Mendoza. Persiste la labor del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos
Ni un paso atrás
Por María Eva Guevara
11.12.2013
Los organismos continúan tras la búsqueda de los restos de los desaparecidos en Campo Lajas. Mostraron marcada disconformidad con el desplazamiento de Pablo Vassel de la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura.
Ni un paso atrás
Por María Eva Guevara
11.12.2013
Los organismos continúan tras la búsqueda de los restos de los desaparecidos en Campo Lajas. Mostraron marcada disconformidad con el desplazamiento de Pablo Vassel de la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura.
Una deuda pendiente de la democracia es encontrar los restos de los desaparecidos y para poner una precisión concreta a esa deuda en la zona Cuyo, hay que hablar de Campo Las Lajas, presunto centro de exterminio de seres humanos por disposición de la IV Brigada de la Fuerza Aérea. Y hay que decir presunto, por una formal previsión de respeto al estado de la instrucción que lleva adelante la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, ya que son muy firmes los indicios sobre la existencia de restos ocultos, de ahí la persistencia del MEDH (Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos) en involucrar a varias instituciones, como es el caso de la Universidad de San Luis, en las tareas de exploración y de pericia que es apenas un atisbo de las muchas acciones que se deben hacer en esa abierta geografía del agreste piedemonte mendocino.
No digamos que es la única tarea a la que se aboca el MEDH, pero sí la que saca a relucir ese empecinamiento de quien sabe qué es lo que uno pone en juego con sólo pensar en bajar un poquito los brazos. Tras haberse comprometido política y humanamente con el propósito ético de desenterrar la verdad, sólo hay un camino posible y fuera de eso sólo cabría la palabra claudicación. Aunque este camino de búsqueda, también hay que decirlo, puede llegar a un destino de infierno, como sucedió en el Arsenal de Miguel Azcuénaga, en Tucumán, espacio donde hasta ahora han sido halladas hasta cinco fosas comunes de inhumación que contenían vestigios de desaparecidos. Pero no es sólo eso, de acuerdo a lo probado por especialistas, los militares pusieron en marcha toda una maquinaria para tratar de ocultarlos, removiendo el interior de dichos enterramientos y prendiendo fuego, de modo tal que lo que hay son huesos muy fragmentados, casi que del tamaño de un botón y es imposible extraer genéticamente la información que permite su identificación genética, al menos hasta donde llega el avance de la tecnología hoy.
Para Elba Morales, referente del MEDH, llegar a verificar una operación de este tipo es un mucho más que un objetivo necesario, se trata de una verdadera deuda de la democracia, la cual para saldarse necesita dilucidar cuáles son los puntos exactos en que esos restos pueden definitivamente ser hallados. La gran obsesión es la presencia de rastros de cal ya que según el primer testimonio revelador surgido de un integrante de la Fuerza Aérea, fue claro al señalar que a comienzos de los ochenta se llevaron muchas toneladas de cal a Lajas como parte de una misma lógica de ocultamiento; acaso como cobertura y preservación de un lugar que ha sido removido y/o ante la posibilidad de que perros cimarrones esparcieran huesos por la zona.
–¿Cómo llega el MEDH a abordar este tema y estar detrás de una metodología del ocultamiento?
–Nos encontramos con que en Mendoza había dos o tres versiones que no son testimonios judiciales sólidos, pero sí menciones de gente próxima a las Fuerzas Armadas que hablan de que en esos años, al abrirse los juicios a los represores, se llevó cal a Lajas. Una de esas personas vino personalmente al MEDH a decírnoslo. Para entonces llegábamos a analizar que si bien se habían descubierto los centros clandestinos más importantes, todos habían sido más bien lugares de paso, de menor cantidad detenidos, a veces bajo tortura también, y otros muy grandes como el D2, un centro de obtención de información, de clasificación y de distribución entre los distintos grupos de inteligencia que participaban todos de la Comunidad Informativa. Pero había algo que faltaba en el diagrama físico de la represión, cuál había sido el centro de destino final de los desaparecidos.
–¿Y Lajas encajó?
–Encajó a la perfección, porque todos iban a buscar la información al D2, allí había un fichero y registros y ahí es donde se elaboraban los sumarios por extracción de información a prisioneros que hoy son base de muchos de nuestros juicios. Con una particularidad: que esos sumarios se hacían por duplicado, unos tenían la información que necesitaba el comando militar, y otra la que pasaban a la Justicia, con descripciones diferentes y muchas desprolijidades. En este marco de investigación, nos empezamos a preguntar cuál habría sido el centro de destino final de los prisioneros. Al principio había muy poca información, primero se supo que hubo gente secuestrada en la Colonia Papagayos, en el piedemonte. También se habló mucho de que los cuerpos habían sido arrojados al lago del Carrizal, pero ¿qué pasaba? Que son muchas personas y es difícil creer que los arrojasen por la montaña cuando históricamente ese espacio ha sido travesía obligada de arrieros o motociclistas. De hecho no ha habido nunca denuncias en todos estos años, sí las hubo en El Carrizal, pero no en un volumen significativo. O sea, allí no arrojaron 50 cuerpos ni mucho menos 100. O sea, teníamos la certeza de que debía existir un lugar desconocido para nosotros. Y entonces un día vino a nuestra oficina un militar que nos dijo que en Campo Las Lajas había existido un centro clandestino de detención. No lo dijo así, ellos tienen una manera ocultista de decir las cosas, y en el acto decidimos ir con el periodista Rodrigo Sepúlveda que en ese momento estaba colaborando con nosotros. Ese hombre aseguró que allí funcionaba, que él no había participado de manera directa pero que había visto mucha gente detenida.
–Cuando ocurrió esto, ¿no había ninguna referencia del lugar?
–Ninguna. Esto ocurrió a fines del 2003 y fue toda una revelación porque si se mira lo que es el D2 y Lajas se advierte la facilidad de la comunicación, con importantes instalaciones militares de camino. Claro que hay que ponerlo en contexto ya que en aquellos años era mucho menos la población, lo único que se estaba construyendo en ese tiempo era el Barrio Municipal pero estaba en sus comienzos, o sea que eso estaba muy despoblado, muy solitario y cerca. En realidad, era el lugar ideal. A todo esto empezamos a hablar con testigos que ya nos habían hecho en el 2003 una descripción de un centro clandestino sin llegar a advertir el punto geográfico, es decir, para esos sobrevivientes podía ser cualquier lugar de la cordillera o distrito militar. Con todo eso hicimos un escrito y lo denunciamos en el 2004 a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
–¿Ese militar que señaló el lugar puede considerarse un caso aislado o hay indicios que permiten aseverar que existe una tendencia a querer hablar o colaborar o romper con los pactos de silencio?
–Entiendo que ese militar no es el único que sabe ni que tenía ganas de hablar, a nosotros nos dijo claramente que todos en la Fuerza Aérea conocían esta situación. Y debo decir que si bien no tengo prueba fehaciente, cuando propusimos a un grupo de militares de esa fuerza como testigos, los llamaron desde la jefatura de la IV Brigada y les bajaron línea, eso lo sabemos por dichos de gente de adentro que de una u otra forma se filtraron, claro que eso no vale para la Justicia.
–¿Cómo siguió el trabajo en Lajas? ¿Cómo han logrado sostener una agenda de exploraciones en ese lugar?
–Bueno, lo primero que hicimos fue solicitar una pericia, nosotros propusimos a Eloy Mendoza como geólogo y del Equipo Argentino de Antropología Forense, vino Luis Fondebride, quien asumió el rol de perito de su institución, luego se sumaron estudiantes geólogos de la Universidad de San Luis que son los que ahora llevan adelante la pericia como personal científico; ellos vienen con su gabinete y la universidad también le da un pequeño apoyo económico al MEDH. Es muy difícil sostener una agenda de trabajo en el lugar, en realidad, es algo que hemos logrado recién ahora con la Municipalidad de Las Heras, que está colaborando con las máquinas excavadoras. Hará cosa de dos años presentamos este proyecto a la Dirección de Cultura y Derechos Humanos y debemos agradecer que ahora nos hayan dado esas máquinas y los obreros que las manejan, antes lo hicimos pero en dos jornadas gastamos un presupuesto carísimo que no podíamos ni pensar en sostener.
–¿Cómo se trabaja técnicamente en Lajas?
–Vamos descartando lugares, para eso es necesario remover en el lugar. Si bien se trata de una tarea enorme, como se trata de un descampado, está la posibilidad de trabajar con fotografías aéreas que se han preservado. No están todas, algunas se perdieron durante el conflicto bélico con Chile, pero sí están las que te permiten comparar aquellas fotos con más recientes y actuales y esto facilita que los geólogos adviertan dónde ha habido modificaciones en el terreno, o sea lugares sospechosos. Vamos, los recorremos, los visitamos, si amerita llevamos una máquina y excavamos, y así estamos trabajando con bastante dificultad.
–¿Quién lleva la batuta de la investigación? ¿Acaso el personal científico, el fiscal…?
–Todo depende del indicio que nosotros encontremos o en el expediente o en un testimonio verbal en el MEDH, o en una versión de alguien. Mejor dicho, del análisis de ese indicio, ya que todo debe coincidir. Eso puede llevar horas de comparación y de lectura de expedientes para después obtener sólo cinco palabras. Esto nos tiene que llevar a la reflexión sobre lo que es una política de Estado real, efectiva, lo cual no significa que aparezca alguien que nos reemplace ni a nosotros ni al gabinete de la Universidad, sino que venga a apoyarnos en este trabajo que es importantísimo. Nosotros venimos sistematizando la información desde el principio, con lo cual estamos en condiciones de descartar versiones antojadizas y ya casi que miramos bajo el agua cuáles son las intenciones ya que muchas veces pasa que hay gente que trae a la investigación un dato erróneo, a veces es inocente y otras no. Toda esa experiencia de búsqueda desde el primer día nos convierte en una pata que tiene que funcionar junto a las demás, o sea, todas tienen que funcionar juntas, y sin duda lo que nosotros pretendemos es que el Estado, cualquiera que fuera o por cualquier vía, aporte una ayuda económica. Es lo que necesitamos de manera urgente para el funcionamiento de un equipo donde hay jóvenes haciendo una tarea que es invaluable, y sin embargo, injustamente es a puro pulmón.
–¿Qué antecedentes tienen estos militares?
–Adjigogovic aparece vinculado con la muerte de un soldado correntino con hambre, no de consecuencia inevitable de la guerra como podría ser por causa de un bloqueo, sino como consecuencia de la injusta distribución de los alimentos que produjeron los propios efectivos que se quedaban con comida para ellos y no alimentaban a los soldados. En el caso de Alemanzor, su vinculación es con torturas a un soldado correntino. Debo reconocer con dolor que estas denuncias datan del 2005 al 2007, lo cual me lleva a decir que no tenemos que bajar los brazos por más dificultades que existan y que tenemos que seguir buscando a esos asesinos que se fugaron y que el Estado tiene que estar atento y vigilante para poder asegurar el proceso de verdad y justicia en la Argentina.
–De acuerdo a tu experiencia concreta en la búsqueda de restos de desaparecidos, ¿cuál es tu balance de lo que resta por hacer?
–Yo creo que esa es una tarea fundamental que forma parte del ciclo reparatorio, es importante que las víctimas adviertan el esfuerzo del Estado para devolverles los restos, y es que fue el Estado el que los sacó con vida y tiene que hacerse cargo de todo lo que implica devolverles a las familias los restos de sus seres queridos. Claro que uno se da cuenta de que hay un trabajo enorme, muy serio, muy profesional, que es un orgullo incluso de la ciencia argentina todo ese gran trabajo del Equipo de Antropología Forense, pero me parece que está faltando estar seguros por parte de los antropólogos, familiares y el Estado, de que hemos agotado todos los esfuerzos para encontrar los restos de las personas desaparecidas. Pareciera que falta mucho por hacer, pese a lo mucho que ya se ha hecho. Probablemente los archivos encontrados en el Ministerio de Defensa puedan orientar un poco más. Consultas de registros, análisis de las denuncias aisladas, mayores avances en las tareas de laboratorio, etc. Pareciera que faltara un montón de acciones más que deberíamos hacer.
–¿Cuál es la clave en este tipo de tareas?
–Depende siempre de las características del accionar represivo en cada lugar. Estoy convencido de que de la búsqueda de los archivos documentales públicos se obtiene una gran experiencia, un dato extraído en un lugar por ahí impacta en otro, nos ha pasado en la provincia, en Goya, Corrientes, Bella Vista, Paso de los Libres, donde terminamos trabajando con la provincia del Chaco y de Misiones.
–¿Participó de los trabajos en el arsenal Miguel Azcuénaga?
–Sí, como testigo, siendo director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura. Fue una experiencia inmensa y casi dantesca con resultados increíbles ya que se hizo una excavación enorme de cerca de una hectárea, y fueron hallados restos quemados muy pequeñitos, restos propios de la fragmentación ignífuga. Estamos hablando de un lugar donde se trabajaba habitualmente con explosivos y municiones, ahí se hizo una tarea enorme a cargo de profesionales de Tucumán y del EAAF y de los dos juzgados federales de Tucumán. Y no eran inhumaciones aisladas, se hallaron en tierra muchos restos pequeñitos de 2 centímetros o de menos, y ahí es donde uno permite contactar con la magnitud del horror.
–¿Qué se sabe de esas instrucciones de los ’80 para ocultar las fosas?
–En el caso de Arsenal Miguel Azcuénaga las operaciones de ocultamiento fueron entre el ’85 y el ’87, aún se ven las huellas de las palas mecánicas que quedaron grabadas por el fuego. Lo que se sabe es que esta metodología existió y tuvo nombre propio, “Operación Zanahoria”, la cual consistió en ir al punto exacto de los restos escondidos en predios militares y trasladarlos a otro lugar donde nunca más fuera posible la recuperación.
–¿Qué conclusión sacó de su visita a Las Lajas, de las características del predio, de los datos que indican que hubo enterramientos pero también de cierto desconcierto de la Justicia frente a la tarea de remover toda esa tierra?
–Yo, cada vez que veo algún funcionario judicial desconcertado o asustado por la magnitud de la tarea a realizar, siempre pienso en la constancia de las Madres de Plaza de Mayo que en 1976, cuando todo parecía estar inmerso en una noche tenebrosa en la Argentina, una larga oscuridad sin un atisbo de luz, empezaron a caminar, y tuvieron esa actitud de caminar que fue todo un punto de inflexión. Cuando pienso en eso digo, está bien, es grande la tarea, pero un camino de diez mil kilómetros se hace dando el primer paso, a mí no me asusta el susto de los funcionarios judiciales sino que a veces no tengamos la fortaleza suficiente para sostener todas y cada una de las líneas de investigación. Que son líneas que hay que sostenerlas. Dicho de otro modo, puede ser grande la tarea y sin duda lo es porque grande fue el esfuerzo para consagrar la impunidad –pensemos en tirar cuerpos al mar–, pero yo diría que ahora hace falta un enorme esfuerzo institucional porque en ese momento era el Estado argentino el que lo estaba haciendo para que nunca más se encuentren los restos, entonces no tenemos derecho bajo ninguna circunstancia a aflojar ya que el mandato de las Madres, Abuelas y de las víctimas es no bajar los brazos nunca y seguir adelante.
“En primer lugar, queremos destacar el caso del entonces Capitán Plá, juzgado en la provincia de San Luis, y que luego de ser condenado produjera la primera renuncia en la tristemente célebre Cámara Federal con asiento en la ciudad de Mendoza, la del ex juez Pereyra González, ya que en dicho juicio diversos testigos afirmaron su complicidad con el terrorismo de Estado. Hemos tomado conocimiento que el Dr. Vassel fue responsabilizado por el Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura por adoptar múltiples medidas a su alcance para facilitar el inicio del Juicio de Lesa Humanidad de San Luis el pasado 5 de noviembre permitiendo que desde la oficinas del Consejo de la Magistratura se asegurara la participación de tres represores que cumplen detención en la ciudad de Buenos Aires. Se argumentó que tales presencias generaban ‘problemas de seguridad para el edificio’ y que debía suspenderse el juicio o al menos evitar la participación de los imputados desde esas oficinas. La realización de videoconferencias para casos como estos es un muy eficaz recurso técnico que evita la impunidad de los represores que por diversas razones residen fuera del lugar sede del juicio y la intervención de Vassel evitó una nueva paralización a este juicio excesivamente complejo por los 32 imputados llevados con mucho esfuerzo a juicio y por la concurrencia a San Luis de jueces, fiscales y defensores de toda la geografía argentina, con lo que cada minuto de dilación es un problema enorme para todos, especialmente para las víctimas”.
Bien recuerda el comunicado que el teniente coronel Plá fue quien se autoacuarteló con su pistola 9 milímetros, tal vez aquella con la que mató a Graciela Fiochetti, resistiendo la primera orden judicial en la década del ’80 y produciendo el movimiento que lideró Aldo Rico y Seineldín, logrando la sanción de las conocidas leyes de impunidad durante el gobierno de Alfonsín. También refiere que el “Consejo de la Magistratura utiliza para justificar la separación del Dr. Vassel razones de “seguridad”, pero este argumento es insostenible. La fuga de Olivera y De Marchi, así como la de otros detenidos que se encuentran prófugos, no son responsabilidad del Dr. Vassel. Evidentemente, la fuga de los criminales de lesa humanidad fue posible gracias a la complicidad de diversos sectores, incluso del judicial, personal del Hospital Militar y penitenciario y que Víctor Hortel, como jefe del servicio penitenciario, lo consideró gravísimo y los denunció penalmente”.
También añade que “de cualquier manera, la seguridad debe ser garantizada por las fuerzas correspondientes, no por el propio Consejo de la Magistratura, que está facultado para adoptar las medidas que considere convenientes para favorecer la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad, y no dilatarlos o entorpecerlos utilizando el argumento de la falta de seguridad y responsabilizando de la misma al director de Derechos Humanos” y que “en definitiva, tal separación resulta un escándalo y un franco retroceso en este proceso de Memoria, Verdad y Justicia, al haber sido sustituido por alguien propuesto por quien ha apoyado públicamente a los magistrados cómplices del terrorismo de Estado, como es el consejero Daniel Ostropolsky”.
Finalmente, el comunicado firmado por los organismos de derechos humanos termina agradeciendo la actuación del Dr. Vassel, quien “valientemente se hizo cargo de una arbitraria resolución que lo hizo personalmente responsable de la seguridad del genocida Plá, algo absolutamente descabellado. Es peor morir de dolor que morir de vergüenza, decía un poeta uruguayo, frase aplicable a quienes sancionan a un funcionario que dignamente es capaz de cumplir con su deber y coadyuvar con la justicia para someter a juicio a semejante criminal de lesa humanidad”.
No digamos que es la única tarea a la que se aboca el MEDH, pero sí la que saca a relucir ese empecinamiento de quien sabe qué es lo que uno pone en juego con sólo pensar en bajar un poquito los brazos. Tras haberse comprometido política y humanamente con el propósito ético de desenterrar la verdad, sólo hay un camino posible y fuera de eso sólo cabría la palabra claudicación. Aunque este camino de búsqueda, también hay que decirlo, puede llegar a un destino de infierno, como sucedió en el Arsenal de Miguel Azcuénaga, en Tucumán, espacio donde hasta ahora han sido halladas hasta cinco fosas comunes de inhumación que contenían vestigios de desaparecidos. Pero no es sólo eso, de acuerdo a lo probado por especialistas, los militares pusieron en marcha toda una maquinaria para tratar de ocultarlos, removiendo el interior de dichos enterramientos y prendiendo fuego, de modo tal que lo que hay son huesos muy fragmentados, casi que del tamaño de un botón y es imposible extraer genéticamente la información que permite su identificación genética, al menos hasta donde llega el avance de la tecnología hoy.
Para Elba Morales, referente del MEDH, llegar a verificar una operación de este tipo es un mucho más que un objetivo necesario, se trata de una verdadera deuda de la democracia, la cual para saldarse necesita dilucidar cuáles son los puntos exactos en que esos restos pueden definitivamente ser hallados. La gran obsesión es la presencia de rastros de cal ya que según el primer testimonio revelador surgido de un integrante de la Fuerza Aérea, fue claro al señalar que a comienzos de los ochenta se llevaron muchas toneladas de cal a Lajas como parte de una misma lógica de ocultamiento; acaso como cobertura y preservación de un lugar que ha sido removido y/o ante la posibilidad de que perros cimarrones esparcieran huesos por la zona.
–¿Cómo llega el MEDH a abordar este tema y estar detrás de una metodología del ocultamiento?
–Nos encontramos con que en Mendoza había dos o tres versiones que no son testimonios judiciales sólidos, pero sí menciones de gente próxima a las Fuerzas Armadas que hablan de que en esos años, al abrirse los juicios a los represores, se llevó cal a Lajas. Una de esas personas vino personalmente al MEDH a decírnoslo. Para entonces llegábamos a analizar que si bien se habían descubierto los centros clandestinos más importantes, todos habían sido más bien lugares de paso, de menor cantidad detenidos, a veces bajo tortura también, y otros muy grandes como el D2, un centro de obtención de información, de clasificación y de distribución entre los distintos grupos de inteligencia que participaban todos de la Comunidad Informativa. Pero había algo que faltaba en el diagrama físico de la represión, cuál había sido el centro de destino final de los desaparecidos.
–¿Y Lajas encajó?
–Encajó a la perfección, porque todos iban a buscar la información al D2, allí había un fichero y registros y ahí es donde se elaboraban los sumarios por extracción de información a prisioneros que hoy son base de muchos de nuestros juicios. Con una particularidad: que esos sumarios se hacían por duplicado, unos tenían la información que necesitaba el comando militar, y otra la que pasaban a la Justicia, con descripciones diferentes y muchas desprolijidades. En este marco de investigación, nos empezamos a preguntar cuál habría sido el centro de destino final de los prisioneros. Al principio había muy poca información, primero se supo que hubo gente secuestrada en la Colonia Papagayos, en el piedemonte. También se habló mucho de que los cuerpos habían sido arrojados al lago del Carrizal, pero ¿qué pasaba? Que son muchas personas y es difícil creer que los arrojasen por la montaña cuando históricamente ese espacio ha sido travesía obligada de arrieros o motociclistas. De hecho no ha habido nunca denuncias en todos estos años, sí las hubo en El Carrizal, pero no en un volumen significativo. O sea, allí no arrojaron 50 cuerpos ni mucho menos 100. O sea, teníamos la certeza de que debía existir un lugar desconocido para nosotros. Y entonces un día vino a nuestra oficina un militar que nos dijo que en Campo Las Lajas había existido un centro clandestino de detención. No lo dijo así, ellos tienen una manera ocultista de decir las cosas, y en el acto decidimos ir con el periodista Rodrigo Sepúlveda que en ese momento estaba colaborando con nosotros. Ese hombre aseguró que allí funcionaba, que él no había participado de manera directa pero que había visto mucha gente detenida.
–Cuando ocurrió esto, ¿no había ninguna referencia del lugar?
–Ninguna. Esto ocurrió a fines del 2003 y fue toda una revelación porque si se mira lo que es el D2 y Lajas se advierte la facilidad de la comunicación, con importantes instalaciones militares de camino. Claro que hay que ponerlo en contexto ya que en aquellos años era mucho menos la población, lo único que se estaba construyendo en ese tiempo era el Barrio Municipal pero estaba en sus comienzos, o sea que eso estaba muy despoblado, muy solitario y cerca. En realidad, era el lugar ideal. A todo esto empezamos a hablar con testigos que ya nos habían hecho en el 2003 una descripción de un centro clandestino sin llegar a advertir el punto geográfico, es decir, para esos sobrevivientes podía ser cualquier lugar de la cordillera o distrito militar. Con todo eso hicimos un escrito y lo denunciamos en el 2004 a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
–¿Ese militar que señaló el lugar puede considerarse un caso aislado o hay indicios que permiten aseverar que existe una tendencia a querer hablar o colaborar o romper con los pactos de silencio?
–Entiendo que ese militar no es el único que sabe ni que tenía ganas de hablar, a nosotros nos dijo claramente que todos en la Fuerza Aérea conocían esta situación. Y debo decir que si bien no tengo prueba fehaciente, cuando propusimos a un grupo de militares de esa fuerza como testigos, los llamaron desde la jefatura de la IV Brigada y les bajaron línea, eso lo sabemos por dichos de gente de adentro que de una u otra forma se filtraron, claro que eso no vale para la Justicia.
–¿Cómo siguió el trabajo en Lajas? ¿Cómo han logrado sostener una agenda de exploraciones en ese lugar?
–Bueno, lo primero que hicimos fue solicitar una pericia, nosotros propusimos a Eloy Mendoza como geólogo y del Equipo Argentino de Antropología Forense, vino Luis Fondebride, quien asumió el rol de perito de su institución, luego se sumaron estudiantes geólogos de la Universidad de San Luis que son los que ahora llevan adelante la pericia como personal científico; ellos vienen con su gabinete y la universidad también le da un pequeño apoyo económico al MEDH. Es muy difícil sostener una agenda de trabajo en el lugar, en realidad, es algo que hemos logrado recién ahora con la Municipalidad de Las Heras, que está colaborando con las máquinas excavadoras. Hará cosa de dos años presentamos este proyecto a la Dirección de Cultura y Derechos Humanos y debemos agradecer que ahora nos hayan dado esas máquinas y los obreros que las manejan, antes lo hicimos pero en dos jornadas gastamos un presupuesto carísimo que no podíamos ni pensar en sostener.
–¿Cómo se trabaja técnicamente en Lajas?
–Vamos descartando lugares, para eso es necesario remover en el lugar. Si bien se trata de una tarea enorme, como se trata de un descampado, está la posibilidad de trabajar con fotografías aéreas que se han preservado. No están todas, algunas se perdieron durante el conflicto bélico con Chile, pero sí están las que te permiten comparar aquellas fotos con más recientes y actuales y esto facilita que los geólogos adviertan dónde ha habido modificaciones en el terreno, o sea lugares sospechosos. Vamos, los recorremos, los visitamos, si amerita llevamos una máquina y excavamos, y así estamos trabajando con bastante dificultad.
–¿Quién lleva la batuta de la investigación? ¿Acaso el personal científico, el fiscal…?
–Todo depende del indicio que nosotros encontremos o en el expediente o en un testimonio verbal en el MEDH, o en una versión de alguien. Mejor dicho, del análisis de ese indicio, ya que todo debe coincidir. Eso puede llevar horas de comparación y de lectura de expedientes para después obtener sólo cinco palabras. Esto nos tiene que llevar a la reflexión sobre lo que es una política de Estado real, efectiva, lo cual no significa que aparezca alguien que nos reemplace ni a nosotros ni al gabinete de la Universidad, sino que venga a apoyarnos en este trabajo que es importantísimo. Nosotros venimos sistematizando la información desde el principio, con lo cual estamos en condiciones de descartar versiones antojadizas y ya casi que miramos bajo el agua cuáles son las intenciones ya que muchas veces pasa que hay gente que trae a la investigación un dato erróneo, a veces es inocente y otras no. Toda esa experiencia de búsqueda desde el primer día nos convierte en una pata que tiene que funcionar junto a las demás, o sea, todas tienen que funcionar juntas, y sin duda lo que nosotros pretendemos es que el Estado, cualquiera que fuera o por cualquier vía, aporte una ayuda económica. Es lo que necesitamos de manera urgente para el funcionamiento de un equipo donde hay jóvenes haciendo una tarea que es invaluable, y sin embargo, injustamente es a puro pulmón.
Seguir adelante. La separación del Dr. Pablo Andrés Vassel del cargo de director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura despertó críticas de los organismos de derechos humanos de la zona Cuyo. Los cuestionamientos a la decisión del Consejo pueden verse en el recuadro aparte; en lo que respecta a Vassel, este optó por seguir adelante en la tarea de todos los días en favor de la consolidación de los procesos de verdad y justicia, donde un esfuerzo institucional más que importante es el que demanda la búsqueda de los restos de los desaparecidos. Vassel fue secretario de Derechos Humanos de Corrientes en el 2004 y desde ahí impulsó el primer programa provincial en el país de búsqueda de desaparecidos junto a EAAF. Además de asistir a múltiples experiencias de búsqueda, entre ellas la de la escena dantesca de Arsenal Miguel de Azcuénaga, Vassel fue quien investigó las circunstancias de crímenes de lesa humanidad perpetrados por militares argentinos contra sus propios subordinados, los combatientes, en Malvinas. En dicha investigación hay 85 hechos criminales cometidos por 60 imputados, entre ellos Juan Carlos Adjigogovic y Eduardo Jacinto Alemanzor. Ambos nombres habrían pasado completamente desapercibidos en Cuyo de no ser que para el 25 de julio de este año sale a la luz que eran parte de la cúpula militar del Hospital Militar y que fueron pasados a retiro por su participación en la fuga de los genocidas Jorge Olivera y Gustavo Demarchi, recién condenados por la Justicia Federal de San Juan. Mientras el primero era el director de la sede central del Hospital Militar, el segundo se desempeñaba en el Departamento Operativo de la Dirección General de Salud.
–¿Qué antecedentes tienen estos militares?
–Adjigogovic aparece vinculado con la muerte de un soldado correntino con hambre, no de consecuencia inevitable de la guerra como podría ser por causa de un bloqueo, sino como consecuencia de la injusta distribución de los alimentos que produjeron los propios efectivos que se quedaban con comida para ellos y no alimentaban a los soldados. En el caso de Alemanzor, su vinculación es con torturas a un soldado correntino. Debo reconocer con dolor que estas denuncias datan del 2005 al 2007, lo cual me lleva a decir que no tenemos que bajar los brazos por más dificultades que existan y que tenemos que seguir buscando a esos asesinos que se fugaron y que el Estado tiene que estar atento y vigilante para poder asegurar el proceso de verdad y justicia en la Argentina.
–De acuerdo a tu experiencia concreta en la búsqueda de restos de desaparecidos, ¿cuál es tu balance de lo que resta por hacer?
–Yo creo que esa es una tarea fundamental que forma parte del ciclo reparatorio, es importante que las víctimas adviertan el esfuerzo del Estado para devolverles los restos, y es que fue el Estado el que los sacó con vida y tiene que hacerse cargo de todo lo que implica devolverles a las familias los restos de sus seres queridos. Claro que uno se da cuenta de que hay un trabajo enorme, muy serio, muy profesional, que es un orgullo incluso de la ciencia argentina todo ese gran trabajo del Equipo de Antropología Forense, pero me parece que está faltando estar seguros por parte de los antropólogos, familiares y el Estado, de que hemos agotado todos los esfuerzos para encontrar los restos de las personas desaparecidas. Pareciera que falta mucho por hacer, pese a lo mucho que ya se ha hecho. Probablemente los archivos encontrados en el Ministerio de Defensa puedan orientar un poco más. Consultas de registros, análisis de las denuncias aisladas, mayores avances en las tareas de laboratorio, etc. Pareciera que faltara un montón de acciones más que deberíamos hacer.
–¿Cuál es la clave en este tipo de tareas?
–Depende siempre de las características del accionar represivo en cada lugar. Estoy convencido de que de la búsqueda de los archivos documentales públicos se obtiene una gran experiencia, un dato extraído en un lugar por ahí impacta en otro, nos ha pasado en la provincia, en Goya, Corrientes, Bella Vista, Paso de los Libres, donde terminamos trabajando con la provincia del Chaco y de Misiones.
–¿Participó de los trabajos en el arsenal Miguel Azcuénaga?
–Sí, como testigo, siendo director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura. Fue una experiencia inmensa y casi dantesca con resultados increíbles ya que se hizo una excavación enorme de cerca de una hectárea, y fueron hallados restos quemados muy pequeñitos, restos propios de la fragmentación ignífuga. Estamos hablando de un lugar donde se trabajaba habitualmente con explosivos y municiones, ahí se hizo una tarea enorme a cargo de profesionales de Tucumán y del EAAF y de los dos juzgados federales de Tucumán. Y no eran inhumaciones aisladas, se hallaron en tierra muchos restos pequeñitos de 2 centímetros o de menos, y ahí es donde uno permite contactar con la magnitud del horror.
–¿Qué se sabe de esas instrucciones de los ’80 para ocultar las fosas?
–En el caso de Arsenal Miguel Azcuénaga las operaciones de ocultamiento fueron entre el ’85 y el ’87, aún se ven las huellas de las palas mecánicas que quedaron grabadas por el fuego. Lo que se sabe es que esta metodología existió y tuvo nombre propio, “Operación Zanahoria”, la cual consistió en ir al punto exacto de los restos escondidos en predios militares y trasladarlos a otro lugar donde nunca más fuera posible la recuperación.
–¿Qué conclusión sacó de su visita a Las Lajas, de las características del predio, de los datos que indican que hubo enterramientos pero también de cierto desconcierto de la Justicia frente a la tarea de remover toda esa tierra?
–Yo, cada vez que veo algún funcionario judicial desconcertado o asustado por la magnitud de la tarea a realizar, siempre pienso en la constancia de las Madres de Plaza de Mayo que en 1976, cuando todo parecía estar inmerso en una noche tenebrosa en la Argentina, una larga oscuridad sin un atisbo de luz, empezaron a caminar, y tuvieron esa actitud de caminar que fue todo un punto de inflexión. Cuando pienso en eso digo, está bien, es grande la tarea, pero un camino de diez mil kilómetros se hace dando el primer paso, a mí no me asusta el susto de los funcionarios judiciales sino que a veces no tengamos la fortaleza suficiente para sostener todas y cada una de las líneas de investigación. Que son líneas que hay que sostenerlas. Dicho de otro modo, puede ser grande la tarea y sin duda lo es porque grande fue el esfuerzo para consagrar la impunidad –pensemos en tirar cuerpos al mar–, pero yo diría que ahora hace falta un enorme esfuerzo institucional porque en ese momento era el Estado argentino el que lo estaba haciendo para que nunca más se encuentren los restos, entonces no tenemos derecho bajo ninguna circunstancia a aflojar ya que el mandato de las Madres, Abuelas y de las víctimas es no bajar los brazos nunca y seguir adelante.
Preocupación en Cuyo
Varios organismos de derechos humanos consideraron arbitraria la separación del Dr. Pablo Andrés Vassel como director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación. En un comunicado dirigido al presidente de dicho organismo, Dr. Mario Fera, manifestaron su profunda preocupación por lo sucedido ya que es reconocido el importante aporte que desde el Consejo de la Magistratura viene haciendo el Dr. Vassel para apoyar el proceso de memoria, verdad y justicia iniciado tardíamente en Mendoza, San Luis y San Juan. El comunicado dice así:
“En primer lugar, queremos destacar el caso del entonces Capitán Plá, juzgado en la provincia de San Luis, y que luego de ser condenado produjera la primera renuncia en la tristemente célebre Cámara Federal con asiento en la ciudad de Mendoza, la del ex juez Pereyra González, ya que en dicho juicio diversos testigos afirmaron su complicidad con el terrorismo de Estado. Hemos tomado conocimiento que el Dr. Vassel fue responsabilizado por el Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura por adoptar múltiples medidas a su alcance para facilitar el inicio del Juicio de Lesa Humanidad de San Luis el pasado 5 de noviembre permitiendo que desde la oficinas del Consejo de la Magistratura se asegurara la participación de tres represores que cumplen detención en la ciudad de Buenos Aires. Se argumentó que tales presencias generaban ‘problemas de seguridad para el edificio’ y que debía suspenderse el juicio o al menos evitar la participación de los imputados desde esas oficinas. La realización de videoconferencias para casos como estos es un muy eficaz recurso técnico que evita la impunidad de los represores que por diversas razones residen fuera del lugar sede del juicio y la intervención de Vassel evitó una nueva paralización a este juicio excesivamente complejo por los 32 imputados llevados con mucho esfuerzo a juicio y por la concurrencia a San Luis de jueces, fiscales y defensores de toda la geografía argentina, con lo que cada minuto de dilación es un problema enorme para todos, especialmente para las víctimas”.
Bien recuerda el comunicado que el teniente coronel Plá fue quien se autoacuarteló con su pistola 9 milímetros, tal vez aquella con la que mató a Graciela Fiochetti, resistiendo la primera orden judicial en la década del ’80 y produciendo el movimiento que lideró Aldo Rico y Seineldín, logrando la sanción de las conocidas leyes de impunidad durante el gobierno de Alfonsín. También refiere que el “Consejo de la Magistratura utiliza para justificar la separación del Dr. Vassel razones de “seguridad”, pero este argumento es insostenible. La fuga de Olivera y De Marchi, así como la de otros detenidos que se encuentran prófugos, no son responsabilidad del Dr. Vassel. Evidentemente, la fuga de los criminales de lesa humanidad fue posible gracias a la complicidad de diversos sectores, incluso del judicial, personal del Hospital Militar y penitenciario y que Víctor Hortel, como jefe del servicio penitenciario, lo consideró gravísimo y los denunció penalmente”.
También añade que “de cualquier manera, la seguridad debe ser garantizada por las fuerzas correspondientes, no por el propio Consejo de la Magistratura, que está facultado para adoptar las medidas que considere convenientes para favorecer la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad, y no dilatarlos o entorpecerlos utilizando el argumento de la falta de seguridad y responsabilizando de la misma al director de Derechos Humanos” y que “en definitiva, tal separación resulta un escándalo y un franco retroceso en este proceso de Memoria, Verdad y Justicia, al haber sido sustituido por alguien propuesto por quien ha apoyado públicamente a los magistrados cómplices del terrorismo de Estado, como es el consejero Daniel Ostropolsky”.
Finalmente, el comunicado firmado por los organismos de derechos humanos termina agradeciendo la actuación del Dr. Vassel, quien “valientemente se hizo cargo de una arbitraria resolución que lo hizo personalmente responsable de la seguridad del genocida Plá, algo absolutamente descabellado. Es peor morir de dolor que morir de vergüenza, decía un poeta uruguayo, frase aplicable a quienes sancionan a un funcionario que dignamente es capaz de cumplir con su deber y coadyuvar con la justicia para someter a juicio a semejante criminal de lesa humanidad”.
Fuente:Veintitres
Envío:Agnddhh
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