CÓRDOBA - DIFUSIÓN.

COMUNICADO DE PRENSA

 LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS SEÑALIZARÁ EL BATALLÓN 141 Y LA UNIDAD PENITENCIARIA N° 1 DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Secretaría de Derechos Humanos señalizará como Sitios de Memoria del terrorismo de Estado los predios donde funcionaron el Destacamento de Inteligencia 141 “General Irribarren” y la Unidad Penitenciaria N° 1, ambos en la Ciudad de Córdoba, lugares emblemáticos de la represión ilegal durante la última dictadura cívico militar y el Plan CONINTES.

A través de la Resolución N° 20 (adjunta en este comunicado), el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, dispuso la señalización del Destacamento de Inteligencia 141 “General Irribarren”, dependiente del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército y engranaje central de la represión comandada por el genocida Luciano Benjamín Menéndez. En la sede del Destacamento 141, también conocida como “Base” funcionó la sección “política”, que en el marco del esquema represivo tenía como función la centralización de la información, la elección de las personas a secuestrar y el destino final de los detenidos desaparecidos; y la sección “cuarta”, encargada del parte diario, las finanzas, las fotografías y el funcionamiento interno del Destacamento.

En tanto, también se señalizará la Unidad Penitenciaria N°1, del Barrio San Martín de la Ciudad de Córdoba, lugar donde se hallaban detenidos presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o de jueces Federales con anterioridad del golpe de Estado de 1976 y durante la última dictadura. La UP1 estaba al momento de los hechos bajo la dependencia operacional del Tercer Cuerpo de Ejército. De los testimonios de las personas que fueron liberadas de ese lugar, pudo saberse que allí se han producido delitos de lesa humanidad, como maltratos y torturas, y permanecieron alojados militantes políticos que luego fueron asesinados y desaparecidos, mediante la denominada “ley de fugas”. Estos delitos fueron condenados por el Tribunal  Oral Federal N°1 de Córdoba, en diciembre del 2010, en la causa que volvió a sentar al banquillo de los acusados al genocida Jorge Rafael Videla.

Asimismo, ambos lugares también fueron emblemáticos de la represión ocurrida en el marco del Plan CONINTES, entre los años 1958 y 1960.

Para poder llevar adelante la señalización de los sitios de memoria, la Resolución N° 20 destaca que, al tratarse de un predio de jurisdicción provincial y otro de propiedad privada, se llevarán adelante las gestiones necesarias para articular con los respectivos propietarios de los lugares.

LA POLÍTICA NACIONAL DE SEÑALIZACIONES

La política nacional de preservación y señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros espacios vinculados con la represión ilegal hace visible la función que cumplieron durante el terrorismo estatal y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables, garantizar la protección de los sitios de memoria por su valor testimonial y judicial y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares.

5 de  Julio de 2013

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