La reunion esta prevista para las 19 horas en la Casa por la Memoria de Resistencia Chaco, y de acuerdo a lo informado a la agencia de noticias DDHH, es con el objeto de empezar a preparar las actividades de este año y de consensuar un documento sobre los actuales cursos de acción de la politica regional y nacional.
En ese contexto se difunde el documento emitido en diciembre último.
Justicia
Legítima
Reafirman la necesidad de avanzar en la
democratización del Poder Judicial
La
agrupación "Justicia legítima" advirtió que la oposición a esa
reforma "encontró diversos caminos para lograr el objetivo de mantener
todo como estaba".
"En estos días en que
celebramos 30 años de democracia y un año desde que firmamos la solicitada `Por
una justicia legítima`, más que nunca reafirmamos nuestra postura y reiteramos
que mientras se pretende defender la mentada `independencia judicial` los poderes
reales siguen actuando al seno de las corporaciones en defensa de sus
intereses", señaló en un comunicado.
"Más
que nunca reafirmamos nuestra postura y reiteramos que mientras se pretende
defender la mentada `independencia judicial` los poderes reales siguen actuando
al seno de las corporaciones en defensa de sus intereses"
comunicado de Justicia Legítima
comunicado de Justicia Legítima
La
agrupación indicó que "la ansiada democratización del Poder Judicial, que
pretendió iniciarse con las seis leyes sancionadas a principio de año, no
parece destinada a concretarse" y denunció que "la oposición a la
reforma encontró diversos caminos para lograr el objetivo de mantener todo como
estaba".
Entre esos caminos, "Justicia legítima" mencionó que "cuando los proyectos todavía estaban en el congreso, el presidente de la CSJN, con el apoyo de algo más de veinte jueces -presidentes de cámaras nacionales y federales-, logró mantener el manejo del presupuesto para la corte".
También señaló que el máximo tribunal "declaró mediante una acordada que no aplicaría la ley que dispone la publicación de las declaraciones juradas de los jueces, por considerar que afecta la independencia judicial", con lo cual mantuvo la situación actual que "entorpece el trámite desalentando al más insistente".
Enumera además que "una acordada suspendió el procedimiento casatorio hasta que existan las cámaras pertinentes" y respecto de la modificación del régimen de las medidas cautelares "se presentaron múltiples amparos para neutralizar la ley, los que se desarrollan con diversas suertes".
En cuanto al ingreso democrático, la agrupación dice que se "espera su reglamentación, que no se terminó de elaborar en el año, y sin la cual no se van a confeccionar a tiempo las listas de postulantes, de esta forma se frustra el objetivo de la ley".
En otro párrafo hace referencia a la ley de servicios de comunicación audiovisual y señala que, a pesar de que consagró su constitucionalidad, el máximo tribunal "tomó otros rumbos al dedicarse a los temas que suelen utilizar los medios de prensa para fustigar al gobierno".
Pone como ejemplo "una acordada en la que convocó a los jueces penales a presentar en 90 días proyectos para acelerar los juicios penales" y un comunicado en el que solicitó al Poder Ejecutivo "más recursos para los tribunales del norte del país con el fin de combatir la narcocriminalidad".
Este interés del Tribunal por temas que no son materia de juzgamiento se contrapone con la falta de tratamiento de infinidad de cuestiones que afectan la vida de la gente, como por ejemplo la sentencia que declaró inconstitucional la expropiación de la IMPA, entre tantas otras.
Por último, se menciona la "inactividad" del Consejo de la Magistratura, al señalar que "no se avanzó en el diseño del perfil del juez, o el control de la gestión de los tribunales o un estudio de lo que se requiere para poder dar respuesta al nivel de conflictividad que crece con el aumento de población".
"Esta reseña no parecería un listado de anacronismos si 30 años de democracia no nos hubieran animado a replantear las prácticas y costumbres que dificultan el acceso de la gente común a los poderes judiciales. Queremos democratizar la justicia para tener una democracia más justa", concluye el documento.
Entre esos caminos, "Justicia legítima" mencionó que "cuando los proyectos todavía estaban en el congreso, el presidente de la CSJN, con el apoyo de algo más de veinte jueces -presidentes de cámaras nacionales y federales-, logró mantener el manejo del presupuesto para la corte".
También señaló que el máximo tribunal "declaró mediante una acordada que no aplicaría la ley que dispone la publicación de las declaraciones juradas de los jueces, por considerar que afecta la independencia judicial", con lo cual mantuvo la situación actual que "entorpece el trámite desalentando al más insistente".
Enumera además que "una acordada suspendió el procedimiento casatorio hasta que existan las cámaras pertinentes" y respecto de la modificación del régimen de las medidas cautelares "se presentaron múltiples amparos para neutralizar la ley, los que se desarrollan con diversas suertes".
En cuanto al ingreso democrático, la agrupación dice que se "espera su reglamentación, que no se terminó de elaborar en el año, y sin la cual no se van a confeccionar a tiempo las listas de postulantes, de esta forma se frustra el objetivo de la ley".
En otro párrafo hace referencia a la ley de servicios de comunicación audiovisual y señala que, a pesar de que consagró su constitucionalidad, el máximo tribunal "tomó otros rumbos al dedicarse a los temas que suelen utilizar los medios de prensa para fustigar al gobierno".
Pone como ejemplo "una acordada en la que convocó a los jueces penales a presentar en 90 días proyectos para acelerar los juicios penales" y un comunicado en el que solicitó al Poder Ejecutivo "más recursos para los tribunales del norte del país con el fin de combatir la narcocriminalidad".
Este interés del Tribunal por temas que no son materia de juzgamiento se contrapone con la falta de tratamiento de infinidad de cuestiones que afectan la vida de la gente, como por ejemplo la sentencia que declaró inconstitucional la expropiación de la IMPA, entre tantas otras.
Por último, se menciona la "inactividad" del Consejo de la Magistratura, al señalar que "no se avanzó en el diseño del perfil del juez, o el control de la gestión de los tribunales o un estudio de lo que se requiere para poder dar respuesta al nivel de conflictividad que crece con el aumento de población".
"Esta reseña no parecería un listado de anacronismos si 30 años de democracia no nos hubieran animado a replantear las prácticas y costumbres que dificultan el acceso de la gente común a los poderes judiciales. Queremos democratizar la justicia para tener una democracia más justa", concluye el documento.
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