CAPITANICH CONFIRMO LA MEJORA DE HABERES EN POLICIA FEDERAL, GENDARMERIA, PREFECTURA Y PSA
Aumentos para las fuerzas nacionales
Se les dará aumentos por no haberse plegado a las protestas y haber colaborado en las tareas de seguridad en las provincias. Los detalles se conocerán la semana próxima, pero incluiría una reestructuración de las escalas.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, confirmó los aumentos en su habitual rueda de prensa.Imagen: DyN
La Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria también recibirán aumentos, tras la insubordinación de las policías provinciales. Así lo adelantó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en una conferencia de prensa. Los detalles del aumento, que alcanzará una reestructuración de las escalas salariales y podría incluir sumas no remunerativas, se conocerán la semana próxima. Es probable que el anuncio lo haga la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En una conferencia de prensa, ayer por la mañana, el jefe de Gabinete confirmó que habrá un “reconocimiento económico y financiero” para los policías que dependen del gobierno nacional y que debieron intervenir en las diversas provincias donde las policías locales dejaron de cumplir su rol y hubo saqueos, que terminaron con diez personas muertas y más de un centenar de heridos. “La presidenta de la Nación ha decidido otorgar un reconocimiento económico y financiero a las fuerzas de seguridad nacionales por el esfuerzo, dedicación y sacrificio puestos de manifiesto en cumplimiento de su deber en las últimas jornadas para proteger la vida, el patrimonio y la libertad del pueblo argentino”, indicó.
Capitanich subrayó que las policías provinciales “no sólo no cumplieron con su deber de salvaguardar la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos sino que, además, han promovido directa e indirectamente saqueos”. Y recordó que en Rosario, en los últimos tiempos, “hubo una víctima cada 36 horas”. “Durante la presencia territorial de las fuerzas de seguridad federales esto no ocurrió, es decir, hubo criminalidad cero mientras la policía de la provincia no tenía el desenvolvimiento de sus tareas”, indicó. El jefe de Gabinete recordó también que se encontraron electrodomésticos robados en la casa de un policía de Entre Ríos que había participado del acuartelamiento en esa provincia. El ministro coordinador informó que están investigando casos similares en otras provincias.
Capitanich llamó a jueces y fiscales a “actuar de oficio” en la investigación de esos hechos, ya que “aquí tiene un rol absolutamente relevante el Poder Judicial. Nadie se puede lavar las manos”. Destacó que es imprescindible “identificar a los autores materiales e intelectuales de los hechos, porque lo que ha ocurrido en esta semana no ha ocurrido en 30 años de democracia”, en alusión a la simultaneidad de alzamientos policiales, saqueos y provincias –como Tucumán o Córdoba– que quedaron casi completamente paralizadas.
También recordó que “la seguridad pública es deber de cada distrito”, y señaló que la intervención de fuerzas federales fue “de carácter complementario”. Lo hizo un día después de que su ex vice, el gobernador de Chaco, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, cuestionara que retiraran las fuerzas nacionales de la provincia, por lo que se trenzó en una discusión pública con el secretario de Seguridad, Sergio Berni. El funcionario nacional anunció que lo denunciará por calumnias e injurias.
El jefe de Gabinete indicó que el “reconocimiento económico” será para los 12 mil policías que fueron movilizados por todo el país para “proteger la vida, el patrimonio y la libertad del pueblo argentino” durante los saqueos que afectaron a más de 17 provincias. Capitanich no dio a conocer porcentajes, ni los tiempos en los que se pagará el aumento. Señaló que la Presidenta lo va a instrumentar “por decreto a partir de la semana próxima”. Además remarcó que “es muy importante reconocer el rol que han tenido las fuerzas de seguridad nacional”.
Según señalaron diversas fuentes del Gobierno, los detalles del aumento estarán la semana que viene, dado que debían ser consensuados entre el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete. Lo más probable –según indicaron– es que incluya una reestructuración de la escala y una combinación de sumas remunerativas y no remunerativas que impliquen un mayor salario de bolsillo para los uniformados.
El rol de las fuerzas
El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, señaló que “no hay derecho que quienes tienen la tarea de llevar tranquilidad ciudadana, la alteren”, y que “las fuerzas de seguridad tienen la responsabilidad de garantizar la paz social”. Al participar de las celebraciones por el Día Nacional del Petróleo, en Mendoza, Domínguez consideró que “cuando la gente deje de ver que los delincuentes quedan libres, van a empezar a erradicar el miedo de sus vidas. Es un paso fundamental para combatir la inseguridad que la Justicia sea severa con las personas que delinquen”, enfatizó el presidente de la Cámara baja.
LA PRESIDENTA PIDIO A LOS JUECES QUE AVANCEN EN LA INVESTIGACION DE LOS SAQUEOS
“Que actúen y juzguen rápidamente”
Cristina Fernández de Kirchner, por Twitter, volvió a condenar los alzamientos policiales de los últimos días. Advirtió que la policía no puede “organizar la delincuencia para robar a la gente y los comercios, instalando miedo y terror”.
La Presidenta volvió a escribir en Twitter durante su viaje en avión a Santa Cruz.Imagen: Pablo Piovano
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a condenar los alzamientos policiales y los saqueos que tuvieron lugar en varias provincias durante los últimos diez días y solicitó a los jueces “que actúen y juzguen rápidamente” a los responsables de esos episodios. Fue ayer a través de su cuenta en Twitter, a la que volvió a recurrir por primera vez tras la intervención quirúrgica a la que fue sometida a fines de octubre. La mandataria destacó el mensaje que dio el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, tras reunirse con ella el jueves en la residencia de Olivos. “La policía no puede dejar huérfana a la ciudadanía”, había manifestado el religioso luego de entrevistarse con la jefa de Estado. “Tampoco puede organizar la delincuencia para robar a gente y comercios, instalando miedo y terror”, agregó ella, un día después, en la red social.
CFK también volvió a viajar ayer en avión. Luego de que los médicos le permitieran retomar los vuelos, que tenía prohibidos desde su operación, la mandataria decidió ir a pasar los últimos días del año a Santa Cruz, donde pasará las fiestas junto a su familia, como acostumbra. Y fue durante su viaje hacia Río Gallegos el momento de su reencuentro con Twitter. Esa red social es una de las vías de comunicación a las que CFK recurre con frecuencia últimamente, aunque la había abandonado durante su reposo clínico. Si bien la Presidenta utilizó Twitter para publicar el primer video que subió a su regreso, el 18 de noviembre, y para publicitar otras acciones de gobierno, no le había dado un uso más personal desde fines de septiembre.
“Tango 01. Rumbo al sur. No lo puedo creer. Santa Cruz otra vez. La tripulación estaba esperando junto a la escalerilla del avión con un inmenso ramo de flores. Mis preferidas: rosas y lirios blancos. Mucha emoción. También el oficial de la Fuerza Aérea que siempre me recibe cuando llego a Aeroparque, con otro ramo, en nombre de su agrupación”, relató la jefa de Estado en tweets sucesivos, ayer por la tarde. Su reaparición fue celebrada por sus simpatizantes online con una andanada de “favs”, “retweets” y respuestas con mensajes de apoyo.
“Ayer terminé tarde. Después de recibir a la Conferencia Episcopal Argentina y a la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, seguí trabajando. Charlamos mucho con ambas iglesias. Emitieron declaraciones sobre los hechos delictivos a partir del accionar de distintas policías provinciales”, relató la mandataria.
También anticipó que recibirá al resto de las Iglesias Evangélicas, al Centro Islámico y a la DAIA, para concluir con la ronda de encuentros con representantes de distintos cultos.
La Presidenta también mencionó una nota publicada por un portal de noticias, reflejada ayer en la tapa de Página/12, acerca del descubrimiento de objetos robados durante los saqueos de Entre Ríos en la casa de un policía de esa provincia, algo que, sostuvo, “confirma definitivamente lo expresado el 10 de diciembre”, durante el acto por los 30 años de democracia, en el que ella había señalado la vinculación de las fuerzas de seguridad con los pillajes que tuvieron lugar en distintas provincias. No fue su única mención a la portada de este diario.“Miro la tapa de P12, una foto de monseñor Arancedo, arzobispo de Santa Fe, con CFK en la reunión de ayer (por anteayer) –escribió–. Junto a una frase contundente del presidente de la Conferencia Episcopal: ‘La policía no puede dejar huérfana a la ciudadanía’, me permito agregar: tampoco puede organizar la delincuencia para robar a la gente y los comercios, instalando miedo y terror”.
“En Entre Ríos los fiscales Fabio Zabaletta y Germán Dri allanaron domicilio de suboficial de policía provincial y encontraron varios lavarropas automáticos, una hidrolavadora, una aspiradora, un motor eléctrico y varias herramientas posiblemente sustraídas de locales comerciales”, cita la mandataria en varios tweets. “¿Con qué fin? Me parece que los hechos se explican solos y los personajes políticos que aparecieron también”, reflexionó la mandataria, quien pidió “muchos fiscales más como Zabaletta y Dri y también jueces que actúen y juzguen rápidamente”.
PANORAMA POLITICO
No hubo estallidoPor Luis Bruschtein
Los medios opositores dan por descontado que hubo un estallido social durante los saqueos provocados por el conflicto policial. Pero no hubo estallido social sino el intento fallido y violento de provocarlo. Hubo zonas liberadas y saqueos organizados por bandas armadas en diferentes zonas del país que se detonaban en forma escalonada. Conclusión: un intento que no prosperó a pesar de toda esa pólvora seca es indicativo de todo lo contrario al estallido social, porque demuestra que la situación social es capaz de ahogar semejante fogonazo que en otro momento hubiera incendiado al país.
Clarín, La Nación y otros medios hablaron de estallido y además lo explicaron con un cuadro social exagerado sin darse cuenta de que los hechos estaban demostrando lo contrario de lo que ellos afirmaban. Ese también fue un intento frustrado. El diario español El País, que tiene una mirada reaccionaria sobre los gobiernos progresistas latinoamericanos, habló de “desborde social”. Los estallidos sociales más grandes en la Argentina, durante la hiperinflación en 1989 y el corralito en 2001-2002, se desbordaron porque sobrepasaron a la represión policial. En este caso, no sólo no había represión, sino que fueron sectores de esas fuerzas encargadas de la seguridad los que convocaron a los saqueos. Y, a pesar de todo, el estallido no se extendió, ni desbordó, sino que quedó focalizado en las zonas donde había comenzado.
En 1989 fueron las mujeres las que se organizaron para los saqueos. En 2001-2002 lo hicieron los movimientos sociales que agrupaban a los desocupados. En 1989, un sueldo promedio no pasaba de los cien dólares y apenas alcanzaba para quince días. En 2001-2002 más de la mitad de la población estaba por debajo de la línea de pobreza y un tercio estaba sin trabajo. Los movimientos de trabajadores desocupados habían reemplazado al Estado en los barrios humildes y fueron los que organizaron los saqueos. En los dos casos, en 1989 y en 2001-2002, los saqueos no fueron producto de la bronca ni de un conflicto salarial, sino que surgieron de la desesperación por sobrevivir y llevar alimento a las familias. Y en los dos casos se realizaron enfrentando a las policías y no con su ayuda.
Hay movimientos sociales que apoyan al Gobierno y otros que son ferozmente opositores. Ninguno defendió estos saqueos ni asumió su autoría. Por el contrario, muchas de estas organizaciones los repudiaron y lo mismo hicieron los organismos de derechos humanos. No hubo estallido social, afirman. Lo que hubo fue gente robando.
Los grupos que iniciaban el asalto a los comercios estaban bien organizados, por lo general eran adolescentes armados, en motocicletas, con zapatillas y ropa de marca, y que elegían en primer lugar comercios de electrodomésticos, de zapatillas o de indumentaria en general. Estos grupos conocían el movimiento de los efectivos policiales, sabían el momento y la zona que iba a ser liberada por los policías y llegaban incluso antes de que el conflicto tomara estado público a través de los medios. La forma de actuar coincide con las bandas de pibes narcos, los “soldaditos” que venden droga en los barrios. Son tribus que tienen puntos de contacto y límites entremezclados con fuerzas de seguridad que conviven en esas fronteras.
Ellos tienen sus propias raíces en los barrios y también convocaron a ese entorno a participar en los saqueos, una vez que los comercios ya habían sido destruidos.
Es indudable que tuvo que haber algún tipo de articulación entre un sector de los policías en conflicto y estos grupos de saqueadores y delincuentes. Y dentro de los policías en conflicto seguramente había muchos intereses y actitudes, desde los honestos que actuaron estrictamente con un sentido gremial, hasta los corruptos que salieron a saquear y coordinaron con las banditas de saqueadores. Y también los que aprovecharon el conflicto para la manipulación política y le dieron conscientemente un carácter desestabilizador y antidemocrático.
La calidad de los saqueadores quedó clara en algunas anécdotas que surgieron de la investigación. El propio gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, contó que al allanar una casa con doble garaje, donde había una 4x4 doble cabina, en un barrio de clase media, se encontraron varios electrodomésticos que habían sido robados en los saqueos. La esposa del saqueador formaba parte de la comisión del barrio que protestaba por la falta de seguridad. Alguna relación con algún sector de la policía había como para que este señor de clase media se arriesgara con su camioneta para salir a saquear.
En Concordia, Entre Ríos, dos fiscales allanaron la casa de un sargento de la policía de esa provincia de apellido Valdez, como lo señaló ayer Página/12 en su tapa y la Presidenta en su cuenta de Twitter. Encontraron varios lavarropas, una hidrolavadora, un motor eléctrico y otros artículos. Valdez formaba parte del grupo que copó la comisaría principal de esa ciudad y tomó de rehén al comisario.
Ninguno de estos saqueadores parece motivado por la desesperación o arrastrado por una situación económica crítica. Por eso, equiparar estos hechos con los de 1989 o con 2001-2002, o hablar de “estallido social” y hacerse los sabelotodos diciendo que la culpa es de la inflación, parece estúpido o cómplice de los saqueadores, porque los están justificando. La inflación puede generar malestar, pero las paritarias han logrado que los salarios no pierdan terreno. Es un tironeo permanente. Una cosa es conflicto social, y otra muy distinta es hablar de “estallido social” o de crisis social.
Los mismos medios que publican índices para demostrar que la inflación se come el salario, al mismo tiempo publican otros para demostrar que los aumentos de salario son responsables de la inflación. El índice de precios del Indec puede ser discutido y criticado, pero se pierde autoridad moral para hacerlo cuando se manejan otros índices y cifras a la bartola. El Indec por lo menos tiene infraestructura para hacer un índice serio. Los privados, que marcan el doble de inflación de lo que dice el Indec, están necesariamente hechos a ojo porque no tienen la infraestructura que se necesita para elaborarlos. Este mes casi lo triplicaron, lo cual parece exagerado y tan discutible como los otros. Lo real es que las paritarias han estado siempre muy por arriba de lo que han marcado los índices del Indec. A pesar de la inflación, se puede decir que el salario osciló entre un poco por abajo y un poco por arriba –según el momento del año en que se lo mida– de la inflación real, pero no se atrasó.
En las notas de estos medios se habla de un estallido social que no existió y se dice que esto que no existió se produjo por algo cuya veracidad ya es discutible per se, porque se supone que fue la causa lógica de algo que no se produjo.
Sobre esa base pantanosa se deducen entonces consecuencias políticas. Son las mismas que buscaban los que quisieron provocar el estallido social. Carlos Pagni en La Nación habló del “fin de la primavera kirchnerista” y se engolosinó con una cantidad de índices sociales y salariales de terror. Un economista uruguayo, Arturo Porzecanski, presentado como académico norteamericano, afirmó en el mismo diario que cuando ocurren estos estallidos y los gobiernos pierden la calle, es lo mismo que la gente le estuviera diciendo a la Presidenta que se tome el helicóptero antes de terminar su mandato.
Es probable que la primavera termine porque llega el verano, pero el planteo de Porzecanski, que fue empleado de bajo nivel del FMI y de la Banca Morgan, un economista poco prestigiado que impulsó el endeudamiento de los países latinoamericanos durante los años ’90, tiene la forma del nuevo golpismo.
Las Fuerzas Armadas ya no son las principales protagonistas de un golpe. Están los golpes de mercado, como el que le hicieron a Raúl Alfonsín; los golpes judiciales, como el que le hicieron a Manuel Zelaya en Honduras y al intendente izquierdista de Bogotá, Gustavo Petro; los golpes parlamentarios, como el que le hicieron a Fernando Lugo en Paraguay o el policial que intentaron hacerle a Rafael Correa en Ecuador.
El conflicto policial no fue un intento golpista en sí mismo, pero hubo manipulación de los efectivos en conflicto para que los hechos tuvieran esa connotación. Y parte de esa manipulación fue el intento frustrado de provocar un estallido social que estuvo lejos de producirse. Sin embargo, los medios opositores le dieron la magnitud que los provocadores no pudieron. Es un punto de reflexión. El otro punto señala a los saqueadores oportunistas, que entraron a robar porque vieron que no había vigilancia y que las puertas de los comercios estaban destruidas. Esas personas están poniendo en evidencia un punto débil del entramado social. Y la tercera cuestión son las fuerzas policiales. El conflicto demostró la necesidad de encontrar políticas de seguridad que garanticen el derecho ciudadano a la seguridad y gran parte de esas políticas pasan por encontrar un modelo de fuerzas policiales diferente al actual.
CASI NO QUEDABAN CONFLICTOS EN EL INTERIOR
Hubo acuerdo en Salta y La Pampa
Finalmente se llegó a un acuerdo en La Pampa, una de las últimas provincias donde persistía el conflicto con la policía local. Luego de que el gobierno nacional mandara tropas federales y las fuerzas locales se mantuvieran acuarteladas, finalmente llegaron a un acuerdo con el gobierno provincial por el que pasarán a cobrar un básico de seis mil pesos. En Salta, en tanto, el grupo de policías retirados y en actividad aceptó el aumento que dispuso el gobernador Juan Manuel Urtubey, el mismo que había rechazado en un primer momento.
Luego de que llegaron a un acuerdo salarial en La Pampa, levantaron todas las medidas de fuerza. El gobernador pampeano, Oscar Jorge, no cedió, sin embargo, al reclamo de los uniformados sublevados de remover a la actual cúpula de la policía pampeana. La administración provincial propuso a los policías una suba en la “dedicación exclusiva” y pasar de los 500 pesos actuales que percibe un agente raso a cerca de 2000 pesos.
Si bien en Salta el grupo que se había sumado a la protesta era menor, ayer finalmente se terminó de normalizar la situación. Los policías levantaron la medida de fuerza después de firmar un acta acuerdo con el gobierno de Urtubey, que incluyó un incremento salarial de casi el 50 por ciento y el compromiso de no sancionar a los policías que participaron de las manifestaciones por las calles de Salta.
El jefe de la policía salteña, comisario Marcelo Lami, informó que los agentes retomarán sus funciones luego de una reunión con el representante legal de los autoconvocados, Federico López, y tres policías en actividad. “A partir de ahora todos volverán a trabajar y a sostener la seguridad de los salteños”, indicó el comisario. “Hubo un clima de tres días de tensión, con ausentismo por parte de los bicipolicías, banda de música y canes. En su mayoría eran efectivos de corta edad y poca experiencia que no entendían qué pasaría si paraba la policía”, argumentó. Según el jefe policial, de los 9300 agentes salteños, sólo se plegaron a las marchas y medidas de fuerza unos trescientos.
En San Luis, en tanto, un grupo de agentes penitenciarios comenzó ayer una huelga “por tiempo indeterminado” para reclamar mejoras salariales. Lo hicieron frente a la cárcel ubicada en las afueras de la capital provincial. El director del Servicio Penitenciario puntano, Inocencio Carpio, aseguró que, pese a la protesta, está garantizada la seguridad en el interior del penal.
Por su parte, el gobernador de Tucumán, José Alperovich, afirmó que “de a poco vamos recuperando la normalidad. Estamos trabajando para seguir llevando seguridad a la gente, para que retorne la calma. Realizaremos un dispositivo especial para contar con más efectivos durante las fiestas del 24 y del 31 de diciembre”.
LAS CAUSAS POR LOS SAQUEOS
Fiscales coordinados
Fiscales y procuradores generales de todas las provincias argentinas acordaron ayer en un encuentro en la ciudad de Córdoba coordinar el trabajo de prevención de nuevos hechos delictivos que alteren el orden público y la paz social, además de “darle máxima celeridad a la investigación de los acontecimientos ocurridos”. La reunión contó con la presencia del ministro de Justicia, Julio Alak, que inauguró allí un laboratorio de investigación criminal que completa la primera Red Nacional de Laboratorios de Ciencias Forenses, “el proyecto más integral y federal de la historia de la Justicia argentina”, según aseguró el funcionario.
Luego del acto, los fiscales y procuradores presentes suscribieron un acuerdo denominado “Declaración de Córdoba”, que cuenta con tres ejes: el primero será fortalecer las estructuras de los ministerios públicos fiscales para realizar la más estricta y eficiente investigación de los hechos y garantizar la aplicación de las sanciones correspondientes; el segundo buscará articular con el Poder Ejecutivo de cada provincia políticas de persecución penal para dar a la sociedad una clara señal de la vocación del Estado de castigar todo tipo de hecho delictivo como los sucedidos en los últimos días; y por último, los funcionarios impulsarán la coordinación, con la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de la actuación de los ministerios públicos fiscales de cada provincia para establecer una respuesta uniforme a las acciones que reconozcan una misma naturaleza.
Mientras tanto, el Poder Judicial de la provincia del Chaco ordenó la detención del ex comisario Juan Canteros, acusado de cometer una serie de delitos durante la protesta policial. Según confirmó el procurador general provincial, Jorge Canteros, el ex comisario está acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público y peculado, además de estar sospechado de encabezar una asociación delictiva que liberaba presos para cometer delitos. El policía Canteros había sido apartado de su cargo el miércoles pasado tras la aparición de una serie de pruebas donde se lo observaba utilizar la radio del Servicio 911 para instigar al levantamiento policial.
Por su parte, el fiscal entrerriano Fabio Zabaletta, que encabezó el operativo en el que se descubrieron electrodomésticos robados en el domicilio de un sargento, hecho que fue destacado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ayer afirmó que “hay muchos policías más involucrados” y que “en otros allanamientos continúan apareciendo vinculaciones de agentes de la fuerza de seguridad y empleados públicos con los saqueos a comercios. De todas formas, aclaró que todavía no cuenta con los elementos para “afirmar que hubo una organización por parte de la policía de Concordia como una institución”, sino que por ahora se trató de casos aislados.
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