35 años del Colectivo de Abogados
Por José Alvear Alpher Rojas Carvajal
El mayor sarcasmo que nos ha deparado la historia como sujetos políticos en Colombia, es el resultado de comparar los modelos ideales de democracia con la realidad bruta producto de su ejercicio.
En el campo de los Derechos Humanos p.ej., hemos apropiado paradigmas de la Revolución francesa y de otros hitos emancipatorios que -desde Antonio Nariño-, adornan nuestros principios constitucionales, sin que se observe un avance significativo en términos prácticos de respeto a la dignidad humana y a la vida.
El panorama de derechos humanos ha sido tradicionalmente uno de los más críticos de la historia en la región, sin duda atribuible a ese modelo de acumulación en permanente encrucijada, que solo permite rituales convencionales de “participación” sin movilidad política.
La prolongada hegemonía bipartidista consagró una cultura de exclusión, confesionalismo y violencia institucional, por lo demás, determinante del conflicto social y político, estimulado durante 60 años por la concentración de la riqueza y las oportunidades, así como por la supresión violenta de organizaciones populares y alternativas políticas al bipartidismo que, aún con las avanzadas prescripciones sociopolíticas de la Constitución de 1991, no se ha superado por completo, sino transformado en violencia selectiva. En las capas altas y medias de la sociedad -sostenía Estanislao Zuleta- se ha creado una mentalidad fascista, “de limpieza” que considera que el mejor remedio, o en todo caso el más expedito para los males que nos aquejan, consiste en liquidar a alguien, real o simbólicamente.
Vino entonces la formación de organizaciones civiles orientadas a la defensa de la vida y de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales de la ciudadanía. Por cierto, que de inmediato fueron objeto de persecución, amenazas y señalamientos, especialmente en los aciagos mandatos del Estatuto de Seguridad y en el de la mal llamada Seguridad democrática. El liderazgo de eminentes constitucionalistas como Alfredo Vásquez Carrizosa, Eduardo Umaña Luna y Hernando Hurtado en el Comité Permanente por la Defensa de los derechos humanos con una mínima estructura de abogados especialistas en la defensa de presos políticos encabezados por el notable jurista Gelasio Cardona, llegó con sustentadas denuncias contra la injusticia y la impunidad ante la Corte interamericana y las Naciones Unidas.
En el turbio contexto de 1980 se crearía La Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), desde entonces reconocida nacional e internacionalmente por su trabajo de asesoramiento jurídico y representación legal a víctimas de violaciones de derechos humanos en casos emblemáticos de Colombia tanto frente al sistema jurídico interno como ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Por ello, el justo regocijo con que sectores diversos celebran los siete lustros de trabajo del “Colectivo José Alvear”, constituye un reconocimiento a su lucha sin sosiego por el respeto, las garantías y la defensa de los derechos humanos y políticos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Sin duda, una labor construida desde el conocimiento jurídico más especializado, con rigurosos estudios multidisciplinarios en el DIH, siempre en defensa tanto de la legalidad y la Justicia, como de las libertades democráticas y del Estado Social de derecho. Sus documentos y propuestas han logrado transformarse en contribuciones doctrinales para los tribunales internacionales y en esclarecedoras formulaciones para el sistema interamericano.
En los foros convocados por “el Alvear”, se han tratado complejas temáticas: El narcotráfico, la desaparición forzada, la paz, la reforma a la justicia, la minería transnacional, los “falsos positivos”, problemas de género, etc. Su equipo de trabajo, encabezado por Rafael Barrios, Alirio Uribe, Dora Lucy Arias, Yessika Hoyos y Eduardo Carreño, ha sido objeto de meritorias distinciones internacionales. Las amenazas de presidentes, guerreristas y violadores, no han logrado menoscabar su prestigio ni su acendrada vocación humanitaria. Aplausos justos a estos profesionales humanitarios del Ccajar. Publicado en el diario El Tiempo de Bogotá Colombia.
Libro recomendado: “Guadalupe Salcedo y la revolución llanera 1949-1957”. Una seria contribución al esclarecimiento de nuestra historia reciente; extraordinario documento que registra con plástica narrativa y rigurosa investigación, el desarrollo de la gran rebelión llanera que estremeció a Colombia a mediados del siglo XX, en respuesta a la sangrienta ofensiva contra el liberalismo desde el gobierno conservador. Autor Orlando Villanueva. Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia, 2012. 774 pgs.
Alpher Rojas Carvajal es analista político, Investigador en Ciencias Sociales.
MIÉRCOLES, 24 DE JULIO DE 2013
La bajeza de su alteza
Por Alberto Pinzón Sánchez
Pero además, detrás de tal engaño pacifista se debe mirar con detenimiento, cómo detrás de todo, está el estallido definitivo de la burbuja militarista sobre la derrota guerrillera creada hace varios años por la cúpula militar y los asesores yanquis, (como el cutido veterano Kevin Scott quien según voceros del Pentágono se vino de vacaciones con un machete a una de las bases estadounidenses en el Guaviare y se internó en una “zona roja”), a las grandes, combativas y prolongadas movilizaciones sociales que han perdido el miedo, y a la muerte inútil de algunos cuantos súper-entrenados soldados, según Caracol, fueron los mismos héroes veteranos que le dieron muerte fríamente “a un hombre casi ciego herido y solo”, llamado Alfonso Cano.
“La paz hasta el último muerto inútil” enunciada por Santos, finalmente ha quedado establecida en el nuevo esquema de guerrear en medio de la negociación como otra línea roja más; férreamente establecida por los beneficiarios del Plan Colombia: la oligarquía militarista cipaya y su sostenedores estadounidenses, quienes ya no necesitan de la vigilancia de los DH por parte de la ONU, porque están blindados por el Fuero Militar para fusilar “blancos legítimos” que acabaron de estrenar en el Catatumbo y en las protestas de los pequeños mineros.
Para decirlo en breve; JM Santos en el último año de su mandato, no tiene ninguna otra enseña de acogida popular para agitar hacia el futuro que la paz, convertida en el trapo roji-azul de su reeleción presidencial.
Y esto explica por qué razón, él quien desde hace muchos años conoce las convicciones legalistas y electorales del dirigente del MOIR Jorge E Robledo, lo acusa ante el país de ser el instigador de la violencia reactiva de los pequeños mineros del occidente de Caldas.
Si se tiene el antecedente de una bajeza semejante, hecha en enero del 2006, cuando Santos acusó a quien hoy es su ministro de Trabajo Rafael Pardo, de haberles propuesto a las FARC unirse a las fuerzas de oposición para impedir la reelección de Uribe Vélez, y conociendo a su Alteza; no es difícil ver allí otra de sus típicas jugadas electoreras destinada a consolidar su reeleción: incidir sobre el grupo de Izquierda llamado Polo-Moir, con todo el Poder presidencial y mediático para romperles su estrategia electoral:
Por un lado estarían quienes apoyan el “anti-santismo radical” del senador Robledo, pero por el otro estarían quienes, desde una posición de izquierda progresista apoyarían la reeleción de Santos para evitar el regreso triunfal de Uribe Vélez al Poder.
Y de paso, a través de la bocina mediática, incidir sobre el proceso de Unidad Popular que se está dando en las calles y carreteras de Colombia; dándole al MOIR un liderazgo popular en las movilizaciones sociales que nunca ha tenido ni tendrá, porque este es un grupo reformista y legalista cuya estrategia está centrada en sostener su umbral electoral y dar apoyos nominales a las movilizaciones populares para ganar votos, pero sin participar efectivamente en ellas. Con lo cual se da un codazo a los verdaderos dirigentes populares que valerosamente han conducido y seguirán conduciendo desde la base y abnegadamente (sin visaje) la convulsión popular por la verdadera Paz con justicia social, la Democracia real y participativa, y la Soberanía de las Gentes del Común que se avecina.
¿O será que Santos, necesita por sobre cualquier otra consideración, cuatro años más de la inmunidad diplomática que le da ser presidente de Colombia, para así eludir astutamente la orden de captura emitida por la justicia ecuatoriana por la acción criminal de Sucumbíos?
Fuente:Argenpress
COLOMBIA TIENE 220 MIL VICTIMAS
El drama en cifras
El conflicto armado interno colombiano dejó al menos 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas entre 1958 y 2012. Esa es la información que se desprende del documento presentado ayer por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), cifras reveladas por el documento “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad”, un trabajo encomendado a ese centro por la Ley 975 de 2005 (de Justicia y Paz) que es similar al de una comisión de la verdad. Así lo destacó el director del CNMH, Gonzalo Sánchez, en una rueda de prensa previa a la entrega del informe enviado al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la que señaló que lo más difícil fue darle legitimidad al estudio.
La directora del informe, Martha Nubia Bello, advirtió por su parte que las cifras que presenta el documento muestran la dimensión del conflicto, pero no pueden dar cuenta de lo que pasó porque los actores armados acudieron a estrategias para la invisibilización de los hechos. Según estos datos, de los 220.000 asesinatos documentados, 177.307 fueron perpetrados contra la población civil y unas 40.787 víctimas mortales corresponden a las partes combatientes.
De los 16.340 asesinatos selectivos registrados por el CNMH entre 1981 y 2012, los paramilitares fueron responsables del 38,4 por ciento de los casos, a los grupos armados no identificados se les atribuyó el 27,7 por ciento, a las guerrillas el 16,8 por ciento, a la fuerza pública el 10,1 por ciento, a desconocidos el 6,5 por ciento y a la alianza entre la ultraderecha armada y a los cuerpos de seguridad del Estado el 0,4 por ciento.
Todavía permanecen desaparecidas en Colombia al menos 25.007 personas desde 1985, según el documento de la CNMH, mientras que entre 1970 y 2010, un total de 27.023 personas sufrieron el drama del secuestro, perpetrado por las guerrillas en un 90,6 por ciento de los casos. El desplazamiento forzado fue otro de los flagelos sociales para 5.712.506 personas entre 1985 y 2012, aunque ese delito se cometió con más frecuencia en los últimos 16 años, puesto que en este período se registraron 4.74.046 casos. De las 1982 masacres cometidas entre 1980 y 2012, el CNMH atribuyó a los grupos paramilitares 1166 casos, que representan un 58,9 por ciento de esos crímenes cometidos, seguidos por las guerrillas con 343 (17,3 por ciento), y por la Fuerza Pública con 158 (7,9 por ciento). Por su parte, la violencia sexual perpetrada en el marco del conflicto armado entre 1985 y 2012 dejó al menos 1754 víctimas, mientras que las explosiones de minas antipersonales afectaron a 10.189 personas.
Por otro lado, el instituto de Memoria Histórica colombiano reportó en su estudio unas 716 acciones bélicas que dejaron 1344 víctimas, cometidas en un 53 por ciento por las guerrillas, en un 22,5 por ciento por combates entre insurgentes y fuerza pública, en un 16,8 por ciento por enfrentamientos de guerrillas y paramilitares y en un 5,2 por ciento por efectivos de las fuerzas armadas.
Asimismo, entre 1988 y 2012 el informe reporta 95 atentados que han perjudicado a 1566 personas, y que fueron cometidos en un 82 por ciento de los casos por los grupos guerrilleros, en un 16,8 por ciento por bandas armadas no identificadas y por paramilitares en un 2,6 por ciento. Unos 6421 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por distintos grupos armados en medio siglo de conflicto, de los cuales 5156 fueron convocados entre 1999 y 2012.
Fuente:Pagina12
El presidente de Colombia denunció que la guerilla incumplió la promesa de no tomar nuevos rehenes
Santos acusó a las FARC de violar compromisos de los diálogos de paz
Luego de que la organización armada pidiera condiciones para entregar a un ciudadano estadounidense secuestrado en junio, el mandatario aseguró que no se prestará a su "show mediático" y pidió que haya una negociación discreta.
"Estos señores de las FARC, violando en forma flagrante el compromiso que hicieron al comienzo de las conversaciones, mantienen secuestrado a un ciudadano norteamericano. Y no lo secuestraron antes, lo secuestraron recientemente; sin ningún tipo de justificación ", declaró Santos al participar de la inauguración de la feria Colombia moda 2013 en Medellín, a 250 kilómetros al noroeste de Bogotá. Según el jefe de Estado, lo que las FARC pretenden es hacer "nuevamente un show mediático" para que "el país y el mundo les agradezcan su gesto humanitario", y no está dispuesto a permitirlo.
El viernes las FARC informaron en un comunicado que el 20 de junio habían secuestrado al ciudadano estadounidense Kevin Scott Sutay, y ofrecieron su entrega como un "gesto" de buena voluntad en el marco de las negociaciones de paz con el Gobierno. Para su liberación, pidieron conformar una comisión humanitaria formada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la ex senadora Piedad Córdoba y un delegado de la comunidad de San Egidio.
Según las FARC, Sutay venía de viajar por México, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá y había servido en la Armada estadounidense entre 2009 y marzo de 2013, tiempo durante el que combatió como experto en explosivos en la guerra de Afganistán. La guerrilla agregó que en el departamento del Guaviare, donde fue secuestrado, se encuentra la "sede de la base militar del Barrancón, donde es conocida de tiempo atrás la presencia de militares norteamericanos".
"Quiero decirles, en forma clara y contundente, no voy a permitir ni que la señora Piedad Córdoba ni ningún funcionario de ninguna naturaleza vaya por este señor que tienen secuestrado", dijo el presidente en Medellín. Agregó que "únicamente" permitirá a la Cruz Roja "que en forma totalmente discreta haga los preparativos del caso" para facilitar la liberación del estadounidense. En ese contexto, Santos calificó de "contrasentido" que la guerrilla entregue al ex militar como "un gesto" en el marco de las negociaciones de paz después de "violar sus compromisos con el Gobierno y el mundo"
El mandatario colombiano se refiere al comunicado de las FARC de febrero de 2012 en el cual anunciaron que iban a acabar con las "retenciones de personas" con fines financieros y que pondrían en libertad a los últimos diez policías que mantenían secuestrados.
Renunció el embajador en ee uu
El embajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia, renunció a su cargo en medio de un escándalo que lo involucra por la aparente compra irregular de tierras en su país. El diplomático señaló que presentó su dimisión para no "perjudicar al gobierno y al país" con las denuncias que se le imputan.
Según denunciaron el senador Jorge Robledo y el representante Wilson Arias, del opositor Polo Democrático Alternativo, cuando Urrutia era socio principal del estudio Brigard y Urrutia abogados, el ya ex embajador asesoró empresas para comprar de forma ilegal terrenos baldíos del Estado en el departamento de Vichada (centro-este). Los políticos señalaron que la firma recibió 331 millones de pesos (más de 175 mil dólares) por los trámites que le permitieron a un ingenio azucarero la adquisición de cerca de 42 mil hectáreas de tierra en los sectores de La Primavera y Santa Rosalía.
Urrutia expresó que las "circunstancias exigen su retiro", porque no puede "dar pie a que se perciba" que él busca escudarse en la posición que ocupa.
Fuente:TiempoArgentino
24.07.2013
violencia
El conflicto armado en Colombia causó 220 mil muertos y 25 mil desaparecidos
violencia
El conflicto armado en Colombia causó 220 mil muertos y 25 mil desaparecidos
La crisis de violencia interna que azota el país dejó al menos 220.000 muertos, 25.000 personas desaparecidas y 4.744.046 desplazadas entre 1958 y 2012, según un informe presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica.
El grupo, integrado por investigadores sociales, decidió comenzar el estudio desde 1958, seis años antes del surgimiento de los grupos guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El informe fue entregado en el palacio de gobierno al presidente Juan Manuel Santos y concluye que el 20 por ciento de los muertos en este periodo formaban parte de los grupos que ejercieron la violencia: guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, bandas de delincuencia con una estructura organizada y la fuerza pública.
La investigación, para la cual los autores consultaron diversas fuentes y hablaron con víctimas del conflicto, señala además, que los integrantes de las Fuerzas Armadas fueron responsables en este lapso de al menos 2.300 asesinatos selectivos.
Santos comentó que el estudio es "un primer paso" para solucionar el conflicto, pero la "hora de la verdad llegará cuando se le ponga fin".
Al referirse a los datos sobre la violencia ejercida por la fuerza pública, dijo que "el Estado debe investigar y sancionar estas conductas para cumplir con los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas". "Hay que empezar por reconocer los errores del pasado si queremos construir un país más justo y en paz", añadió, según reseña la agencia de noticias DPA.
"¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad", título del informe indica que además de las 220.000 personas que murieron de forma violenta, 27.023 fueron secuestradas, 10.189 fueron víctimas de minas antipersonales y 4,7 millones se vieron forzadas a desplazarse para huir de la violencia.
Además, en los últimos 30 años se cometieron 1.982 masacres (matanzas con más de cuatro víctimas en cada caso). Los paramilitares fueron los autores del 59 por ciento de esos casos, mientras que los grupos guerrilleros cometieron el 17 por ciento y la fuerza pública el ocho por ciento. Los responsables de los otros casos no fueron identificados.
De acuerdo con la investigación, de 431 páginas, lo que sucedió entre 1958 y 2012 en Colombia demuestra que el sistema democrático "no ha logrado integrar la diferencia de manera activa en la lucha por el poder".
El director del estudio, Gonzalo Sánchez, señaló que el informe avanza en el esclarecimiento de los hechos, por lo que de llegarse a un acuerdo con la guerrilla para el final del conflicto no se necesitaría en Colombia una Comisión de la Verdad.
"La Comisión de la Verdad en Colombia no sería como la de Argentina o Perú, porque aquí ya está muy avanzado el esclarecimiento. No solo por el trabajo del Grupo de Memoria Histórica, sino por otros trabajos. Si los acuerdos de paz salen, tendría que diseñarse una comisión sui generis, que no se centraría necesariamente en el esclarecimiento", justificó.
El informe sugiere al gobierno impulsar audiencias públicas para que los autores de crímenes relaten a familiares de sus víctimas lo que pasó, en un escenario parecido al de Sudáfrica para superar el Apartheid.
De igual forma, plantea revisar la institucionalidad para hacer la transición del conflicto armado a la paz, que incluiría la destinación de los recursos que se gastan en defensa y seguridad a sectores como educación y salud.
En materia de perdón, el reporte sugiere que todos los actores armados se expresen públicamente y que sería conveniente que el primero en hacerlo sea el propio Estado.
Tras la presentación del informe, Sánchez aseguró que todavía no está confirmado el envío del documento a la mesa de conversaciones que el Gobierno y las FARC tienen en La Habana. No obstante, advirtió de que el informe "ya es público".
"Obviamente los negociadores de La Habana lo podrán tener encima de la mesa para empezar a discutirlo. Es también un material ante el cual los que están allá tienen que confrontarse, pero todos", recomendó el director, según publicó la agencia EFE.
El informe fue entregado en el palacio de gobierno al presidente Juan Manuel Santos y concluye que el 20 por ciento de los muertos en este periodo formaban parte de los grupos que ejercieron la violencia: guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, bandas de delincuencia con una estructura organizada y la fuerza pública.
La investigación, para la cual los autores consultaron diversas fuentes y hablaron con víctimas del conflicto, señala además, que los integrantes de las Fuerzas Armadas fueron responsables en este lapso de al menos 2.300 asesinatos selectivos.
Santos comentó que el estudio es "un primer paso" para solucionar el conflicto, pero la "hora de la verdad llegará cuando se le ponga fin".
Al referirse a los datos sobre la violencia ejercida por la fuerza pública, dijo que "el Estado debe investigar y sancionar estas conductas para cumplir con los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas". "Hay que empezar por reconocer los errores del pasado si queremos construir un país más justo y en paz", añadió, según reseña la agencia de noticias DPA.
"¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad", título del informe indica que además de las 220.000 personas que murieron de forma violenta, 27.023 fueron secuestradas, 10.189 fueron víctimas de minas antipersonales y 4,7 millones se vieron forzadas a desplazarse para huir de la violencia.
Además, en los últimos 30 años se cometieron 1.982 masacres (matanzas con más de cuatro víctimas en cada caso). Los paramilitares fueron los autores del 59 por ciento de esos casos, mientras que los grupos guerrilleros cometieron el 17 por ciento y la fuerza pública el ocho por ciento. Los responsables de los otros casos no fueron identificados.
De acuerdo con la investigación, de 431 páginas, lo que sucedió entre 1958 y 2012 en Colombia demuestra que el sistema democrático "no ha logrado integrar la diferencia de manera activa en la lucha por el poder".
El director del estudio, Gonzalo Sánchez, señaló que el informe avanza en el esclarecimiento de los hechos, por lo que de llegarse a un acuerdo con la guerrilla para el final del conflicto no se necesitaría en Colombia una Comisión de la Verdad.
"La Comisión de la Verdad en Colombia no sería como la de Argentina o Perú, porque aquí ya está muy avanzado el esclarecimiento. No solo por el trabajo del Grupo de Memoria Histórica, sino por otros trabajos. Si los acuerdos de paz salen, tendría que diseñarse una comisión sui generis, que no se centraría necesariamente en el esclarecimiento", justificó.
El informe sugiere al gobierno impulsar audiencias públicas para que los autores de crímenes relaten a familiares de sus víctimas lo que pasó, en un escenario parecido al de Sudáfrica para superar el Apartheid.
De igual forma, plantea revisar la institucionalidad para hacer la transición del conflicto armado a la paz, que incluiría la destinación de los recursos que se gastan en defensa y seguridad a sectores como educación y salud.
En materia de perdón, el reporte sugiere que todos los actores armados se expresen públicamente y que sería conveniente que el primero en hacerlo sea el propio Estado.
Tras la presentación del informe, Sánchez aseguró que todavía no está confirmado el envío del documento a la mesa de conversaciones que el Gobierno y las FARC tienen en La Habana. No obstante, advirtió de que el informe "ya es público".
"Obviamente los negociadores de La Habana lo podrán tener encima de la mesa para empezar a discutirlo. Es también un material ante el cual los que están allá tienen que confrontarse, pero todos", recomendó el director, según publicó la agencia EFE.
Fuente:Telam
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