SAN LUIS: "Recuerdo tres apellidos": Garro, Pérez y Calderón-"Mi hijo dejó de caminar" cuando detuvieron al padre.

Ricardo Vallejo en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad
"Recuerdo tres apellidos": Garro, Pérez y Calderón
San Luis (Pelr) 20-11-13 Ricardo Vallejo fue detenido en la segunda quincena de octubre de 1976, sacado "por la patota" de las oficinas del Poder Judicial de la calle Rivadavia (donde hoy funcionan los juzgados de Familia) y cuando le preguntaron si reconocía entre los presentes a quienes lo detuvieron, señaló: "reconozco caras, pero el problema es relacionarlas con los apellidos". De los apellidos que recordaba eran los de tres policías: Garro (Amador), quien es el que primero llega a detenerlo, Pérez (Juan Carlos) y Calderón, "que creo que vivía en el barrio Jardín Sucre", señaló.

Luego, cuando habló del ex Sub Jefe de la Policía de San Luis, el entonces capitán Carlos Esteban Pla, le pidieron que intentara reconocerlo entre los detenidos. En la sala no estaba y se hizo un acercamiento a las cámaras que están funcionando en Mendoza y Buenos Aires, y dijo que le parecía "que es el de la izquierda", señalando al ex militar que ya fue condenado en el juicio anterior.

Vallejo hizo un pormenorizado detalle de las sesiones de tortura que debió vivir en su detención y refirió particularmente a una de ellas donde el entonces capitán Pla le apoyó "una pistola en el pecho" y le dijo

"¡Morí como un hombre!".

"¿Me pregunto cuál es la medida que tiene para determinar la valentía de un hombre que está atado y desnudo?" le preguntó a Pla "¿es la cantidad de balas que tiene en la recámara de su pistola?" y después dudó: "Iba a decir una grosería, su señoría, pero mejor no, mejor no digo nada, sería impropio", dijo aunque el juez Pérez Villalobo le insistió en que podía decir lo que considerase pertinente.

También se refirió a otro hecho que sufrió una noche que lo sacaron a un descampado y, mientras unos lo sostenían para pegarle, otro de los integrantes del 'grupo de tareas' le decía "cagón". También le preguntó a esa persona que no pudo identificar, porque se encontraba vendado, cuál era la medida que usaba para tratar de "cagón" a alguien al quien estaban teniéndolo para que no pudiera defenderse mientras otro le propinaba golpes.

Vallejo dijo haber sido torturado con picana eléctrica, con el "submarino", la técnica que se utiliza para asfixiar al detenido metiéndolo dentro de un tacho con agua y golpes de todo tipo.

Cuándo le consultaron sobre si había presenciado sesiones de tortura de otros detenidos, señaló que no, que las sesiones "eran individuales" y "nos torturaban con los ojos vendados para proteger su identidad", no obstante señaló que podía identificar a algunas voces durante esas sesiones y que algunos "eran los que iban al frente" habitualmente en la tarea de intentar sacarles información.

En un tramo de su exposición, no dejó bien parado a uno de los integrantes de la cúpula que en esos días llevaba la voz de mando en el Comando. Dijo que su esposa había "intentado hablar con López" -por Raúl Benjamín López- que aparentemente era quien solía escuchar los reclamos de algunos familiares, pero no lo logró. También hizo lo propio con el entonces obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise, pero con idéntico resultado: "No la recibieron, ninguno la recibió".

También le pidieron que nombrara a quienes estuvieron detenidos con él en San Luis y particularmente le requirieron sobre el nombre de una persona de apellido Pérez que había referido en otra declaración, pero dijo que tenía confusión con relación a esa persona y no podía dar datos precisos, ya que en aquellos días, en la Penitenciaría había dos tipos de detenidos, a los que los propios presos políticos los nombraban irónicamente como "los subversivos" y "los económicos" y que entre ambos sectores no tenían contacto, si bien reconoció que se filtraba información de un sector a otro. Por eso se excusó de dar precisiones sobre esta persona de apellido Pérez. "A algunos compañeros no los conocía de la calle, sino que los conocí ahí en la cárcel", señaló.

En otro tramo de su relato, Vallejo se refirió a las intensas torturas que fueron sometidos los hermanos Echandía -Ignacio y Juan Manuel- de Villa Mercedes, a quienes vio con signos evidentes del maltrato, incluso "quemaduras de cigarrillo" en el abdomen y huellas de haber sido "atados con alambre".

Luego fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata y allí fue que lo visitó el Defensor Oficial Federal, Ortiz y el Secretario del Juzgado, de quien dijo no recordar el nombre (presumiblemente Martín Pereyra González, aunque él no lo identificó de manera alguna), como así tampoco el de una tercera persona que oficiaba de escribiente. En esa visita les expresó que había sido torturado durante su detención, pero que no recordaba que hubiese quedado registro escrito de la denuncia, aunque estimaba que esa tercera persona tomaba nota de lo que él relataba.

Vallejo estuvo detenido en San Luis, en La Plata y finalmente en el Penal de Sierra Chica, a disposición del PEN hasta que le dieron la posibilidad de exiliarse en Suecia, cosa que ocurrió el 1° de Mayo de 1980. Regresó al país en diciembre de 1984.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com


Ramona Ofelia Rojo 
"Mi hijo dejó de caminar" cuando detuvieron al padre
San Luis (Pelr) 20-11-13 Ramona Ofelia Rojo tenía 23 años cuando detuvieron a su esposo, Gilberto Cipriano Herrera. Él tenía 27. Lo vinieron a buscar a la medianoche del 31 de mayo del 77. Tenía dos hijos, una de apenas dos meses y el mayor, de dos años y medio. Producto de no ver a su padre, el pequeño tuvo una regresión y dejó de caminar. "Fui a pedir un permiso especial al Comando y estaba el jefe, el teniente López, él me recibía. Me dio una vez permiso, me dijo que iba a hacer una excepción, porque estaban privados de visitas, porque esa era la forma de castigo que tenían", contó refiriéndose al Raúl Benjamín López, que integraba el Estado Mayor del Comando. 

Ofelia, tras referirse al "Teniente López", dijo no conocer los grados militares, pero que habló con la persona que aparentemente estaba a cargo de proporcionar información sobre los detenidos en el Comando. 

También identificó indublitablemente al entonces capitán Carlos Esteban Pla, debido a que él mismo fue quien le dio su identidad al momento de hacer un allanamiento en su casa en la madrugada que se llevaron a su marido. 

Según el relato que se escuchó ayer en la audiencia, a Gilberto Herrera lo vino a buscar a la medianoche una persona a la que ella conocía como Tincho o El Gordo, que llegó con otros tres hombres más. Su marido se fue en su auto particular, pero alrededor de la seis, le golpearon la puerta diciéndo que eran policías y solo abrió cuando su esposo le dijo que él estaba allí. Pero ya no venía en su auto y lo traía una comitiva que venía encabezada por Pla y la integraban otras seis o siete personas. 

"El vuelve como mojado, sin fuerzas, no podía levantar las manos para prender la luz", recordó de aquella noche y también que tenía miedo, que no le podía preguntar nada a Gilberto debido a la presencia intimidante de esas personas que llegaron todas vestidas de civil y revisaban minuciosamente su casa. 

"Cuando le pregunté a Pla el porqué estaba pasando eso, me dijo que a mi marido le habían encontrado algunas armas", refirió. Después se lo llevan detenido. 

Mientras duró el cautiverio en un calabozo de la Jefatura, ella "le llevaba comida", pero no le permitían verlo, entonces "fui a pedir un permiso especial al Comando, estaba el teniente López, él me recibía. Me dio una vez permiso, me dijo que iba a hacer una excepción, porque ellos estaban privados de visitas, que esa era una forma de castigo que tenían" destinada a los presos políticos. 

La primera vez que volvió a verlo estaba en la jefatura, en una dependencia de "Informaciones"; "lo vi debilitado, no estaba normal" dijo y acotó que "tenía derrames en los dos ojos, se lo veía muy dolorido". 

"Después lo llevaron a la Penitenciaría", relató y dijo que allí su marido "estaba un poco mejor" de lo que lo había visto aquella noche de su detención. "Hacía dos meses que lo habían detenido", indicó. 

Allí estuvo hasta setiembre y después lo trasladaron a Sierra Chica. 

Se entera de su traslado por una carta que su marido le envía dede el penal de Sierra Chica, lugar en que si se le permitían las visitas, al que ella concurrió solo una vez. Allí las conversaciones debían hacerlas a la distancia en una capilla del penal, separados por los bancos de la iglesia y "a los gritos", por la distancia. 

"Recién cuando él volvió, en el '79, pudimos hablar de lo que sucedió" aquella noche.

"Él conocía a Tincho, él le había dejado esas armas", que trajeron con otro amigo, Aníbal Torres, para que las llevara a arreglar a un armero: Yango Rodríguez. Dijo que le parecía que eran dos o tres armas, aunque no precisó si eran cortas o largas.

"Después Rodríguez le trajo las armas a él porque no las había podido arreglar o porque tenía miedo", relató y agregó que su Herrera, "por miedo las enterró" en un lugar al que fue esa noche que lo vinieron a buscar. 

También contó que su marido trabajaba en la Municipaldiad de San Luis y que, aunque le había contado que había militado en la Juventud Peronista, después de casados no le había conocido militancia o que fuese a reuniones politicas. Recordó que después de aquella noche, nunca mas volvió a ver a Tincho.
Informe: Gustavo Senn 
gustavosenn@gmail.com
Fuente:PeriodistasenlaRed
Fuente:Agnddhh

Se oyó un pormenorizado relato del terrorismo de Estado en la provincia cuyana
San Luis: Testigos sobrevivientes señalaron al juez Carlos Pereyra González y al obispo Laise

Sala de audiencias del TOF en San Luis: Cada testimonio puede por sì mismo reconstruir el horror.
San Luis.- Sobrevivientes del terrorismo de Estado durante la última dictadura involucraron hoy al juez Carlos Pereyra González y al obispo Juan Rodolfo Laise en sus declaraciones durante la sexta jornada de audiencias en la capital puntana del segundo juicio por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal en lo Criminal tomó declaración hoy a Manuel Armando Alfonso, Eva Gladys Orellano, Julio Joaquín Lucero Belgrano y Alejo Pedro Sosa, víctimas de la represión durante la dictadura cívico militar. Manuel Armando Alfonso permaneció privado de su libertad desde 1976 a 1983, sufre de mal de parkinson y adjudicó su afección a los reiterados golpes que sus captores le propinaron en la cabeza en el transcurso de su detención.

Según el relato que brindó hoy al tribunal, fue detenido en su casa, en horas de la noche, por un operativo comandado por el capital del Ejército Estaban Plá y del que participaron los oficiales de la policía provincial, "Becerra, Chavero, Orozco y Ricarte".
   
Relató que fue sometido a torturas como "picana eléctrica" y "submarinos" fuera de la cárcel, de la que lo sacaban encapuchado y esposado, y agregó que denunció los apremios de los que fue víctima al juez Carlos Pereyra González (hoy a la espera de juicio con detención domiciliaria), cuando en los años `80 lo visitó en la cárcel de Rawson".

"El juez" -recordó-, me respondi que "aún no había demostrado ser recuperable para la sociedad", y afirmó que una vez lograda su libertad realizó la denuncias pertinentes ante la policía Federal sin lograr ningún resultado, como tampoco logró recuperar su trabajo en el ministerio de Bienestar Social de la provincia de San Luis. Nunca fue notificado de los cargos por los que permaneció en la cárcel y afirmó que "estuve preso por ser militante de la Juventud Peronista y hacer trabajo de ayuda social en los barrios de mi ciudad".

Por su parte, Eva Orellano relató identica metodología en el accionar de los grupos de tareas del ejército y la policía y recordó cómo fue sacada de su hogar en horas de la noche junto a una de sus hermanas y su sobrina de un año, sin orden de detención alguna. Sindicó a los mismos oficiales que Alfonso en el accionar ilegal que la llevó a estar detenida y reconoció no haber denunciado lo ocurrido por "terror y miedo" y por haber sufrido "maltratos y torturas". Orellano agregó que "era mi madre quien golpeaba las puertas del ejército para buscar ayuda y allí le contestaban que debía dar gracias a que estuviera viva y no mirando cómo crecen las raíces desde abajo". "En la iglesia -sostuvo- le respondieron que el entonces Obispo Juan Rodolfo Laise no recibía a los padres de los subversivos".

"Fue -aseguró- un plan sistemático para aniquilar a una generación de jóvenes que seguramente se iba a oponer a lo que vino después. No fue azaroso y nunca pensamos que desde el Estado se iba a ejercer un terrorismo de esa envergadura". "Estuve detenida por ser militante de la Juventud Peronista -apuntó- al igual que mis otros dos hermanos. Teníamos un trabajo en la zona este de la ciudad en el barrio Kennedy, donde ayudábamos con apoyo escolar, talleres de costura y una bloquera a los más necesitados. Nunca supe cuáles fueron los cargos de los que me
acusaban".

Los testimonios de Alejo Sosa y Julio Lucero Belgrano fueron desgarradores en la descripción de las torturas y vejaciones a las que fueron sometidos en los centros de detención clandestinos y en las cárceles donde estuvieron, y en los relatos aparecían los nombres de varios de los acusados en este juicio y, recurrentemente, el de Esteban Plá, entonces jefe de la Policía. Describieron los padecimientos de sus familias, las persecuciones, la falta de compromiso de la Iglesia encabezada por
el Obispo Laise, y sugirieron investigar la complicidad de numerosos civiles puntanos en la dictadura militar, cuyo accionar aún permanece impune "a pesar de los graves daños que provocaron".

El segundo juicio por delitos de lesa humanidad en San Luis investiga la desaparición forzada y asesinatos de Domingo Hildeyardo Chacón, Adolfo Enrique Pérez, Luis María Frümm, Vicente Rodríguez, Graciela Fiochetti, Pedro Valentín Ledesma, Santana Alcaraz, Nolasco Leyes, Roberto Rafael García, Dante Bodo y Sebastián Cobos, ocurridos en Villa Mercedes, Luján, La Toma y la ciudad de San Luis.

Además, la privación ilegítima de la libertad seguida de tormentos y torturas de Aníbal Franklin Olivera, Manuel Armando Alfonso, Juan Fernando Vergés, Carlos Enrique Correa, Andrónico Agüero, Mirtha Gladis Rosales, Ana María Garraza, Isabel Catalina Garraza, Juan Cruz Sarmiento Cabrera, Alfredo Luis José Montoya, María Luisa Ponce de Fernández, Jorge Alfredo Salinas, Juan Manuel Echandía, Lucy María Beatriz, Alejo Sosa, Joaquín Julio Lucero Belgrano, Ramón Gómez y Víctor Fernández, entre otros.

La séptima audiencia se realizará el 26 de noviembre a las 9.30 de acuerdo al cronograma fijado por el Tribunal.

Revocan prisión domiciliaria a cinco procesados
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal decidió hoy revocar la prisión domiciliaria de cinco acusados por delitos de lesa humanidad en la quinta jornada de
audiencias del segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Luis. El Tribunal decidió terminar con la prisión domiciliaria de Manuel Ortuvia Salinas que está detenido en Mendoza, Carlos Ozarán en Buenos Aires, Pedro Gil Puebla, Juan Garro y Víctor Ernesto Moreno Recalde en San Luis y ratificó la continuidad de esta medida para Raúl Benjamín López, Santos Palma y Rafael Leyes.

Hoy declaró Norberto Herrera, quien lo hizo en su domicilio porque su estado de salud no le permitió concurrir a la sede del Tribunal, su esposa Ramona Ofelia Rojo y Ricardo Vallejo y se excusó Víctor Carlos Fernández con un certificado médico. Para mañana han sido citados Eva Gladys Orellano, Manuel Armando Alfonso, Julio Joaquín Lucero Belgrano y Alejo Pedro Sosa.

El Tribunal fue informado que de la lista de testigos disponibles había fallecido Alfredo Morel y que Blanca Vanucci de Quiroga sufre de demencia senil desde hace varios años. Se está investigando la desaparición forzada y asesinatos de Domingo Hildeyardo Chacón, Adolfo Enrique Pérez, Luis María Frümm, Vicente Rodríguez, Graciela Fiochetti, Pedro Valentín Ledesma, Santana Alcaraz, Nolasco Leyes, Roberto Rafael García, Dante Bodo y Sebastián Cobos, ocurridos en Villa Mercedes, Luján, La Toma y la ciudad de San Luis.

Además la privación ilegítima de la libertad seguida de tormentos y torturas de Aníbal Franklin Olivera, Manuel Armando Alfonso, Juan Fernando Vergés, Carlos Enrique Correa, Andrónico Agüero, Mirtha Gladis Rosales, Ana María Garraza, Isabel Catalina Garraza, y Juan Cruz Sarmiento Cabrera. Asimismo, Alfredo Luis José Montoya, María Luisa Ponce de Fernández, Jorge Alfredo Salinas, Juan Manuel Echandía, Lucy María Beatriz, Alejo Sosa, Joaquín Julio Lucero Belgrano, Ramón Gómez y Víctor Fernández, entre otros.

La sexta audiencia se realizará mañana jueves  a las 9.15 de acuerdo al cronograma fijado por el Tribunal, que dispuso los días martes y miércoles durante noviembre para las deliberaciones y en diciembre hasta el día 20 los jueves y viernes, pasándose luego a un receso por la feria judicial hasta febrero del 2014.
Fuente:Telam
Envío:Agnddhh

Perseguidos por el solo hecho de ser militantes 
Cuatro testimonios se escucharon ayer en el segundo juicio a genocidas 

Los acusados

La querella y la fiscalía 
San Luis (Pelr) 21-11-13. Una nueva jornada se vivió ayer en la sala de audiencias de la Cámara Federal de San Luis, en la que se escucharon cuatro testimonios de detenidos y torturados durante la última dictadura militar en nuestra capital. En todos los casos se coincidió en que las detenciones se produjeron sin orden judicial de allanamiento ni detención, lo que compromete seriamente a quienes eran autoridades de la justicia federal de la época -los detenidos Hipólito Saá (fiscal federal), Carlos Pereyra González (secretario) y Eduardo Allende (juez federal)-, quienes a pesar de no haber librado las órdenes, visitaban a los detenidos, en lugar de dictar la inmediata liberación por graves faltas en el proceso. Ayer se escucharon los testimonios de Manuel Armando Alfonso, Eva Gladys Orellano, Julio Lucero Belgrano y Alejo Sosa.

De los primeros testimonios recogidos hasta ahora, se concluye que la mayoría de los detenidos, lo fueron por sus ideologías políticas, ya que militaban en la Juventud Peronista y hacían trabajo social en los barrios más carecientes de la capital provincial, o sea que fueron perseguidos por militantes. Para la dictadura militar “ser militante era sinónimo de ser subversivos” dijo Eva Gladys Orellano y hasta especuló con que el trabajo social que hacían, se oponía “a la política económica que después vimos que implementó la dictadura militar”. Hasta el momento, todos los testimonios son coincidentes en mencionar a Carlos Pla y el fallecido ‘Japonés’ Becerra como quienes comandaron, sistemáticamente, todos los operativos realizados en la época, además de las sesiones de interrogatorios y torturas.

El primero en declarar fue Alfonso, quien sufre Mal de Parkinson, “debido a los golpes que sufrí en la cabeza (durante su cautiverio a manos de los militares), según me dijeron los especialistas que me atienden”. Según afirmó, los cargos por los que fue detenido fueron “por militar en la Juventud Peronista”. Alfonso fue, hasta ahora, el que más comprometió al entonces secretario federal Pereyra González, toda vez que aseguró que lo fue a ver varias veces a la cárcel de Rawson y cuando le pedía la libertad condicional, el ex secretario le respondía que no se la podía otorgar porque “usted no es recuperable para la sociedad”. También aseguró que en el año 1984 se presentó ante la justicia para denunciar las torturas recibidas durante su cautiverio y que jamás se le dio curso, como sugiriendo que todavía quedaban cómplices de la dictadura. Ante esto, uno de los jueces pidió que se leyera quién había recepcionado esa denuncia y se leyó “firma Mirtha Esley, Secretaria Juzgado del Crimen Nº 2”, y fue quien no le dio curso a la denuncia. Suspicazmente, Mirtha Esley es hermana de Eduardo “Lalo” Esley quien es defensor de los genocidas en el primer juicio y también en este segundo debate oral, además de confeso admirador del régimen militar. Otro detalle a tener en cuenta, es que Alfonso era empleado público a la hora de su detención y su posterior calvario y que a pesar de haber sido sobreseído, el gobierno provincial -con Adolfo Rodríguez Saá como gobernador democrático- jamás lo reincorporó en sus funciones.

A su turno, Eva Gladys Orellano declaró en compañía de un psicólogo dentro del derecho de Protección al Testigo, algo a lo que se opuso el defensor Vidal, pero el tribunal -compuesto por José María Pérez Villalobo, Marcelo Alvero, Héctor Cortes y Oscar Hergott- decidió que fuera acompañada por el psicólogo aunque éste tuvo vedado hacer cualquier tipo de comentario durante el testimonio de Orellano.

Al igual que Alfonso, Orellano trabajaba en la administración pública -a diferencia de éste, ella fue reincorporada con el regreso de la democracia- y era militante de la Juventud Peronista antes de ser detenida “el 24 de abril del 76” -junto con su hermana, ya fallecida- y como en los casos anteriores sin orden judicial, ni de allanamiento ni de detención. Entre sus captores reconoció, entre otros, a Pla y Becerra; señalando que éste era “más activo” en los interrogatorios, mientras que “Pla entraba y salía”. Recordó que entre sus compañeras de detención, “Mirta Rosales fue muy, muy golpeada”. Una vez fue llamada a declarar ante Pereyra González, pero no pudo hacer nada porque “me provocaba miedo que ahí mismo estaban los policías que me habían interrogado”, algo que señala la convivencia que existía entre la justicia federal de San Luis y los grupos de tarea. “Ellos decidían si sobrevivías o te mataban”, agregó luego. También explicó que su madre recurrió al obispado para intentar salvar a sus hijas y que allí le contestaron que “el obispo (Juan Rodolfo Laise) no atiende a familiares de subversivos”. En un momento aseguró que “a mí me detuvieron en (17) octubre del 77 cuando estábamos haciendo un acto en el barrio”, pero no aclaró si se trató de una segunda detención. Posteriormente se quebró en llanto cuando relató que tuvo que criar a su sobrina, tras la muerte de su hermana.

Luego del relato de Orellano, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta la tarde, cuando se escucharon los testimonios de Lucero Belgrano y Sosa.

Detenidos desde el inicio de la dictadura 
Julio Lucero Belgrano y Alejo Sosa fueron detenidos prácticamente desde el comienzo de la dictadura cívico militar que se impuso el 24 de marzo de 1976.

Ambos tenían como punto coincidente el ser integrantes del gobierno del depuesto gobernador democrático Elías Adre. Al primero lo detuvieron en la casa de la que actualmente es su esposa y lo llevaron al GADA, mientras que a Sosa lo fueron a buscar a su casa con la excusa de una reunión de gabinete urgente convocada por el ministerio de Economía, pero cuando salió fue llevado directamente a la Penitenciaría. Ambos relataron haber sufrido torturas físicas y psicológicas y haber sido trasladados a otros penales dentro del territorio nacional, como la U9 de La Plata, entre otros destinos. Coincidió también que tras su liberación esuvieron con libertad vigilada hasta 1982.

"El trato fue despiadado", graficó Sosa en una parte de su relato, "indigno de cualquier ser humano".

Lucero Belgrano identificó a varios de sus captores como las personas que lo maltrataron durante su detención, mientras que Sosa dijo no reconocerlos, porque "siempre nos encapuchaban", recordó, pero también aportó algunos nombres sobre las personas que se decía que estaban en los interrogatorios.

Entre las personas que mencionó Lucero Belgrano se encontraban el entonces jefe de la Policía Federal, De María, y los integrantes de esa fuerza hoy juzgados Borsalino, Roselo y Cremonte. También habló del militar Alemán Urquiza, a quien refirió como la persona que en una dependencia del Ejército le recibió tres armas que él tenía registradas y con permiso de portación.

"Así que cayó otro hijo de puta", contó que dijo Alemán Urquiza cuando lo recibió en su oficina y le entregó las armas. Dijo que tenía permiso de portación porque él andaba permanentemente recorriendo el interior de la provincia a raíz de su cargo en la dirección provincial de municipios.

Por otro lado, en un tramo de su declaración testimonial el ex Subsecretario de Cultura de la Provincia, Alejo Sosa, recordó algunas palabras del capellán del Ejército, un cura de apellido Coscarelli, que cuando le contaban a los tormentos a los que estaban siendo sometidos, les decía que "el pecado" y "la maldad" debían ser "expulsados de sus cuerpos" y los alentaba diciéndo que "el castigo salva" y que tenían que "confiar en Cristo".

Sosa también cargó contra la sociedad civil que luego de salir "nos discriminó" y también levantó su dedo acusador.

En un tramo de la exposición de este último, el abogado defensor Eduardo Esley trajo a colación la conocida como "La carta a Masera" y le preguntó a Sosa si sabía quién la había firmado, a lo que este señaló dos nombres: el del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá y del fallecido historiador Hugo Arnaldo Fourcade, porque "fue mi profesor y era director de la Escuela donde daba clases".

Esley insistió en la carta, hasta el punto de incomodar al presidente del Tribunal, quien finalmente le dijo que si era de su interés, hiciera la pertinente denuncia. La insistencia de Esley en que se hablara de ese documento aportado como copia certificada ante escribano público en el juicio anterior por el ex diputado nacional de la UCR Arturo Jesús Negri, aunque no lo manifestó abiertamente, parecía tener un objetivo: cuestionar a la Fiscalía y al anterior tribunal por no haber investigado a los firmantes y no haberse abierto una compulsa también contra ellos.
Informe: Carlos Rubén Capella
Envío:Agnddhh