El represor Luciano Benjamín Menéndez fue condenado a 12 años de prisión en la causa por delitos de lesa humanidad Toledo de Ygel, durante el denominado el Operativo Independencia. Los magistrados del Tribunal Oral Federal, Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, fallaron en contra de Menéndez, entonces comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, al considerarlo penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad en dos oportunidades en perjuicio de Jorge Ricardo Ygel y Julia Rita Ariza. Los magistrados calificaron el accionar de Menéndez como delitos de lesa humanidad y ordenaron la detención del imputado en las condiciones que actualmente se encuentra, ya que el represor junta más de media docena de condenas.
Fuente:Pagina12
Una investigación clave para los casos de desapoderamiento durante la última dictadura militar
Doce años de prisión a Menéndez en el primer juicio por apropiación económica
El ex jefe del III Cuerpo del Ejército fue condenado por dos casos de privación ilegítima. El Tribunal Oral Federal de Tucumán también avaló un reclamo civil por el robo de 25 hectáreas a la familia de una de las víctimas en 1977.
El Tribunal Oral Federal de Tucumán lo encontró culpable de los delitos de privación ilegítima de la libertad de Julia Rita Ariza y de su yerno Jorge Ricardo Ygel en noviembre de 1977, durante el Operativo Independencia.
Los jueces también hicieron lugar, de manera parcial, al reclamo civil y condenaron al Estado argentino a indemnizar a la familia Toledo de Ygel por el robo de 25 hectáreas para crear el pueblo Capitán Cáceres en el departamento de Monteros.
El juicio se extendió durante dos semanas y concluyó ayer con una nueva condena a Menéndez, quien siguió el debate por videoconferencias desde Córdoba.
Los hechos ocurrieron en noviembre de 1977, durante el Operativo Independencia. En la tarde del 18 de ese mes una decena de soldados secuestró a Ygel de su casa.
"Nuestra duda era por qué. Lo golpearon y torturaron. No le creían que las tierras no eran de él. Le dijeron que convenciera a mi mamá de donarlas o que nos matarían a todos", relató su esposa, María Elena Toledo, querellante en esta causa.
Como no era el titular de las tierras fue liberado y la semana siguiente fue secuestrada su suegra, Rita Ariza, propietaria de las 25 hectáreas donde Bussi había levantado un año antes la localidad de Cáceres, que formó parte del Plan de "Reubicación Rural" diseñado por el represor.
La mujer fue secuestrada en la madrugada del 25 de noviembre. "Apenas la dejaron vestirse", recordó su hija. "Ella decía que no les firmaría nada, que era lo único que tenía para dejarme. La llevaron a la Casa de Gobierno. Con una pistola sobre el escritorio, Bussi le dijo que debía ceder las tierras porque el pueblo estaba terminado. La tuvieron hasta que firmó. Me dijo que mojó los papeles con lágrimas", detalló.
Unos días después, Bussi completó el traspaso de las tierras con dos decretos.
Tras el fallecimiento de Bussi en 2011, Menéndez quedó como el único imputado en esta causa. "Las órdenes militares discurrían por el canal militar. Respondo a lo atinente a lo militar. Paralelamente, pero sin contacto, estaba el canal político-civil. Esas cuestiones las atendía directamente el general Bussi con Albano Harguindeguy, ministro del Interior", declaró Menéndez durante el proceso, en un intento de evadir responsabilidades.
Además de la querella penal por el robo de las tierras, Toledo de Ygel inició también una demanda civil contra la provincia de Tucumán y contra el Estado nacional y reclamó una indemnización de 48 millones de pesos. El Tribunal confirmó la denuncia de manera parcial: condenó al Estado nacional al pago de 18 millones y medio de pesos por el valor del inmueble, daño emergente, lucro cesante y daño moral. Sin embargo, no hizo lugar a la demanda contra el Estado provincial.
Independencia
Los secuestros de Julia Rita Ariza y Jorge Ricardo Ygel se produjeron durante en el Operativo Independencia.
sentencias en la megacausa tucumana
Ramiro Rearte
Desde Tucumán para Tiempo Argentino
Luego de más de un año de debate, hoy concluye en Tucumán, la Megacausa Arsanales II-Jefatura de Policía II, en los tribunales federales de esta provincia. En este proceso están detenidos 42 represores de diversas fuerzas y hasta civiles y un miembro de la Iglesia Católica argentina. Todos están imputados por haber tenido algún tipo de participación directa e indirecta en ambos centros del horror que funcionaron en la provincia desde la instauración del golpe cívico-militar. Se pretende determinar el destino de al menos 215 víctimas que fueron torturadas y vejadas en esos lugares.
Por disposición de los jueces, fue dispuesto un estricto sistema de ingreso a la sala de audiencias. Se permitirá la presencia de un familiar por cada imputado. En el caso de las víctimas, sólo podrán entrar un familiar o persona allegada, con la siguiente prioridad: familiar de víctima desaparecida y, luego, los restantes, sobrevivientes y querellantes, siempre en la presente causa", comunicaron los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Reynaga.
A fines del año pasado, el Equipo de Antropología Argentina Forense descubrió restos humanos enterrados en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. Esto permitió identificar a 13 desaparecidos. Habían sido torturados, asesinados y enterrados en una fosa común. El Arsenal Miguel de Azcuénaga y la jefatura de Policía fueron los centros clandestinos más sangrientos de Tucumán.
Cabe destacar que, durante el juicio, se llevaron adelante inspecciones oculares en ambos lugares de represión de manera conjunta con las víctimas. Esto significó un gran aporte, ya que los testigos reconocieron sus lugares de detención, cómo eran torturados y sometidos a simulacros de fusilamiento. Y además pudieron contar a quiénes vieron. Muchas de esas personas que aún permaneces desaparecidas, como el hermano del músico Juan Falú.
Hoy, desde las 14, se conocerá la decisión de los magistrados. También cómo fue la sistematización del mal en ambos centros del horror.
Fuente:TiempoArgentino
12.12.2013
Los terrenos de Ygel fueron expropiados por la fuerza, para construir un pueblo
Tucumán: Menéndez sumó 12 años más de prisión y el Estado indemnizará a María Elena Toledo de Ygel
Menéndez dijo que manejaba el "canal militar" y no el "político", descargando culpas en el finado Bussi
Tucumán.- Luciano Benjamín Menéndez fue condenado hoy a 12 años de prisión en las condiciones en las que se encuentra, en la causa de delitos de lesa humanidad "Toledo de Ygel", durante el denominado el Operativo Independencia. Los magistrados del Tribunal Oral Federal Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga fallaron en contra de Menéndez, entonces comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, al considerarlo penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad en dos oportunidades en perjuicio de Jorge Ricardo Ygel y Julia Rita Ariza.
Tucumán.- Luciano Benjamín Menéndez fue condenado hoy a 12 años de prisión en las condiciones en las que se encuentra, en la causa de delitos de lesa humanidad "Toledo de Ygel", durante el denominado el Operativo Independencia. Los magistrados del Tribunal Oral Federal Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga fallaron en contra de Menéndez, entonces comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, al considerarlo penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad en dos oportunidades en perjuicio de Jorge Ricardo Ygel y Julia Rita Ariza.
Los magistrados calificaron el accionar de Menéndez como delitos de lesa humanidad y ordenaron la detención del imputado en las condiciones que actualmente se encuentra. También se hizo lugar parcialmente a la acción civil de daños y perjuicios interpuesta por María Elena Toledo de Ygel y condenó al gobierno nacional al pago de 18.698.130 pesos.
Esa suma incluye el valor del inmueble que le fue quitado, daño emergente, lucro cesante y daño moral, y se agregarán los intereses conforme a la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina desde el momento del hecho hasta el efectivo pago. En cambio, la resolución no hizo lugar a la acción civil iniciada por la actora contra el estado provincial.
La resolución se conoció esta tarde y la causa fue iniciada por la familia Toledo Ygel, que fue amenazada de muerte en 1977 para donar tierras en la localidad de Yacuchina. Sobre esos terrenos se levantó Capitán Cáceres (Monteros), uno de los cuatro pueblos fundados en el sur tucumano durante el terrorismo de Estado.
Durante el juicio, María Elena Toledo viuda de Ygel, actor civil y querellante en la causa, recordó que el 18 de noviembre de 1977 irrumpieron varias personas del Ejército y se llevaron a su marido. Los uniformados pensaban que él era dueño de las tierras de Yacuchina, en Monteros, distante 70 kilómetros al sur de la capital provincial.
"El les manifestó que esa propiedad era de mi madre y lo soltaron por la madrugada, luego de golpearlo", señaló la mujer durante su declaración. Recordó que la madre tenía la firme intención de dejarle las tierras como herencia y no quería cederlas a los militares, pero su esposo le dijo que los iban a matar si no lo hacía.
Una semana después la mujer, dueña de las tierras, fue trasladada a Casa de Gobierno y la sentaron en una oficina donde se encontraba sobre el escritorio unos papeles y una pistola. "Ella me contó que lloraba mucho y que llegó (el entonces gobernador Antonio Domingo) Bussi, quien le dijo que tenía que firmar esos papeles porque el pueblo (Capitán Cáceres) ya estaba terminado", explicó. Y agregó: "Le advirtió que si se negaba iban a matar a todos los integrantes de la familia y por eso ella firmó finalmente".
Esta mañana, antes de darse a conocer el fallo, Menéndez hizo uso de la palabra y sostuvo que "jamás me metí con el gobierno y menos con la justicia que se aplicaba en cada provincia", delegando responsabilidades a Antonio Domingo Bussi, entonces gobernador de facto de Tucumán.
Recordó que "me desenvolví cuatro años como comandante de Brigada y cinco como comandante de Cuerpo" y sostuvo que "me resulta extraño que se me se involucre en la compra de estos terrenos". "Eso se habrá hecho por el camino del canal del gobierno, sin ninguna intervención mía", afirmó.
El represor dijo que fue "muy respetuoso" con el canal militar por donde recibían las órdenes y recalcó que "nunca me metí ni por curiosidad a investigar el canal del Gobierno".
"Siempre recibí órdenes del canal del militar que encabezaba el comandante (Jorge Rafael) Videla y era el Gobierno el que hacía las obras que se juzgaba pertinentes", expresó.
Menéndez indicó que "de ninguna manera yo interfería en las obras del Gobierno, por eso me sorprendo desagradablemente al verme envuelto en un juicio en el que no tengo arte ni parte". Los hechos investigados sucedieron en el marco del denominado "Operativo Independencia" por el cual se fundó el pueblo de Capitán Cáceres.
Fuente:Telam
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