Publicado el 04/Diciembre
Un ex integrante del servicio penitenciario denunció hoy que el Ejército tenía control total de la cárcel jujeña, pero por sobre todo, de los presos políticos, cuando testimonio, en una nueva audiencia, en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy, durante la última dictadura. La denuncia fue protagonizada por el ex guardiacárcel, Domingo Chorolque.La próxima audiencia será el próximo miércoles a las 09.00 horas, donde declararán los testigos víctimas Juan Bosco Mecchia y Hugo Condorí, quienes ya lo hicieron en el primer juicio.
Recordó que prestó servicio como guardia externa y una vez, entró una camioneta particular conducida por un soldado y en la caja otro soldado con un FAL apuntando al piso a personas maniatadas y con los ojos vendados.
Reconoció que otro integrante del servicio penitenciario, Ricardo Ortíz, que esta siendo juzgado en este proceso judicial, prestaba servicio como oficial de inteligencia en el ejército,” por comentarios que se hacían dentro de la cárcel.
También destacó, en otro momento de su testimonio, que vio ingresar vehículos del Ejército a la prisión, y “los empleados administrativos fueron obligados a correr las cortinas y agachar la cabeza en un operativo que duró cerca de dos horas”, en clara alusión al traslado de presos políticos de la provincia a las cárceles de La Plata y Devoto, el pasado 7 octubre de 1976. Eran unos 70 detenidos, en su mayoría trabajadores del ingenio Ledesma y de Mina Aguilar. También fueron llevadas mujeres.
Posteriormente declaró Sergio Eduardo Bellido, quien era director del Servicio Penitenciario hasta el golpe del 24 de marzo de 1976, cuando fue detenido a la noche junto a funcionarios gubernamentales y legisladores, todos trasladados al penal de Gorriti "en un camión basurero para humillarnos". Estuvo incomunicado entre 6 y 8 meses.
Bellido sugirió al Tribunal Oral Federal, que preside Fátima Ruiz López que cite a declarar al oficial Félix Maldonado, y a Aguaysol, “el primero siempre estuvo al lado de Orlando Vargas, director de la cárcel luego del golpe" y el segundo, que "entraba al pabellón 1 de presos políticos".
Por su parte, Reynaldo Castro, que es docente universitario, periodista e investigador, fue el autor del libro “Con vida los llevaron” es material de referencia obligado para conocer la historia de Jujuy en los años de dictadura y en ese libro, figuran como represores, según el reportaje que realizó a Horacio Vale, otro preso político que esta fallecido, a Fortunato Aguaysol; los suboficiales penitenciarios de apellido Torres y Rodríguez; el Teniente José Eduardo Bulgheroni; Herminio Zárate y Carlos Ortíz.
En este segundo juicio, se esta develando los secuestros de Dominga Álvarez de Scurta, cuyos restos fueron hallado en el cementerio de Yala; y de Osvaldo José Giribaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara y Jorge Turk Llapur, quienes permanecen desaparecidos.
Todos estos perseguidos políticos fueron secuestrados en los últimos días de mayo de 1976 y sacados de la cárcel de Gorriti el 10 de junio de ese año, para entregarlos al comisario Ernesto Jaig y a César Darío Díaz, un suboficial del Ejército que actuaba en el penal.
Uno de los acusados por estos casos es Antonio Orlando Vargas, quien fue desde el golpe de estado de 1976 interventor de la cárcel de Gorriti y ya fue condenado a 25 años de prisión en el primer juicio realizado en Jujuy. Los otros procesados son César Darío Díaz y los entonces guardiacárceles Herminio Zárate, Mario Marcelo Gutiérrez, Carlos Alberto Ortiz y Orlando Ricardo Ortiz.
Fuente:ElSubmarino
Envío:Agddhh
04.12.2013
Para terminar el juicio antes de fin de año, tal como está programado
Jujuy: La fiscalía insiste en que la jueza Snopek debe ser apartada y reemplazada
(Por Elena Corvalán, directora de Radio Nacional-Salta).-En un nuevo intento por evitar más dilaciones en el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta la Fiscalía Federal insistió ayer en que la jueza Marta Liliana Snopek debe ser separada del tribunal para posibilitar el inmediato reinicio de las audiencias. En una presentación conjunta, que fue remitida también a la Cámara Nacional de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura, los fiscales Ricardo Toranzos y Eduardo Villalba propusieron que se integre el Tribunal Oral Federal de Salta con el juez sustituto, Gabriel Casas, se habilite el domingo 8 de diciembre para retomar el debate, se continúe en las audiencias ya fijadas para el 9, 16 y 17 de este mes y “eventualmente se fijen las fechas necesarias para culminar con el presente juicio antes de fin de año, como estaba previsto”.
Los fiscales argumentaron que la suspensión de este proceso hasta el 11 de febrero de 2014, resuelta anteayer por los jueces Carlos Jiménez Montilla y Marcelo Juárez Almaraz (los otros dos integrantes del tribunal) es “una decisión carente de razonabilidad” porque fue tomada sin tener a la vista el certificado médico que daba cuenta del “pico de estrés” sufrido por Snopek cuando se encontraba en Villa Alcaraz, en la provincia de Entre Ríos.
El martes último el Tribunal decidió suspender el juicio hasta el año próximo, luego de que Snopek no se presentara a la audiencia e informara, vía teléfono, que estando fuera de esta provincia había sufrido un “pico de estrés” y debía someterse a reposo por tiempo indeterminado.
La sospecha sobre la inexistencia de un certificado médico en ese momento surgió luego de que el presidente del Tribunal, Jiménez Montilla, eludiera la entrega inmediata de una copia al querellante David Leiva.
Ese mismo martes el Tribunal ratificó la suspensión a pesar de los pedidos de reconsideración realizados inmediatamente por Leiva y por el fiscal.
Ayer, acompañado por su par de la Fiscalía Federal N° 2, Toranzos volvió a insistir en que “se deje sin efecto la suspensión de las audiencias dispuesta hasta el día 11 de febrero de 2014”.
Según explicaron en un comunicado los representantes del Ministerio Público "el Tribunal efectuó una errónea interpretación de la normativa procesal pues adoptó esta decisión sin haber tomado vista del correspondiente certificado médico, dado que la constancia de que la doctora Snopek había sufrido un 'pico de estrés' fue recibida vía fax en la Secretaría del Tribunal pasado el mediodía del martes 3, esto es, cuando ya se había suspendido el debate".
Los fiscales añadieron que el Tribunal no conocía cuál era la dolencia padecida por la jueza, ni el tratamiento a seguir, ni contaba con la "especificación del tiempo de reposo que eventualmente pudiera corresponder", a pesar de lo cual “los magistrados optaron, mediante una decisión carente de razonabilidad, aplicar la hipótesis de máxima que prevé la norma procesal”, que establece hasta 30 días hábiles de suspensión.
Para los fiscales resulta igualmente “inexplicable” la suspensión teniendo a la vista el certificado médico, que da cuenta de "un episodio de 'angustia y llanto' (…) que derivó en la sugerencia de 'reposo laboral con actividad al aire libre' y consulta con servicio psicológico”, pero en la que no se indica 'una imposibilidad tan prolongada' de realizar actividad laboral.
"En todo caso (afirmaron Toranzos y Villalba), el tribunal debió suspender la audiencia por unos pocos días hasta obtener mayores precisiones con relación al tiempo necesario de recuperación de la magistrada".
Fuente:Telam
04.12.2013
Bastaba con que un soldado acompañara a un visitante para que nadie lo revisara
Jujuy: El ex penitenciario Domingo Chorolque contó cómo el Ejército controlaba el penal de Gorriti
Jujuy.- Un ex guardiacárcel afirmó hoy que el Ejército tenía control total del sistema penitenciario y sobre los presos políticos en Jujuy, al declarar en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en esta provincia durante la última dictadura. El poder del Ejército era tal que cuando ingresaba a una cárcel un vehículo de esa fuerza o una persona acompañada por un soldado nunca eran revisados, dijo el ex agente penitenciario Domingo Chorolque en el juicio por la desaparición de presos políticos desde el penal de Villa Gorriti, en San Salvador de Jujuy.
El mismo testigo relató al Tribunal Oral Federal de Jujuy que, estando un día de guardia externa, vio ingresar por la puerta principal de ese penal a una camioneta particular conducida por un soldado y que llevaba en la caja a varias personas con los ojos vendados y esposadas, apuntadas por militares con fusiles FAL.
En otro tramo de su exposición, el testigo aportado por la fiscalía recordó que en otra ocasión, al ingresar al penal vehículos del Ejército, los empleados administrativos fueron obligados a "correr las cortinas y agachar la cabeza en un operativo que duró entre una hora y una hora y media".
"Luego nos enteramos que habían realizados traslados (de presos) al aeropuerto", añadió en alusión a la transferencia a cárceles bonaerenses, en octubre de 1976, de unos 70 detenidos procedentes en su mayoría del ingenio Ledesma, Mina Aguilar y un grupo de mujeres.
Tras señalar en un plano de la cárcel dónde estaban cada uno de los pabellones con detenidos sociales y políticos, dijo que los militares tenían "su propia forma de trabajo" y que además "podían ingresar con armas".
En esta audiencia también declaró Sergio Eduardo Bellido, quien era director del Servicio Penitenciario hasta el golpe del 24 de marzo de 1976, cuando fue detenido a la noche junto a funcionarios gubernamentales y legisladores, todos trasladados al penal de Gorriti "en un camión basurero para humillarnos".
Bellido dijo que ya desde el año anterior había detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y que funcionaba en Jujuy el Area 323, instancia bajo control del Ejército encargada de articular y conducir la represión terrorista de estado.
El jefe del Area 323, coronel Néstor Bulacio, le había pedido por nota al entonces director del penal de Gorriti, Pantaleón Gallardo, que designaran a un oficial para coordinar con el Ejército en lo que denominaban "la comunidad organizada", siendo nombrado con ese fin el oficial Ricardo Ortiz.
Bellido sugirió al Tribunal que convoque "a declarar al oficial Félix Maldonado, y a Aguaysol, el primero siempre al lado de Orlando Vargas, director de la cárcel luego del golpe" y el segundo, que "entraba al pabellón 1 de presos políticos". Cuando la fiscalía le preguntó si luego de reincorporarse al Servicio en 1984, ya en democracia, habló con oficiales como los hermanos Ortiz, el testigo respondió: "ninguno de ellos me contó sobre la situación del `76 en adelante".
Reynaldo Castro, docente universitario y escritor, autor del libro "Con vida los llevaron", acudió a testimoniar por segunda vez, al igual que Bellido. Castro ratificó expresiones de Horacio Vale, publicadas en ese libro, donde cuenta que sus torturadores en el penal fueron Herminio Zárate y Carlos Ortiz, ahora imputados en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy.
Este juicio investiga los secuestros de Dominga Alvarez de Scurta, cuyos restos fueron hallado en el cementerio de Yala; y de Osvaldo José Giribaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara y Jorge Turk Llapur, quienes permanecen desaparecidos.
Todos estos perseguidos políticos fueron secuestrados en los últimos días de mayo de 1976 y sacados de la cárcel de Gorriti el 10 de junio de ese año, para entregarlos al comisario Ernesto Jaig y a César Darío Díaz, un suboficial del Ejército que actuaba en el penal.
Uno de los acusados por estos casos es Antonio Orlando Vargas, quien fue desde el golpe de estado de 1976 interventor de la cárcel de Gorriti y ya fue condenado a 25 años de prisión en el primer juicio realizado en Jujuy.
Los otros procesados son César Darío Díaz y los entonces guardiacárceles Herminio Zárate, Mario Marcelo Gutiérrez, Carlos Alberto Ortiz y Orlando Ricardo Ortiz.
Fuente:Telam
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