Por Roberto Salvarezza
Esta perspectiva se basa en derechos para el desarrollo que fueron establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contiene un artículo que establece que todos los habitantes tienen el derecho “a compartir los progresos científicos y sus beneficios”.
Sin embargo, una declaración tan amplia presenta enormes dificultades de implementación. No hay respuestas sencillas a la pregunta surgida de cómo poder hacer aplicable este derecho en un mundo de crecientes desigualdades.
En particular podemos preguntarnos cómo se relaciona este derecho con las leyes de propiedad intelectual que ponen restricciones sobre quiénes pueden acceder a los frutos de la innovación en temas de enorme trascendencia social como, por ejemplo, nuevos medicamentos o vacunas.
Una dimensión moral a los debates
¿Cómo impedir la creciente brecha tecnológica que resulta de la enorme diferencia de inversión en CyT que realizan las sociedades desarrolladas frente a las que pueden realizar los países más pobres, y cómo esta brecha profundiza día a día la relación de dependencia económica? ¿Cuál debe ser el rol de los Estados en estas cuestiones que reflejan relaciones de poderes económicos, no sólo nacionales sino internacionales?Lo que queda claro es que si bien el enfoque de la ciencia para el desarrollo basado en derechos no es nuevo ni sencillo de implementar, incorpora una dimensión moral al debate de estas cuestiones. En particular ayuda a diseñar políticas que garanticen el uso de sus beneficios a todos los ciudadanos, como la protección contra su potencial abuso.
Con estas referencias acerca de lo que se espera de la CyT y de sus desafíos en la construcción de una sociedad más justa deberíamos interrogarnos sobre cuáles han sido las políticas del sector implementadas en Argentina, y si alguna vez han contemplado un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. En este contexto quisiera rescatar lo que sucedió en la década de 1950 durante el gobierno de Juan Domingo Perón.
El Estado percibió la necesidad de fortalecer el sistema de CyT para llevar adelante un modelo de crecimiento económico inclusivo basado en la actividad industrial. Así se creó (1948) y puso en marcha (1952) la Universidad Obrera Nacional (hoy Universidad Tecnológica); también la Comisión Nacional de Energía Atómica (1950), el Instituto Antártico Argentino (1951), la Junta de Investigaciones Científicas y Experimentaciones de las Fuerzas Armadas, Jicefa (1954).
El 17 de mayo de 1951, el Decreto 9695/51 creó el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (Conityc), luego Conicet (1958) con la finalidad de orientar, coordinar y promover las investigaciones técnicas y científicas de todo orden que se realicen en el país. Todas estas iniciativas marcan la clara decisión de fortalecer la formación de recursos humanos, la investigación científica y la tecnología en un país que apostaba a un desarrollo soberano y a que sus beneficios llegaran a todos sus habitantes. El golpe de Estado de 1955, arrasó los logros del programa político peronista y borró de la historia oficial sus contribuciones al fortalecimiento científico y técnico del país. Lo que luego sucedió es más conocido por todos.
Un devenir zigzagueante, pero con un denominador común: las políticas del Estado contribuyeron voluntaria o involuntariamente, implícita o explícitamente, a mantener separada la investigación científica de la realidad y las necesidades de la sociedad, dejando a los sectores académicos como islas con mayor o menor autonomía, según las circunstancias políticas de gobiernos democráticos o dictatoriales.
Revalorización de la ciencia y la tecnología
La recuperación de la democracia en 1983 permitió la reincorporación de científicos y becarios y el saneamiento del sistema, pero no alcanzó a generar cambios profundos en la valorización de las ciencias y la tecnología como motor del crecimiento, como tampoco su articulación con los sectores productivos, continuando el divorcio entre ciencia y sociedad.La década de 1990 con el modelo neoliberal hizo aún más evidente que la CyT no tenía cabida en un modelo de país dependiente limitado a un rol de servicios financieros y agroexportador.
El sector llegó al 2000 en un estado cercano al colapso, asfixiado por la enorme crisis económica, acentuada la fuga de recursos humanos, con su existencia justificada por sus aciertos en la generación de conocimiento básico y la formación de recursos humanos, pero con una incapacidad estructural para implementar aportes claros al desarrollo nacional.
En 2003, el Gobierno emprendió la tarea de reconstruir el sistema retomando un objetivo claro: un sistema de CyT que conduzca a una mejor calidad de vida de los ciudadanos.
La reconstrucción del sistema científico implicó su revalorización como una actividad central para el desarrollo económico y social que llevó a la creación de un ministerio específico (2008), la popularización de la ciencia y la tecnología para apreciar sus logros y generar vocaciones en los jóvenes, y la necesidad de su federalización para que los beneficios lleguen a todo el país.
Se puso gran énfasis en la necesidad de la transferencia del conocimiento que se genera y que no sólo debe impactar en el sector productivo sino también en el sector salud y en el propio Estado, para mejorar la gestión de ministerios, municipios y organismos reguladores.
También se apuntó al fortalecimiento de los recursos humanos: más investigadores, más becas y el retorno de casi mil científicos del exterior.
(El autor es presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-Conicet)
Fuente:Norte
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