HOY ARRANCA LA CAUSA MAS IMPORTANTE DE EUROPA EN CONTRA DE LAS DICTADURAS DE AMERICA LATINA.

HOY ARRANCA LA CAUSA MAS IMPORTANTE DE EUROPA EN CONTRA DE LAS DICTADURAS DE AMERICA LATINA

Roma juzga a represores latinoamericanos

El juez Arturi deberá decidir si procesa a todos o a algunos de los 35 militares de Chile, Uruguay, Perú y Bolivia acusados de la desaparición, en esos países y en la Argentina, Paraguay y Brasil, de 23 ciudadanos italianos en los ’70.

Por Elena Llorente
Desde Roma

El reclamo de justicia y castigo en Uruguay, uno de los países partícipes del Plan Cóndor.Imagen: EFE
La más importante causa penal que se haya hecho en Europa contra las dictaduras militares de América latina y en particular contra la operación internacional de aniquilación de opositores, conocida como Plan Cóndor, tendrá hoy en Roma un momento crucial. El juez de las investigaciones preliminares, Alessandro Arturi, deberá decidir si procesa a todos o a algunos de los 35 militares de Chile, Uruguay, Perú y Bolivia acusados de la desaparición, en esos países y en la Argentina, Paraguay y Brasil, de 23 ciudadanos italianos en la década del ’70. Se han requerido casi 15 años de investigaciones por parte del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, que ha viajado e interrogado a testigos en varios países latinoamericanos, y 160 mil páginas de documentación que el juez debe evaluar para ver si corresponde procesar a todos los imputados.

Entre los 35 acusados hay 17 militares y exponentes políticos del Uruguay en los años ’70, el general Iván Paulós, jefe del Servicio de Informaciones y Defensa (SID); y Pedro Mato Narbondo, oficial del mismo servicio, entre otros, contra quienes el fiscal Capaldo habría emitido hace años un mandato de captura, pero que aparentemente circulan libremente por Uruguay. El grupo comprende también 12 militares chilenos, incluidos los generales Sergio Arellano Stark, famoso por haber dirigido la “Caravana de la Muerte” que fue asesinando presos políticos por todo el país; Manuel Contreras, que dirigía la DINA, el servicio secreto de la dictadura de Augusto Pinochet; y Odlanier Mena, quien fuera jefe del CNI (Central Nacional de Informaciones) o policía secreta y que, estando condenado en Chile, se suicidó hace algunos días. De parte de Bolivia, los acusados son dos: el general Luis Arce Gómez, del Departamento de Inteligencia del Estado y luego ministro; y el general Luis García Meza Tejada, actor principal del golpe de Estado de 1980. Ambos están detenidos en la cárcel de El Alto, cerca de La Paz. Por último, de parte de Perú son acusados cuatro militares, entre ellos el general Francisco Morales Bermúdez, principal protagonista del golpe de Estado de 1975 y presidente hasta 1980; y el general Germán Ruiz Figueroa, quien fuera jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) en 1980.

No hay en la lista de acusados ningún militar argentino, aunque varios de los 23 desaparecidos lo fueron en este país. La Argentina no quiere por ahora ocuparse de un juicio internacional porque se podrían debilitar los juicios que allí se están llevando, explicaron fuentes oficiales argentinas en Roma. En Italia se hicieron juicios contra los militares argentinos cuando en la Argentina, por las leyes de obediencia debida y de punto final, no se podían hacer esos procesos. Pero desde que la Argentina eliminó esas trabas, con los mismos testigos y los mismos elementos probatorios, no tendría sentido llevar adelante dos juicios. El problema es más serio para los países que no han podido abrir instancias judiciales en sus propios territorios, dijo la fuente argentina. Técnicamente hablando, según la ley italiana, cuando el fiscal concluye las investigaciones, debe comunicar a los presuntos culpables, en los distintos países, que son acusados en una causa en Italia. Y esta comunicación se hace por vía judicial a la Justicia de cada país, y es ésta la que a su vez la entrega a cada uno de los investigados. La Justicia de cada país a su vez puede decidir si entrega o no esa comunicación. “Pero si los investigados no son oficialmente informados, no pueden formar parte de los acusados en el proceso”, explicó a Página/12 uno de los abogados defensores de varios desaparecidos, Giancarlo Maniga.

La lista de 23 desaparecidos comprende seis argentinos –dos secuestrados en Bolivia, dos en Brasil y dos en Paraguay–, cuatro ciudadanos chilenos secuestrados en el propio país y 13 uruguayos desaparecidos en la Argentina.

Todos los militares serán juzgados en ausencia y una vez terminado el juicio, en caso de condena definitiva luego de las tres instancias que prevé la Justicia italiana, el juez teóricamente podría pedir la extradición de los sentenciados para que cumplan la condena en Italia, añadió Maniga. Cuánto puede durar un proceso de estas características, es difícil decirlo. La primera instancia –en la que se querrá interrogar a los testigos, entre otras cosas, y donde varios de los cuales deberían trasladarse desde otros países– durará no menos de un año, explicó el abogado Maniga. Una vez concluida la audiencia preliminar, que puede llevar algunos días, si el juez decide abrir el juicio, la Corte de primera instancia a su vez decidirá la fecha de la primera audiencia del proceso propiamente dicho, en el que Estado italiano se constituirá como parte lesa.

ELOGIAN A LA JUSTICIA DE ARGENTINA Y TIENEN FE EN LA DE ITALIA

Las víctimas piden justicia

La uruguaya residente en Roma Cristina Mihura, viuda del uruguayo-italiano Armando Bernardo Arnone Hernández, secuestrado y desaparecido en Buenos Aires en 1976, no sabía de la existencia del Plan Cóndor.

Por Elena Llorente
Desde Roma

Cristina Mihura con Armando Bernardo Arnone Hernández
Pocos de los familiares de desaparecidos que actúan como querellantes en la causa por el Plan Cóndor en Roma viven en Italia. Dos de ellos son la uruguaya residente en Roma Cristina Mihura, viuda del uruguayo-italiano Armando Bernardo Arnone Hernández, secuestrado en Buenos Aires en 1975, y la chilena residente en Bolonia María Paz Venturelli (ver aparte), hija del chileno-italiano Omar Roberto Venturelli, arrestado y luego desaparecido en Chile en 1973. Ambas elogian el accionar de la Justicia argentina y desearían que lo mismo hicieran sus respectivos países.

“Me casé con Bernardo cuando tenía 20 años, en 1974 –contó a Página/12 Cristina Mihura–. Militábamos en la Resistencia Obrero Estudiantil, ROA. Nuestra organización no era guerrillera, nunca mató a nadie. Pero la situación se puso muy difícil en Uruguay y pensamos que en Argentina iba a ser más fácil hacer actividades políticas uruguayas. Claro, no sabíamos que existía el Plan Cóndor. En Argentina, con otros uruguayos, Bernardo participó de la fundación del PVP, Partido por la Victoria del Pueblo. El 1º de octubre de 1976 Bernardo salió temprano de casa. Dijo que volvía a mediodía. Pero no volvió nunca más”. Mihura se fue de la Argentina poco después. Salió por Brasil, ayudada por argentinos a los que no conocía. Vivió como asilada algunos meses en Suecia. Llegó a Italia en 1977.

El secuestro de Arnone fue parte de una operación que entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre dio como resultado la desaparición de 26 uruguayos en Buenos Aires, 23 adultos y tres niños. Muchos de ellos fueron llevados al centro clandestino Automotores Orletti, incluido Bernardo. Cristina ha sido una de las primeras personas que trabajaron para que esta causa contra los represores latinoamericanos se iniciara en Italia. Ella y otros empezaron a presentar documentación y pedidos al fiscal en 1992. Pero la causa comenzó oficialmente recién en 1999, lo que hizo que el fiscal Giancarlo Capaldo fuera criticado. “No creo que nadie haya criticado tanto al fiscal Capaldo como lo hice yo. Un equipo de 20 personas en 12 países del mundo había encontrado pruebas sobre el centro clandestino Orletti. Sabíamos más que en Argentina, porque estamos hablando de un tiempo (1999-2002) en el que en Argentina regían todavía las leyes de obediencia debida y punto final. Con el mismo grupo de familiares uruguayos con el que me presenté en Roma, nos presentamos en 2002 ante la Justicia argentina y en 2006 en Uruguay”, contó.

Y respecto de Italia dijo que “tenían confianza en que todo iba a ir bien en Roma. Capaldo viajó y tomó declaraciones a mucha gente por el mundo. Pero después la cosa se trancó. En un cierto punto manifesté mi desesperanza, escribí a parlamentarios y otras autoridades italianas. Estos mismos resultados podrían haberse producido antes. No fue así. Pero ahora lo importante es que tenemos esta audiencia preliminar y por eso aplaudo a Capaldo”.

Mihura no fue menos condescendiente con su país. “La deuda de Uruguay en materia de verdad, justicia y reparación a las víctimas es enorme”, dijo. Y en cuanto a la sentencia, además de una justa condena, Mihura espera poder saber dónde está el que fuera su marido. “Porque después de tantas querellas judiciales, todavía no sé si está en Argentina, si se lo llevaron a Uruguay o lo tiraron al río. Quiero saber lo que pasó. 

Los militares lo saben, pero ni siquiera anónimamente nos dicen algo. Es un revanchismo feroz. Yo quisiera que así como la Justicia argentina ha investigado brillantemente algunos casos, lo hiciera la Justicia uruguaya”, concluyó.

“Que la Corte emita condenas”

Por Elena Llorente

María Paz Venturelli tenía dos años cuando su padre, Omar Roberto Venturelli, un militante del MIR y ex sacerdote, fue convocado por las autoridades militares y sucesivamente arrestado. Fue visto en la cárcel de Temuco hasta el 4 de octubre de 1973. Después no se supo más nada de él y hasta el día de hoy no se han encontrado sus restos, aunque se supo que había sido sacado de la cárcel por personal de la fuerza aérea y llevado al aeropuerto militar. Tal vez allí lo mataron. Ella y su madre, pocos días después, se refugiaron en la embajada italiana en Santiago. “Yo espero que si se hace el juicio, por lo menos se obtenga algún tipo de condena para los responsables. Porque mi familia ha tenido, por el caso de mi papá, dos años de juicio en Roma contra el ex juez militar Oscar Alfonso Podlech. Y todo quedó en nada. Fue dejado en libertad por falta de pruebas”, contó a Página/12. Su madre, esposa de Venturelli, falleció en Bolonia poco después del fracasado juicio Podlech. “Espero que en este caso, como ninguno de los acusados estará presente, la Corte tenga un poco más de coraje y emita condenas. Los militares, como lo dijo Podlech, siguen convencidos de que actuaron correctamente, de que eran terroristas y había que matarlos, que ellos salvaron la patria. Y por eso ellos no hablan, no dicen nada como para ayudarnos a entender qué pasó”, dijo. Por el caso Venturelli no hay ningún militar condenado en Chile. “Mi abuelo inició un juicio en Chile por lo de mi papá en 1979 y otro se inició en la década del ’80, pero los dos fueron cerrados porque los culpables fueron amnistiados. En Italia espero que al menos los condenen, porque de lo contrario todo esto pasa a ser una pesadilla. Y no sé ni siquiera cuánto puede ser eficaz una condena porque ellos están seguros de que, aunque los condenen, no pasa nada”, indicó. Y concluyó destacando que encontraba “admirable que la Argentina haya dado tantos pasos adelante en cuanto a los desaparecidos. Ha hecho un trabaje enorme. Me gustaría que mi país pudiera progresar en materia de derechos humanos como para parecerse a la Argentina”.

Fuente:Pagina12