OPINION
De estruendos peligrosos y fuegos de artificioPor Mempo Giardinelli
Tal como sucede cada año en esta época, esta semana estuvo signada por los peligrosos estruendos que provocan las batallas salariales entre el sindicalismo docente y los gobiernos (el nacional y de cada provincia), mientras millones de familias miraban la puja por TV y con sus hijos listos para ir a las escuelas, lo que sólo fue posible en pocas provincias.
Por el gobierno nacional negocian todavía el jefe de Gabinete y los ministros de Educación y de Trabajo, y del otro lado un pool de gremios que en algunas provincias se cuentan por docenas, lo que no es exageración ni metáfora. Las dificultades de estas paritarias no son menores, además, porque los fondos escasean y el “ejemplo policial” de las sublevaciones de diciembre fue y sigue siendo pésimo.
Así las cosas, al cierre de esta nota el inicio del año escolar sigue en veremos. De un lado se ve dureza en el gobierno nacional, que casi no tiene docentes en nómina y más bien funciona como orientador de paritarias provinciales, y del otro se observa cierta vocación de arreglo en muchos gremios, pero en pugna con la dureza extrema de los más numerosos.
La cuestión ya se resolvió en unas pocas provincias que están normalizando sus clases, pero se mantiene abierta en la de Buenos Aires, que es como decir un tercio del país y, por lejos, la más conflictiva. En la Capital, en cambio, aunque ya se alcanzó un acuerdo salarial subsisten problemas por la tosudez macrista de sostener un pésimo sistema de inscripciones y por su resistida “solución” de pretender que containers en desuso funcionen como aulas.
Para esta semana que viene, entonces, todo sigue abierto aunque es previsible –y deseable– que se acerquen posiciones y se cierren acuerdos de entre el 25 y el 35 por ciento de aumento salarial docente. Al gobierno nacional, como a los provinciales, no parecen caberles otra opción, a menos que se arriesguen a que, por seguir la pulseada, esto desemboque en un indeseado conflictazo.
Claro que también hubo fuegos artificiales, y de variados colores y diversa intensidad. El más notorio fue el sorpresivo cambio de la oposición respecto del nuevo Código Penal, que es un instrumento necesario y urgente, dado que la Argentina tiene, desde 1921, una especie de enjambre incomprensible en la materia que es hora de ordenar en un nuevo Código. Resultó asombroso, y argentinamente patético, el veloz ensamble de voces negativas que –es obvio presumirlo– se lanzaron a oponerse sin haber leído el texto de un proyecto que es sólo eso, un proyecto, y que ni siquiera tiene estado parlamentario.
Después de que picó en punta el diputado Massa, el primer apoyo que logró fue el de su mentor y ex presidente, Sr. Eduardo Duhalde, pero en sólo un par de días se sumaron todos los demás opositores, desde el Sr. Macri hasta los más connotados radicales, socialistas y unensistas. Todos acabaron sumándose a la propuesta de Massa, cada uno con su retórica, pero todos atrás de él.
El descarte del Código –que fue trabajado con la participación de importantes referentes del PRO y de la UCR, como los doctores Federico Pinedo y Ricardo Gil Lavedra, a los que dejaron mal parados– se basó en la dizque blandura de ciertas penas, la idea de eliminar la prisión perpetua y cierto supuesto espíritu, Massa dixit, de “favorecer a los delincuentes y no a los trabajadores”.
El disparate –negarse a debatir el proyecto en el Congreso lo es– muestra una vez más el oportunismo y ligereza con que, por desdicha, suele manejarse la oposición política en la Argentina.
Pero la semana fue compleja, además, porque estuvo también determinada por casos policiales de esos que frecuentan Clarín, La Nación y la telebasura, y entre ellos las narcocuestiones: el asesinato de un sicario colombiano en Palermo; la detención de jóvenes vinculados con el mundillo de celebridades y modelos; y la rotunda respuesta del canciller Héctor Timerman al Departamento de Estado norteamericano, que en su tradicional estilo entre paternalista y soberbio difundió un informe sobre narcotráfico en el mundo en el que se declara que la producción de cocaína argentina es “pequeña, pero resulta ser un problema creciente”.
Esto fue exagerado tendenciosamente por esos medios porteños para sus campañas anti Gobierno, y entonces Timerman salió a replicar con inusual dureza: “La Argentina no reconoce el derecho de los Estados Unidos de emitir juicios de valor sobre otros gobiernos, cuando ellos son el principal problema del narcotráfico”. Y también: “Los Estados Unidos son el principal consumidor de droga del mundo y el que más dinero negro produce por ese consumo”.
Como cereza sobre la crema, al cierre de la semana la máxima dirigencia del principal partido de oposición, el radicalismo, entregó a la Mesa de Enlace un documento en el que dice que “la regulación del Gobierno ha impactado más negativamente que las retenciones” y prometió “disminuir las cargas tributarias y eliminar las retenciones en la economía regional”. Nada menos y como para que más de un prócer radical se revuelva en su tumba.
Fuente:Pagina12
la criminalización de la pobreza
Menos policías y más asistentes sociales
Los caminos para consolidar una sociedad con más justicia social y el discurso de la derecha.
Por: Norberto Alayón
Para determinadas concepciones, las protestas sociales que reivindican derechos incumplidos constituyen un accionar desestabilizador que justifica la represión policial.
En el marco de un proyecto político, de perfil popular, que tienda a atenuar las inequidades generadas por el modelo de funcionamiento social, aparece un sugerente interrogante, de carácter conceptual y político: ¿sería necesario que haya más asistentes sociales y menos policías?
Bregar por la vigencia de sociedades más equitativas, más justas, constituye un objetivo loable y un imperativo que identifica a los proyectos políticos de carácter popular. En contraposición, las propuestas y modelos conservadores se reconocen en la existencia de sociedades profundamente desiguales, con acceso marcadamente diferenciado a los bienes y servicios producidos por el conjunto de la sociedad.
La búsqueda de una mayor justicia social requiere, principalmente, de una propuesta de carácter estructural que ataque en su génesis las lógicas de inequidad que caracterizan al capitalismo.
Toda alternativa política que propicie y defienda una mayor inclusión y bienestar de los sectores sociales históricamente más relegados, necesariamente tendrá que afectar los intereses de aquellos otros sectores de impúdica concentración de riqueza que se resisten a una mayor distribución (en pro del bien común), de lo que han acumulado, generalmente en base a privilegios diversos y a la explotación del trabajo ajeno.
A la par, la puesta en marcha de políticas sociales inclusivas, de mayor igualación, de contención y promoción social de los sectores más vulnerados, debe acompañar y apuntalar todo proyecto general que se precie y reconozca como popular.
Pero no todo el mundo piensa igual acerca de qué hacer con los pobres que genera el sistema. ¿La propuesta debería ser meramente controlar a los pobres o bien tratar de combatir la pobreza y actuar sobre sus nocivos efectos?
De "vigilar y castigar" ya nos hablaba el filósofo francés Michel Foucault, hacia mediados de los '70 del siglo pasado. La disyuntiva podría plantearse, entonces, entre vigilar y castigar a los pobres o bien evitar la discriminación y apostar a la promoción y ampliación de derechos, por medio de vigorosas políticas de inclusión y de distribución de riqueza que mejore la calidad de vida de los mismos. ¿Más policías para la primera opción o más asistentes sociales (trabajadores sociales) para la segunda?
Los trabajadores sociales (o asistentes sociales) son los graduados de las carreras de Trabajo Social que se cursan predominantemente en universidades, públicas y privadas, de todo el país. El Trabajo Social es una profesión cuyos objetivos están dirigidos a contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población (en particular de los sectores más desfavorecidos por las propias características del funcionamiento social) y a la defensa irrestricta de los Derechos Humanos, en su más abarcativa acepción.
No se trata de idealizar en abstracto (a los trabajadores sociales), ni tampoco de demonizar en abstracto (a los policías). Pero corresponde distinguir, que el trabajador social se suele caracterizar por poseer vocación y formación para la promoción humana y el desarrollo de procesos socio-educativos de las personas, familias y comunidades. Y el policía se suele caracterizar por su vocación y formación para el control y la represión. Ambas son profesiones legítimas, pero que cumplen funciones esencialmente dispares.
Usualmente se piensa más en reprimir que en prevenir. ¿A quiénes se reprime y se castiga más en nuestras sociedades? Por cierto, se castiga más a los más pobres, a los más desprotegidos, a los más estigmatizados.
La criminalización de la pobreza no es una ficción; es una terrible constatación cotidiana.
Una sociedad cabalmente moderna no debe ser impropiamente permisiva, pero tampoco puede admitir –si se precia de democrática– la vigencia de criterios inequitativos para las acciones de punición y para la administración de la justicia.
De paso conviene recordar que ni más castigo, ni aumento de las penas, ni más cárceles, ni más cámaras de seguridad (¡ahora las instalaron hasta en el Obelisco!), podrán combatir eficazmente la violencia, si no se ataca a esta en sus orígenes, en las causales de índole estructural que sobredeterminan su presencia.
Las tareas de reparación, de atención de las necesidades sociales, de apoyo a la reivindicación de derechos, de estímulo a la organización comunitaria, de promoción de actividades culturales diversas (musicales, teatrales, deportivas, educativas, cooperativas, etc.), que suelen impulsar los asistentes sociales en los barrios, constituyen un valioso y estratégico aporte para luchar contra la desigualdad social. En suma, para fortalecer la equidad y la propia democracia y apoyar la construcción de una sociedad más humana.
Para la consolidación de una sociedad con mayor justicia social cabe bregar a fondo por más empleo, por mejores salarios, por educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación para todos los habitantes. Para contribuir al logro de estos objetivos, sería mejor que hubiera más asistentes sociales y menos policías.
(*) Trabajador Social. Profesor Titular (Facultad de Ciencias Sociales-UBA)
09.03.2014
Panorama político
El pescado se pudre por la cabeza
El rol de las clases dirigentes en la búsqueda del pacto social. El concepto de "consenso subterráneo".
Por: Hernán Brienza
En su visión un tanto biologicista –consideraba que la sociedad era un cuerpo–, el tres veces ex presidente de la Nación definía así el viejo anatema moral que reza "a mayor poder, mayor responsabilidad", que tan bien reinterpretado fue por Peter Parker en la saga hollywoodense del Hombre Araña.
Lo que quería significar Perón es que la responsabilidad de la grandeza o la decadencia de los países se debe, fundamentalmente, a la conducta de su clase dirigente, de sus élites, de quienes tienen mayor poder, en términos de dominio pero también de posibilidades.
El enunciado, sin embargo, conlleva un alto grado de incertidumbre y no es fácil desentrañar quiénes tienen la máxima responsabilidad en gran parte de lo que ocurrió en los últimas décadas con nuestra historia política, económica y social. En suma, lo que uno debe preguntarse antes de comprobar o no la veracidad de la proposición de Perón –¿por dónde se pudre el pescado?– es saber: ¿cuál es la cabeza del pescado?
En el pensamiento político argentino –lo que incluye, claro, a las ciencias sociales– no existe todavía un buen estudio sobre el pensamiento y la acción de las élites dominantes en nuestro país.
Delimitar cuál (o cuáles) es la clase dirigente es fundamental para comprender cuáles fueron y son sus objetivos, sus deseos imaginarios, sus abandonos, sus contradicciones.
En el Sentido Común Mediático (SCM) existe mucho discurso infantiloide sobre el estado actual de la Argentina: que el clima, que la supuesta condición cleptómana de los habitantes de este país, que "los negros no quieren trabajar", que el peronismo, que la dictadura militar, que los políticos esto o aquello. Por alguna razón en particular, el SCM jamás cuestiona a la clase dirigente, los empresarios, por ejemplo, ya sean agrícolo-ganaderos o industriales. ¿Qué tan responsables son los empresarios de este país del estado de la Nación?
Hace poco tiempo volví a leer La larga agonía de la Argentina Peronista, de Tulio Halperín Donghi, y un comentario de Marcelo Cavarozzi sobre ese texto.
El politólogo, autor de Autoritarismo y democracia, resume al historiador y dice: "En la Argentina la política transcurrió en dos planos: uno de disenso, en el que el conflicto de la etapa anterior se exacerbó al quedar escindidos en forma tajante dos mundos de la política (el peronista y el antiperonista), y otro de consenso 'subterráneo', en el que capitalistas, sindicalistas y el resto de los actores, con escasas excepciones, coincidieron implícitamente en la fórmula del capitalismo asistido y el Estado subsidiador, fórmula que descansaba tanto en acciones del Estado como en omisiones. Este segundo plano de consenso, quisiera añadir, abarcó no sólo qué se buscaba, es decir, la maximización de las rentas sectoriales e individuales a costa del 'Estado', o sea en realidad a costa de los otros actores, sino también cómo se lo hacía. Los actores más significativos recurrieron en forma sistemática al chantaje a las instituciones como su herramienta principal de acción política. El poder de capitalistas y sindicalistas descansó en gran parte en la fragilidad del sistema político. Este fenómeno, como lo ilustró Liliana De Riz, afectó de igual modo a las dictaduras militares y a los regímenes democráticos y semidemocráticos que se sucedieron a partir de 1955.
Paradójicamente, los gobiernos que resultarían afectados con mayor virulencia por el síndrome de la Argentina peronista fueron los dos que precedieron su ocaso definitivo en 1989: la dictadura más brutal de todas, que recurrió al terrorismo de Estado para combatir a enemigos externos, es decir la 'subversión', e internos, y el gobierno más intachablemente democrático de la historia política argentina, el de Raúl Alfonsín.
Y fue precisamente el gobierno radical iniciado en 1983, que a pesar de las innovaciones que introdujo no se evadió del marco de la Argentina peronista, el que sucumbió a la ilusión de que los problemas se solucionarían removiendo el barniz autoritario de la política nacional y reemplazándolo épicamente por uno alternativo, el de la institucionalización. En cambio, durante los años de Alfonsín se agudizó el proceso de desorganización de la economía que se había iniciado en 1975 y que los militares y el ministro Martínez de Hoz no habían conseguido revertir a pesar de las reformas de 1978. Lo que desde la perspectiva del Estado se configuró como una renovada crisis fiscal y un total descontrol inflacionario, se podría percibir también como la sumatoria de los asaltos efectivos que llevaron a cabo los distintos agentes sociales sobre la soberanía estatal en materia monetaria y fiscal. Porque la Argentina peronista articulada a partir de 1955 podría ser concebida como un proceso de aprendizaje colectivo en el que se fueron perfeccionando mecanismos defensivos sectoriales e individuales que, paralelamente, fueron carcomiendo la efectividad de la acción estatal. En este proceso se mantuvieron equilibrios mínimos en materia del comportamiento de las variables económicas y del nivel de violencia y desinstitucionalización política, mientras ese aprendizaje de carácter negativo no fue completado; una vez que sí lo fue, el consenso subterráneo al que alude Halperin se tomó visible y, por lo tanto, se deshizo."
Perdón por lo extenso de la cita, pero me pareció necesaria para comprender el concepto de "consenso subterráneo" en perjuicio del Estado.
Lo que se desprende del texto de Halperín Donghi sugiere que la puja distributiva se llevó puesto el proceso de sustitución de importaciones iniciado en la década del '30 y del '40, y que las respuestas que dieron aquellos gobiernos que enfrentaron la crisis fue la represión o la imposibilidad por falta de herramientas.
Lejos de esa situación, la Argentina de hoy pareciera ingresar en un proceso de puja distributiva que genera, entre otras cosas, riesgo inflacionario y enfrentamientos gremiales y sociales.
Se me ocurre que de las pujas distributivas se sale de dos formas: con represión de los intereses de los sectores populares o con compromiso o pacto social.
En los setenta se ha cerrado la Argentina peronista con la represión más brutal de su historia, la dictadura cívico-militar dirigida económicamente por parte de la dirigencia empresarial criolla.
Muerte, pobreza, desocupación, cierre de fábricas, fue el resultado de esa salida trágica que ni siquiera resolvió los problemas de fondo, sino que los empeoró y jaqueó de entrada a la frágil democracia naciente.
La híper del '89 es producto de ese Estado vaciado por el "consenso subterráneo" entre distintas corporaciones, por ejemplo. Puja que se resolvió con brutal transferencia de ingresos del sector del trabajo al del capital, tras una operación que consistió en terror económico, pobreza y desocupación disciplinadora.
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha invitado a industriales y sindicatos a consensuar las herramientas para impedir una espiral en la puja distributiva que ponga el riesgo el modelo.
Los empresarios son la cabeza del pescado y por eso tienen una mayor responsabilidad en este asunto.
Son los encargados de pactar, porque si no se produce un compromiso, el enfrentamiento social está siempre a la vuelta de la esquina. Y cuando en una sociedad las luchas remplazan a la creación de riquezas se produce un estancamiento económico del que todos resultan perjudicados.
Debo reconocer que mi interpretación puede tener algunos ecos de la doctrina de "Orden y Progreso", similar a los eslóganes del mediados del siglo XIX, pero también es cierto que el crecimiento económico se detuvo, allí donde se desató la puja distributiva con brutalidad.
Ahora bien, a mayor poder, mayor responsabilidad. Y a mayor responsabilidad, se hace obligatoria una mejor inteligencia y, quizás, una de las consecuencias más nobles del uso de la inteligencia sea el de comprender que la generosidad también redunda en beneficio propio.
En esa puja distributiva, en una paritaria, por ejemplo, lo que para un trabajador significa la posibilidad de pagar con más facilidad un alquiler –mil pesos de aumento–, muchas veces para una empresa es apenas un cinco por ciento menos de ganancia, ni siquiera una pérdida.
Por lo tanto, es el empresario el que debería asumir un compromiso con un mínimo de desprendimiento. Es la respuesta más racional. El egoísmo no es inteligente. Porque tarde o temprano, la historia reciente lo ha demostrado, las opciones van a volver a ser "el diálogo o la bomba", como decía en la canción "Del Televisor", el cantante Piero. Y allí perdemos todos los argentinos de nuevo.
De la misma manera en que el pescado se pudre por la cabeza, la clase dirigente –política, empresarial, intelectual, etcétera– debe ser la primera en dar el ejemplo de pacto social. Es ingenuo lo que estoy planteando, es cierto. Pero no por eso es menos verdadero en términos éticos y de solución colectiva.
09.03.2014
Escenario
No todo es coser y cantar
Mientras un sector de la oposición política y empresaria jugaba al putch palaciego, Cristina comenzó a delinear un nuevo ciclo kichnerista que trascienda el 2015. Entre el trasvasamiento juvenil, la institucionalización de nuevos derechos y la concertación plural.
Por: Roberto Caballero
No todo fue coser y cantar hasta llegar hasta acá. Argentina soportó ocho corridas cambiarias que fugaron 60.700 millones de dólares del sistema. La última fue en diciembre, conjurada por una corrección del tipo de cambio, la famosa devaluación que hoy se expresa en la tensión existente entre precios y salarios. Cada corrida, cada intento de golpe financiero, fue un intento de gol con la mano de los sectores de la economía concentrada que militan la salida anticipada del kirchnerismo en su versión cristinista. Pero eso no ocurrió.
Cristina Kirchner sigue ahí. Y tampoco lograron torcer el objetivo general de la administración de los tres gobiernos kirchneristas. Cuando se advierte que la inversión social hoy llega al 33% del PBI, la más alta de la región, y que la relación PBI/deuda es del 10%, la más baja en medio siglo, no se puede menos que conceder que la economía manejada por una política incluyente produce efectos virtuosos que los mercados por sí solos jamás podrían garantizar a una sociedad. En 2003, la deuda por argentino era de 25,6 salarios mínimos, hoy bajó a 1,9. Esto quiere decir que bajó la deuda, que subió el piso salarial y que también creció el empleo, llevando los índices a la ocupación casi plena. Ni soñando, los neoliberales que predican el fin de ciclo en los pisos de TV pudieron concretar una cosa semejante para el país y para su gente.
Cristina está pensando en el día después de 2015, desde mucho antes que sus pretendidos sucesores. Incluso, más allá de esa fecha límite del calendario institucional. La lectura de su discurso de apertura legislativa es un balance de lo hecho y un programa político cuyo horizonte supera el propio límite del mandato constitucional.
Cuando Axel Kicillof fue nombrado ministro de Economía, la presidenta volvió a ratificar las bases del modelo industrialista, con mercado interno y metas de crecimiento. Se dijo entonces en esta columna: cambian los nombres, no las políticas de fondo. Habrá retoques instrumentales, correcciones puntuales, nunca heridas que maten "la gallina de los huevos de oro".
Cuando puso a Augusto Costa en la Secretaría de Comercio Interior incorporó a la juventud a un área sensible del Estado. El de Costa no es el único caso. Se ven otros y se verán muchos más. El trasvasamiento generacional es una obsesión estratégica de Cristina. Se trata del surgimiento de una prole que se entrena en el manejo de los asuntos de la administración, con la edad, la energía y la mística suficientes para proyectarse allí donde anida la vitalidad de un proyecto político: el futuro.
En el impulso a la reforma de los códigos civil, comercial y penal hay también una voluntad evidente por institucionalizar los logros de las políticas de ampliación de derechos de la última década. Esto, como el trasvasamiento juvenil, es pensar hacia adelante. Sentar las bases, un piso irrenunciable, que deje claro que el kirchnerismo no fue apenas un momento innominado del peronismo o una sumatoria de días felices derivados del viento de cola, sino la identidad que interpreta las nuevas realidades y consagra los derechos de los protagonistas de la sociedad argentina del siglo XXI.
Después de la derrota en territorio bonaerense, pensado también en el porvenir, Cristina tomó decisiones. Se comprende mejor el sentido de sus cambios ahora.
La incorporación de Jorge Capitanich a la primera línea del elenco gubernamental fue un guiño a los gobernadores jóvenes del PJ tradicional, con gestiones exitosas o más o menos equilibradas en sus provincias. En ellos encontró el apoyo que el vacilante peronismo bonaerense no podía ofrecerle tras la simultánea irrupción electoral de Sergio Massa y los precipitados gestos narcisistas de Daniel Scioli. Ganó así sustentabilidad real en un periodo difícil, final de mandato, donde los presidentes son muchas veces el bocado de la cadena alimentaria darwinista de la política.
En igual sentido, el de sumar alianzas que apuntalen la gobernabilidad, reflotó en su discurso del sábado 1 la concertación, ese viejo sueño transversal del primer kirchnerismo para agrupar oficialistas del modelo con identidades diversas. El remplazo de Rotkjes de Alperovich por el radical santiagueño Gerardo Morales se inscribe dentro de la rejerarquización de la sociedad con sectores no peronistas con fuerte respaldo electoral en sus provincias.
Defendió también el acuerdo compensatorio con la española Repsol por YPF, que estaba escrito en la ley que votaron incluso los opositores que avalaron la renacionalización del 51% de la empresa.
El revuelo que se armó es inversamente proporcional a la autonomía y oxígeno que le asegura al gobierno haber cerrado esta discusión en los tiempos previstos.
La presidenta que resolvió la estatización pretende que la producción de YPF reduzca en breve las importaciones de petróleo y gas que desequilibran la balanza comercial y permiten el drenaje de dólares. Por eso le otorgó a Miguel Galuccio un amplio margen de maniobra para que explore acuerdos que perforen el lobby que los organismos de crédito internacional impusieron a la Argentina desde el default.
Vaca Muerta es una oportunidad (se calcula que hay reservas por un PBI y medio) y también la mención de un problema para los que creen que las doctrinas se defienden quedándose quietos.
¿Cómo puede defenderse la soberanía hidrocarburífera si hay que asociarse a capitales extranjeros para explotar un yacimiento?, se preguntan muchos, entre ellos, los mismos que en algún momento apoyaron la privatización total de la empresa en los '90. Teniendo el control. En este caso, el 51% de las acciones. Las decisiones ya no se toman en La Zarzuela, sino en Buenos Aires. YPF es la parte de un todo, que puede operar incluso con una lógica aparentemente inversa a la general (como la NEP rusa o los ESM chinos: territorios de libre mercado en economías planificadas de fuerte impronta estatal) dentro de una estrategia de economía incluyente y soberana. Era un desafío complejo de asumir, pero Cristina lo hizo. ¿Pensando hacia atrás? No parece. Si YPF sigue creciendo, si el shale funciona, ¿quién va a animarse a reprivatizarla?
Del análisis de las medidas y decisiones tomadas por la presidenta en los últimos cuatro meses, se reafirma la idea de que los jefes de Estado gobiernan hasta el último día de su mandato constitucional. Eso no sólo es bueno para el kirchnerismo. Lo es para la democracia de los argentinos, cualquiera sea su identidad o preferencia política.
También es interesante que un presidente no agote su perspectiva en la entrega de la banda y el bastón de mando. En eso, Cristina demuestra una audacia de la que carecen otros. La concertación, la defensa de los ejes del modelo económico, el trasvasamiento, el guiño a los buenos gestionadores jóvenes, la apuesta a la soberanía hidrocarburífera y la institucionalización de los nuevos derechos no la muestran, como dicen algunos analistas en los diarios ultraopositores, abrazada a la nostalgia de un tiempo acabado. Más bien la reflejan liderando un nuevo ciclo, mientras el resto discute lo que ya pasó.
De los precandidatos oficialistas que aspiran a sucederla, sea Scioli, Uribarri o algún tapado, correrá con mayores chances el que interprete que el kichnerismo llegó para quedarse en cada una de sus políticas y conquistas.
O no será.
El intendente de Vicente López, Jorge Macri, tuvo que salir a pedir disculpas a la comunidad judía luego de impulsar una jornada donde ponía en un pie de igualdad a la amante de Hitler, Eva Braun, y Evita, la esposa del tres veces presidente constitucional de nuestro país, Juan Perón.
Parece atinado que el primo de Mauricio se arrepienta de ser banal con el Holocausto, la mayor tragedia del siglo XX, y sus sanguinarios protagonistas. La comunidad judía, a través de la DAIA, saludó su arrepentimiento.
Pero salvo los concejales del FPV y Nuevo Encuentro de Vicente López, los miembros del Instituto Histórico Eva Perón y la decana de la Universidad de Lanús, no se oyeron muchas voces indignadas porque se haya intentado asemejar en un acto público la figura de la Abanderada de los Humildes con la amante de Hitler.
Quizá sea un síntoma de salud general. Atrasa tanto la política nefasta de comparar al peronismo con el nazismo, que tal vez algunos sindicatos, el pejotismo o los referentes del movimiento que cada tanto castigan por derecha al peronismo kirchnerista, no se hayan pronunciado ante el agravio macrista, en el distrito donde es aliado de Sergio Massa. ¿O será que su antikirchnerismo los obliga a hacer buena letra con el PRO, aun cuando se maltrata a Evita?
A continuación, va una síntesis del comunicado de repudio de la Universidad de Lanús: "A través de su rectora, la doctora Ana Jaramillo, esta universidad manifiesta su más enérgico repudio a la inclusión de Eva Braun, pareja del dictador y genocida Adolf Hitler, en el ciclo cultural 'Pequeñas biografías de grandes mujeres', organizado por la municipalidad de Vicente López, evento, del que hemos tomado conocimiento por distintos medios de prensa. La UNLa considera inaceptable que se promueva a Braun, mujer que acompañó, y por ende, resultó cómplice de quien fuera uno de los peores genocidas de la historia universal.
En primer término, lo sucedido resulta un grave insulto a la memoria de las millones de víctimas del nazismo, y además deshonra la evocación de las otras mujeres que integraban la lista del ciclo programado. En segundo lugar, consideramos de lesa ignorancia o de sobrada mala intención la jornada que se iba a llevar a cabo ayer, en el marco del mencionado ciclo, en la que se proponía analizar "Las dos Evas del poder: Eva Braun y Eva Duarte", con lo que implícitamente también quedaban en el mismo lugar el genocida Hitler y el tres veces presidente de la Argentina Juan Domingo Perón. Para la UNLa, tal paralelismo resulta sumamente agraviante al ser el justicialismo, fundado por Perón y Evita, un movimiento profundamente inclusivo, popular, democrático, integrador, anti-racista, pacifista y anti-imperialista. Es decir, todo lo contrario al nazismo."
Fue desopilante ver, un día después del escándalo, cómo Clarín trataba de justificar al Macri bonaerense. En su sección "Semáforo", por asociar a Eva Perón con Eva Braun, le pusieron a Jorge Macri un amarillo. Se ve que todos los rojos los tiene comprados el kirchnerismo.
Fuente:TiempoArgentino
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