CASO IACCARINO: La UIF pidió ser querellante por lavado de activos.

10.12.2013
Lo comparó con los casos Papel Prensa, Saiegh, Perrota y Gutheim
Caso Iaccarino: La UIF pidió ser querellante por lavado de activos 

Alejandro Iaccarino. La UIF homologo su caso con el de Papel Prensa y otros resonantes 
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy ser considerada parte querellante en la causa por la apropiación de los bienes de los hermanos Carlos, Alejandro y Rodolfo Iaccarino, y solicitó el embargo preventivo por la comisión de delitos de Lesa Humanidad y el posterior lavado de activos con los bienes de los que fueron desapoderados, hoy a nombre de las firmas Equino Química S.A. y Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia; dos fracciones de campo ubicadas en Santiago del Estero, denominadas "La Marta" y "El Cincuenta", así como el Hotel Sierras y su cancha de golf y del avión bimotor que le fue quitado a la familia por la dictadura.

El lavado de activos es una figura incluida en la ley 26.683, conocida como "antiterrorista", que incorpora los delitos contra el orden económico y financiero en su artículo 303 y esta presentación tiene como antecedente la ya realizada por el caso Papel Prensa.

El titular de la UIF, José Sbattella, dijo a Télam "que la nueva ley permite que aparezca en el Código Penal el delito de lavado autónomo y de autolavado", que "era un déficit de la legislación argentina, marcado a nivel internacional" y que "a partir de esto se crea un bien protegido nuevo que es el orden
económico y financiero".

Antes, sostuvo, "los juicios de recuperación terminaban yendo contra el Estado y pidiendo indemnización porque el mismo Estado terrorista fue el que lo hizo, pero los bienes siguen en manos de los apropiadores. Esta es la inconsistencia práctica de este proceso, los que se llevaron la plata se la quedan y el Estado indemnizaba", afirmó.

El embargo requerido en la presentación realizada hoy por Sbattella comprende los bienes de los integrantes de las firmas Equino Química S.A. y Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia;
de dos fracciones de campo ubicadas en Santiago del Estero, denominadas "La Marta" y "El Cincuenta", así como el Hotel Sierras y su cancha de golf y del avión bimotor que le fue quitado a la  familia el mismo 24 de marzo de 1976, cuando se dio el golpe militar.

Todos estos bienes les fueron arrebatados en el largo cautiverio de los miembros de la familia Iaccarino a lo largo de su paso por nueve centros clandestinos de detención durante la dictadura militar, entre 1976 y 1978.

Los hermanos Carlos, Alejandro y Rodolfo Iaccarino y su padre, Rodolfo -los dos últimos ya fallecidos-, fueron obligados en el centro clandestino "El Infierno", que funcionó en la brigada de investigaciones de Lanús y que fue motivo de un juicio en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, a "transferir" sus bienes en
medio de sesiones de tortura.

La UIF sostiene además en su presentación que por esto mismo "nos encontramos frente crímenes de Lesa Humanidad y en consecuencia, imprescriptibles", ya que "se trata de maniobras delictivas que formaron parte de una secuencia y una metodología sistemática diagramada por el Estado con finalidad persecutoria, y no de simples e independientes hechos violatorios de la propiedad".

Luego de repasar el cautiverio y el desapoderamiento a que fueron sometidos los Iaccarino, y tras citar pactos y jurisprudencia en respaldo de la imprescriptibilidad de los crímenes, el organismo que encabeza Sbatella indica que "se encuentra configurado el delito de lavado de activos".

"Los bienes que les fueron extraídos compulsivamente a los hermanos Iaccarino se encuentran actualmente siendo administrados y/o poseídos, por los integrantes de las firmas Compañía de Tierras
y Hoteles de Alta Gracia o en su defecto Equino Química S.A.", afirma.

También sostiene el escrito que "no caben dudas que tanto el Sr. (Bruno) Chezzi como Vicente García Fernández se apropiaron de bienes de manera ilegítima con ayuda del aparato represivo del Estado y mediante su incorporación a las firmas antes citadas han pretendido darle apariencia de licitud cuando su origen resulta ilícito".

La UIF afirma, conexo a esto, que "respecto del menoscabo al sistema financiero, el delito de lavado de activos provoca una enorme lesión al buen funcionamiento de la economía", por lo que requiere al juez que se "proceda a adoptar de manera urgente medidas cautelares tendientes a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o evitar que se consolide su provecho, o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes".

Entre otras consideraciones, el texto indica que además del de los Iaccarino "se advierten un sinnúmero de casos", entre los que menciona "la apropiación de la empresa Papel Prensa S.A., en la que los directivos de los diarios La Razón, S.A. La Nación y AGEA S.A. (Grupo Clarín) obtienen bajo extorsión el paquete accionario de la firma de manos de los herederos de David Graiver, por un precio vil y bajo amenaza".

"También -afirma la UIF- puede señalarse el caso de Eduardo Saiegh, quien era el vicepresidente y dueño del Banco Latinoamericano, del que fuera desapoderado en el 81; el caso de Rafael Perrota desaparecido en 1977, quien era el dueño de El Cronista Comercial, uno de los medios pretendidos por (el almirante Emilio) Massera; o el caso de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, que fueron obligados a firmar un contrato con Hong Kong, que le interesaba específicamente a la dictadura".
Fuente:Telam