05.12.2013
Son 2 del grupo de 4 primeros imputados en el juicio inaugural al franquismo
España: Retiran pasaportes a "Billy el Niño" y a Muñecas Aguilar, cuya extradición es requerida
Billy el Niño devenido viejo, con mucho menos pelo y ninguna gana de que lo identifiquen por la calle Madrid.- La Justicia española ordenó hoy retirar el pasaporte y prohibir la salida de España al ex inspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño y al guardia civil retirado Jesús Muñecas Aguilar, después de que rechazaran ser extraditados a la Argentina, que los reclama por delitos cometidos durante la dictadura franquista. La decisión judicial supone un paso hacia adelante en el proceso de extradición que se originó en el pedido de la jueza argentina María Servini de Cubría, quien el pasado 18 de septiembre imputó y dictó orden de captura internacional contra cuatro represores del franquismo, dos de los cuales han fallecido.
Son 2 del grupo de 4 primeros imputados en el juicio inaugural al franquismo
España: Retiran pasaportes a "Billy el Niño" y a Muñecas Aguilar, cuya extradición es requerida
Billy el Niño devenido viejo, con mucho menos pelo y ninguna gana de que lo identifiquen por la calle Madrid.- La Justicia española ordenó hoy retirar el pasaporte y prohibir la salida de España al ex inspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño y al guardia civil retirado Jesús Muñecas Aguilar, después de que rechazaran ser extraditados a la Argentina, que los reclama por delitos cometidos durante la dictadura franquista. La decisión judicial supone un paso hacia adelante en el proceso de extradición que se originó en el pedido de la jueza argentina María Servini de Cubría, quien el pasado 18 de septiembre imputó y dictó orden de captura internacional contra cuatro represores del franquismo, dos de los cuales han fallecido.
La magistrada respondía así a la querella presentada en la Argentina por familiares de víctimas de la guerra civil española (1936-1939) y de la dictadura franquista (1939-1975), que tras años de impunidad en España recurrieron a un tribunal extranjero amparados en el principio de justicia universal. Hoy, después de tomar declaración a los dos ex agentes de seguridad españoles reclamados, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz acordó dejarlos en libertad provisional, con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado más cercano a su domicilio.
En su resolución, a la que tuvo acceso Télam, el magistrado ordena retirarles los pasaportes así como que faciliten un teléfono de contacto y un domicilio donde puedan ser inmediatamente localizados por el juzgado mientras se tramita el proceso de extradición, sobre el que tendrá que resolver la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. La última palabra, no obstante, la tiene el Consejo de Ministros español, es decir, el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Los dos acusados, que estaban citados a las 10 de la mañana en la Audiencia Nacional de España, llegaron a los tribunales con varias horas de antelación para evitar a la prensa y a los familiares de las víctimas, que se congregaron allí pidiendo a gritos "extradición a los torturadores" y "ni olvido ni perdón, verdad, justicia y reparación". "Pacheo y Muñecas asesinos" o "depuración de los jueces franquistas" fueron algunos de los mensajes que lanzaron los manifestantes, que portaban pancartas con imágenes de las víctimas del franquismo y que fueron desplazados por la policía a unos 100 metros de la entrada de la Audiencia Nacional, en la calle Prim 12 de Madrid, donde se vivieron momentos de tensión.
Luego de responder al juez Ruz que no aceptaban ser extraditados a la Argentina, los agentes de seguridad abandonaron los tribunales sobre las 12.20 intentando ocultar sus rostros con bufandas y gorro, en el caso de Billy El Niño. De su partida de tribunales se deducía ya que el magistrado no ordenaría su ingreso a prisión. Desde el inicio, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a la detención de los represores franquista y se mostró contraria a la extradición al considerar que los delitos que se les imputan están prescritos y amnistiados en España.
El juez Ruz, sin entrar en estas consideraciones, adoptó las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía y a las que se opuso la defensa. Según argumentó el magistrado, las medidas son proporcionales debido a que, por un lado, Pacheco y Muñecas se oponen a la extradición y los delitos de tortura que se imputan son graves tanto en España (con penas de hasta seis años de prisión) como en Argentina (sancionados con entre ocho y 25 años de cárcel) . Asimismo, sostiene que la orden de detención internacional está vigente y, aunque ambos acusados tienen "arraigo" en España, se pretende "impedir un eventual riesgo de fuga". Pacheco y Muñecas fueron citados en la Audiencia Nacional después de que el pasado viernes el Consejo de Ministros español dio luz verde al proceso de extradición en su contra.
La jueza argentina imputó a Billy El Niño, de 67 años, por torturas contra 13 víctimas, que aún recuerdan su brutalidad durante detenciones que tuvieron lugar entre 1971 y 1975.
Por su parte, Muñecas, de 77 años, participó del fallido golpe de Estado del 23-F, y está imputado por torturas a Andoni Arrizabalada Basterrechea en 1968 en la Comandancia de Zarautz, País Vasco.
La causa abierta en la Argentina en 2010 investiga los crímenes de lesa humanidad y/o genocidio cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, período que va más allá de la muerte del dictador Francisco Franco, fallecido el 20 de noviembre de 1975. Al imputar a los agentes de seguridad españoles, Servini de Cubria señaló que los crímenes del franquismo son imprescriptibles, y defendió su competencia para investigar, puesto que cabe aplicar el principio de jurisdicción universal para evitar que puedan quedar impunes.
En la decisión de la jueza argentina fueron claves los testimonios de algunas víctimas, que se trasladaron a Buenos Aires para prestar su declaración. Una nueva comitiva relacionada con esta causa llegó la semana pasada al país para ampliar su declaración, en el marco de la querella.
Fuente:Telam
5-12-2013
La causa está a cargo de la jueza María Servini de Cubría
Franquismo: retiran pasaportes a ex policías con pedido de extradición
La causa está a cargo de la jueza María Servini de Cubría
Franquismo: retiran pasaportes a ex policías con pedido de extradición
Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas Aguilar, ex mandos policiales españoles, tienen una petición de extradición de la Justicia argentina, que los reclamó para juzgarlos por delitos de torturas cometidos en los últimos años del franquismo
Por: Juan Manuel Mannarino
El juez de la Audiencia Nacional española, Pablo Ruz, impuso medidas cautelares y les quitó los pasaportes al ex inspector de Policía Antonio González Pacheco, “Billy el Niño”, y al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, “capitán Muñecas”. El magistrado les prohibió salir del país después de tomarles indagatoria, mientras se tramita su extradición a Buenos Aires.
Pacheco y Muñecas Aguilar, ex mandos policiales españoles franquistas, tienen una petición de extradición de la Justicia argentina, que los reclamó para juzgarlos por delitos de torturas cometidos en los últimos años del franquismo. En la indagatoria, el juez les informó de los hechos por los que los reclama Argentina- torturas cometidas entre 1971 y 1975 contra trece personas en el caso de “Billy el Niño”, y una persona en el caso del ex guardia civil, en 1968- y les preguntó si aceptaban ser entregados. Tanto González Pacheco, de 67 años, como Muñecas, de 74, se negaron a ser extraditados a Argentina.
En consecuencia, el magistrado Pablo Ruz retiró a ambos los pasaportes y les prohibió salir de España mientras se tramita su extradición a Argentina. De ese modo, acordó su libertad provisional tras imponerles la obligación de realizar comparecencias semanales en su juzgado o en el más cercano a su domicilio y de facilitar un teléfono de contacto y un domicilio en el que puedan ser permanentemente localizados.
González Pacheco y Muñecas Aguilar, que se ocultaron el rostro con una bufanda, anteojos negros y una gorra a su salida del tribunal, son investigados por la jueza argentina María Servini de Cubría, que el 18 de septiembre dictó una orden de captura contra ellos tras admitir a trámite una querella por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de libertad, torturas y sustracción de menores, en referencia a los niños robados a sus familias durante la dictadura franquista.
El juez acordó la libertad provisional para los dos con las medidas cautelares que había solicitado el fiscal: retiro del pasaporte, prohibición de salir de España, la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado y obligación de facilitar un teléfono de contacto y un domicilio, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se reformara su situación. El objetivo es que no puedan sustraerse a la acción de la justicia mientras se decide si se procede a su extradición.
Sus respectivos abogados, en el trámite de rechazo a las medidas cautelares impuestas, destacaron que “están perfectamente localizables en España, donde tienen arraigo”, y argumentaron que las imputaciones que se les formulan estarían prescritas y afectadas por la Ley de Amnistía de 1977.
Sin embargo, la posición de la Fiscalía respondió a evitar que los dos reclamados pudieran fugarse mientras se resuelve su extradición. En ese sentido, el juez les impuso las citadas medidas cautelares para " impedir el eventual riesgo de fuga y garantizar el control del reclamado en el presente proceso de extradición, en aras de asegurar la efectividad del principio de cooperación judicial internacional". En los autos de imposición de dichas medidas, el magistrado recordó que el delito de torturas es castigado tanto en Argentina (con una pena de entre 8 y 25 años de prisión), como en España (con hasta 6 años de cárcel), y que los dos reclamados se han negado a ser extraditados, lo que hubiera acelerado la entrega.
Además, señaló que continúa vigente la orden de detención internacional dictada por la jueza María Servini de Cubría contra ambos el pasado mes de septiembre. Aunque la Fiscalía no pidió prisión para ninguno de ellos, Ruz destacó al respecto que los dos tienen arraigo familiar, social y de residencia en España.
Tras la decisión del juez Ruz, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que acuerde, en los próximos meses, si procede o no la extradición. Si no la concede, sería una decisión vinculante para el Gobierno, pero si autoriza la entrega, el Consejo de Ministros tendrá la última palabra y podrá no llevarla a efecto.
Fuente:InfoJus
Pacheco y Muñecas Aguilar, ex mandos policiales españoles franquistas, tienen una petición de extradición de la Justicia argentina, que los reclamó para juzgarlos por delitos de torturas cometidos en los últimos años del franquismo. En la indagatoria, el juez les informó de los hechos por los que los reclama Argentina- torturas cometidas entre 1971 y 1975 contra trece personas en el caso de “Billy el Niño”, y una persona en el caso del ex guardia civil, en 1968- y les preguntó si aceptaban ser entregados. Tanto González Pacheco, de 67 años, como Muñecas, de 74, se negaron a ser extraditados a Argentina.
En consecuencia, el magistrado Pablo Ruz retiró a ambos los pasaportes y les prohibió salir de España mientras se tramita su extradición a Argentina. De ese modo, acordó su libertad provisional tras imponerles la obligación de realizar comparecencias semanales en su juzgado o en el más cercano a su domicilio y de facilitar un teléfono de contacto y un domicilio en el que puedan ser permanentemente localizados.
González Pacheco y Muñecas Aguilar, que se ocultaron el rostro con una bufanda, anteojos negros y una gorra a su salida del tribunal, son investigados por la jueza argentina María Servini de Cubría, que el 18 de septiembre dictó una orden de captura contra ellos tras admitir a trámite una querella por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de libertad, torturas y sustracción de menores, en referencia a los niños robados a sus familias durante la dictadura franquista.
El juez acordó la libertad provisional para los dos con las medidas cautelares que había solicitado el fiscal: retiro del pasaporte, prohibición de salir de España, la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado y obligación de facilitar un teléfono de contacto y un domicilio, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se reformara su situación. El objetivo es que no puedan sustraerse a la acción de la justicia mientras se decide si se procede a su extradición.
Sus respectivos abogados, en el trámite de rechazo a las medidas cautelares impuestas, destacaron que “están perfectamente localizables en España, donde tienen arraigo”, y argumentaron que las imputaciones que se les formulan estarían prescritas y afectadas por la Ley de Amnistía de 1977.
Sin embargo, la posición de la Fiscalía respondió a evitar que los dos reclamados pudieran fugarse mientras se resuelve su extradición. En ese sentido, el juez les impuso las citadas medidas cautelares para " impedir el eventual riesgo de fuga y garantizar el control del reclamado en el presente proceso de extradición, en aras de asegurar la efectividad del principio de cooperación judicial internacional". En los autos de imposición de dichas medidas, el magistrado recordó que el delito de torturas es castigado tanto en Argentina (con una pena de entre 8 y 25 años de prisión), como en España (con hasta 6 años de cárcel), y que los dos reclamados se han negado a ser extraditados, lo que hubiera acelerado la entrega.
Además, señaló que continúa vigente la orden de detención internacional dictada por la jueza María Servini de Cubría contra ambos el pasado mes de septiembre. Aunque la Fiscalía no pidió prisión para ninguno de ellos, Ruz destacó al respecto que los dos tienen arraigo familiar, social y de residencia en España.
Tras la decisión del juez Ruz, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que acuerde, en los próximos meses, si procede o no la extradición. Si no la concede, sería una decisión vinculante para el Gobierno, pero si autoriza la entrega, el Consejo de Ministros tendrá la última palabra y podrá no llevarla a efecto.
Fuente:InfoJus

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