PANORAMA ECONÓMICO.

DETECTAN UNA ASOCIACION ILICITA QUE COMERCIALIZABA GRANOS EN NEGRO CON DESTINO A LA EXPORTACION

Modus operandi de evasores “cereales”

En la maniobra, investigada por la Justicia Federal de Córdoba, participan productores, acopiadores, corredores y transportistas. El último eslabón son las grandes exportadoras. Ventas por 1700 millones de pesos en la mira.

Por Sebastián Premici

La figura del acopiador resulta clave en la asociación ilícita para “blanquear”, en los papeles, el grano adquirido en negro.Imagen: Alejandro Elías
Las principales consultoras vinculadas con el comercio exterior de granos estiman que en el país se comercializan en negro 20 millones de toneladas de soja por año. El circuito de la “soja blue” comienza cuando un productor decide venderle en negro sus granos a una empresa fantasma o apócrifa (APOC, como las llaman en la AFIP) y finaliza cuando el grano es exportado. En el medio intervienen acopiadores, empresas de corretaje que se encargan de mediar entre el productor APOC y el exportador, y los transportistas. El circuito permanece usualmente en las sombras, pero una causa judicial que investiga la existencia de una asociación ilícita tributaria, impulsada por la Fiscalía Federal de Villa María, Córdoba, dejó al descubierto los mecanismos utilizados para comercializar soja de manera ilegal. La maniobra investigada incluyó productores apócrifos, acopios y compañías de corretaje, que movieron 1700 millones de pesos entre 2008 y 2012.

Página/12 accedió a las pruebas incorporadas en el expediente de 15 cuerpos que dan cuenta de todos los eslabones de la asociación ilícita denunciada. La causa se encuentra en plena puja judicial. Actualmente, el expediente está en Casación Penal, luego de que el juez de primera instancia, Roque Ramón Rebak, y la Cámara de Apelaciones, integrada por Ignacio María Velez Funes, José Vicente Muscará y Carlos Lascano (votó en disidencia) modificaran los criterios de investigación para las asociaciones ilícitas, en relación con fallos previos, y dictaran por ahora la falta de mérito para los 24 imputados, de los cuales dos están prófugos (ver aparte).

Tanto la AFIP como la Fiscalía explicaron en varios escritos que la maniobra concluía con la exportación de la soja nunca declarada. Las cerealeras que vendían al exterior el grano luego reclamaban el reintegro de un IVA que nunca ingresó al fisco. A través de la documentación analizada, los investigadores determinaron la sistematicidad de las operaciones de los distintos eslabones de la asociación ilícita con un grupo de exportadoras, de las que sobresalen Vicentin y Bunge .

La maniobra
Página/12 accedió a las cartas de porte (CP) de empresas apócrifas, movimientos bancarios, escuchas telefónicas y documentos con la información detallada de cada uno de los movimientos de la asociación ilícita que fueron utilizados por la Fiscalía, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), para reconstruir la trazabilidad de la maniobra de evasión, desde la primera compra en negro hasta que el mismo grano era exportado.

El delito comienza cuando las empresas fantasma o insolventes, según los registros de la AFIP, les compran el cereal a productores reales. Esta operación le permite evadir al productor real el pago del 10,5 por ciento de IVA correspondiente para estas transacciones. Luego de que la empresa APOC adquiere el grano, se activan los distintos mecanismos de la asociación ilícita.

“Hay dos etapas en la ruta del cereal. Primero debe producirse la compra en negro de los granos y hacer aparecer en los papeles a la empresa apócrifa como un operador de granos, sin tener campos propios, acopios, nada. En el momento en que imputan como propia la soja comprada en negro, comienza la operación de blanqueo. Al principio, las empresas investigadas vendían directo a las exportadoras, pero como se dieron cuenta de que la maniobra era muy burda, incluyeron intermediarios”, explicó a Página/12 la fiscal Virginia Miguel Carmona.

Detrás de las empresas apócrifas generalmente hay un “ideólogo” que se encarga de armar toda la cadena de comercialización ilegal. Es el que crea, mediante prestanombres, las distintas empresas APOC que intervienen en la maniobra. Para comprender la complejidad de la causa investigada, y el rol de las distintas empresas dentro de la asociación ilícita, hay que conocer en detalle cómo es la estructura del circuito comercial de cereales y oleaginosas.

La comercialización de cereales está gravada con una alícuota del 10,5 por ciento en concepto de IVA. Si la operación es efectuada en forma marginal y en consecuencia no es registrada, ni declarada ante la AFIP, el productor APOC, o el acopiador, no ingresa el monto del impuesto resultante. Es decir, la maniobra se concreta mediante la compra en negro para con posterioridad vender ese grano a exportadores, por intermedio de empresas de corretaje, que en la causa judicial analizada formarían parte de la misma asociación ilícita. En el momento de esa venta final, se emiten las respectivas liquidaciones de compra a nombre de las empresas APOC.

Los acopios son los que tienen a su nombre las cartas de porte, que es el documento que permite obtener la trazabilidad de los granos. Hasta ahora, éstos declaraban la cantidad de grano almacenado en sus instalaciones pero sin determinar a quién correspondía dicho grano. Además, nada les impedía tener más grano stockeado que el efectivamente declarado. Por eso la figura del acopiador resulta clave en la asociación ilícita, para “blanquear”, en los papeles, el grano adquirido en negro. Es decir, hacen aparecer en sus registros granos que no tienen u ocultan en los papeles granos adquiridos en negro.

Según la investigación de la Fiscalía, no sólo se lograba evadir el IVA sino también el Impuesto a las Ganancias, ya que la empresa de corretaje emitía una liquidación con el nombre de un contribuyente que si bien existe físicamente, resultaba ser insolvente. Generalmente, este insolvente formaba parte de la misma estructura de la asociación ilícita.

Asimismo, las liquidaciones apócrifas podían emitirse a la orden de personas físicas o jurídicas, constituidas legalmente, pero sin haber registrado operaciones comerciales con el comprador-vendedor. “Esta forma de operar estaba amparada por los sujetos que siguen en la cadena de comercialización del grano, llámense corredores, industriales o exportadores, quienes necesitan adquirir el producto blanqueado. Lo relevante de la investigación es que todos los componentes de la cadena de comercialización forman parte de la misma asociación ilícita. La documentación encontrada nos permitió determinar los roles y vínculos de cada uno de los imputados”, sostuvo Carmona.

Delitos de cuello blanco
El principal acusado es Fernando Luis Cuello. En los distintos allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba se encontró documentación que lo signaba como “ideólogo” de toda la maniobra. Una de las empresas APOC vinculadas con Cuello se llama Algeciras SA, integrada en los papeles por Félix Armando Cabral, Julio Omar González (2010-2011) y Rubén Omar Di Primio, Miguel Angel Ortega y Juan José Ros, desde 2011 en adelante.

En el allanamiento realizado en la calle Rodríguez Peña esquina Emilio Penna (Despeñaderos, provincia de Córdoba) fueron encontradas las cartas de porte a nombre de Algeciras SA. Según la CP del 20 de septiembre de 2011, esta empresa utilizaba a la corredora Compañía Agraria SA, integrada por Carlos Ubaldo Cuello, Diego Alberto Cuello y Gonzalo Alejandro Menéndez. Esta corredora aparece inscripta de manera legal, sin denuncias aparentes ante la AFIP. Sin embargo, es uno de los principales nexos entre las empresas apócrifas y el destino final del grano.

La misma operatoria se registra con cartas de porte de otra empresa APOC, de nombre FG Cereales (Jorge Ferrer y Sergio Luis Guevara). Para tener idea de la magnitud de la operatoria, en uno de los archivos secuestrados durante un allanamiento aparecen los cobros pendientes de Algeciras, vía Compañía Agraria SA, quien se encargaba de entregarles los granos a los exportadores (ver aparte): entre marzo de 2011 y 2012, se encontraron pagos pendientes por 68 millones de pesos.

De la investigación surge una segunda empresa de relevancia encargada de blanquear el cereal. Se llama Cercal SRL, antes Luis Farías e Hijos, integrada por Luis F. Farías, María F. Farías, Julio Daniel Luján y Pablo Martín Zotello. Luis Farías fue ministro de Agricultura de Córdoba durante el gobierno de Angeloz.
Para la Fiscalía, su rol en la organización fue “blanquear operaciones” de las empresas apócrifas Corretajes Group, vinculada con Cuello, y Produc Tan SRL, integrada por Néstor Rubén Beltrame, Marcelo Alberto Sbagzalis y Daniel Ramón Pelayes. Los últimos dos son accionistas de la empresa Sistemas y Control de Gestión SA, una compañía “pantalla” de Cuello, que aparece facturando servicios a las asociaciones apócrifas. Beltrame es actualmente concejal de Río Tercero por Unión por Córdoba, el sector que se encuadra detrás de José Manuel de la Sota.

Movimientos bancarios
Para no levantar sospechas, las operaciones de compraventa de soja con las exportadoras se hacían por contratos de entre 50 y 300 toneladas, de manera diaria. Lo que no resultaba muy discreto eran los movimientos bancarios de las empresas apócrifas. Por ejemplo, el 20 de septiembre de 2011, misma fecha que la carta de porte que se tomó como ejemplo en esta investigación, la empresa Algeciras retiró del Banco Nación, en efectivo, 1,9 millón de pesos. El 22 del mismo mes fueron 1,2 millón de pesos y el 26, 1,3 millón. El que retiraba el dinero era Rubén Omar Di Primio, hoy prófugo de la Justicia.

La información secuestrada en los allanamientos, sumada a los pedidos de levantamiento de secreto bancario, permitió determinar que la empresa Algeciras movió 543 millones de pesos desde 2008 hasta 2012. Por la compañía Cercal SRL pasaron 251 millones de pesos; FG Cereales movió 321 millones de pesos, y Corretajes Group, otros 195 millones.

De la operatoria también formaron parte las empresas Arbol Grande SA y Swetenson SA, vinculadas con Natalia de los Angeles Paulus, la mujer de Cuello. Ambas se dedicaban al transporte, “otro de los mecanismos de fuga de la soja adquirida ilegalmente”, según las hipótesis de investigación de la Fiscalía. Después estaban Graneros del Sur (Paulus), Boca del Río (Luis Farías) y Solfi SA (integrada por Cuello y Paulus).

Esta última estaba registrada como empresa transportista, pero la Fiscalía la investiga también por sus actividades como financista, bajo la carátula de posible lavado de dinero. A partir de los movimientos bancarios de todas estas compañías se determinó que el comercio de la soja ilegal de los integrantes de la asociación ilícita implicó una suma de 1700 millones de pesos.

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA OPERATORIA

Roles bien definidos
Por Sebastián Premici

La causa que investiga la conformación de una asociación ilícita para vender soja en negro está centrada, por el momento, en dilucidar el rol que cada uno de los imputados ocupó en la cadena de comercialización ilegal. Es decir, la lupa judicial está puesta sobre las empresas apócrifas que ingresaban la soja al mercado, en asociación con los acopios y las compañías de corretaje, encargadas de blanquear la operatoria, según la investigación de la Fiscalía Federal de Villa María. Sin embargo, desde el primer momento de la investigación, tanto la fiscalía como la AFIP entendieron que la maniobra debía concluir sí o sí en la exportación de los granos. A través de toda la documentación analizada, los investigadores determinaron en reiteradas oportunidades los vínculos directos de las empresas apócrifas (APOC) con las exportadoras Vicentin y Bunge y, en menor medida, también sobresalen los vínculos con Cargill, Molinos Ríos de la Plata y LDC Argentina.

“La operación evasiva se concreta mediante la compra en negro del cereal por parte de un acopiador, para con posterioridad proceder a vender el grano a las exportadoras o a la industria por intermedio de un corredor, momento en el que se emiten las respectivas liquidaciones de compra a nombre de sujetos muchas veces insolventes. En consecuencia, se concluye que el exportador, con posterioridad a solicitar el recupero del IVA por las operaciones de exportación (consigue que), el organismo recaudador le devuelva un crédito fiscal del cual una parte no ha sido ingresado al fisco”. Así lo expresaron, en varias oportunidades, tanto la fiscalía como la AFIP, a través de Antonio Ramón Panza, jefe de la división jurídica de Río Cuarto.

En los distintos allanamientos realizados en los domicilios de los imputados, fueron encontrados archivos de computadora con información de las facturas pendientes de cobro entre varias de las empresas apócrifas y las exportadoras Bunge y Vicentin. Incluso, de las escuchas telefónicas surgieron los vínculos directos entre estos eslabones de la cadena.

“Una empresa APOC compraba determinada cantidad de soja en forma ilegal, y el único soporte documental eran las personas físicas o jurídicas falsas, que forman parte de la asociación ilícita. Lo único verdadero era cuando ese grano llegaba a los exportadores. Es decir, éstos no podían desconocer la maniobra. Por eso la frutilla del postre de toda esta operatoria era cuando las exportadoras reclamaban a la AFIP el reintegro del IVA que nunca ingresó al fisco”, explicó a este diario la fiscal Virginia Miguel Carmona.
Según la fiscalía y la Procelac, para poder determinar algún grado de responsabilidad penal de las exportadoras es necesario encontrar los vínculos directos entre las empresas fantasmas y estas cerealeras. Es decir, algún dato que indique que les compraban el grano a las empresas apócrifas. Las exportadoras tienen por mecánica conocer todos los eslabones de su cadena de comercialización, sin dejar nada librado al azar. Este diario accedió a un documento que Molinos Río de la Plata les hace firmar a sus proveedores, por el que se comprometen a ofrecer granos legalmente registrados. Esto se replica en las distintas exportadoras. Sobre la base de esta información, para los investigadores es poco probable que las exportadoras no conocieran el origen ilegítimo de los granos.

Vínculos directos
De las computadoras allanadas en el domicilio de FG Cereales surgen datos concretos de los contratos directos entre esta compañía y Bunge. Por ejemplo, entre el 22 de septiembre de 2010 y el 31 de diciembre del mismo año, existen registros de cartas de porte y facturas diarias a cobrar con importes que iban desde los 86 mil pesos o dólares (no está identificado) hasta operaciones por 373 mil pesos o dólares. En total, Bunge aparece en 18 operaciones con las distintas empresas APOC denunciadas por la fiscalía de Villa María.

Este tipo de operaciones se repite hasta 2012, donde también aparecen datos de operaciones de FG Cereales, de manera directa o a través de corredoras, con Vicentin (14 operaciones), Molinos (2) y Noble (2). Tal como sostuvieron los investigadores, en una primera instancia las empresas apócrifas les vendían la “soja blue” a los exportadores de manera directa. Pero cuando se dieron cuenta de que la maniobra resultaba “burda”, incluyeron en la operatoria otras empresas, registradas como acopiadoras y de corretaje, para cumplir el rol de “blanqueadoras” de los granos. Ahí es cuando aparecen en la operatoria la corredora Compañía Agraria SA y Luis Farías e Hijos, luego Cercal SRL.

La empresa Compañía Agraria SA (antes era una SRL) está integrada por Carlos Ubaldo Cuello, Diego Alberto Cuello y Gonzalo Alejandro Menéndez. El mencionado Diego Alberto era socio de Fernando Luis Cuello en la empresa Fernando Cuello Cereales SRL y, a su vez, tenía una participación accionaria en otra compañía –Guayacán SRL– junto a Luis Salvador Farías (Cercal SRL) dedicada a la venta de combustible en Santiago del Estero.

En una de las computadoras de los domicilios allanados había una carpeta con el nombre Algeciras. Dentro de ella, el archivo Excel con el membrete “Cobranzas Vicentin”. Entre marzo de 2011 y el mismo mes de 2012, Algeciras registró pagos pendientes de Vicentin por 67,8 millones de pesos.
Según el estudio que realizó la Procelac, la sistematicidad de las operaciones con Vicentin era la siguiente: de la empresa apócrifa Algeciras se procedía a blanquear el grano a través de la Compañía Agraria SA. Y de esta última empresa salían los granos hacia la exportadora. Todas las operaciones vinculadas a Vicentin tuvieron la participación de la corredora mencionada. En total, hay registradas 59 operaciones entre las empresas APOC, Compañía Agraria SA y Vicentin.

Soja sobre ruedas
Si bien la principal hipótesis de la causa es que la maniobra de evasión requería de la exportación del grano para cerrar el círculo, también surge de la documentación analizada por los investigadores que la “liquidez” de la evasión se daba a partir de la venta de la soja por los transportistas de las empresas imputadas. Es decir, del análisis realizado por la Procelac surgió que muchos destinatarios finales de la soja eran transportistas. Por ejemplo, la empresa Corretaje Group, vinculada con Cuello, terminaba facturando la soja a transportistas, a través de la corredora Luis Farías e Hijos (luego Cercal SRL). Entre ambas empresas fueron registradas por la Procelac más de 130 operaciones. ¿Dónde terminó ese grano? La hipótesis de los investigadores es que pudo venderse a “pie de camión” en otros acopios o silos, o que salió del país vía contrabando.

De toda esta maniobra surge otro destinatario final del grano, el propio Luis Farías, ex ministro de Agricultura de Angeloz. Página/12 accedió a los registros de las facturas entre la empresa apócrifa Produc TAN SRL, integrada por el concejal Néstor Rubén Beltrame, y Cercal SRL. Por día, se emitían varias facturas que movían entre 100 mil y 400 mil pesos. El destinatario final del grano era Farías. Según la documentación analizada por los investigadores, en 2010 hubo registros de facturas entre ambas por más de 45 millones de pesos.

RELACION DELICTIVA PROBADA

Jueces y méritos
Por Sebastián Premici

Luego de la feria judicial de enero, la Fiscalía General de Córdoba interpuso un recurso ante la Cámara de Casación para que se revoque la sentencia que declaró la falta de mérito de los imputados en la causa por la asociación ilícita tributaria, en la que se comercializó “soja blue” por 1700 millones de pesos. La acción de la fiscalía, asistida por la Procelac, apunta a poner de manifiesto el cambio de criterio aplicado por el juez de primera instancia Roque Ramón Rebak y los camaristas Ignacio María Vélez Funes y José Vicente Muscará, quienes dictaron la falta de mérito a pesar de tener como antecedente otra causa de características similares, pero con una suma de dinero involucrada mucho menor.

El fiscal general Alberto Lozada y la Procelac impugnaron la decisión y manifestaron que “los jueces omitieron valorar elementos de prueba para poder procesar a los imputados”. En su escrito de apelación ante Casación, manifestaron que la “existencia de pruebas que demuestran la relación de cada uno de los imputados entre sí permite ver la intención de formar una agrupación dedicada a cometer delitos tributarios.

Los aportes concretos de cada uno de los miembros de la asociación es suficiente para su procesamiento”.
En la última reforma a la Ley Penal Tributaria, se incorporó la figura de asociación ilícita tributaria como delito autónomo, es decir, la existencia de una asociación con fines delictivos ya configuraría un delito por sí mismo. Este es el criterio que cambiaron los magistrados. “La criminalización de una asociación ilícita no podría depender de la cantidad de delitos que cometa cuando, justamente, parte de la idea consiste en el adelantamiento de la punición hasta el momento anterior a la lesión misma”, puede leerse en el texto de la apelación.

Desde el primer momento de la causa, el juez Rebak se mostró reacio a la investigación. De hecho, demoró el allanamiento de una de las empresas apócrifas (Solfi SA) sospechadas de ser una pantalla para lavar parte del dinero que surgió de la comercialización ilegal de soja. Sin embargo, tuvo que aceptar el allanamiento frente a las pruebas reunidas por la fiscalía. “En tanto los jueces supediten la existencia de la asociación ilícita fiscal a la comisión de otros delitos tributarios –a pesar de que la Ley No 24.769 no lo requiere–, los jueces están retrasando el procesamiento de los imputados, lo que podría dar pie a que se extinga la acción penal”, concluyó el texto de la apelación.
Fuente:Pagina12

Las paritarias y el modelo de acumulación
Año 7. Edición número 301. Domingo 23 de Febrero de 2014
Por Horacio Rovelli. Economista
politica@miradasalsur.com.ar

Arriba: granos. Las grandes firmas exportadoras comenzaron a vender lo acumulado en los silos bolsa.//Abajo: Precios. Grandes ganancias para las grandes corporaciones.

El proyecto económico del kirchnerismo no está sobreexpandido por los aumento salariales y el gasto público, sino que enfrenta la restricción de la falta de inversión y la fuga de capitales, generados por quienes tienen ganancias excesivas y manejan los precios.

El kirchnerismo asumió el gobierno tras la crisis del plan de convertibilidad y de valorización financiera del capital, para impulsar un modelo de defensa del mercado interno, del salario, y del empleo, que Néstor Kirchner denominó “un capitalismo en serio”, esto es, en su interpretación, condicionar la tasa de ganancia a la producción y a la generación de puestos de trabajo.

Se partía desde la generación de puestos de trabajo, por eso se impulsaba la producción, para que el coeficiente empleo-producto vaya no sólo incorporando la nueva mano de obra que suma vegetativamente al mercado del trabajo, sino que incluso se absorbiera parte de la que estaba desocupada. Ese círculo virtuoso se ampliaba con las mejoras salariales logradas en paritarias libres, que de alguna manera también alcanzaba a los trabajadores no registrados.

El crecimiento de la demanda arrastra al producto y se refleja en un PIB que es el doble que el del año 2003 (producimos y consumimos un 100% más de los bienes y servicios que en el año 2003) y que los trabajadores incorporados al Sistema Previsional Argentino (SIPA) pasaron de algo menos de 7 (siete) millones, a casi 12 (doce) millones en la actualidad.

En los primeros años del “kirchnerismo” el crecimiento de los precios era poco significativo, porque al existir una importante capacidad ociosa (fábricas cerradas, máquinas paradas, trabajadores desocupados) ante la mayor demanda se prefería incrementar la producción, poniendo en valor la utilización de la capacidad instalada, incorporando empleo y poniendo en funcionamiento las máquinas y equipos, cosa que se fue revirtiendo a medida que el uso de la capacidad productiva se acercaba a su casi totalidad. A partir de allí, los que por lo general ampliaron la capacidad instalada, invirtiendo en sus producción, fueron básicamente las micro, pequeñas y medianas empresas, cuando las grandes prefirieron aumentar sus precios, lo que por un lado es el inicio del proceso inflacionario, y por el otro, la superganancias que obtuvieron y que no invirtieron, que fue emigrando del sistema (fuga de capitales).

La situación se fue tornando cada vez más dual, esto es, las grandes corporaciones no realizaban las inversiones necesarias (e incrementar de esa manera la producción) y obtenían superganancias aumentando los precios, y el consumo seguía creciendo impulsado por las paritarias libres, el nivel de empleo y el gasto público. Razón que tras un año de inconsistencias macroeconómicas como fue el año 2013, reflejadas por ejemplo, en que el dólar blue el 8 de mayo de ese año valiera casi el doble ($ 10,45) que el oficial ($ 5,23), derrapa para fin de ese año y comienzo del 2014.

La economía tiene 5 (cinco) precios principales, el de todos los bienes y servicios (fideos, carne, gasoil, ropa, enseres personales, muebles, inmuebles, restaurantes, prepagas, etc.); las tarifas (agua, gas, luz, comunicaciones, etc.); los salarios; el tipo de cambio (que para nosotros es el valor del dólar), y las tasas de interés. Durante más de diez años, al principio por decreto y luego por paritarias el salario obtuvo un nivel igual o mejor que el crecimiento de los precios de bienes y servicios, creciendo en forma menor las tarifas, el dólar y las tasas de interés. Ese mecanismo garantizaba la expansión del mercado interno y del consumo, en un círculo virtuoso, pero entró a generar problemas principalmente con el frente externo.

Nos encontrábamos con cierto atraso del valor del dólar, totalmente administrable, pero dada la fuerte concentración y extranjerización de la economía Argentina, un problema de administración cambiaria por restricción de los que tenían que ingresar dólares y no lo hicieron, generó un problema de expectativas, que sólo se puede frenar con decisiones fuertes del Gobierno, como fue el desempolvar la obligación a las entidades financieras de tener un límite de dólares en su haber, y ahora la Resolución General 3.593, de febrero 2014 que crea un registro de existencias de granos, que permita un adecuado seguimiento del traslado y de control de las operaciones, por lo que los productores deberán informar “la existencia inicial de granos –a partir de la vigencia del presente régimen–, debiendo identificar por cada planta habilitada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: grano, kilogramos y cosecha a la que pertenece”.

Las decisiones tomadas primero por el BCRA, y ahora por la AFIP son las que posibilitan y garantizan que las grandes firmas comercializadoras de granos nucleadas en Ciara (aceiteras) y CEC (exportadores de cereales), comenzaran a vender lo que tenían en silo bolsa de la cosecha anterior, y es probable que cumplan aunque más no sea en su mayor parte, con la liquidación por U$s 2.000 millones que se comprometieron con el Gobierno durante este mes de febrero 2014.

Paralelamente, para evitar que los grandes exportadores e importadores se financien en pesos y en el mercado local, se los obliga a realizar las operaciones con fuentes externas (propias o créditos del exterior), a la par que se suben las tasas de interés, para que las mismas sean mayores que la depreciación esperada del tipo de cambio. Esto no es gratis; por ejemplo, la tasa fijada por el BCRA para la colocación de Letras (Lebac) del 28,71% para 84 días, en la semana que pasó, es mayor que la tasa esperada en el Rofex (que para los contratos en dólares de diciembre 2014 cerró a una paridad de $ 10,20), de allí la vuelta de la “bicicleta financiera”, no son pocos los que tienen y venden dólar presente y compran a futuro (asegurando el cambio), y colocan los pesos en letras del BCRA, ganando la diferencia entre la depreciación esperada (27,5%) y la tasa del Lebac.

No sólo no es gratis, sino que dura hasta la liquidación de la cosecha gruesa, pasado el invierno, el problema puede ser recreado por los exportadores (lo que debe ser previsto y obrar en consecuencia para evitarlo). Otro problema, es que la suba propiciada de la tasa de interés encarece el financiamiento de la inversión y del consumo, generando una mayor transferencia de los productores y consumidores a favor del sector financiero.

En ese marco descripto, el test de cómo sigue la historia lo darán las paritarias, comenzando por la de los docentes, cuando se inician las clases entre el miércoles 26 de febrero y el lunes 5 de marzo 2014 en todo el país. Debemos recordar que el nuevo índice nacional de IPC de enero 2014 dio 3,7%, si a eso le sumamos el atraso en las remuneraciones de los que son responsables de la educación del “futuro de la patria”, se pueden entender las justas razones de los representantes de los maestros.

Al ser las provincias garantes de la prestación directa de los servicios de educación, salud, seguridad, justicia, etc., todas actividades manos de obra intensiva, la mayor parte de sus ingresos se destinan al pago de los salarios. Cuando uno observa los ingresos provinciales ve que la mayor fuente es el Impuesto a los Ingresos Brutos, que es un gravamen al consumo, cuando por la Constitución Nacional las provincias son las que pueden cobrar impuestos a la propiedad. En promedio de todas las provincias Argentinas, el ingreso del Impuesto a los Ingresos Brutos es un 650% mayor (seis veces y media) el ingreso por impuesto a la propiedad (tierra, inmuebles, patentes).

Entonces, el problema se soluciona en un año si se establece una relación entre los gravámenes a la propiedad y el pago en educación (aumentando ambos, condicionando el segundo al primero, pero obligándose a recaudar de verdad), como en una forma lo plantea el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes en las Provincias de Buenos Aires y en Entre Ríos, que debería extenderse a otros impuestos a la propiedad y generalizarse a todas las provincias.

Pero el problema debe solucionarse ya, y la oferta del Gobierno Nacional, que sirve de referencia a las provincias, fue de un 22% de aumento en tres tramos a lo largo del año, cuando provincias como Córdoba o San Luis ofrecieron un incremento de haberes del 30%, y el crecimiento de los precios esperado para este año no es menor a ese porcentaje, y la tasa activa (la que le cobran a los que quieren o necesitan tomar un préstamo o se financian con tarjeta de créditos), es incluso mayor.

Si todos estos años el modelo de acumulación se benefició con los aumentos salariales, contrario sensu también es cierto. Si se reducen los salarios, se cae el nivel de actividad y se cae el PIB (entramos en recesión, del que es fácil entrar pero es difícil salir).

Lo que debe ponerse en discusión no es que el modelo de acumulación está sobreexpandido por los aumentos salariales y el gasto público, en realidad el modelo enfrenta la restricción de falta de inversión y fuga de capitales, generados por los que obtienen superganancias porque fijan los precios. Por eso, lo primero que debe hacer el Estado con la participación de la población, es controlar el tipo de cambio y el comercio exterior, controlar los precios, controlar los ajustes de los contratos y que las paritarias sean libres, que fueron las cuatro columnas del kirchnerismo original y de todos los gobiernos nacionales y populares que pudimos tener en este país. De cómo lo hagamos, de cómo resolvemos el nudo gordiano que se nos presenta, depende nuestro presente y nuestro futuro.

Lo que se quiere y lo que se puede
Año 7. Edición número 301. Domingo 23 de Febrero de 2014
Por Daniel Míguez
politica@miradasalsur.com.ar

Santa Teresita. El peronismo bonaerense se reunió en santa teresita y le dio un fuerte respaldo a cristina kirchner. (TELAM)

En el modo en que cierren los acuerdos paritarios se juega buena parte de la apuesta del Gobierno a bajar la inflación, que arrancó alta (3,7%) a partir del nuevo índice de variación de precios puesto en marcha en enero. El resultado de las negociaciones con los gremios docentes, por ser las que abren el juego de las pautas salariales, centra toda la expectativa, ya que ineludiblemente el porcentaje de aumento que se otorgue será tomado como referencia pese a las múltiples diferencias entre este sector y otras actividades del mundo laboral.

De poco sirve la apelación del Gobierno a que los gremios tengan en consideración lo que mejoró el poder adquisitivo de sus salarios en los últimos diez años. Con los mismos parámetros que influyeron en las elecciones legislativas del año pasado –donde la mayoría de la gente no fue a votar con la película de la década, sino con la foto del presente y las promesas para el futuro– los sindicalistas tienen que dar respuesta a las demandas actuales de sus representados. No se trata necesariamente de ingratitud, aunque en muchos casos es seguro que la hay.

Parte de esa idea se puso en juego anteayer en el Ministerio de Educación al abrirse formalmente la discusión entre el Gobierno Nacional y los sindicatos docentes. De un lado de la mesa, acompañando al ministro de Educación, Alberto Sileoni, y al viceministro, Jaime Perczyk, estaban el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, lo que daba cuenta de la importancia que el Gobierno le otorgaba al tema. Del otro lado, una decena de secretarios generales de distintos sindicatos, entre los que se destacaban Estela Maldonado (Ctera), Roberto Baradel (Suteba), Eduardo López (Ute), Mario Almirón (Sadop) y Sergio Romero (Uda).

Los funcionarios buscaron acercarse a la cifra que pedían los docentes, pero partiéndola en rubros para que el porcentaje formal de aumento no fuera tan alto. La oferta fue del 22% de aumento, más 2.000 pesos por presentismo. El aumento fue propuesto en tres tramos: 12% ahora, 5% en agosto y 5% en noviembre. Esto llevaría el sueldo inicial mínimo a 4.167 pesos. Si a eso se le suma 1.000 pesos en junio y otros 1.000 en diciembre por presentismo, prorrateado en 12 meses, el ingreso básico sería de 4.333 pesos. Si se considera globalmente, el aumento propuesto sería de 26,8%.

Los docentes pidieron, para empezar a negociar, un salario de de 4.860 pesos, aunque el piso interno que se fijaron sería de 4.500 pesos. Es decir que la diferencia real sería de menos de 200 pesos, una brecha que no parece difícil de zanjar. Si el Gobierno estira un poco su propuesta y modifica los tramos, estaría a tiro del acuerdo, pero hay un abismo insalvable que no es de dinero: la cuestión del presentismo.

Un estímulo de ese tipo parece a priori una medida destinada a complacer a gran parte de la sociedad deseosa de que los abusos de muchos docentes, que faltan injustificadamente con la anuencia del sistema, sea castigada de algún modo, o, en contrapartida, sea premiado el que cumple. Pero ese cuadro de situación no parece que pueda ser modificado con un incentivo económico por presentismo. Al ausentismo docente hay que combatirlo, por supuesto, pero con otras herramientas, que desde el traspaso de las escuelas y los docentes de la Nación a las provincias, están en manos de los gobernadores más que de la Presidenta o del Ministerio de Educación de la Nación.

Pero lo más grave para el kirchnerismo es que estaría llevando adelante una iniciativa que se emparenta con el concepto de educación del liberalismo de los ’90. El premio por presentismo encaja en la idea economicista de la educación, donde ésta es considerada un gasto y no una inversión para el cumplimiento de un derecho.

Quizá el Gobierno encuentre una fórmula para incorporar esos 2.000 pesos anuales pero por otro concepto. Algunos deslizaban la idea de destinarlo al estímulo de los docentes que hacen cursos de capacitación y perfeccionamiento. Ese matiz quizás podría ser aceptado por los gremios.

Dirigentes docentes como Maldonado o Baradel, que reconocen abiertamente cómo el proyecto político gobernante mejoró la calidad de vida de los trabajadores, no figuran en la lista de los sindicalistas que quieren ponerle palos en la rueda a Cristina. Pero, como prioridad, buscan cumplir con la responsabilidad que le otorgaron al ser electos en sus sindicatos. Cristina, por su parte, necesita que el número final del porcentaje de aumento sea lo más bajo posible dentro de lo razonable, para que no dispare pedidos desmedidos de otros gremios. Ella también cumple con la responsabilidad del Jefe de Estado. El desafío es hallar el punto de encuentro.

Esta semana volverán a reunirse los mismos actores para seguir dialogando y ver si pueden acercar posiciones. De no llegar a un acuerdo, el Gobierno –como anticipó Capitanich– volvería a establecer el piso salarial docente por decreto, al igual que en 2012 y 2013. La paritaria nacional docente que creó Néstor Kirchner tenía como objetivo mejorar los sueldos docentes que por entonces era paupérrimos. Fue un modo de obligar a las provincias a dar mejores aumentos, lo que cerraba con el fondo de garantía docente, también impulsado por Kirchner, por el cual el Estado Nacional se compromete a aportar dinero a las provincias que no pueden llegar a pagar el mínimo establecido a nivel nacional. Esa herramienta, eficaz para un gobierno con vocación distributiva y en épocas de expansión, se transformó en un búmeran ahora que la crisis internacional presiona sobre los países emergentes, entre ellos Argentina.

Con acuerdo o por decreto, una vez definida la situación empezarán las verdaderas paritarias en cada provincia. Hasta ahora la única que se firmó fue en Salta con un 25% de aumento y están cerca de hacerlo en Córdoba y San Luis. Hasta el momento, y cómo se informaba en Miradas al Sur el domingo pasado, lo que se avizora son paros que impedirán el comienzo de las clases en la mayoría de las provincias.
Mientras esto se define, los gremios enrolados en la CGT avanzan en charlas preliminares con sus patronales sin acelerar definiciones en un respaldo tácito al Gobierno y su necesidad de ganar tiempo para bajar el índice de precios.

La inflación de febrero, aunque alta, debería ser menos que la de enero. Y la de marzo podría bajar sustancialmente. Con un trimestre definido habría una perspectiva más adecuada para proyectar la inflación anual y pactar acuerdos salariales más razonables.

Para que el secretario general de la CGT, el metalúrgico Antonio Caló, y el líder de los mecánicos, Ricardo Pignanelli (los dos gremios industriales más importantes) puedan imponer el concepto de paciencia ante sus pares, será clave la decisión del Gobierno de destrabar parte de la deuda que el Estado tiene con las obras sociales sindicales. En la última reunión que Cristina tuvo con estos sindicalistas se habló del tema y la Presidenta instruyó a la superintendente de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, para que avance en la negociación de ese reintegro.

La paciencia pedida a los sindicalistas va de la mano del esfuerzo del Gobierno por frenar la suba de precios y en eso anda Kicillof y su equipo. El mecanismo es el mismo que está implementando desde que es ministro: acordar precios por sector y con todos los actores de la cadena que forman el precio al consumidor. La semana que pasó estuvo concentrado, principalmente, en negociar con la difícil industria farmacéutica, que en diciembre y enero pegó dos duros aumentos, y que como bien dijo Cristina con marcada intencionalidad, tiene en el Estado a su principal cliente. Kicillof quiere que retrotraigan los precios de los medicamentos de mayor consumo a los valores que regían en diciembre. Las farmacéuticas se resisten y proponen bajar un poco los precios actuales, pero que sean un 7% superiores a los de diciembre. El Gobierno sigue presionando para que se acepte su postura. Así de difícil es todo por estos días.

Mientras transcurre esta pelea, el peronismo bonaerense se reunió ayer en Santa Teresita para darle un fuerte respaldo a Cristina. Allí estuvieron varios de los potenciales candidatos presidenciales del oficialismo para 2015, entre ellos, el gobernador Daniel Scioli, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y Capitanich, además de muchos ministros, funcionarios nacionales y provinciales y la totalidad de los intendentes del espacio. Todos ellos hicieron referencia a las movidas desestabilizadoras que sufrió el Gobierno en los últimos tiempo (Scioli calificó a sus protagonistas de “miserables”) y destacaron la capacidad de la Presidenta para afrontar esta situación. El respaldo llega una semana antes del esperado discurso de Cristina en la tradicional apertura de sesiones del Congreso.

Aquellas dificultades, según José Ber Gelbard
Año 7. Edición número 301. Domingo 23 de Febrero de 2014
Por Julián Blejmar. Periodista
politica@miradasalsur.com.ar

El diagnóstico de un ministro peronista en 1974. En un contexto de alta inflación y desabastecimiento, el ministro de Economía designado por Perón durante su tercera presidencia concurrió en junio de 1974 al Congreso para presentar su análisis económico. Allí, defendió con datos y números su gestión y arremetió contra “los gestores de los monopolios internacionales”.

Aquel junio del año 1974 era para la economía argentina un mes caldeado, debido a la inflación, con su consecuente desabastecimiento y mercado negro. El incremento de precios se encontraba en una tasa anual aproximada del 13%, con una tendencia a la suba que terminaría representando el 30% anualizado para noviembre. Ese mes, finalizaría la gestión del equipo económico liderado por José Ber Gelbard, quien había sido designado por Héctor Cámpora el 25 de mayo de 1973, y ratificado por Perón durante su tercera presidencia. De acuerdo al historiador norteamericano especializado en estudios latinoamericanos Gary Wynia, el equipo económico liderado por Gelbard coincidía con sus antecesores en la necesidad de atacar la inflación, pero creía “que su fin último era una economía industrial más nacionalista y orientada hacia el consumidor, además de los objetivos inmediatos de estabilización de precios”. De hecho, según este autor, eso lo diferenciaba de los funcionarios que habían ocupado la cartera de economía antes de 1973, quienes tenían “una visión a corto plazo de los problemas, y se veían muy atraídos a combatir la inflación mediante la reducción de los salarios reales, lo que ofrecía una salida ilusoria”.

El 19 de aquel junio caliente, a pocos meses de su salida, Gelbard fue citado por el Congreso para exponer su visión sobre la marcha económica. En su exposición de más tres de horas, hizo referencia no sólo a la inflación, sino a otras variables políticas y económicas. Allí, comenzó señalando que “muchas veces, el ritmo de la actividad cotidiana impide apreciar debidamente de qué modo, haciendo gala de total impunidad, algunos sectores desalojados del espectro político, que aún manejan ciertos resortes, están creando su propia realidad y saboteando nuestra tarea de cambio”, añadiendo que “es un paradójica rutina que abogados y gestores de los monopolios internacionales sostengan su inquietud, ahora, por el futuro de la pequeña y mediana empresa, el costo de vida y las inversiones extranjeras, expresando defender los intereses nacionales y populares. Hasta donde llega nuestra memoria, fueron esos mismos grupos los que hicieron posible que los asalariados perdieran sustancialmente su participación en el ingreso nacional y que ciertas aventuras se calificaran como aporte de capitales extranjeros”. Tras esta introducción, admitió que “un cambio tan drástico de las tradiciones políticas económicas liberales, impuestas por los empleados de los monopolios, no podía funcionar sin ciertos tropiezos”.

En este sentido, hizo referencia a “dos problemas reales, cuya magnitud y origen se vienen exagerando interesadamente, el desabastecimiento y el mercado negro. Estas desviaciones frente al contexto que acabamos de describir, no son un hecho capital”. Afirmó, al respecto, que oponerlas al programa que estaba en marcha “sólo puede tener una oscura finalidad: minimizar la política o conspirar contra sus resultados finales”. Al respecto, afirmó que en el contexto que vivía el país, de una “mayor actividad económica y capacidad adquisitiva”, estos problemas sucedían, y que de hecho también habían ocurrido con los primeros gobiernos peronistas, pero no habían impedido la mayor participación de los sectores populares (en ese entonces, de casi el 50%) en el PBI. Para explicitarlo, remarcó que “todos sabemos que en una economía con libertad de precios, estas desviaciones son menores. Pero en esas economías son también mucho menores el consumo y los ingresos de los sectores del trabajo, que son los primeros destinatarios de esta política” agregando que “el liberalismo en la Argentina sólo trajo miseria para el pueblo”, y arriesgándose a señalar que “bajo el pretexto del desabastecimiento y el mercado negro, se desea sabotear la política votada por el pueblo”. Puntualmente, afirmó que para estos sectores, “tanto sindicales como empresarios” a los que calificó como “voceros de la dependencia y aventureros”, el gobierno había cometido “otras herejías, entre las más graves, la de terminar con la plenipotencia de los gestores internacionales, que se quedaron sin negocios, y lanzarse por el camino del desarrollo independiente en la esfera del intercambio económico”.

Pero también embistió contra “los agentes de la anarquía, que desean apresurar el proceso sin reparar en que le hacen el juego a los reaccionarios de siempre”.

Más adelante, en referencia a las instancias de diálogo intersectorial que había llevado adelante el gobierno, y que se reclamaba en mayor medida por parte de diversos sectores económicos, afirmó que “el diálogo no era sólo para dar mejores precios, menos impuestos o mayores ganancias, así como la conservación de antiguos privilegios gremiales o empresarios”. Sobre el final, hizo un balance de toda la gestión, remarcando los logros obtenidos por el gran número de planes desarrollados, con los que se había intervenido en casi todos los sectores de la economía. Uno de los éxitos, afirmó, era que “la participación de los trabajadores en el ingreso nacional pasó del 33 al 42,5%, la desocupación que en abril de 1973 era del 6,6% en octubre era del 4,4% (Nota de la R. terminaría su gestión con un índice de desocupación similar a este último guarismo) y la tasa de inflación anual pasó del 80% al asumir a menos del 13%”.

Gelbard cerró su exposición afirmando que la misma fue “un balance que es una síntesis de realizaciones y demoras, y nos ofrece una perspectiva muy promisoria y difícil a la vez. Refleja, sin embargo, la postura de quienes estamos dispuestos a pelear por la plasmación de estas ideas, que constituyen la pasión de una vida”.

Medicamentos
Año 7. Edición número 301. Domingo 23 de Febrero de 2014
Por José Carlos Escudero. Médico Sanitarista
politica@miradasalsur.com.ar

Sobre medicamentos estamos discutiendo principalmente sobre cuánto cuestan. Esto es razonable, sobretodo si tenemos en cuenta que los pobres se enferman más que los ricos, y gastan en medicamentos proporcionalmente más que aquellos; pero existen problemas aún peores y a largo plazo que son aún más importantes, acerca de los cuales casi no hay debate.

Los medicamentos son un tercio del gasto total en salud, y si la correlación política de fuerzas en nuestro país fuera otra este gasto podría ser la mitad del actual. El capitalismo gana mucho dinero vendiéndolos, y cada vez comete más violaciones a la ciencia y a la ética al hacerlo, quizás acicateado por la actual crisis económica mundial, que continúa agravándose De estas violaciones se habla poco, excepto en ambientes especializados. Empecemos con las violaciones a la ciencia. La mayor parte de los medicamentos que se venden en Argentina no han sido estudiados rigurosamente. Los medicamentos recién patentados (que reemplazan a otros, quizás tan eficaces y más baratos) han sido poco estudiados, pueden ser poco eficaces, y muchas veces han generado contraindicaciones que la Industria oculta hasta que un eventual escándalo las hace aparecer. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que apenas un par de cientos de medicamentos, en general baratos, solucionan casi todas las enfermedades, pero la Industria ignora esta sensatez científica. De las violaciones a la ética se habla igualmente poco. La industria tiene “gentilezas” con muchos médicos, aquellos que por sus especialidades deben recetar medicamentos especialmente caros, o médicos que pueden encauzar gastos en partidas presupuestarias o médicos con cargos académicos o gremiales relevantes. Esto configura una violación a leyes de práctica profesional y al Juramento Hipocrático, y sería bueno que nuestro ministerio de Salud comience a investigar y sancionar estas practicas. Otras violaciones a la ética ocurren en los Estudios de Campo, a expensas de los derechos y la condición humana de participantes en ellos.

Estos problemas éticos y científicos en los medicamentos de Argentina seguirán ocurriendo aunque el Gobierno Nacional lleve al área las mismas admirables medidas que se están tomando con los precios de los alimentos. Si el Gobierno Nacional y popular comienza a tomar medidas importantes en el tema de la Salud Colectiva nacional se encontrará con un enemigo comparado con el cual la Mesa de Enlace que esmeriló hasta casi la desestabilización a nuestro gobierno popular en 2008 es un grupo con menor capacidad de daño que la Industria capitalista de la salud argentina. Salud está en el centro de la subjetividad humana.

Salud es vida, para uno y para los que uno quiere, es calidad de vida. El capitalismo nacional, utilizando a sus redes de Medios y de comunicadores va a movilizar a la sociedad haciendo “terrorismo epidemiológico”, denunciando los daños a la salud que resultarán de las políticas populistas del gobierno. Los individuos y las instituciones beneficiarias de las “gentilezas” sumarán sus voces, sus firmas y sus sellos a las denuncias.

Irónicamente, medicamentos es un potencial eslabón débil del capitalismo en salud. Los ofertores privados están cada vez más divididos, los escándalos (discutidos reservadamente ) son cada vez más flagrantes… la fabricación pública de medicamentos por el Estado, que actualmente duerme el sueño de una anestesia inducida, puede ser un primer paso eficaz. Puede demostrar a la sociedad que lo que fabrica el Estado es apreciablemente más barato y de mejor calidad promedio que lo que vende la Industria del lucro.

Fuente:MiradasalSur

23.02.2014 
escenario
De relatos, modelos y grietas 
Empresarios y trabajadores suscribieron una inédita "carta abierta" en apoyo al proyecto industrialista e inclusivo oficial. 
Mientras tanto, en la Sociedad Rural, el Grupo Neoperriaux prepara el último pliego de condiciones.

Por: Roberto Caballero

De un tiempo a esta parte, la hegemonía cultural vigente logró instalar a través de sus voceros que la palabra "relato" es sinónimo de "ficción". Se la utiliza para desacreditar algunas verdades y dar por ciertas otras que no lo son, o lo son a medias. Esta categoría se aplica, en especial y con énfasis agotador, al discurso kirchnerista. El macrismo o el massismo, sin embargo, gozan de un tratamiento diferencial: lo que dicen, aunque no sea cierto, presupone algo de verdad superadora o, al menos, de una mentira piadosa, alcanzada por el beneficio de la duda. El tratamiento indulgente de los medios hegemónicos sobre el escándalo de las aulas containers, que afecta a miles de familias en la Capital Federal gobernada por el PRO, no tiene ninguna equivalencia con la insólita acusación de "caño kirchnerista" del acueducto que se rompió dejando sin agua a toda Caleta Olivia. Lo primero es una política que busca restarle calidad a la educación pública disimulada en la supuesta imprevisión. Lo segundo, una imprevisión imperdonable, independientemente de la filiación política del conducto.

Un relato es una sucesión de palabras con sentido. Cuando se ataca el discurso oficial sobre los logros de la última década, lo que se intenta desmerecer es, precisamente, el sentido concreto de esos logros. En otras palabras, que lo mucho parezca poco. O que directamente, sea desarraigado de la experiencia colectiva, hasta que desaparezca. Se desvaloriza, en realidad, un "relato" para fundar uno nuevo donde ciertos hechos ocupen el lugar de la anécdota, la estafa o la ficción; y otros se materialicen como verdades de mayor jerarquía producto del desmerecimiento o el vaciamiento de los anteriores.

Cuando Cristina Fernández de Kirchner, desde Florencio Varela, dice que dentro del relato oficial se puede vivir, trabajar, estudiar o soñar, rescata esa palabra de la operación que procura el desaliento o la decepción para ponerla, nuevamente, al servicio de una revisión verificable por los propios beneficiarios de ese mismo "relato".

Porque el relato, es cierto, refleja algo tangible, en tanto y en cuanto sus protagonistas no crean que sólo se trató de un simple juego de palabras. Es decir, le pongan sentido, experiencia, historia, carnadura, a las cosas que viene a decir.

Por eso el documento "El trabajo y la industria frente a los problemas actuales y el futuro de la economía nacional" que firmaron diversas cámaras empresarias y sindicatos esta semana no es un asunto menor. Son los sujetos corporizados de una prosa repetida desde 2003 a la fecha con anclaje en la vida real. Los protagonistas de una profunda reformulación de la matriz productiva, que es la mayor desde 1976, claro que con sentido exactamente contrario.

Al estilo de las "cartas abiertas" de los intelectuales que se reúnen en la Biblioteca Nacional para dar su apoyo crítico al gobierno, después de que la presidenta los interpelara decenas de veces en todos estos años, a veces con respuestas inaudibles, pero esta vez con la clara influencia del economista Aldo Ferrer como mentor conceptual, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), representada por Gerardo Ventuolo; la Cámara de la Industria del Juguete (CIJ), con Matías Furios; la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), con Gustavo Weiss; la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), con Alberto Sellaro; la Fundación Protejer, de Marco Meloni; y la Unión Industrial bonaerense (UIPBA), presidida por Osvaldo Rial, además de Marcelo Fernández, de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, compartieron escenario, en el Hotel Panamericano, junto al titular de la CGT y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló; de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez; del Sindicato de Mecánicos (SMATA), Ricardo Pignanelli; y de la Asociación Obrera Textil (AOT), Jorge Lobais. Todo para decir un "nunca más" a las políticas de los '90 y el neoliberalismo, que hasta ahora no se había escuchado con tanta contundencia, en un momento donde el oficialismo cosecha desaires inexplicables de parte de otros sectores alcanzados por los beneficios del modelo económico, que atraviesa turbulencias por la corrida cambiaria y el embate especulativo de los formadores de precio.

Sus párrafos más importantes, que no llegaron a la tapa de los diarios ultra opositores, dicen lo siguiente:

l "La economía argentina está operando en condiciones de alta ocupación de la capacidad productiva y de mano de obra, el consumo interno continúa creciendo y motorizando a la misma, el desendeudamiento permitió recuperar soberanía económica para la toma de decisiones y los mercados internacionales son razonablemente favorables para las exportaciones argentinas."

l "El país ha demostrado su capacidad de resurgir de la peor crisis económica de su historia, en el año 2001, ponerse de pie sobre sus propios recursos y ubicarse en el mundo como un país soberano, no dependiente. Estos logros se asientan en un sistema político que ha recuperado definitivamente la democracia, el imperio de la ley, la defensa de los valores humanos, la división de poderes y la seguridad jurídica."

l "Las entidades firmantes, representativas de trabajadores y empresarios de la industria argentina, formulan su total contribución y voluntad para resolver las situaciones que puedan presentarse y asimismo afirman la plena confianza en el potencial del país y su capacidad de desplegar el desarrollo sustentable con inclusión social."

l "Hoy es el momento histórico para continuar apoyando a la industria, la actividad primaria y el empleo, que tantas veces fueron postergados en el país por la inestabilidad institucional, el sometimiento a la especulación financiera y la cultura rentística, que nos llevaron a la reprimarización del sistema económico."

l "Situaciones como expectativas de inestabilidad cambiaria y movimiento de precios generan incertidumbre y benefician a aquellos cuya actividad es especular. Sin dudas que hay raíces profundas en históricas debilidades estructurales de la economía argentina que dan lugar a estos escenarios."

l "La convergencia de las políticas públicas con las decisiones privadas, la administración razonable de la puja distributiva, atendiendo al aumento del empleo, la mejora de los salarios reales y la preservación del mercado interno, han generado las condiciones necesarias para estimular la inversión e incrementar la oferta de bienes y servicios que abastezcan el desarrollo del consumo interno y atiendan la demanda de exportaciones."

Que lo hayan firmado empresarios y trabajadores, es un logro. Pone sujetos y protagonistas al "relato". Astilla su supuesta ficcionalidad. Calificarlo de tardío, es entendible. Desconocer su relevancia, no tanto. Para ver su aporte, basta con revisar el espacio cedido a la noticia en los diarios de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Clarín y La Nación, que le dedicaron el trato mezquino que le aplican, habitualmente, a las noticias que preferirían ignorar.

¿Es casual? Nada que ver. Un día después de la inédita "Carta Abierta" del mundo del trabajo y la producción que acompaña el modelo, el "jefe de los devaluadores" Luis Miguel Etchevehere, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), hizo de anfitrión del agrupamiento patronal Foro de la Convergencia Empresarial, que cuenta como armador de la narrativa ultra opositora al filósofo antikirchnerista Santiago Kovaldloff. Fue en la sede palermitana de la entidad agropecuaria. Hasta allí llegaron Luis Betnaza, de Techint; Cristiano Rattazi, de Fiat; Claudio Cesario y Enrique Cristofani, de ABA, de la banca extranjera; Gabriel Marino, del HSBC; Jaime Campos, de AEA, que encabezan Clarín, Techint, Arcor y La Nación; Diego Pérez Santiesteban, de la Cámara de Importadores; Ignacio Stegmann, de 3M; y representantes de Amcham, la cámara que agrupa a las empresas estadounidenses, e idénticas entidades patronales que reúnen a los de procedencia española y chilena. También hubo una delegación de la UIA.

Aunque se cuidaron de aclarar que no pretenden convertirse en un espacio destituyente y expresaron que iban a respetar el cumplimiento de la Constitución (es decir, que van a conceder que Cristina Kirchner termine su mandato en 2015), el tufillo noventista del cónclave podía olerse a kilómetros de allí. Difícil que el chancho vuele y mucho más complejo suponer que banqueros, terratenientes y empresarios transnacionales no se traen algo entre manos cuando se juntan a elaborar documentos que tienen más el formato de los pliegos de condiciones que geniales aportes a la solución de los problemas argentinos. Por caso, de los borradores que (según la nota de Clarín titulada "Inquietud por la economía en una masiva reunión empresaria") tomó Kovadloff como secretario de actas ad hoc surge un pedido de estabilidad de la moneda, mayores garantías para las inversiones, críticas al déficit energético y un solapado pedido de endeudamiento. 

La mayoría de los sellos patronales autoconvocados en la Sociedad Rural suscribieron hace 38 años los lineamientos generales de la dictadura cívico-militar. No se trata de la misma gente, sí de los mismos intereses. Modelo agroexportador, con el Estado como soporte y último fiador. Hace casi cuatro décadas, con fragoteos parecidos comenzó el período más negro de la historia nacional. Las primeras 30 medidas económicas de José Alfredo Martínez de Hoz fueron destinadas a favorecer a los mismos grupos: en el medio desapareció una generación de jóvenes. Domingo Felipe Cavallo hizo lo suyo en los '90: una generación de trabajadores fue a engrosar las filas de la desocupación.

El "Foro de la Convergencia" huele a Grupo Neoperriaux. Son el pasado frustrante. Por eso se ven obligados a aclarar lo que no debieran: que van a respetar la democracia y la Constitución. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces.

Entre el encuentro en el Panamericano y el de la Sociedad Rural hay dos países divididos por una grieta que parece infranqueable. No es el país kirchnerista y el país antikirchnerista. Es el país productivo con inclusión y el que tiene la exclusión como norma maximizadora de sus ganancias. Son dos proyectos distintos. Salvo por épocas, ninguno logró imponerse definitivamente al otro. Son proyectos encontrados que no encuentran cauce común y colisionan cada tanto. Para evitarlo, los partícipes del brainstorming en la SRA deberían aceptar primero la autoridad del Estado democrático, y no sólo desde una perspectiva de bolsillo. Soportar la democracia no es creer en ella.

Mientras tanto, los que no comulgamos con el proyecto de país que delinea el Grupo Neoperriaux tendríamos que agradecer que, aunque sus integrantes posean el control de Papel Prensa, imprentas poderosos, radios y canales de TV todavía no adecuados a la LSCA, no tienen cuarteles donde ir a golpear.

Mejor así.  

Una noticia vale menos que un tuit

El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a Luis D'Elía por la agresión callejera a un productor agrario durante la crisis de la 125. Curioso paso procesal, siendo que el líder del FTV ya fue condenado por el hecho. La noticia se conoció en simultáneo con un tuit del mismo D'Elía pidiendo el fusilamiento de Leopoldo López, señalado por Nicolás Maduro como el cerebro del conato golpista contra la democracia venezolana. La polémica, buscada por el propio D'Elía, según él mismo confesó después, fue instantánea. 

Pero en el medio del gran barullo, se perdió una noticia muy importante: Ercolini, que ahora quiere indagar a D'Elía por un delito ya condenado, es el que hace años no llama a indagatoria a Héctor Magnetto y a Bartolomé Mitre por la apropiación ilegal de Papel Prensa. ¿Doble vara? Es probable. Lo cierto es que pasó inadvertido para todos los opinantes. ¿Será tan fuerte la verdad del expediente Papel Prensa que nadie se anima a mencionarlo?  

23.02.2014 
tras la última presentación ante la corte suprema de justicia 
Las claves legales para ganarle a los fondos buitre en EE UU 
Se subraya que se está violando una ley estadounidense que otorga inmunidad a las reservas internacionales del país y que se respetó el trato igualitario.

Por: Nicolás Furfaro

La necesidad de la revisión de esta Corte es imperiosa, y el momento para la revisión es ahora." La frase se desprende de la página 36 del largo documento que los abogados de la Argentina presentaron el martes ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y marca el carácter con el que los especialistas decidieron encarar la última apelación por escrito del caso central que enfrenta al país con los fondos buitre. El mensaje político se mantuvo en un rechazo de plano tanto al reclamo como a los derechos de los buitres para llevarlo adelante, y puso la lupa sobre los "errores" cometidos por los jueces de primera y segunda instancia al ignorar las implicaciones de la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA, por sus siglas en inglés).

"Si los denunciantes obtuvieran un fallo a favor basándose en la deuda argentina en default, la FSIA prevendría una ejecución contra los activos inmunes del país, incluidas sus reservas internacionales", sostiene el documento. Esta ley sancionada en 1976 establece que la propiedad de los Estados extranjeros es inmune al embargo excepto que, entre otras cosas, esté localizada en los Estados Unidos y sea usada para actividad comercial.

Al ignorar esto, las decisiones que buscan condenar al Estado nacional "son profundamente ofensivas para la soberanía de la Argentina". Además, más allá del caso NML vs Argentina en particular, los representantes del país argumentan que la FSIA representa el balance entre los intereses de los litigantes y los soberanos extranjeros en general, "y claramente contempla que algunas deudas van a quedar insatisfechas", señalan en  la presentación.

El planteo de los litigantes sobre la necesidad de que Argentina pague con las reservas del Banco Central le da argumentos al país para mostrar que se buscan activos que están fuera del alcance del Poder Judicial norteamericano al no encontrarse dentro de los límites geográficos de los Estados Unidos.

"Las medidas cautelares también chocan con los principios tradicionales de equidad. De hecho, los tribunales inferiores plantearon que las inmunidades de la Argentina significaban que no había recurso legal adecuado", explican. A pesar de esto, los jueces emitieron fallos que indirectamente implican un resultado que la FSIA prohíbe, "desmintiendo un régimen del Congreso cuidadosamente elaborado y causando precisamente las tensiones internacionales que se buscaba prevenir".

La otra pata de la defensa del gobierno nacional apunta directo a la interpretación de la cláusula pari passu (tratamiento igualitario, en la jerga legal), rechazándo que su significado implique una promesa de no reestructurar.

"Basándose en una atípica y profundamente errónea interpretación de la cláusula que aparece en casi todos los bonos soberanos, se ordenó que Argentina debe pagar todo lo reclamado por los denunciantes, incluyendo capital e intereses, y esto debe provenir de las reservas del país", sostiene la apelación. De no concretarse ese desembolso, explican los abogados, el país "debe ir hacia un default de 24 mil millones de dólares de deuda reestructurada imponiendo graves pérdidas para mercados de crédito, los bonistas que entraron a los canjes y los ciudadanos argentinos".

A partir de esto, los defensores argentinos, tanto el especialista estrella Paul Clement como los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton encabezados por Jonathan Blackamn, advierten sobre las consecuencias que se desatarían con la "interpretación contraintuitiva de los tribunales inferiores, que permite que cualquier holdout vete una reestructuración a menos que se le pague el 100% de sus títulos".

Así, se señalan el trastorno sobre las expectativas del mercado; el impedimento de reestructuraciones soberanas; la amenaza al status de Nueva York como un centro internacional para la emisión de deuda; las pérdidas millonarias de los bonistas tenedores de titulos reestructurados; y la "renovada catástrofe económica con severas consecuencias para millones de ciudadanos argentinos".

Además, la estrategia oficial destaca que las consecuencias van mucho más allá de la Argentina y subraya que el gobierno de Estados Unidos presentó documentos en forma de amicus curiae (amigo de la Corte) para enfatizar que los problemas que se podrían generar se relacionan con "políticas públicas vitales" y tienen "importancia legal" para la administración de Barack Obama.

Los abogados también aprovechan para volver a poner sobre la mesa el pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), que apuntó, en la línea del gobierno de EE UU, que las decisiones de los tribunales inferiores implican "el riesgo de socavar el proceso de reestructuración de la deuda soberana".

"Las decisiones de los tribunales inferiores son finales, y es por esto que la necesidad de que la Corte Suprema intervenga es imperativa. La Corte debería certificar el cuestionamiento sobre la cláusula pari passu a la corte más importante de Nueva York (la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito); resolver el cuestionamiento sobre la Ley de Inmunidad Soberana; o ambas", reclaman los abogados en el escrito.

Por estas cuestiones apuntan que a la hora de reacciones a las medidas de la Corte distrital (la de Thomas Griesa, de primera instancia), Argentina no se comportó como un "contumaz litigante", sino como un Estado soberano, mostrando exactamente la afrenta que el Congreso quiso prevenir con la FSIA.

"Cualquier soberano protestaría si una corte extranjera emitiera una orden extraterritorial amenazando a sus acreedores y ciudadanos y cohercionándolo a entregar miles de millones de dólares de sus reservas", subrayan.

Con todos estos argumentos  –que serán reforzados en la audiencia oral satélite del 21 de abril– el gobierno busca al menos obtener una victoria en tiempo. Es decir, que el proceso legal se estire y haya más tiempo para llevar adelante negociaciones extrajudiciales para intentar cerrar el conflicto, ya que la resolución final a favor del país en los tribunales no es imposible pero sí muy difícil.

Ahora los holdouts tienen un mes para presentar su respuesta legal ante los supremos y lo más probable es que el máximo tribunal no indique si va a revisar o no el caso hasta el segundo trimestre del año. Así, un eventual pronunciamiento con previa presentación de argumentos orales no llegaría hasta después de octubre.  

 

 

Una chance a los argumentos orales

La Corte Suprema estadounidense convocó a una audiencia para el próximo 21 de abril en uno de los casos secundarios del enfrentamiento con los fondos buitres y dio una señal positiva de cara a la resolución de la cuestión de fondo: el método de pago de los títulos en manos de los holdouts.

La audiencia se corresponde con un pedido del fondo NML para embargar activos de la Argentina en bancos de los Estados Unidos y en la sucursal neoyorquina del Banco Nación (proceso llamado World Discovery). Sin embargo, según comunicaron desde el máximo tribunal a los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGSH), la exposición oral podrá incluir referencia a la causa vertebral por la cláusula pari passu.

Luego de escuchar las posiciones, los jueces pueden tomarse más de dos meses para comunicar si aceptan revisar el caso secundario.

Esa ocasión servirá para dar un nuevo paso en la estrategia de seducir a los supremos y contará con la primera intervención en persona de Paul Clement, el abogado especialista en procesos ante la Corte Suprema que el país contrató a fines del año pasado.

El abogado mantuvo varias reuniones con las autoridades del Ministerio de Economía y aseguró que existen chances reales de ganar el juicio contra los holdouts.

 

 

Los argumentos textuales

 Ley de Inmunidad Soberana: "Si los denunciantes obtuvieran un fallo a favor basándose en la deuda argentina en default, la FSIA prevendría una ejecución contra los activos inmunes del país, incluidas sus reservas internacionales."

 

Pari passu: "Basándose en una atípica y profundamente errónea interpretación de la cláusula que aparece en casi todos los bonos soberanos, se ordenó que Argentina debe pagar todo lo reclamado por los denunciantes."

 

 Equidad: "Las medidas cautelares también chocan con los principios tradicionales de equidad. De hecho, los tribunales inferiores plantearon que las inmunidades de la Argentina significaban que no había recurso legal adecuado."

 

 Crisis: "(La obligación de pagar llevaría a una) renovada catástrofe económica con severas consecuencias para millones de ciudadanos argentinos."

 

 Soberanía: "Cualquier soberano protestaría si una corte extranjera emitiera una orden extraterritorial."

 

 

Apelación de bonistas

El Exchange Bondholders Group (EBG), que nuclea a los fondos más importantes que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, se sumó a la Argentina y presentó una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos en búsqueda de una revisión del fallo que obliga al país a pagar en forma inmediata el 100% de los títulos en manos de los holdouts.

Así como hicieron los abogados defensores contratados por el gobierno nacional, los inversores advirtieron sobre el riesgo de default que implicaría la confirmación de la orden de pago. Obviamente su actuación no es de apoyo moral al país, sino que están preocupados por sus propios intereses y quieren evitar cualquier tipo de obstáculo a la continuidad de los pagos que vinen recibiendo en tiempo y forma en los últimos años.

En el escrito elevado al máximo tribunal los fondos piden respuestas a preguntas que surgen de los "daños sufridos por bonistas inocentes" a partir de los fallos previos y cuestionan que el Poder Judicial ate los pagos que les corresponden a lo que pase con lo adeudado a aquellos fondos que no aceptaron los canjes.

"El objetivo es que la Corte revierta la decisión errónea de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que inequitativamente e inconstitucionalmente mantiene la propiedad del EBG rehén de la disputa entre Argentina y Elliot. Confiamos en que van a considerar este problema de gran importancia para los mercados de deuda internacionales y van a revertir la decisión", dijo Sean O’Shea, quien junto a David Boies es abogado del EBG.

El grupo de inversores incluye a actores de peso internacional como Gramercy Funds Management, Alliance Bernstein, BlackRock y Breva Howards, y acumula más de 1000 millones de dólares de bonos reestructurados.

Gramercy estuvo muy presente en las mesas de negociación extrajudicial con un plan para que los tenedores de bonos reestructurados cedieran parte de sus intereses a los buitres a cambio de que estos descartaran la demanda. Ahora que esa inciativa fracasó, todo su accionar apuesta a lo que pase en terreno judicial.

Fuente:TiempoArgentino