaciones de víctimas y organismos de Derechos Humanos. Con carácter general, los hechos denunciados se referían a la represión iniciada y desarrollada por el régimen franquista y las autoridades civiles y militares que lo representaban. La fecha inicial se extendía desde 1936 en adelante, ya que había hechos que se produjeron en las décadas siguientes, durante la dictadura franquista”. Y agregó que esas denuncias se referían “a la ejecución sistemática de crímenes contra la vida, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra bienes” y “sustracción de menores de edad”.

También explicó que los delitos analizados entraban en la consideración de “crímenes de lesa humanidad” y “delitos permanentes”. Y que su trabajo pretendió extenderse a “los niños robados del franquismo, y que se concreta en la cifra de 30 mil menores de edad, que a partir de 1936 fueron sustraídos a sus familias de origen por el mero hecho de ser republicanos, y por considerar que las mismas no eran adecuadas para educar a estos niños en el nuevo régimen iniciado por el franquismo”. 

“La investigación debería haber continuado –dijo–, cosa que al día de hoy ya no es posible” por una decisión del “Tribunal Supremo en el mes de marzo de 2012. A partir de ese momento, y partiendo del contenido de esa resolución, en España no hay posibilidad alguna de investigar dichos crímenes”.

En Argentina sí. Salvo la que tramita en el juzgado de Servini, no hay otra querella que investigue a la dictadura franquista en todo el mundo. Que además de sustentarse en aquellos intentos de Garzón, toma como base una denuncia realizada por Darío Rivas, residente en Argentina, y cuyo padre fue fusilado por la falange española en los años treinta. El magistrado reconoció que “la única instancia judicial en el mundo que está investigando estos crímenes de naturaleza internacional es este juzgado (por el argentino)”. Y explicó lo ocurrido con la Ley de Amnistía española de 1977: “Si bien no mencionaba los crímenes de genocidio, lesa humanidad u otros de naturaleza internacional, se ha aplicado indefectiblemente a todos, por lo que la impunidad respecto de 

las acciones presuntamente cometidas o imputadas a los actores del régimen franquista ha sido y sigue siendo total.”

Hace dos semanas, Servini había dispuesto que varios familiares de víctimas declararan desde Madrid por videoconferencia, pero las presiones del gobierno de Mariano Rajoy lo impidieron. La querella por ahora apunta a nueve acusados, entre los que figura José Utrera Molina, reconocido ultramontano franquista de 86 años, suegro del actual ministro de Justicia de Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón. 

Utrera Molina está imputado por haber integrado el gobierno que sentenció a muerte a Salvador Puig Antich, ejecutado mediante garrote vil el 2 de marzo de 1974. Antich militaba en el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) junto a  otros jóvenes anarquistas, y después de su detención, fue acusado supuestamente por haber matado al subinspector Francisco Anguas Barragán, sin pruebas, y en un juicio sumarísimo armado por los genocidas. Molina estampó su firma en la orden de ejecución, para que un verdugo ajustara el cuello de Salvador con un collar de hierro hasta destrozarle la garganta.

La causa, además, tiene en la mira a Rodolfo Martín Villa, Fernando Suárez González, Rafael Gómez Chaparro Aguado, Jesús Cejas Mohedano, Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar. El requerimiento incluye que sean detenidos por Interpol y luego extraditados a la Argentina.

El caso Adolfo Scilingo. Garzón declaró ante Servini que “la existencia del plan sistemático de eliminación, secuestro, desaparición, ejecuciones extrajudiciales y robo de niños, entre otros, tiene constancia documental en diversos documentos y manifiestos del general Franco, Queipo de Llano, Mora y otros, antes, durante y después de la Guerra Civil española”. Y que “el propio desarrollo de los hechos demostró la sistematicidad de la política de eliminación, tortura y desaparición de miles de víctimas, como requisito indispensable para la catalogación de los crímenes como de lesa humanidad. La calificación de los mismos en el contexto de crímenes contra la humanidad que yo acogí en mi auto del 16 de octubre de 2008 se basó en la propia doctrina del Tribunal Supremo Español contenida en la sentencia por la que se condenó a 1048 años de prisión al ciudadano argentino Adolfo Scilingo por crímenes de esa naturaleza, cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y 1983, período de la dictadura argentina, y que había sido objeto de investigación por mí mismo y de sentencia por la Sala Penal de la Audiencia Nacional”.

El magistrado dijo no entender cómo su país no investiga estos crímenes a pesar de manifestaciones realizadas por el Tribunal europeo de Derechos Humanos para que sí lo haga. Y de la existencia del “Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Sociales” y de la “Convención contra la Tortura de 1984, ratificada por España en noviembre de 1987”. 

Niños robados

30 mil

La cifra de niños robados por el franquismo es de 30 mil menores de edad, que a partir de 1936 fueron sustraídos a sus familias de origen por el mero hecho de ser republicanas, destacó el juez español.

03.06.2013

Entrevista a Máximo Castex
Justicia universal sin fronteras 
Uno de los abogados de la querella explica cómo el avance de la justicia argentina contra los crímenes de lesa humanidad permitió que la causa se lleve adelante en nuestro país.
Qué significó el testimonio brindado por Baltasar Garzón a la jueza Servini de Cubría para el desarrollo de la causa?

-Qué significó el testimonio brindado por Baltasar Garzón a la jueza Servini de Cubría para el desarrollo de la causa?

-Marca un hito histórico en la evolución de la investigación. En primer lugar, sirvió para ratificar las resoluciones que el ex magistrado adoptó al intentar investigar los crímenes franquistas en España antes de ser inhabilitado, y que fueron incorporadas al proceso penal argentino. Por otra parte, su palabra también vino a demostrar que la justicia española no está investigando estos crímenes franquistas. Al contrario de lo que ha reiterado en dos ocasiones la Fiscalía General española en respuesta a los dos exhortos remitidos por la justicia argentina. Garzón refutó esto punto por punto, algo que nosotros, como abogados querellantes, ya habíamos formulado mediante un extenso escrito presentado en noviembre pasado, en el que desmentíamos el informe de la Fiscalía. A eso hay que sumar el trabajo realizado por Amnistía Internacional de España en mayo de 2012, que con una investigación muy detallada y precisa probó la existencia de crímenes de lesa humanidad cometido por el franquismo. 

-Un tema que el magistrado resaltó ante Servini es que esta investigación sea la única abierta en el mundo sobre estos hechos, que incluyen desapariciones, asesinatos y robos de criaturas en cautiverio. 

-Me gustaría explicar algo antes. En realidad, esta causa podría haberse abierto en cualquier país del mundo. No hay que olvidarse del principio de jurisdicción universal: todos los países no sólo pueden, sino que deben juzgar aquellos crímenes internacionales graves. Ahora, esto lleva a preguntarnos: ¿por qué en Argentina y no en otro país? Es necesario repasar las circunstancias que han obrado a favor de que el proceso ocurra en la Argentina. En 2010, año en que aquí se presentó una querella por la represión franquista, el contexto jurídico argentino imperante y el recorrido que había hecho la jurisprudencia, impulsada por las asociaciones de derechos humanos, avanzando contra la impunidad de los graves crímenes cometidos durante la última dictadura militar argentina, ya se mostraba muy favorable al enjuiciamiento de los graves crímenes que se denunciaban. No resultaba extraño, entonces, que en un país en el que se están llevando a cabo cientos de juicios, en los que hay más de 200 condenados por dichos crímenes, la justicia respondiera el llamado de víctimas de ese mismo tipo de crímenes. Aunque esas víctimas pertenecieran a otro Estado. Eso explicó el hecho de haber podido atenderse en nuestro territorio un reclamo de justicia universal.

-¿Es complicado el trabajo, teniendo en cuenta las distancias, y que los familiares de las víctimas directas estén en Europa?

-No es fácil, pero seguimos adelante. Se trata de un reparto de tareas. En cuanto a la presentación de las víctimas que quieren ser parte querellante en la causa, los abogados en España, Ana Mesutti y Carlos Slepoy, se reúnen con las víctimas españolas, preparan la documentación y nos la remiten a Buenos Aires. El paso siguiente es revisar esa documentación en nuestro país, tarea que hace un equipo que integro junto a Beinusz Szmukler, David Baigún, Ricardo Huñis, Héctor Trajtemberg y Carlos Zamorano. Revisamos y  preparamos los escritos, para sumarlos a la causa. En los últimos días, las presiones del gobierno español para que la causa cayera fueron evidentes. Sobre todo, teniendo en cuenta que los actuales funcionarios del presidente Mariano Rajoy son amigos o familiares de imputados directos. En realidad, las presiones se vienen ejerciendo desde mucho tiempo antes. El gobierno español les ha impedido a las víctimas denunciar los hechos durante la dictadura franquista y continúa impidiéndolo, insólitamente, en democracia. De esta forma las re-victimiza, impidiéndoles ejercer sus elementales y fundamentales derechos, con la evidente intención de que desistan en los reclamos. Hasta Garzón fue acusado de prevaricato, enjuiciado, condenado e inhabilitado para ejercer como juez. Otra prueba de esas presiones fue la intervención del ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación, para impedir las videoconferencias que debían realizarse desde Madrid, con la palabra de los damnificados directos. Por otro lado, somos conscientes de que algunos de los imputados tienen fuertes vinculaciones tanto con sectores del poder público español como del privado. Y que, llegado el caso, pueden gozar de su protección. Si en su momento, con la causa avanzada, España niega la extradición de eventuales culpables, se convertirá en un país que refugia a represores, torturadores y apropiadores de niños, con el descrédito que ello genera en el ámbito internacional.

-¿Cuál es la evaluación que hacen del trabajo de la justicia argentina hasta ahora?

-Hay que aclarar que en un principio, Servini desestimó la querella, debido a una recomendación del fiscal basada en el supuesto infundado de que la justicia española ya estaba investigando los hechos denunciados. Los denunciantes apelamos eso, e hicimos lo mismo en una resolución de la jueza que no admitía como parte querellante a una persona que no fuera ni padre, ni hijo ni cónyuge de un asesinado o un secuestrado. Frente a esos reclamos, la Cámara Federal de Apelaciones nos dio la razón, bajo el principio de acceso a la justicia en casos de graves crímenes internacionales. Sorteadas esas instancias, puedo decir que la actuación de Servini fue realmente positiva, ya que hasta la fecha ordenó una serie de medidas muy importantes. 

-¿Cuáles?

-Dispuso el libramiento de dos exhortos dirigidos al Gobierno español, en los que se requirió información muy concreta sobre diversos puntos. Solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un viaje a fin de recibir personalmente declaraciones testimoniales de víctimas y/o testigos. Pero cuando ese viaje se frustró, no se quedó ahí, sino que tomó audiencias testimoniales a un grupo de ciudadanos españoles que viajaron especialmente a Argentina. También ordenó declaraciones testimoniales de doce víctimas mediante el sistema de videoconferencias, dispuso y recibió la declaración testimonial de Garzón, y por último, anticipó que fijará nuevas fechas durante el mes de junio para tomar las videoconferencias que fueron suspendidas. 

–La causa tiene por ahora nueve imputados. ¿Podrían ser llamados a declaración indagatoria?

–Por supuesto, pero después de los testimonios por videoconferencia que fueron suspendidos. Si los imputados no se presentan al juzgado, se solicitará la emisión de órdenes internacionales de detención conforme al Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal, que rige entre España y nuestro país. 

Fuente:TiempoArgentino