EL ABOGADO DE UNO DE LOS EX JUECES ESTA VINCULADO AL DESTACAMENTO DE INTELIGENCIA
Un defensor con prontuario
Carlos Alberto Carreño, representante del ex juez Guillermo Petra, se habría desempeñado como agente civil de Inteligencia durante la dictadura. Uno de los acusados que estaba prófugo se presentó en la audiencia y quedó detenido.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza realizó ayer la segunda audiencia de la “megacausa”.Imagen: Télam
Carlos Alberto Carreño se presentó ayer como defensor del ex juez Guillermo Petra, quien está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad en Mendoza. El nombre del abogado, según informó El Sol online, aparece vinculado al Destacamento de Inteligencia 144, donde entre 1976 y 1983 se habría desempeñado como agente civil. En la segunda audiencia de la megacausa mendocina, en la que se juzga a ex funcionarios de la Justicia partícipes del terrorismo de Estado, además de militares y policías, también quedó detenido Antonio Lorenzo Cosentino, un ex policía que cumplió funciones en la comisaría 7ª de Godoy Cruz y participó de los operativos del D2, y que hasta ahora estaba prófugo. Además, el ex magistrado Otilio Romano solicitó asumir su autodefensa.
Carlos Alberto Carreño se presentó ayer como defensor del ex juez Guillermo Petra, quien está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad en Mendoza. El nombre del abogado, según informó El Sol online, aparece vinculado al Destacamento de Inteligencia 144, donde entre 1976 y 1983 se habría desempeñado como agente civil. En la segunda audiencia de la megacausa mendocina, en la que se juzga a ex funcionarios de la Justicia partícipes del terrorismo de Estado, además de militares y policías, también quedó detenido Antonio Lorenzo Cosentino, un ex policía que cumplió funciones en la comisaría 7ª de Godoy Cruz y participó de los operativos del D2, y que hasta ahora estaba prófugo. Además, el ex magistrado Otilio Romano solicitó asumir su autodefensa.
En la audiencia de ayer, la querella solicitó agregar días de debate para acelerar el proceso judicial y que se apliquen las reglas fijadas por la Cámara de Casación para incorporar testimonios de juicios anteriores. Pablo Salinas, abogado litigante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y por 20 de las víctimas, contó que “la sesión comenzó con un pedido nuestro de que se requise a los presentes, en especial a los acusados, para evitar filmar o sacar fotos durante el debate oral. La decisión se vincula con que en un diario de la provincia salió publicada una foto, de la primera audiencia, en que se ve a Luis Miret –imputado– sacando una foto al fiscal Jorge Auat”. El abogado estimó que “consideramos que esto no es más que un acto intimidatorio por parte de un acusado de delitos de lesa humanidad a un fiscal de la Nación”. En una segunda instancia, el tribunal identificó a los acusados, tal como lo había realizado el lunes anterior, durante la primera audiencia. Entre los presentes estaban los ex jueces en funciones durante la dictadura Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret, y el entonces fiscal Otilio Romano. Todos imputados por facilitar como partícipes civiles el plan de exterminio ejecutado por las Fuerzas Armadas al no investigar las cientos de denuncias de detenciones y desapariciones presentadas ante los magistrados. En esta ocasión, entre las filas de las fuerzas de seguridad estaba el represor Lozano Constantino, a quien se detuvo al inicio de la audiencia. En tanto, Francisco López Rodríguez aún se encuentra con pedido de captura.
Se destacó el anuncio que hizo el defensor de Romano, Bernardo Calderón, en el que afirmó que se retirará si no se le permite a su patrocinado ejercer su autodefensa, como el ex juez había solicitado. El defensor dijo que el ex camarista que estuvo prófugo en Chile y fue extraditado conoce los detalles de la causa mejor que él. Hoy, en un nuevo encuentro, el tribunal va a dar una respuesta a ese pedido. “Nosotros nos opusimos rotundamente porque pensamos que oculta una trampa, después van a decir que estuvo indefenso”, dijo Salinas. “No son más que planteos dilatorios para ir alargando el juicio y que no concluya nunca”, destacó.
Uno de los momentos más tensos de la audiencia se dio cuando el tribunal decidió retirarse por unos minutos del recinto, debido a que una ex jueza federal de la provincia, Dora Goldfarb de Lucero, decidió interrumpir el curso de la audiencia y responsabilizar a Miret por la detención de su esposo, Pedro Tránsito Lucero, ex director del diario El Andino, un caso emblemático de la provincia aún sin resolver.
Durante la jornada de ayer quedaron desafectados, por razones de salud, los acusados Alfredo Castro, Aldo Patrocinio Pérez y Timoteo Amaya. Se suman a los ya separados Gabriel Guzzo, Enrique Blas Gómez Saá y Francisco Salvarreda. En tanto, el ex general Luciano Benjamín Menéndez fue desligado ya que se encuentra afrontando otros dos debates en Córdoba y La Rioja. En total son 34 los acusados cuyas imputaciones comenzará a leer el fiscal hoy, cuando el tribunal vuelva a sesionar.
Informe: Laura Guarinoni.
Fuente:Pagina12
24.02.2014
Entre los imputados también hay miembros de las FFAA, PFA y policía provincial
Mendoza. Comenzó el juicio oral que tiene a cuatro ex magistrados en el banquillo
Sala de Audiencias del TOF mendocino. En primera fila, los defensores.
Mendoza.- Cuatrro magistrados que fueron jueces y fiscales federales, más 30 militares y policías retirados comenzaron a ser juzgados hoy por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar contra más de un centenar de víctimas, por el Tribunal Oral Federal 1 de esta provincia, que adelantó que el juicio se extenderá durante todo el año. Según coincideron en apreciar hoy miembros de organismos de Derechos Humanos, la singularidad y fortaleza de este debate es el procesamiento de los ex jueces federales Luis Miret, Otilio Romano, Rolando Carrizo y Guillermo Petra. Todos se desempeñaron durante la dictadura y están acusados por no investigar los secuestros de más de un centenar de personas, la mayoría de las cuales todavía permanecen desaparecidas.
Mendoza.- Cuatrro magistrados que fueron jueces y fiscales federales, más 30 militares y policías retirados comenzaron a ser juzgados hoy por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar contra más de un centenar de víctimas, por el Tribunal Oral Federal 1 de esta provincia, que adelantó que el juicio se extenderá durante todo el año. Según coincideron en apreciar hoy miembros de organismos de Derechos Humanos, la singularidad y fortaleza de este debate es el procesamiento de los ex jueces federales Luis Miret, Otilio Romano, Rolando Carrizo y Guillermo Petra. Todos se desempeñaron durante la dictadura y están acusados por no investigar los secuestros de más de un centenar de personas, la mayoría de las cuales todavía permanecen desaparecidas.
"En un claro gesto de complicidad, omitieron cumplir con su función de resguardar la vida y la integridad física de las y los detenidos, aportando con su silencio al plan de aniquilamiento del terrorismo de Estado", indicaron en un comunicado.
Este cuarto juicio en Mendoza incluye delitos de Lesa Humanidad perpetrados por agentes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, de la cúpula y subalternos de la Policía de esta provincia y los responsables de las torturas en la penitenciaría provincial.
De los 41 imputados iniciales quedaron finalmente 34, de los cuales Francisco López Rodríguez se encuentra con pedido de captura ya que no pudo ser encontrado por las autoridades policiales.
Los acusados que quedaron desafectados por razones de salud son: Alfredo Castro, Aldo Patrocinio Pérez, Timoteo Amaya, el exmagistrado Gabriel Guzzo, Enrique Blas Gómez Saá y Francisco Salvarreda.
En tanto, el ex general Luciano Benjamín Menéndez fue desafectado ya que se encuentra afrontando otros dos debates en Córdoba y La Rioja.
Esta mañana, la intensa lluvia que cayó en esta capital impidió que miembros de organizaciones y familiares de víctimas se expresen en la explanada del Tribunal provincial como lo hicieron en anteriores ocasiones, y todo se desarrolló en un clima de tranquilidad dentro de la sala.
A través del sistema de teleconferencia, los magistrados notificaron a varios imputados que no residen en Mendoza o están cumpliendo condenas en servicios penitenciarios de distintas ciudades argentinas.
El pedido de enjuiciamiento había sido presentado por la Fiscalía Especial para Delitos de Lesa Humanidad y los querellantes fue plasmado en dos documentos donde están contenidos los cargos contra Luis Miret, Otilio Romano, Rolando Carrizo y Guillermo Petra, y otro que involucra solo al excamarista Gabriel Guzzo, quien afronta el mayor número de ilícitos: 109, seguido por Otilio Romano con 98 casos.
Estas causas se iniciaron a partir de las exposiciones, ya en democracia, de ex detenidos a las que se agregó el análisis de aproximadamente 350 hábeas corpus presentados en tiempos de represión y otra documentación de archivo con la cual fue posible reconstruir el comportamiento de los jueces frente a las denuncias de las víctimas del genocidio e inferir que los hábeas corpus, el recurso más usado para lograr la libertad, eran absolutamente ineficaces, se rechazaban y se evitaba investigar.
Según se comprobó, a pesar de los claros indicios de asesinatos, robos, violaciones, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad ejecutadas por policías y militares, nunca tomaron medidas para sancionarlos faltando a sus esenciales deberes. Hoy, con la reanudación del debate iniciado el lunes pasado, la querella pidió a los miembros del Tribunal que se les prohíba a los imputados tener cámaras fotográficas o celulares, tras lo cual se procedió a la extensa lectura de los cargos contra cada uno de los imputados en las 15 causas que conforman este megajuicio. El pedido lo formuló Pablo Salinas, representante del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, luego de que el ex camarista Luis Miret fotografiara al titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, durante la primer jornada del debate.
Por su parte Bernardo Calderón, defensor del exjuez Romano reiteró el pedido de autodefensa de su cliente y, en caso de que no fuera aceptado, adelantó que él no podrá aceptar la defensa de su cliente.
El tribunal número 1 está integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, juez de San Luis convocado para este debate.
Fuente:Telam
24-2-2014
Lesa Humanidad
Un debate emblemático
Megacausa Mendoza: un represor se entregó y otro se profugó
Lesa Humanidad
Un debate emblemático
Megacausa Mendoza: un represor se entregó y otro se profugó
En la segunda jornada del debate oral -que juzga a jueces y fuerzas de seguridad- Lorenzo Constantino se presentó ante los tribunales. Se le informó que tenía pedido de captura y quedó detenido. Otro ex policía no se presentó a declarar y tampoco fue hallado en su casa.
José Antonio Lorenzo Constantino se encuentra prófugo.Se entregó hoy-Foto:Marcelo Ruiz
Finalmente, el debate se inició con el ingreso al recinto de los imputados que cumplen prisión preventiva en la provincia u otras penas de juicios anteriores. El ex camarista Otilio Romano fue quien encabezó la larga fila de los esposados. Una vez retomado el juicio, el tribunal concluyó las identificaciones que no habían podido concretarse en la jornada inicial.
El cuarto en identificarse fue el ex oficial de policía José Antonio Lorenzo Constantino, que hasta esta mañana se encontraba prófugo. El represor de 57 años, que durante la dictadura cumplió funciones en la comisaría 7° de Godoy Cruz y estuvo al servicio de los operativos del D2, reconoció “estar al tanto” del pedido de captura que regía sobre su persona, motivo por el cual decidió comparecer esta mañana ante el tribunal de manera “espontánea”.
Luego de las identificaciones, el juez Alejandro Waldo Piña le informó a Constantino que permanecerá detenido a lo largo del proceso y dio cuenta de una nueva fuga. Se trata del ex policía Francisco López Rodríguez, que tampoco asistió a la primera audiencia y no fue hallado en su domicilio al momento del allanamiento.
El TOF 1, en repuesta a la celeridad que se le reclamó desde las querellas en torno a la información engorrosa que resultó de la primera audiencia, clarificó la situación de los imputados que se han apartado del proceso por razones médicas.
Así se supo que a las bajas del ex juez federal Gabriel Guzzo y del ex agente militar de Inteligencia Enrique Gomez Saá, se agregaron hoy las de Alfredo Milagros Castro Videla, Timoteo Rosales Amaya y Aldo Patrocinio Bruno Pérez. Todos policías retirados que se desempeñaron en el D2 durante el terrorismo de Estado y ocuparon su jefatura durante 1977, como es el caso de Bruno Pérez.
Mientras que el apartamiento que completa las siete bajas corresponde al ex jefe del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, quien ha sido excluido por comparecer ante otros tribunales del resto del país.
Dora Goldfarb de Lucero, ex jueza, participó de la audiencia de hoy. Es la ex mujer de Pedro Tránsito Lucero, ex jefe de redacción del diario Los Andes. Lucero murió ayer. La mujer se paró de su asiento y culpó a Miret por el secuestro de su hija. Ante esto, el Tribunal decidió retirarla de la sala.
“Romano sabe más que yo”
A mitad de la jornada, el abogado defensor de Otilio Romano, Bernardo Calderón, solicitó al TOF 1 que, por un pacto previo que mantiene con su representado, contemple el ejercicio de la defensa compartida sobre el ex camarista.“Asumí con la condición de que entre los dos haríamos la defensa, es decir que Romano se autodefendería”, expresó, para luego advertir que de no aceptarse este pedido se vería obligado a abandonar la representación. Los motivos que arguyó el letrado y que sorprendieron a los presentes en la sala, se basan en “el incuestionable conocimiento del derecho que tiene Romano”. El ex juez está imputado por participar en 98 crímenes contra la humanidad.
La decisión de la defensa propia para el ex magistrado quedó en manos del tribunal. Se presume que en la próxima audiencia se expedirá al respecto.
Abril de 1977
El proceso ganó ritmo hacia el final de la audiencia, cuando el fiscal Dante Vega comenzó con la lectura de los requerimientos de algunas de las causas. Los tiempos permitieron que desglosara solo las referidas a la caída grupal de abril de 1977 contra un grupo de militantes de Montoneros y de la Juventud Peronista.
En concreto se trató de una serie de operativos que fueron ejecutados por el Ejército y la policía provincial. De allí se desprenden las acusaciones por privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios agravados a un grupo de ex militares que integran Paulino Furió, Ramón Ángel Puebla, Dardo Migno y Alsides París Francisca. En tanto que los miembros de la patota policial involucrada en los operativos y presentes en el debate, Héctor Rubén Camargo, Miguel Ángel Ponce Carrera y Juan Carlos Ponce Ochoa fueron acusados de encubrimiento.
Entre la quincena de víctimas de la llamada “caída de abril del 77” se encuentran los estudiantes Gisela Tenembaun, Ana María Moral y Billy Lee Hunt (de origen estadounidense). En relación a esta causa, también el fiscal narró los hechos que derivaron en los secuestros y desapariciones, en julio de ese año, de la pareja constituida por Laura Terrera y Alfredo Manrique, y la apropiación de Celina Manrique Terrara, la hija de ambos. La joven, arrancada de los brazos de su madre a los 8 meses de edad, recuperó su identidad en 2007.
El debate se reanudará mañana a las 9.30. Se estima que la lectura de los requerimientos abarcará numerosas audiencias, en vista de las 15 causas que conforman el megajuicio.
Fuente:Infojus
delitos de lesa humanidad
Megajuicio: el abogado defensor de Guillermo Petra resultó ser un espía de la dictadura
Megajuicio: el abogado defensor de Guillermo Petra resultó ser un espía de la dictadura
Carlos Alberto Carreñó, abogado de uno de los cuatro jueces que están sentados en el banquillo, aparece relacionado al Destacamento de Inteligencia 144 y habría cumplido funciones como Asesor Universitario.
Foto:Marcos Doña
Por: Edwards Gajardo
La segunda jornada del mega juicio por delitos de lesa humanidad estuvo marcada por algunos hechos que dieron la nota. A la petición de autodefensa de Otilio Romano se sumó la relación del abogado defensor del ex magistrado Guillermo Petra con organismos de inteligencia durante la última dictadura.Esta mañana apareció Carlos Alberto Carreño como defensor de uno de los ex jueces acusados. Lo llamativo es que el nombre del abogado aparece relacionado al Destacamento de Inteligencia 144 y habría cumplido funciones como Asesor Universitario.
Carreño trabajó en el período comprendido entre 1976 y 1983 como personal civil de inteligencia en este recinto que funcionó en una vivienda ubicada frente a Radio Nacional, en calle Emilio Civit y Martínez de Rozas.
El personal del destacamento de Inteligencia 144 estuvo abocado a la denominada lucha contra la subversión. Dependía orgánicamente del III Cuerpo de Ejército y se vinculaba directamente con el Batallón 601 de Inteligencia con sede en Capital Federal.
Fuente:ElSol
Envío:Agnddhh
24/02/14
lesa humanidad
Megajuicio: Romano pidió autodefenderse, y si no lo aceptan podría quedar sin abogado
Así lo confirmó el letrado Bernando Calderón, quien indicó que el ex juez conoce mejor que él la causa y sin su aporte no podrá continuar con la representación. Además, durante la segunda audiencia separaron a otros tres imputados y una ex jueza irrumpió acusando a Miret.
Gabriela Guilló
Una ajetreada segunda jornada de debate se vivió esta mañana en los tribunales provinciales en el marco del Megajuicio por delitos de lesa humanidad. Sucede que Romano solicitó ejercer su autodefensa en compañía de su representante legal, el Tribunal confirmó el apartamiento de otros tres imputados por problemas de
salud y una ex jueza irrumpió en medio del debate acusando al ex juez Luis Miret.
Pasadas las 10.30, el Tribunal dio inicio a la audiencia y minutos después el abogado defensor de Otilio Romano, Bernando Calderón, tomó la palabra.
El letrado indicó que la intención de su cliente es la de ejercer su autodefensa en su compañía. Si bien este pedido ya fue realizado ante el Tribunal, éste aún no se expide, convirtiéndose esta decisión en clave para el futuro del ex juez.
Otilio Romano.
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Calderón sostuvo que si no es aceptado este pedido él deberá dar un paso al costado en la representación legal de Romano por dos razones: la primera ya tal como él la explicó “porque Romano sabe más que yo” y la segunda por una cuestión económica.
“Si Romano no es aceptado como su propio abogado no continuaré”, finalizó el letrado.
Por esto, el futuro del ex juez dependerá de la decisión del Tribunal.
Por otro lado, los jueces Alejandro Piña, Raúl Fourcade y Antonio Macías confirmaron que otros tres imputados fueron separados temporalmente del debate por problemas de salud.
Se trata de Alfredo Castro, Aldo Patrocinio Pérez y Timoteo Amaya. De acuerdo a los estudios médicos ninguno está en condiciones físicas ni psicológicas de afrontar un debate. Los tres, entonces, continuarán con prisión domiciliaria, a la espera de una mejoría en su salud.
Con esta separación, son 34 los hombres que continúan imputados en el juicio. En el comienzo del debate, el Tribunal había separado a Benjamín Menéndez, Enrique Blas Gómez Saá, Francisco Salvarreda y el ex juez Gabriel Guzzo.
“No puedo hacer nada, no está en mis manos”
Un hecho inesperado sucedió en medio de la audiencia, una ex jueza irrumpió en la sala y a viva voz acusó al ex juez Luis Miret por su secuestro.
Se trata de Dora Goldfarb de Lucero, esposa de Pedro Lucero, quien fue jefe de redacción del Diario Los Andes y corresponsal de La Nación. La mujer se paró en medio de la sala y sostuvo que “a mí me secuestraron por culpa de estos señores”.
Dora Goldfarb.
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“Fue una reacción emocional, para que nunca más pase esto”, sostuvo la mujer, quien relató que un día después de que su suegro, el ex interventor de la provincia Pedro Lucero dejara el poder, personal del Ejército Argentino llegó a su casa y la secuestró a ella y a su marido.
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Tras esto, Goldfarb dijo que “no puedo hablar de esperanzas, pero creo en la Justicia”.
El debate continuó minutos después con la lectura de las causas contra los imputados.
Buscado y detenido
Por otro lado, el ex policía José Antonio Lorenzo Constantino que permanecía prófugo se presentó esta mañana a los tribunales provinciales.
"Me presento por mi propia voluntad", sostuvo y tras esto quedó detenido. Sobre el imputado caía un pedido de detención desde la pasada semana, pero cuando las autoridades fueron a buscarlo a su casa no lo encontraron por lo que fue declarado prófugo.
En tanto, sobre quien aún continúa el pedido de detención es sobre el ex policía Francisco López Rodríguez.
Fuente:SitioAndino
Envío:Agnddhh
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