MENDOZA-MEGAJUICIO: Y SIN EMBARGO SE MUEVE.

Y sin embargo se mueve
25 DE FEBRERO 2014
Por: Sebastián Moro

El abogado Bernando Calderón, indicó que Romano conoce mejor que él la causa. Fotos Axel Lloret

La segunda semana del megajuicio por delitos de lesa humanidad comenzó con importantes novedades respecto de los imputados. Permitió que el fiscal Dante Vega resumiera los hechos y acusaciones de causas emblemáticas, como la caída grupal de abril de 1977 contra militantes montoneros, y la de las desapariciones de Laura Terrera y Alfredo Manrique junto a la supresión de identidad de Celina Rebeca, hija de ambos. También se evidenció la impunidad con la que se desenvuelven aún los exfuncionarios federales: Otilio Romano presionó al Tribunal por su autodefensa y se confirmó el apartamiento de Gabriel Guzzo, exjuez acusado de 107 violaciones a los derechos humanos.

Tras una semana de iniciado el megajuicio, pudieron finalmente conocerse las esperadas resoluciones que el Tribunal Oral Federal comunicó a las partes, el público y la prensa. Primero se realizó la identificación de los ocho imputados faltantes, con tres de ellos autorizados por sus condiciones de salud a no asistir al debate hasta tanto el TOF 1 pudiera constatar nuevamente sus posibilidades de comparecencia. Ellos son el expolicía Luis Alberto Rodríguez Vásquez, condenado en el segundo juicio por delitos de lesa Humanidad en Mendoza; el exagente de inteligencia del D2 Armando Osvaldo Fernández Miranda, condenado a prisión perpetua en el tercer juicio, y Juan Agustín Oyarzábal, con perpetuas por ambos procesos. A su vez, el expolicía José Antonio Lorenzo se presentó voluntariamente, tras encontrarse en situación de prófugo desde la semana anterior. Alejandro Piña, el presidente del Tribunal, le comunicó que quedaba detenido en virtud de la orden de captura previa. Su lugar de prófugo lo ocupa ahora otro expolicía, Francisco Alberto López Rodríguez, según reconoció el magistrado.

También quedaron aclarados cuatro apartamientos previos al inicio del proceso, en una muestra representativa de la totalidad de los imputados: Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo del Ejército; el exjuez federal Gabriel Francisco Guzzo y los exmilitares Enrique Gómez Sáa y Roberto Montes Salvarrey. Mientras que los tres últimos quedan apartados por razones de salud, en Menéndez concurren problemas de agenda, ya que rinde cuentas por otros crímenes en otras provincias: los lunes en la Rioja y de martes a jueves en el megajuicio de La Perla, Córdoba.

Los exámenes médicos que el 12 y 13 de febrero realizó a los imputados el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, derivaron además en los apartamientos provisorios de tres expolicías: Alfredo Castro Videla, Timoteo Rosales Amaya y Aldo Patrocinio Bruno Pérez, exjefe del D2, con cadena perpetua. Los dictámenes de las pericias dan cuenta de que, por su avanzadas edades, se encuentran con sus facultades psíquico-físicas deterioradas. Esto afecta la comprensión y el alcance para dimensionar los procesos en su contra y, por tanto, quedan suspendidos y en prisión domiciliaria, con la obligación de sus defensores de remitir análisis médicos mensuales al Tribunal.

De botas y zapatos
“El que avisa no traiciona”. Así se dirigió a los magistrados el abogado Bernardo Calderón, representante particular de Otilio Romano, una vez que concluyó la identificación de los representantes de las partes, causa por causa, con sus respectivos acusados. Se trató de un nuevo ardid dilatorio y de un intento de presión sobre el Tribunal de parte de quien, al final de la primera audiencia, fue el más exultante de los “profesionales” al celebrar la bravata que Romano y sus colegas, con apoyo de sus familiares, efectuaron de manera provocativa al vitorearse como “héroes”. Ayer Calderón apeló a la victimización y la extorsión:
“Cuando asumí el convenio, lo hice con la convicción de que mi representado ejercería su autodefensa, es decir, una defensa compartida. Además, el doctor Romano no puede ser cuestionado en su conocimiento del derecho penal en general y de esta causa en particular. Si el doctor Romano no fuera aceptado en su defensa no puedo asumir, porque él sabe más que yo, mucho más que yo. Y también porque se trata de una cuestión económica: este es un juicio millonario, los gastos son millonarios, los sueldos (no el mío, desgraciadamente) para algunas de las partes son millonarios, y además es una cuestión muy onerosa para nuestros representados”.

La provocación, la agresión directa a los fiscales y representantes de las querellas, y la apelación al tiempo y al dinero por parte de Calderón derivaron en una manifestación por parte de una de las víctimas de la justicia federal durante el terrorismo de Estado, presente en la audiencia. Dora Goldfarb fue jueza y, tras el golpe de Estado, debió exiliarse junto a su esposo, el entonces periodista de diario Los Andes Pedro Tránsito Lucero y sus hijas. Previamente, Lucero permaneció detenido en el Liceo Militar y la Penitenciaría Provincial, mientras que Miret rechazaba sitemáticamente las denuncias que Dora presentaba. Notoriamente afectada, Goldfarb clamó: “Acá está mi hija Gabriela, ella tenía un mes y me la quitaron, ella fue secuestrada y encerrada”. Su padre, quien falleció el pasado fin de semana, aportó un recordado testimonio en el segundo juicio de Mendoza.

La solicitud de autodefensa de Romano tiene un antecedente muy próximo, aunque de dudosos beneficios para el interesado: el 28 de abril de 2011, en una audiencia especial convocada en Tribunales Federales, a pocos meses de su destitución como juez federal, Luis Francisco Miret, victimizándose y despreciando por completo al proceso judicial, procedió a su propia defensa a pesar de contar con dos defensores oficiales, a quienes no dejó meter bocado. Allí se trataron las apelaciones que los excamaristas presentaron de la Causa “Fiscal contra Guzzo”, que originalmente integra las denuncias sobre el accionar de los funcionarios durante la dictadura.

Durante casi dos horas, Miret apeló a una batería de citas y disparatadas interpretaciones del derecho con el fin de, al menos, dilatar los procesos en contra de él y de sus colegas. Entre adscripciones a la teoría de los dos demonios, menciones a “pecadillos que entonces se pudieran haber cometido” y a “postergaciones, no omisiones, en las investigaciones”, y la reculpabilización de las víctimas, Miret, hablando de sí mismo en tercera persona, dijo entonces:

“Ha llevado a Miret horas de reflexión el establecer por qué hombres de derecho y bien intencionados lo han juzgado con anacronismos. Al quejarse de los magistrados actuantes, no se ponían en su lugar al momento de los hechos, tan distinto del actual. Encuentra Miret una situación irremediable: los que hoy lo juzgan no vivieron como adultos lo que ocurrió en 1975 y 1976. Pudo haber excesos en la represión, pero esos hechos deben ser juzgados en razón del tiempo, circunstancias y lugar en que ocurrieron. Yo soy yo y mis circunstancias, y el yo está tan metido en las circunstancias que lo rodean que esas circunstancias lo limitan. Tanto que esos hechos condicionan, abdicionan, limitan al sujeto. Está preso, tan preso que no es libre del todo. Su libre arbitrio es relativo. Existe la aplicación de una ideología visible en quienes acusan a Romano y Miret utilizando algunos derechos humanos para destacar la violación de esos derechos. La ideologización del discurso de las víctimas de la represión es aceptable aunque no se digan exterroristas subversivos. Todo queda escrito. Para juzgarme, quien quiera ser justo, debe ponerse en mis zapatos”.

Abril del 77: la violencia de las horas
El fiscal Dante Vega realizó la presentación resumida de los hechos por los cuales se encuentra imputado Paulino Enrique Furió, exjefe militar ya condenado por otros delitos de lesa humanidad. Las acusaciones llegaron oralmente, también, respecto de otros imputados presentes en la sala, todos expolicías. Tres de las cuatro causas informadas abarcan lo que se conoce como “Operativo de abril de 1977”, efectuado entre los días 4 y 10 de ese mes por la Fuerza Aérea, la Policía Provincial y el Ejército en distintas localidades del Gran Mendoza. El objetivo era el secuestro de militantes de la Juventud Peronista y de Montoneros considerados “subversivos residuales”, pues el aparato represor no había podido dar con ellos. El factor común de esta caída grupal fue la persecución previa por motivos políticos. Explicó el fiscal:

“Gisela Tenembaun y Ana María Moral se refugiaron en San Juan con sus respectivas parejas, Alfredo Escamez y Roque Moyano, hasta que estos fueron detectados y secuestrados a fines de 1976. Ambos permanecen desaparecidos. Las mujeres regresaron a Mendoza. Si bien el caso de Moral no es objeto de análisis en esta causa, los hechos que terminan con su homicidio tienen estrecha vinculación con los del resto de los casos. Las víctimas de este grupo venían huyendo de la feroz represión en otros puntos del país, como Miguel Julio Pacheco y Luis César López Muntaner, que provenían de La Plata, y el matrimonio de Jorge Alberto José y María del Carmen Laudani, provenientes de Mar del Plata, quienes tampoco forman parte de este debate pero fueron reseñados en requisitoria. Jorge Albino Pérez, Gloria Fonseca, Elvira Orfila Benítez, Billy Lee Hunt y Juan Manuel Montesino eran buscados por su pertenencia ideológica y vivían en la clandestinidad. Pedro Ulderico Ponce, Emiliano Pérez, Manuel Alberto Gutiérrez y María Eva Fernández, militantes de la Juventud Peronista, también fueron secuestrados y desaparecidos por sus vinculaciones con los primeros. Fueron quince personas ultimadas en un lapso de seis días. Solo un trabajo de inteligencia, reflexión y seguimiento sobre las víctimas explica la dimensión del Operativo”.

Pedro Ulderico Ponce era perseguido desde 1974, sindicado por el entonces fiscal Miret como militante de la JP. Ponce trabajaba en la Biblioteca San Martín y el 4 de abril del 77, entre las 11.30 y las 12.00, solicitó permiso para realizar trámites personales en Obras Sanitarias. En la vereda, con un compañero, fue obligado por un grupo de civiles a subir a un furgón donde había una persona uniformada.

Manuel Alberto Gutiérrez y María Eva Fernández de Gutiérrez estaban casados. Él, de 23 años, trabajaba en Coca-Cola; ella, de 24 años, era maestra. La hija de ambos tenía 5 años. Vivían en la calle doctor Moreno 2266, de Las Heras, donde provisoriamente acogían a Juan Manuel Montesino. Eva fue secuestrada en la vía pública el 9 de abril. A las 9 dejó a su hija con un vecino y salió por una diligencia. A las dos horas, civiles que manifestaron ser policías interrogaron a los vecinos por la niña y por las llaves del departamento. Sumaron más hombres al operativo, que se movilizaban en vehículos que cercaban la cuadra. Despejaron el área. A las 13.30 llegó Manuel. Tres vehículos frenaron y la patota lo apuntó en tanto le quitaban su bolso, y se lo llevaron en un auto. Al menos seis efectivos se quedaron en la casa y sus alrededores, en lo que se conoce como ´ratonera´. La niña permaneció con el vecino Patricio Dardo Castillo hasta que sus abuelos la buscaron.

Montesino, de 26 años, estaba clandestino. En noviembre de 1976, Antonio Bonoso Pérez, su compañero de militancia, había sido secuestrado del último domicilio fijado por Montesino. Este trasladó a su familia a General Alvear, en tanto que él se quedó en la ciudad. En el sur detuvieron a su hija y a su compañera, Hilda Núñez, prisionera en el D2 y en la Penitenciaría, y sometida a Consejo de Guerra. Hacia la medianoche del 9 de abril, Juan Manuel arribó al domicilio de los Gutiérrez. Fue interrogado, golpeado y arrastrado hasta la calle, donde por 70 metros escapó de sus captores hasta la esquina de una farmacia. Allí fue baleado y posteriormente depositado en una camioneta policial.

Además de Furió y del entonces vicecomodoro y jefe de la Policía de Mendoza, Alcides Paris Francisca, acusados en los tres hechos por privación de la libertad y de homicidio, están señalados por encubrimiento y asociación ilícita tres expolicías. Se trata de responsables que actuaron ese día en la comisaría 16, seccional claramente involucrada en estos hechos y en otros relacionados con el accionar represivo del D2. Juan Carlos Ponce Ochoa, que provenía del D2, era el subcomisario; Héctor Rubén Camargo, el oficial de inteligencia; y Miguel Ángel Ponce Carreras, el conductor del vehículo “Oscar 47”, que registró varias salidas al lugar de los hechos. Es relevante considerar que la 16 está considerada como centro de torturas y detención bajo jurisdicción de la 4.ª Brigada Aérea.

La de la cordobesa Gloria Fonseca y del alvearense Jorge Albino Pérez era una pareja de militantes montoneros que en 1975 escaparon hacia Mendoza por la represión en Córdoba. Tras varios domicilios pasajeros, recalaron en la casa de Emiliano Pérez, tío de Jorge. Tío y sobrino fueron secuestrados el 6 de abril en ese domicilio. En paralelo se produjeron otros operativos, en casa de Albino, el padre de Jorge, y de una vecina de Emiliano. En todos hubo daños y robos, vigilancia previa y participación del Ejército y la Fuerza Aérea. Isabel Guinchul, la esposa de Emiliano, comenzó las denuncias y fue constantemente hostigada por miembros de esas fuerzas, al igual que el resto de la familia Pérez. Gloria Fonseca, que retornaba el 9 de abril de Córdoba, fue interceptada por dos civiles en cuanto arribó a la Terminal y desde entonces se desconoce su paradero.

Semanas antes, Pérez y Fonseca habían concurrido a una fiesta de compromiso junto a una amiga, Elvira Orfila Benítez. El novio era un oficial de Aeronáutica; entre los invitados estaba Armando Olimpo Carelli, agente de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Las fotos fueron abundantes. Inmediatamente ocurrida la serie de secuestros, el entorno del grupo dirigió sus sospechas a ese momento, donde las víctimas habrían sido detectadas. Benítez, proveniente con su hija desde San Juan, fue secuestrada el 7 de abril de la casa de Julio “El Lobo” Pacheco. Pacheco pertenecía a la Juventud Peronista de La Plata, y junto a su compañero Luis César López Muntaner, y su esposa embarazada, Nora Otín, llegaron a Mendoza escapando de la represión.

El 7 de abril, Pacheco salió de madrugada rumbo a su trabajo en una constructora en Godoy Cruz; desde entonces está desaparecido. Otín regresó a la casa el mediodía. Allí fue sorprendida por un grupo caracterizado que la llevó a un lugar desconocido, donde le gatillaron en varias oportunidades y robaron su sueldo, hasta que horas después fue liberada y decidió escapar hacia General Alvear. Allí supo que su casa había sido saqueada, que Elvira había sido secuestrada y que Victoria, su hija, había sido restituida anónimamente a sus abuelos.

Marta Marcucci también estaba embarazada y vivía con Luis López Muntaner en La Plata hasta que, en diciembre de 1976, Francisco, el hermano de César, fue secuestrado y desaparecido en la conocida “Noche de los lápices”, lo cual determinó sus escapes a nuestra provincia. El 8 de abril fue secuestrado Luis y Marta recaló en Alvear, donde el 13 de abril fue madre, el mismo día que Nora Otín. El cadáver sin identificación de su compañero habría sido remitido el 10 de abril a la morgue judicial junto al de Ana María Moral, tras un operativo en las inmediaciones de la iglesia de Fátima y el hospital del Carmen.

Gisela Tenembaun estudiaba Letras en la UNCUYO y Ana Moral cursaba en la UTN. Dada la persecución a Montoneros, en 1976 huyeron a San Juan, de donde volvieron tras las desapariciones de sus compañeros. Ambas tenían pedido de captura librado en febrero de 1977 por la VIII Brigada de Infantería de Montaña. Regresaron a la casa de calle Italia, de Godoy Cruz, junto a Juan José Galamba. El 8 de abril, Moral fue ejecutada y Tenembaun, desaparecida. Un expediente de la justicia militar consta que la VIII Brigada hizo una prevención sumaria en la que consta que ese día a las 20.00, en las proximidades de la capilla de Fátima, se ordenó la identificación de dos personas, “un masculino y un femenino que huyeron abriendo fuego contra los efectivos”; que la mujer fue gravemente herida y se ocultó en la iglesia, fue desarmada por el cura párroco y falleció posteriormente; que “el delincuente subversivo primero logró huir pero finalmente fue abatido”. Está probado que el hombre que logró huir no era López Muntaner sino Galamba, quien le narró los hechos a Helga Markstein, mamá de Gisela.

Según esa versión, “Gisela y Ana María salieron de una reunión de Montoneros en Las Heras, a la que llegó la policía y escaparon en direcciones distintas. Moral busca refugio en la capilla donde es señalada en la sacristía. Se presentó un grupo de uniformados de civil y disfrazados como hippies que la condujeron y sentaron en la vereda donde un militar puso un pie sobre su pecho y apuntó a su frente. El impacto de bala en su abdomen no paraba de sangrar y se la llevaron. El 4 de mayo de 1977 fueron inhumados sus restos en el cementerio de Capital y luego entregados a su familia. No hay constancia de quién es el cuerpo del otro NN en la morgue, sólo que no se trata ni de Galamba ni de López Muntaner. Los padres de Gisela, que tenían acordada una cita con ella al día siguiente, se enteraron de la agresión a Ana María por la televisión.

No volvieron a ver a su hija.

Billy Lee Hunt nació en Estados Unidos en 1948. A Los cinco años se radicó en Argentina junto a su madre y su hermana Evie. Era estudiante de periodismo, presidente del centro de estudiantes de la Escuela de Periodismo y militante montonero. Tenía dos pedidos de captura y son precisas las pruebas de que se encontraba “fichado”. Los primeros días de abril fue saqueado el departamento donde lo alojaba Rafael Bonino. El día 8 salió del domicilio de su novia María Laura Cremaschi, quien advirtió su ausencia y comunicó a la familia.

María del Carmen Laudani y Jorge Alberto José también eran oriundos de La Plata y se habían instalado en una casa en San José, donde funcionaba una imprenta de Montoneros. El 10 de abril fueron violentados en un gran operativo con tiroteos, sujetos camuflados, policías, militares y despliegue vehicular. Un oficio del expediente labrado por el Juzgado de Instrucción Militar, revela que, bajo nombres falsos, sus cadáveres fueron remitidos esa noche a la morgue. La necropsia posterior confirmó los hechos: ella fue baleada en la frente; él, en su sien. La prueba del guantelete que determina el uso de pólvora resultó negativa para ambas víctimas. Sus restos finalmente fueron inhumados y recuperados por las familias. De esta manera, Furió acumula acusaciones por 10 privaciones ilegítimas de la libertad, ocho homicidios, una aplicación de tormentos y dos robos, todos delitos agravados.
Fuente:Uncuyo
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miércoles, 26 de febrero de 2014
Un día especial

LA ACUSACION CONTRA LOS EX JUECES Y EL DELITO DE VIOLACIÓN

25-02-14.En la fecha, la Fiscalía comenzó la lectura de las acusaciones contra los cuatro ex jueces federales que va develando la efectiva complicidad de la Justicia Federal con el terrorismo de estado. Fue novedad el procesamiento de dos policías del D2 por violación agravada y continuó la lectura de nuevas causas que tienen como imputados a miembros de las FFAA  

La decisión de archivar todas las denuncias por apremios, que incluían los ataques sexuales a las mujeres detenidas por razones políticas, fue uno de los datos salientes  de la lectura de las acusaciones contra el ex juez Otilio Romano durante la tercera jornada del juicio. El ex magistrado, actualmente detenido en el penal de San Felipe, era fiscal federal cuando tomó conocimiento de los padecimientos sufridos por quienes fueron detenidos en operativos irregulares. Junto a Romano están imputados otros tres ex miembros de la Justicia Federal: el destituido Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo.  Los ex jueces cuentan con sus abogados particulares, pero además la Defensoría General de la Nación  les asignó dos letrados, Graciela Bresca y Nicolás Portabella, para que los asistan, en el desarrollo del Juicio. 

La complicidad de la Justicia Federal

Algunos de los hechos conocidos en la fecha, fueron anteriores al golpe de estado del 24 de marzo; por entonces Romano ya era fiscal y Miret, Guzzo y Carrizo se alternaban como jueces. Desde la primera citada, la causa Mocchi, se repetía el mismo procedimiento; las víctimas eran interrogadas bajo tortura en el D2 y firmaban, siempre con los ojos vendados, un  acta cuyo contenido desconocían. Luego eran presentadas al juez de turno;  a pesar del evidente estado de deterioro físico y la queja por los tormentos, los magistrados se limitaban a preguntar si podían identificar a quienes denunciaban por los apremios; ante la negativa daban por terminado el asunto. Fue escandaloso el proceder de Otilio Romano en relación al grupo de sindicalistas detenidos en febrero del ’76 para quienes pidió la prisión preventiva. Sin embargo, el juez Guzzo sobreseyó a algunos por falta de mérito. El mismo Romano apeló el fallo, dando por ciertas  las declaraciones tomadas en la policía bajo evidente tortura.  Un integrante de este grupo de detenidos, Miguel Ángel  Gil, murió a consecuencias  de los golpes y picana sufridos en el D2.

En algún momento del proceso judicial, todos denunciaron  las lesiones, torturas, ataques sexuales, robos de bienes y  la obligación de firmar actas auto incriminatorias; los hechos llegaron a conocimiento de Carrizo, Miret y Romano quienes cumplían con la formalidad de pedir informes  a la policía que, en general,  nunca llegaban  y jamás reclamaron.

Las violaciones a Juicio

Empiezan a  concretarse en el país las imputaciones por violación, separada  del delito de tormento;  un reiterado pedido para que se haga justicia por la valentía demostrada por las mujeres al relatar las humillaciones y sometimiento sexual sufridos en los centros de detención. En este juicio, el Tribunal Oral inaugura el procesamiento  por delitos contra la integridad sexual de la personas en el marco de los crímenes de Lesa Humanidad.

Rosa del Carmen Gómez, pareja del sindicalista desaparecido, Ricardo Sánchez Coronel, fue detenida el 1 de junio de 1976 cuando tenía 27 años, a pesar de que no se le conocía militancia alguna. El caso se transformó en emblemático en Mendoza por su conmovedor relato, en un juicio anterior, en el que contó detalles de las permanentes violaciones  a las que fue sometida en el D2. Ya en libertad reconoció a dos de sus verdugos, Héctor Lapaz y Rubén Darío González, quienes actualmente se encuentran  imputados y detenidos en el penal de San Felipe. Los policías son acusados por los consabidos delitos; lo destacable es que se los imputa por violación agravada en el marco de los crímenes de Lesa Humanidad, toda vez que los ataques sexuales contra hombres y mujeres eran prácticas sistemáticas durante el terrorismo de estado.

Más causas comprometen a militares 

Se dio a lectura a la causa que tiene como víctima a Valentín Montemayor, simpatizante del Partido Comunista, apresado el 13 de agosto de 1976 y alojado en la Compañía de Comunicaciones de la VIII Brigada. Por su detención ilegal deberán responder Ramón Puebla y Dardo Migno.

Por otro lado, se conocieron los hechos que rodean las desapariciones de Horacio Ernesto Bissone, militante de la Juventud Peronista, secuestrado el 25 de enero de 1978; de Aldo Enrique Patroni  empleado de Cimalco, detenido el 17 de mayo de 1978 y las de los estudiantes Víctor Manuel Vargas y Juan Omar Solís, producidas el 16 de abril de 1978. Además de revisaron otros causas, ampliamente conocidas, que tuvieron como víctimas a Ángeles Gutiérrez de Moyano y a los apresados en el Operativo de mayo del ’78, con motivo del mundial de futbol.  En estas causas el único procesado es Alsides Paris Francisca, entonces Jefe de la Policía de Mendoza.

Enfermos en duda

La Subsecretaría de Justicia de la Provincia, constituida en querellante, advirtió al Tribunal  que  Roberto Masmud, que emite los certificados de salud presentados por el imputado Luis Rodríguez, es médico de la Policía. El Tribunal Oral Federal se comprometió a hacer gestiones para constatar el real estado de salud de los imputados que no han asistido a las audiencias presentando constancias  médicos.

La próxima audiencia será el 10 de marzo

martes, 25 de febrero de 2014

Segunda Audiencia:

DE TODO UN POCO

24-02-14. El Tribunal  informó que habrá tres imputados menos: Bruno, Rosales y Castro; se conectó mediante videoconferencia con los acusados dispersos en cuatro puntos diferentes mientras verificaba los nombres de los letrados y particulares que representarán a las partes: los fiscales, los querellantes y los defensores.  Finalmente se inició la lectura de las causas; en la apertura se conocieron el operativo de abril del 77 y  la apropiación de Celina Manrique Terrera junto a la desaparición de su madre y su  padre.

En el debate del día se vivió un surtido de instancias poco habituales; comenzó con una   sorpresa porque se presentó ante el Tribunal el imputado José Lorenzo C., considerado prófugo, a  quien se le tomaron los datos personales y quedó detenido. 

Asimismo, el Presidente comunicó el apartamiento de tres imputados, Aldo Bruno, Timoteo Rosales y Alfredo Castro como resultado de los  informes  de los peritos forenses que dan cuenta de  problemas de salud mental con “deterioro cognitivo”.  Paralelamente se informó  que se libró orden captura contra Francisco López Rodríguez;  los tres separados del juicio y el supuesto prófugo suman cuatro miembros del D2 que se librarían de este juicio.

Composición de las Partes.

En esta segunda audiencia del IV Juicio en Mendoza quedó relevada la representación del Ministerio Público Fiscal; la encabezará el Dr. Dante Vega junto a Patricia Santoni y Daniel Rodríguez Infante, mientras  que el representante de la Procuraduría para Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, intervendrá en el juicio de forma discontinuada.

 

En su carácter de querellantes de las diferentes causas se mantienen los abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, así como el Gobierno de Mendoza y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; a éstos se sumaron ex presas/os políticos y familiares de las víctimas, todos constituidos en querellantes.

Es de destacar que la mayoría de los procesados son representados por el Defensor Oficial, Juan Ignacio Pérez Curci. Al ex juez Petra lo patrocina un informante de Inteligencia del Ejército durante la Dictadura: Carlos Carreño. La nota la dio Reynaldo Calderón, abogado defensor de Otilio Romano, quien hizo un pedido de reposición para que el ex juez ejerza su autodefensa.

Operativo de Abril del 77
La lectura del contenido de esta Megacuasa se inició con el Operativo de Abril del ’77, desplegado por fuerzas conjuntas, en solo 6 días contra 15 personas, en distintas localidades del Gran Mendoza Su objetivo fue el secuestro de militantes de la Juventud Peronista y de la Organización Montoneros, considerados “subversivos residuales” .

El raid delictivo comenzó el 4 de abril con el secuestro y desaparición de Pedro U. Ponce  en la vereda de su lugar de trabajo, la Biblioteca San Martín.
Posteriormente cayó Manuel Alberto Gutiérrez, empleado de la empresa Coca-Cola, casado con María Eva Fernández; el matrimonio desaparecido había alojado transitoriamente Juan Manuel Montecino quien estaba clandestino. Una vez capturados los dueños de casa, Montecino fue apresado al llegar al domicilio, pudo zafarse, corrió unos 60 u 80 hasta que recibió varios disparos y cayó en el lugar. 

También en Las Heras, el 6 de abril de 1977. Jorge Albino Pérez y Emiliano Pérez–sobrino y tío, respectivamente- fueron secuestrados su domicilio.

El 9 de abril fue el turno de Gloria Nelly Fonseca capturada en la terminal por dos hombres que la obligaron a acompañarlos al descender de un ómnibus procedente Córdoba.

Por su lado, el matrimonio de Julio Pacheco y Nora Otin provenientes de La Plata, dieron refugio a la sanjuanina Elvira Benítez. Pacheco salió de su casa rumbo al trabajo pero nunca llegó; Elvira fue secuestrada en aquel domicilio.

Algo similar sucedió con el matrimonio de Luis López Muntaner - Marta Lastrucci, oriundos de La Plata se mudaron a Mendoza escapando de la persecución política. El 8 de abril, Luis López salió, por la mañana, al encuentro de un compañero pero nunca volvió. 

Los hermanos de Luis reconocieron la fotografía de su cuerpo junto al de Ana María Moral, depositados en la morgue judicial por esos días; sin embargo los restos no han sido ubicados.

El 8 de abril hubo otros dos procedimientos; desapareció Gisela Tenenbaum en circunstancias desconocidas y Billy Lee Hunt, de él sólo se sabe que salió de la casa de su novia prometiendo regresar en una hora y se perdió su rastro.

Los secuestros y desapariciones arriba señaladas solo eran posibles con un fino trabajo de inteligencia militar y el infaltable aporte de los policías formados en la “lucha antisubversiva”. Los acusados en esta causa son Paulino Furio, entonces a cargo de Inteligencia del Ejército, Alsides Francisca, jefe de la Policía de Mendoza y tres subordinados de la Comisaría 16ª, dos suboficiales de apellido Ponce y Camargo.

La única nieta recuperada de Mendoza

El expediente 99-M (ex 067-F), leído al cerrar la jornada, especifica el secuestro y desaparición de Alfredo Mario Manrique y de su esposa Laura Noemí Terrera; ambos militantes de Montoneros; así como la apropiación de la beba del matrimonio, Celina Rebeca Manrique Terrera de aproximadamente 7 meses.

El matrimonio y la niña fueron secuestrados el 24 de julio de 1977 en la Terminal de ómnibus de Mendoza. Por años se presumió que la beba también había sido ultimada junto con sus padres; sin embargo, a principio de 2007, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos –MEDH- denunció el posible hallazgo de Celina Manrique Terrera, en base a una denuncia recibida por el Organismo de parte de Adriana y Sandra Videla, primas de una mujer llamada Silvina Guiraldez, cuya fotografía coincidía con la difundida por la Red Nacional por el Derecho a la Identidad. Silvina, aceptó realizarse el análisis de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, esto permitió la confirmación de que Silvina Guiraldez era, en realidad, Celina Rebeca Manrique Terrera; la niña había sido entregada a la familia de crianza, por un policía.

En medio de la audiencia se vivió una situación especial cuando la ex jueza Dora Golfarb interrumpió el debate para informar , a viva voz, que el día anterior había fallecido su esposo, Pedro Lucero, a la vez que denunciaba los atropellos sufridos por su familia , particularmente su hija allí presente, con motivo del golpe del 24 de marzo.

martes, 18 de febrero de 2014

IDENTIFICACIÓN de IMPUTADOS en el INICIO del IV JUICIO

17-02-14. En breve audiencia, 30 de los 37 imputados proporcionaron sus datos personales en la apertura del IV Juicio. La Fiscalía y la querella reclamaron se acelere la dinámica del juicio, sin embargo el Tribunal dispuso retomar el debate una semana después.

A las 10 hs. dio comienzo el anunciado acto en la explanada de Tribunales  Provinciales donde primó un clima de  emoción para las y los miembros de los organismos de DDHH y el público que acompañaba. Estuvieron presentes,  varios ministros del gobierno provincial y autoridades de la Secretaría de DDHH de Nación, así como Susana Trimarco y Miriam Medina, ambas luchadoras sociales comprometidas con la vigencia de la Justicia.

El Presidente del Tribunal, Alejando Piña, abrió la jornada con la enumeración de las causas; luego  procedió a la identificación de los acusados. Para poder completar esta instancia fue necesario recurrir al sistema de teleconferencia por cuanto algunos imputados no residen en la Provincia o están cumpliendo condenas en servicios penitenciarios de distintas ciudades.

Quienes estuvieron en la sala de Tribunales Provinciales, acondicionada para la ocasión, fueron los ex miembros de la Justicia Federal, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Roque Romano y Luis Francisco Miret; los policías retirados Miguel Ángel Ponce, Juan Carlos Ponce, Héctor Rubén Camargo, Pablo José Gutiérrez, Rubén Darío González, Julio Lapaz, Oscar Alberto Bianchi, Armando Guevara, Pedro Linares, Marcelo Rolando Moroy Suárez y Miguel Ángel Tello. De ellos, Gutiérrez, González, Bianchi, Guevara, Linares, Moroy y Tello están detenidos en el penal de San Felipe junto al ex juez Romano.

Juan Agustín Oyarzábal, sobre quien pesan dos condenas a prisión perpetua, no estuvo presente por razones de salud pero envió sus datos personales en un escrito.

Desde Tucumán fue identificado el militar retirado Pablo Antonio Tradi y desde Rosario, los también militares, Alcides París Francisca y Dardo Migno. En la misma situación respondieron desde la Cámara Federal de Casación Penal, ubicada en Buenos Aires, los militares retirados Paulino Furió, Ramón Puebla y Carlos Tragant, éste último detenido en Marcos Paz. Por teleconferencia, desde  el Complejo Penitenciario de Ezeiza, dieron sus datos los policías retirados, Eduardo Smaha y Antonio Garro, el ex policía federal Jorge Marchelli y el ex militar Mario Laporta.

Finalmente, ubicados en la Cámara Federal de Apelaciones en Mendoza, se corroboró las identidades del ex juez Rolando Evaristo Carrizo, los policías retirados Ricardo Miranda, Félix Andrada y Diego Morales, y el ex militar José Fuertes.

Durante la sesión, el fiscal federal Dante Vega interpuso un recurso de reposición para que el Tribunal reviera su decisión de reanudar las audiencias el lunes 24 y solicitó que se continuara este martes (por hoy); criterio al que adhirió el Dr. Pablo Salinas, representante del MEDH (Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos). El tribunal no hizo lugar al pedido argumentando la imposibilidad de reunirse esta semana ya que algunos de sus integrantes tienen su agenda completa en otros juzgados del país.

Otro hecho sobresaliente fue la denuncia realizada por el representante de la Procuraduría para Crímenes contra la Humanidad,  Jorge Auat, quien advirtió que, en plena audiencia, el  destituido juez Luis Miret, lo enfocó y fotografió, lo que fue  interpretado como un gesto intimidatorio. 

Quedan pendientes 7 identificaciones para que se inicie la lectura del Acta de elevación a juicio que contiene los cargos por los deberán responder los procesados.  Esto será el  lunes 24 cuando se reinicie la audiencia 

Fuente:JuiciosPorDelitosdeLesaHumanidadMdza.

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