LA BUSQUEDA DE LOS REPRESORES FUGADOS, OLIVERA Y DE MARCHI, EN LAS FRONTERAS
Allanamientos y un aluvión de llamadas
En Justicia recibieron cientos de llamadas desde que ofrecieron la recompensa de dos millones. Hubo allanamientos en Corrientes y en Formosa, cerca de la frontera con Paraguay. Y se investiga en el Noreste argentino.
Los represores se fugaron hace ya diez días y son buscados para prevenir que salgan del país.
A diez días de la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan, una delegación de funcionarios judiciales y miembros de fuerzas de seguridad se trasladó el viernes a provincias del Noreste argentino, de donde son oriundos ambos militares, para profundizar la investigación. Mientras en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se reciben cientos de llamados a partir de la recompensa de dos millones de pesos dispuesta por el Poder Ejecutivo al día siguiente de la fuga, ayer y por orden del juez federal Claudio Bonadío se realizaron allanamientos en Misiones, el terruño del ex mayor Olivera, y en Formosa, otra provincia limítrofe con Paraguay, destino predilecto desde el retorno de la democracia para los represores argentinos que huyen de la Justicia.
A diez días de la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan, una delegación de funcionarios judiciales y miembros de fuerzas de seguridad se trasladó el viernes a provincias del Noreste argentino, de donde son oriundos ambos militares, para profundizar la investigación. Mientras en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se reciben cientos de llamados a partir de la recompensa de dos millones de pesos dispuesta por el Poder Ejecutivo al día siguiente de la fuga, ayer y por orden del juez federal Claudio Bonadío se realizaron allanamientos en Misiones, el terruño del ex mayor Olivera, y en Formosa, otra provincia limítrofe con Paraguay, destino predilecto desde el retorno de la democracia para los represores argentinos que huyen de la Justicia.
Olivera y De Marchi son los primeros represores que se fugan después de ser condenados: el teniente Julián Corres se había escapado de la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca mucho antes de llegar a juicio y murió cuando comenzaba el proceso que le hubiera costado una condena inexorable. La fuga fue el jueves 25, luego de que el juez federal Leopoldo Rago Gallo y su par Miguel Gálvez, que lo subrogó durante la feria, autorizaran un traslado de más de mil kilómetros para que se trataran por temas médicos de rutina. La gestora del traslado, quien se presentó ante el juzgado de San Juan con una serie de certificados y turnos solicitados para ese jueves, fue la esposa de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, empleada del Hospital Militar hasta el día de la fuga, con paradero desconocido desde entonces. Olivera tenía turnos con distintos especialistas, desde un dermatólogo hasta un psiquiatra. De Marchi se había asegurado citas con traumatólogos y psicólogos.
Los rumores sobre la fuga habían surgido en junio, durante las últimas semanas del juicio. La versión que llegó a oídos de querellantes y fiscales y luego a los jueces del Tribunal Oral Federal de San Juan había surgido de los propios internos del penal de Chimbas, según publicó el diario Tiempo, de San Juan. “Ya en febrero hubo una revuelta de internos y los guardias lo atribuyeron a un agite de los ex militares. Ahora creen que estaban midiendo cómo reaccionaban los guardias”, contó el periodista Gustavo Martínez Puga. “Entre los internos era vox populi que tenían los pasaportes listos para la evasión. Se lo hacían saber con total impunidad a los presos ordinarios, a quienes también les llamó la atención que entre los represores detenidos se seguían manteniendo las jerarquías: Olivera seguía siendo tratado como el máximo jefe, como cuando manejaba el RIM 22 como oficial de Inteligencia”, relató.
Ante los rumores, el tribunal que integraron Raúl Fourcade, Héctor Cortés y Alejandro Piña ordenó reforzar la custodia, tanto en el penal como en el trayecto de traslado y en la sala de audiencias que funcionó en el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. El 3 de julio, Olivera y De Marchi presentaron escritos pidiendo el traslado al penal de Marcos Paz. Olivera, que en el año 2000 había burlado a la Justicia italiana con ayuda de la Inteligencia del Ejército y que estuvo prófugo varios meses durante 2008, hizo un último intento para postergar la condena: ante la evidencia de que se fijaría fecha de sentencia antes de la feria, pidió una audiencia privada (se le concedió pero ante fiscales y querellantes) y solicitó el traslado urgente a Marcos Paz para ver a su madre, por supuestos problemas de salud, y a su esposa, con quien dijo intentaba recomponer el vínculo. La respuesta fue negativa y el 4 fueron condenados.
Las gestiones posteriores fueron sólo ante Rago Gallo, quien no puso objeciones al traslado. Pese a que los condenados seguían también a disposición del Tribunal Oral porque la sentencia no estaba firme, sus miembros no fueron consultados. El resto es historia conocida, aunque con escaso detalle: los agentes del Servicio Penitenciario Federal los acompañaron hasta el tercer piso del hospital, al mediodía los condenados quedaron en manos de militares médicos y recién tres horas después los penitenciarios habrían sido alertados de la fuga. La intervención inicial por la “evasión” estuvo a cargo del juez correccional Raúl García.
Esa noche, enterado de la noticia, Rago Gallo ordenó la captura nacional e internacional. Un día después, mientras el Ejecutivo disponía la recompensa, el director del SPF, Víctor Hortel, presentaba una denuncia para que se investigara la responsabilidad de sus subordinados, que quedó en manos de Bonadío. La aventura de Olivera y De Marchi derivó en el pase a retiro de siete militares del Argerich y el pase a disponibilidad de los siete penitenciarios que participaron del traslado desde Marcos Paz.
El viernes, una delegación de funcionarios judiciales y agentes de seguridad partió hacia el Noreste. Los destinos fueron Misiones, Formosa y también Corrientes, los pagos de los De Marchi, familia de ganaderos y miembros de la oligarquía local. Ayer trascendió que se allanó una estancia a 30 kilómetros de Posadas llamada La Susanita, donde se sospecha que habría estado Olivera. Luego fueron requisados un comercio de venta de repuestos y una vivienda de la zona céntrica. Una de las hipótesis es que los fugados buscarían cruzar la frontera desde las provincias mesopotámicas hacia el Paraguay, un destino histórico de los represores argentinos desde el retorno de la democracia.
Fuente:Pagina12
04.08.2013
Investigan si hubo complicidades de funcionarios de la justicia
Cómo funciona la estructura financiera y judicial de los represores prófugos
Jorge Olivera amasó una fortuna con los juicios al Estado. Creó fideicomisos con millones de pesos para solventarse. Hallaron un mapa del tercer piso del Hospital Militar, de donde se fugó con Gustavo De Marchi. Lo habría hecho su mujer.
Por: Franco Mizrahi y Juan Alonso
Eran las 2:20 del 18 de julio cuando los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi ingresaron al Pabellón 4 del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, provenientes de San Juan. Poco les importaba el frío que se filtraba desde el exterior en las celdas 4433 y 4418. Sabían que la primera fase del plan de fuga se había concretado con éxito. Así se evidenció siete días después, el 25 de julio, cuando ambos condenados por crímenes de lesa humanidad se fugaron del Hospital Militar Central Cosme Argerich al que fueron trasladados para tratarse supuestos problemas de salud. La investigación del caso desnudó una logística económica y judicial impensada: se encontró un mapa que habría servido para la huida, se detectó un fideicomiso vinculado a Olivera con casi 9.457.803 pesos y se reveló que había otros diez genocidas internados en el mismo lugar castrense sin justificativo médico pero con el aval de la justicia. Anoche, intentaban trasladar a tres de ellos a una prisión común.
A las 21, el Servicio Penitenciario Federal organizaba el envío al penal de Marcos Paz de la mayoría de los procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad que permanecían todavía en el Hospital Militar.
La decisión fue consecuencia del escape de Olivera y De Marchi. Por este motivo, ayer se realizaron dos allanamientos en Corrientes y en Misiones con resultados negativos. "Tenemos pistas", le dijo a este diario una fuente gubernamental y agregó que sospecha que estarían en el país. El centro de salud ubicado en Luis María Campos al 700 cobró una enorme importancia en la causa a medida que fueron pasando las horas.
La evidencia de que la fuga estuvo planificada tiene detalles cinematográficos: hallaron un plano del tercer piso del Hospital Militar que habría sido confeccionado por la mujer de Olivera, Marta Noemí Ravasi, que trabajaba como asistente psicológica allí. Ese lugar es clave porque funcionan las salas de espera 333, 334 y 335 donde fueron vistos por última vez los represores, pasadas las 13 del 25 de julio. En aquella sala el SPF entrega a los represores detenidos a las Fuerzas Armadas.
Olivera no es un improvisado: se desempeñó como teniente en el área de Inteligencia durante la última dictadura en San Juan. Era un especialista en la fabricación de documentos falsos. De hecho, cuando lo detuvieron por última vez, en el 2008, estaba a punto de dejar el país y llevaba pasaportes falsos de varios países. El 4 de julio pasado, veintiún días antes de la fuga había sido condenado a prisión perpetua.
"Tenían un plan A, un plan B y un plan C", informaron a Tiempo Argentino los investigadores. En esa estructura criminal, Ravasi cumplió un rol protagónico: fue quien solicitó los turnos para que su marido se tratase en el Hospital Militar, evadiendo los trámites habituales.
El Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, a cargo de la tutela de los represores, también fue funcional a la fuga. De allí partió la resolución para que Olivera y De Marchi viajasen a la Capital a tratarse un problema dermatológico y psiquiátrico, respectivamente. Los jueces intervinientes fueron Leopoldo Rago Gallo y su subrogante en la feria judicial, Miguel Gálvez.
"Rago Gallo fue uno de los tres primeros jueces que citamos en la comisión interpoderes por las dilaciones que notábamos que tenía en las causas de lesa humanidad", explicó a este diario Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado. También recordó que fue uno de los magistrados que se excusó de instruir el expediente en el que se investigaba la complicidad del ex camarista Otilio Romano con la dictadura por su "amistad íntima" con el acusado.
La solicitud del traslado fue gestionada y firmada por la secretaria del juzgado, María Paula Carena. La nuera del ex fiscal Juan Carlos Yannello, señalado como "el Romano de San Juan".
PLATA DULCE. "Una persona prófuga no puede subsistir más de dos días sin apoyo económico o financiamiento de terceros", afirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, el 1 de agosto. Por eso, el hallazgo del fideicomiso SJ2 con 9.457.803 pesos vinculado a Olivera es determinante. De allí habría salido el dinero para financiar su vida clandestina.
Olivera ejerció como abogado hasta el día de su detención y junto con el capitán auditor Jorge Humberto Appiani, también detenido por delitos de lesa humanidad, generaba acciones administrativas y judiciales contra el Ministerio de Defensa por actualización de haberes de personal de las Fuerzas Armadas. El dinero del fideicomiso se gestó con la liquidación de los honorarios percibidos en esas acciones.
Ante este escenario, el gobierno decidió el congelamiento de las cuentas de Olivera concentradas en los fondos fiduciarios, los depósitos bancarias, tarjetas de crédito, y el CUIT. Además de las viviendas y autos del prófugo y su mujer. Lo mismo se decidió con el dinero de De Marchi. No obstante, Olivera habría vendido el fideicomiso antes de fugarse para hacerse de fondos frescos.
LA ORGA DE LAS CAUTELARES. La compulsión por juntar dinero a raudales a costa del Estado comenzó con la década menemista cuando el Ministerio de Defensa estaba a cargo de Jorge Domínguez. Por entonces, el estudio de abogados de Olivera y Appiani –quien ofició como "asesor legal" en los Consejos de Guerra para perseguir a militantes políticos y hoy está preso en Entre Ríos–, acaparó miles de reclamos de efectivos de las Fuerzas Armadas, gendarmes, prefectos, penitenciarios, policías federales, bonaerenses, y empleados civiles de las fuerzas de seguridad. Ese reclamo variopinto que podría haber sido solucionado por Domínguez a través de la burocracia del Ejército, abrió la puerta de la fortuna de Olivera.
Tal es así, que las causas del estudio de los represores tenían casillero propio en cada uno de los juzgados donde tramitaban. La red de cómplices abarcó a jueces y secretarios de juzgados de Jujuy a Tierra del Fuego. Un caso emblemático fue el del juez correntino Humberto De Biase Echeverría, que en un rapto de agilidad jurídica dictó 17.060 medidas cautelares por reajuste salarial para efectivos de Prefectura y Gendarmería en 2010. El solícito De Biase Echeverría resultó destituido en diciembre de ese año. Este magistrado y la ex jueza federal de Santa Cruz Ana Cecilia Álvarez fueron denunciados por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, como parte de una "asociación ilícita" junto a un grupo de abogados que litigan contra el Estado. El ideólogo de ese plan de enriquecimiento para financiar a los represores fugados es el mismísimo Olivera. Appiani pasa los días en la Unidad 1 de Paraná y manda a decir a través de su apoderada legal que "ya no tiene nada que ver con Olivera con quien rompió la sociedad en 2007".
Algo que no coincide con la fecha de constitución del fideicomiso: el 26 de agosto de 2008. También participaron en entidades financieras y diversificaron las ganancias a través de empresas de la industria agropecuaria. Según fuentes judiciales, el patrimonio de Olivera supera holgadamente los 20 millones de dólares y además tendría cuentas en paraísos fiscales.
El otro estudio beneficiado por la industria del litigio de los zumbos que estalló en octubre de 2012, es el de la abogada Villegas. Ella y Olivera representaron a casi todos los demandantes. La mujer es la hija del golpista del '55, Osiris Villegas.
Todo queda en familia.
La cifra
17.060 cautelares
fueron las que firmó en beneficio de gendarmes y prefectos el ex juez correntino Humberto De Biase Echeverría.
Fuente:TiempoArgentino
secuelas de la fuga del hospital militar
El hijo de Olivera: de abogado a sacerdote del Verbo Encarnado
La respuesta sobre los dos militares prófugos podría estar en Mendoza. La congregación ultraderechista del primogénito.
Por: Ricardo Ragendorfer
El trasfondo de la fuga incluye funcionarios del Poder Judicial, personal de las Fuerzas Armadas, agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y hasta médicos. Esa es sólo la primera parte de la trama que el juez federal Claudio Bonadio intenta descifrar. La otra se refiere a la logística y las complicidades de los prófugos para sostener su tránsito por los pasillos de la clandestinidad. Al respecto, el gobierno congeló los fideicomisos de Olivera y su socio Jorge Appiani –un ex capitán también condenado por delitos de lesa humanidad–, en donde cedían honorarios obtenidos por ellos como abogados en juicios contra el Estado. Se trata del clásico método de sacarle el agua al pez. Pero es posible que ello no haya bastado para dejar a Olivera y De Marchi en la intemperie. La existencia de estructuras secretas para contener y solventar el ocultamiento de represores requeridos por la justicia es más que una sospecha.
Prueba de ello es el modo con el cual la Armada cubrió –con documentación falsificada, dinero y valiosos contactos– la huida a través de Paraguay, Austria y Sudáfrica del jerarca de la ESMA, Jorge Vildoza, según una carta escrita por Javier Penino Viñas, el joven apropiado por el represor. Otra punta del ovillo en este asunto son ciertas agencias de seguridad vinculadas a viejos hacedores del terrorismo de estado, como la empresa Scanner SA, del ex coronel Héctor Schwab, hoy también prófugo. Allí, éste concibió la denominada Unión de Promociones, un sello para oponerse a los juicios contra sus camaradas. Y también impulsó la figura de Cecilia Pando, una criatura ideada para canalizar los reclamos públicos de los represores. La red que los apoya cuenta con una pata eclesiástica. Uno de sus referentes más activos es el cura ultranacionalista Aníbal Fosbery, quien dirige la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), la cual controla decenas de colegios en todo el país y una universidad que cuenta con sedes en Mar del Plata y Bariloche. No le va a la zaga el Instituto del Verbo Encarnado, una congregación de extrema derecha con sede central en San Rafael, Mendoza, creada en 1984 por el cura Carlos Buela. Esa organización –al igual que FASTA– suele aportar financiamiento, consuelo espiritual, recursos, financiación y hasta techo a los ex uniformados en apuros.
El reverendo padre Javier Olivera, primogénito del represor más buscado del país, pertenece a sus filas.
Hay un episodio que lo pinta por entero. En agosto de 2000, cuando el papá languidecía en la cárcel romana de Regina Coeli, tras ser capturado por pedido del juez parisino que instruía la causa por la desaparición de la modelo franco-argentina Marie-Anne Erize, el joven Olivera –quien, por entonces, era apenas un abogado recién diplomado– fatigaba estudios de TV, junto a la madre, para minimizar el carácter criminal de su progenitor. En esas circunstancias, acudió al programa de Mariano Grondona, cuyo show en aquella ocasión consistió en convocar a un sobreviviente del campo clandestino La Marquesita, de San Juan, en donde el mayor Olivera despuntaba su fervor por la tortura.
"¿Te puedo tutear? –soltó el hijo del represor– Porque yo soy también del pueblo, así como vos. Te puedo tutear, ¿no? Vos decís que trabajabas con las manos. Mostrá las manitos. ¿A ver? ¿Vos tenés las manitos de Moyano? Me parece que tenés manitos de las que le pegan al gatillito, ¿eh?"
Mamá intervino en el diálogo:
–¿Cómo fue que te soltaron?
–No sé, me soltaron.
–Habrás colaborado –dijo ella.
El hijo, entonces, acotó:
–Es porque traicionabas, ¿no?
Ese sujeto era la viva imagen de su padre.
Lo cierto es que Javier Olivera, quien a los 23 años era un católico fanático que frecuentaba los círculos integristas, viajó a Italia para asistir al “Carnicero de San Juan” –tal como la prensa europea llamaba al mayor Olivera– y su primer paso fue conchabar al abogado fascista Augusto Sinagra, un integrante de la logia P-2 que en su momento había defendido al Licio Gelli. Ahora se sabe que el retoño del represor no fue ajeno a la maniobra –urdida desde las entrañas del Ejército– que consistió en el envío de documentación falsificada a Italia para lograr su liberación, cosa que ocurrió tras 42 días de arresto.
Ordenado sacerdote a fines de 2008 en el Instituto del Verbo Encarnado, el ahora padre Javier es un cuadro de la congregación. Una congregación cuyos integrantes están acusados de conductas deshonestas, abuso de poder, abuso psicológico, sexual, y encubrimiento. Una extraña secta con 45 sedes en todo el mundo y que cuenta con recursos económicos ilimitados. Allí, en San Rafael, el hijo del represor –que se desempeña como profesor del Seminario Diocesano y es autor de cuatro libros teológicos– sigue impartiendo misa en la parroquia San Maximiliano Kolbe. No sería de extrañar que en aquella ciudad, bajo el techo de alguna inmueble de la congregación, su padre, el asesino, haya encontrado cobijo.
Fuente:TiempoArgentino
03.08.2013
investigación
"La ley antiterrorista tan criticada sirvió para investigar el fideicomiso de los represores fugados"
investigación
"La ley antiterrorista tan criticada sirvió para investigar el fideicomiso de los represores fugados"
El ministro de Defensa Agustín Rossi destacó que "la ley antiterrorista, que fue tan criticada, sirvió para que pudiéramos investigar y congelar los fideicomisos de los represores fugados de la Justicia".
Entrevista Agustin Rossi
El funcionario además reseñó de qué manera funcionaban esos fideicomisos y afirmó que "se presume que con esos fondos se puede mantener una fuga prolongada en el tiempo ya que los estándares internacionales demuestran que no se puede estar más de 48 horas prófugo sin tener un andamiaje que la sostenga".
Fuente:Telam
03.08.2013
Reconoció que sin complicidad judicial-médica las fugas no se hubieran producido
Alak presentó informe de casos insólitos de represores hospitalizados y anunció cambios
Julio Alak, Ministro de Justicia y DDHH.
La fuga de Olivera y De Marchi es la oportunidad para hacer grandes cambios. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, aseguró ayer que la fuga de los represores condenados Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi "estuvo planificada" y confirmó que, en adelante, equipos especializados realizarán la evaluación de salud de los presos por delitos de lesa humanidad que se encuentran en los hospitales dependientes de las fuerzas. "Sin complicidades externas, no hay posibilidades de que un prófugo pueda mantenerse en esa situación por más de 48 horas", remarcó el ministro, al tiempo que señaló que "Interpol, Migraciones, las diferentes fuerzas policiales y la Unidad de Información Financiera se encuentran trabajando en el caso".
Reconoció que sin complicidad judicial-médica las fugas no se hubieran producido
Alak presentó informe de casos insólitos de represores hospitalizados y anunció cambios
La fuga de Olivera y De Marchi es la oportunidad para hacer grandes cambios. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, aseguró ayer que la fuga de los represores condenados Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi "estuvo planificada" y confirmó que, en adelante, equipos especializados realizarán la evaluación de salud de los presos por delitos de lesa humanidad que se encuentran en los hospitales dependientes de las fuerzas. "Sin complicidades externas, no hay posibilidades de que un prófugo pueda mantenerse en esa situación por más de 48 horas", remarcó el ministro, al tiempo que señaló que "Interpol, Migraciones, las diferentes fuerzas policiales y la Unidad de Información Financiera se encuentran trabajando en el caso".
En una conferencia de prensa realizada en la sede ministerial, el funcionario reveló la existencia de casos que "constituyen una flagrante violación a la Ley 24.660 de ejecución de la Pena Privativa de la Libertad" y "dan cuenta de una trama de complicidades médicas y judiciales que sostenían privilegios inadmisibles en el marco de un estado democrático y constitucional de derecho".
En ese sentido, precisó que un grupo de represores procesados y condenados por delitos de lesa humanidad permanecían internados en forma flagrantemente irregular y sin justificativo médico, por orden de los juzgados y tribunales orales a cargo de sus causas, en el Hospital Militar Central "Cosme Argerich". Asimismo, anunció que, como resultado del estudio realizado por la Comisión de Evaluación Médica creada el lunes pasado para revisar la situación de esos pacientes, el Ministerio a su cargo requirió a los magistrados actuantes en cada caso el traslado inmediato de esas personas a las unidades penitenciarias correspondientes.
Alak destacó que "la internación en estas irregulares condiciones constituye una grave violación a la Ley 24.660 de ejecución de la Pena Privativa de la Libertad" porque "configura un inaceptable trato desigual respecto del conjunto de las personas privadas de la libertad".
El ministro denunció "una trama de complicidades médicas y judiciales que sostenían privilegios inadmisibles en el marco de un estado democrático y constitucional de derecho", y reafirmó que "el Gobierno nacional no permitirá ninguna situación de impunidad".
De las 11 personas internadas procesadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad, dos ya fueron reingresadas en los complejos penitenciarios de Marcos Paz y Ezeiza, ya que no tenían orden judicial de internación ni registraban criterio médico que justificara esa situación.
En tanto, otras seis habían recibido el alta médica, pese a lo cual permanecían internadas; lo que motivó que el Ministerio comunicara su situación a los juzgados que dispusieron las internaciones para que revean y rectifiquen de manera inmediata la medida de alojamiento, ya que los pacientes están en condiciones de continuar sus tratamientos en forma ambulatoria. El interno restante espera una nueva evaluación médica antes de que se defina su situación, y los otros dos se encuentran en condiciones de ser trasladados para continuar sus tratamientos en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza.
Alak señaló que, a la fecha, los equipos médicos "han confirmado que no existen razones clínicas suficientes para que estos detenidos permanezcan alojados en ese Hospital", y subrayó: "Esto demuestra que los funcionarios judiciales correspondientes avalaban situaciones de absoluta desigualdad y sostenían privilegios inadmisibles".
El ministro reveló que, entre los casos analizados, se detectaron situaciones "insólitas", y precisó que "uno de los represores alojados en el Hospital Militar estaba internado sólo porque debía realizar rehabilitación en una bicicleta fija; y otro por un lipoma, que no es otra cosa que una bolita de grasa, una patología por la que no hay en toda la República Argentina una sola persona internada en un hospital". Alak mencionó también el caso de un represor que "estaba internado desde febrero de 2012 por una fractura de tibia y peroné", el de otro que "permanecía alojado en el centro asistencial porque una vez, en una consulta de rutina, tuvo presión alta", y finalmente el caso de uno que había quedado internado desde el día en que "se quejó de un dolor en el pecho".
Las medidas informadas por el ministro fueron tomadas conforme a lo anunciado el pasado lunes 29 de julio, junto a las carteras de Defensa y Salud, cuando quedó conformada una comisión de asesoramiento médico interministerial con el fin evaluar las historias clínicas y determinar, junto a los médicos tratantes de cada uno de los pacientes, el real estado de salud y la conducta terapéutica a seguir con los procesados o condenados por delitos de lesa humanidad alojados en centros de salud de las Fuerzas Armadas.
Alak aclaró que el informe presentado en la fecha es el resultado del trabajo realizado en las últimas 72 horas sólo en el Hospital Militar Central "Cosme Argerich", y anunció que la misma evaluación, con similares criterios y procedimientos, se extenderá al resto de los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad, tanto pertenecientes a las Fuerzas Armadas como a las de seguridad, que se encuentren internados en centros de salud dependientes de esas instituciones, como por ejemplo el Hospital Churruca.
Fuente:Telam
Traslado de represores a cárcel común
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
Juan Carlos de Marchi fue condenado en 2008 a 25 años por delitos de lesa humanidad.
El miércoles pasado a la tarde noche, siete detenidos procesados y condenados por delitos de lesa humanidad fueron trasladados de la Unidad 34, ubicada en el predio de Campo de Mayo, con destino al penal de Marcos Paz. Uno de ellos es Juan Carlos De Marchi, hermano del recientemente fugado Gustavo De Marchi. Al igual que su hermano, Juan Carlos era capitán del área de Inteligencia del Ejército y en 2008 el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes lo condenó a 25 años de prisión por delitos cometidos cuando cumplía funciones en el campo de concentración que funcionaba en las instalaciones del Regimiento de Infantería 19 (R 19) de esa provincia.También fueron trasladados Julio Rafael Barreiro y Horacio Losito, ambos coroneles, jefes de De Marchi en el R 19, y también condenados a 25 años por el TOF de Corrientes. Junto a ellos, fue Athos Renes, ex militar, que revistaba con el grado de mayor y que fue condenado a 25 años de prisión por el TOF de Resistencia por su participación en la Masacre de Margarita Belén.
El caso de Juan Carlos De Marchi es probablemente el más significativo. De Marchi, tras retirarse del Ejército durante la dictadura, presidió la Sociedad Rural de Corrientes y el TOF de Corrientes siempre pretendió que fuera trasladado de esa provincia. Aun a las instalaciones de la U34 que funciona en un predio militar y que tiene unas instalaciones diseñadas para el confort de los alojados. Como prueba de la sintonía con el ex dirigente ruralista, el tribunal le otorgó a De Marchi el beneficio de una salida de 10 días para visitar a la familia, “porque extrañaba a los suyos”.
El lunes 29 de julio, Marta Ravasi de De Marchi, esposa de Gustavo y cuñada de Juan Carlos, fue de visita a la U34 en compañía de su hijo. Fue Marta Ravasi quien colaboró para que Gustavo De Marchi fuera al Hospital Militar con la excusa de recibir tratamiento y de allí poder escaparse. Ravasi es psicóloga y fue separada de su cargo en el Hospital Militar después de esa fuga. La presencia de Ravasi en Campo de Mayo fue un alerta más para que las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) tomaran la decisión de trasladar a siete de los 27 ex militares que aún quedaban en Campo de Mayo.
Otros dos de los trasladados fueron Oscar Lanzón y Néstor Savio, ambos integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA comandado por Jorge el Tigre Acosta. Lanzón pudo esperar el juicio en libertad con un curioso argumento. Tal como consignó Miradas al Sur en su edición del 15-7-10, el represor alegó ser alcohólico para lograr el arresto domiciliario, contemplado no sólo para mayores de 70 años sino también “para enfermos”. Sin duda, la borrachera de Lanzón fue contemplada como un problema de salud por el juzgado.
El séptimo trasladado fue Vicente Meli, ex militar, condenado en diciembre de 2010 a cadena perpetua por el TOF 1 de Córdoba en el marco de los crímenes cometidos por miembros del Tercer Cuerpo de Ejército.
Cárcel común. La U34 se encuentra en el corazón de la mayor unidad del Ejército Argentino, un predio en el que funcionó uno de los mayores y más sanguinarios campos de concentración. Esa unidad penitenciaria fue montada sobre las instalaciones de un lugar de detención para miembros del Ejército condenados por los ya disueltos tribunales militares. Un convenio entre los ministerios de Defensa y de Justicia, durante el gobierno de Néstor Kirchner, sirvió como para que algunos de los jueces se avinieran a enviar a los condenados a una cárcel y evitar así las consabidas prisiones domiciliarias.
La atención médica y la comida de los detenidos en la U34 corren por cuenta del Ejército, la guardia propiamente dicha por parte del SPF. En la U34, por ejemplo, el ya fallecido Jorge Videla departió con un periodista español que entró al penal sin consignar que iba a realizar una entrevista para la revista Cambio 16. Hubo, por lo menos, negligencia de los penitenciarios que estaban a cargo. Siempre se supo que la presencia de los “verdes” (militares) inhibe a los “grises” (penitenciarios), quienes históricamente sintieron más la vocación militar en su formación profesional que la tarea propiamente de reeducación y vigilancia que les compete en una sociedad democrática.
Fuente:MiradasalSur
La búsqueda de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, que se escaparon del Hospital Militar Central el 25 de julio, se trasladó a las provincias de Corrientes y Misiones, ya que los investigadores sospechan que podrían intentar huir a Paraguay.
De manera ilegal y para eludir a las autoridades, se cree que los prófugos intentarían cruzar la frontera que comparten esas provincias con el país guaraní, a través de pasos no habilitados.
Los oficiales hicieron una requisa en una estancia correntina, a 30 kilómetros de Posadas donde, además, fueron registrados un comercio de venta de repuestos y una casa de la zona céntrica. Tambían llegaron a otros dos domicilios, aunque los detalles no trascendieron.
La información indicaba que Olivera habría estado en el campo "La Susanita", sin embargo no se pudo corroborar la presencia de De Marchi.
Los dos ex militares cumplían cadena perpetua y 25 años de prisión, aunque habían sido trasladados al centro de salud militar "Cosme Argerich" en el barrio de Palermo, ya que padecían distintas dolencias.
El gobierno nacional difundió una recompensa de 4 millones de pesos por datos para dar con el paradero de los dos hombres que son buscados desde hace tres semanas.
La búsqueda de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, que se escaparon del Hospital Militar Central el 25 de julio, se trasladó a las provincias de Corrientes y Misiones, ya que los investigadores sospechan que podrían intentar huir a Paraguay.De manera ilegal y para eludir a las autoridades, se cree que los prófugos intentarían cruzar la frontera que comparten esas provincias con el país guaraní, a través de pasos no habilitados.
Los oficiales hicieron una requisa en una estancia correntina, a 30 kilómetros de Posadas donde, además, fueron registrados un comercio de venta de repuestos y una casa de la zona céntrica. También llegaron a otros dos domicilios, aunque los detalles no trascendieron.
La información indicaba que Olivera habría estado en el campo "La Susanita", sin embargo no se pudo corroborar la presencia de De Marchi.
Los dos ex militares cumplían cadena perpetua y 25 años de prisión, aunque habían sido trasladados al centro de salud militar "Cosme Argerich" en el barrio de Palermo, ya que padecían distintas dolencias.
El gobierno nacional difundió una recompensa de 4 millones de pesos por datos para dar con el paradero de los dos hombres que son buscados desde hace tres semanas.
Fuente:DiarioRegistrado
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