LA CORTE CAMBIO CRITERIOS DE PRESCRIPCION DE LAS CAUSAS PENALES.

LA CORTE CAMBIO CRITERIOS DE PRESCRIPCION DE LAS CAUSAS PENALES
Un fallo penal sin penalistas
Con el voto de cuatro de sus miembros, ninguno experto en derecho penal, el máximo tribunal revocó una sentencia de la Cámara de Casación Penal, que establecía que el plazo de prescripción de un expediente penal sólo se interrumpe con la sentencia.
Por Irina Hauser

El fallo fue firmado por Lorenzetti, Maqueda, Highton de Nolasco y Fayt y no por Zaffaroni, Petracchi y Argibay.Imagen: Télam
La Corte Suprema revocó ayer un fallo de la Sala II de la Cámara de Casación Penal que decía que lo único que puede interrumpir y demorar el plazo de prescripción de un expediente es la sentencia. Si no, planteaba la Casación, el tiempo debe correr y los tribunales deben ofrecer un juicio en un “plazo razonable”. Una ajustada mayoría de cuatro jueces supremos consideró que fue una decisión “arbitraria” e “irrazonable” que encerraba el riesgo de hacer caer “numerosas causas” de corrupción y delitos económicos por aplicación de un criterio general. En el alto tribunal hay varios expedientes donde se discute lo mismo, pero el elegido fue uno de Carrefour contra el Exxel Group por una estafa en la venta de Supermercados Norte que se remonta a 1998 y ronda los 130 millones de dólares. En función del fallo de ayer, deberá realizarse el juicio oral.

Por regla, la Corte Suprema no se mete en discusiones de derecho común, es decir, aquellas que regulan las relaciones entre privados, o entre los privados y el Estado. Sin embargo, ayer decidió cambiar esa regla al considerar que “la cuestión en debate excede el interés individual de las partes y se proyecta a numerosas causas que, iniciadas con anterioridad al 2005, se encontrarían próximas a sucumbir por extinción de la acción y los trastornos de tales implicancias en el marco de la administración de justicia producirían un serio déficit en la regularidad y estabilidad en los procedimientos y en la seguridad”.

El fallo supremo establece parámetros de prescripción de las causas penales, pero no lleva la firma de sus dos penalistas. Para Carmen Argibay, informó el tribunal, no hay arbitrariedad ni cuestión federal. Raúl Zaffaroni es uno de los autores originales, en el Tratado de Derecho Penal, de la doctrina según la cual las “secuelas de juicio”, que marcan la interrupción de la prescripción, son derivaciones de un juicio pero no de su etapa de instrucción. Lo mismo han sostenido otros juristas como el ex procurador general Esteban Righi.

Según el voto mayoritario, que tampoco suscribió Enrique Petra-cchi, el juicio es todo el proceso.

El fallo establece como bisagra el año 2005, porque entonces se modificó el artículo 67 del Código Penal. Hasta entonces, la prescripción se interrumpía por “la comisión de otro delito o por la secuela del juicio”.

Ante esa definición general, los tribunales hacían diferentes interpretaciones. Con la ley 25.990 de 2005, además de hablar de otro nuevo delito, se precisó como actos que interrumpen el plazo al llamado a indagatoria, el requerimiento acusatorio de elevación a juicio, la citación al juicio oral y la sentencia condenatoria. Aun antes de esa ley, quienes consideraban –por ejemplo– que la indagatoria era un parate en el cómputo del tiempo, cada vez que una causa estaba por prescribir volvían a citar al imputado a ampliar la indagatoria. Así las causas penales duran en promedio 11 años, pero las hay de 20. Zaffaroni se inspira en el italiano Francesco Carrara, quien advertía que así “podremos siempre impedirle gozar de la prescripción al imputado que sea objeto de nuestra especial antipatía, aun cuando el mismo Dios le concediese la vida de un patriarca”.

La causa que resolvió ayer la Corte data de 2001. Carrefour había comprado acciones de Supermercados Norte y denunció que el Exxel había fraguado estados contables para ocultar pasivos. El caso, con grandes estudios de por medio, estuvo plagado de anomalías: fueron exonerados peritos de la propia Corte por parciales y hubo denuncias de manipulación del sorteo en Casación para que le tocara a la Sala III, poco después de que pasara lo mismo, con misma sala, cuando debía resolver sobre las detenciones en la causa por el homicidio de Mariano Ferreyra. Por eso se volvió a sortear todo, y la resolución sobre la situación de los imputados de Exxel quedó en manos de la Sala II. Así, los jueces Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Ana María Figueroa repitieron lo que ya habían dicho en el fallo Arano: que en las causas anteriores a 2005 había que aplicar la ley más benigna, que era la anterior; que para ellos la única secuela de juicio es la sentencia y en Carrefour no había, y que ése es el modo de “resguardo del derecho a ser juzgado en un plazo razonable”. Era una forma de impulsar desde los propios tribunales que las causas no se prolonguen con artilugios infinitos.

Según la mayoría de cuatro integrada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt, la Sala II de Casación “altera la armonía con que el legislador combinó el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito y el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro”. Agregó que no está fundada la violación del plazo razonable. En voz baja, voceros de la Corte señalaron que es un tema “grave” con “una implicancia institucional enorme”. En Casación recuerdan que otros de sus integrantes, como Eduardo Riggi y el ex juez Guillermo Tragant han sostenido lo mismo que la Sala II.

En la Corte vaticinaban el cierre de “cientos de causas” de corrupción. En Casación, donde ayer había malestar, lo desmienten y señalan que a lo sumo son algunas “decenas”. Advierten un ataque desde adentro de la Corte a las doctrinas conocidas como más garantistas, que buscan preservar los derechos de todos los implicados en el proceso penal. A simple vista parece una discusión académica, pero es ideológica y política. Es llamativo que los tres jueces que no firman son los más próximos a dejar la Corte, quizás este año, y los cuatro de la mayoría serán la base del tribunal reducido (por ley tiene cinco miembros), que ya parece acomodarse a la coyuntura punitiva. Uno de ellos justificaba la oportunidad del fallo de ayer por el contexto donde “se habla de seguridad e inseguridad”. El tribunal ofreció un fallo que da la sensación de que no se permitirá la impunidad, pero que en el fondo también favorece la eternización de los juicios, algo que no sólo lesiona derechos de los imputados, sino también de las víctimas.


“Una obra monumental”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak (foto), afirmó que con la inminente sanción del Digesto Jurídico “todo el derecho argentino podrá ser codificado”. El ministro calificó al Digesto como una “obra histórica y monumental” y agregó que “el trabajo de depuración y ordenación metodológica y sistemética realizado permitió que quedaran vigentes algo más de tres mil normas, aproximandamente el 10 por ciento de las que existían”, remarcó. “La tarea representa un aporte significativo para alcanzar una mayor seguridad jurídica”, señaló el funcionario al inaugurar el Congreso Nacional del Digesto Jurídico Argentino.

Fuente:Pagina12

8-4-2014
Participaron académicos, funcionarios y legisladores nacionales
“Con el Digesto Jurídico se podrá acceder de manera democrática a la Justicia”

Lo dijo el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, en el cierre del Congreso Nacional del Digesto Jurídico Argentino. Se realizó hoy y asistieron los ministros de Justicia de una docena de provincias. El ministro Alak anunció que la normativa se sancionará pronto y así “todo el derecho vigente podrá ser codificado”.

Por: Franco Lucatini

El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, afirmó que “el Digesto Jurídico es la posibilidad de que los argentinos y argentinas puedan de una vez por todas ver democratizado el acceso a las normas jurídicas”. Lo dijo en el cierre del Congreso Nacional del Digesto Jurídico Argentino que tuvo lugar hoy y al que asistieron los ministros de Justicia de una docena de provincias. Dijo que “sirve para desmalezar una maraña legislativa” y para eliminar las redundancias. De la mesa que finalizó la jornada también participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el senador nacional Aníbal Fernández, que preside la comisión bicameral del Digesto.

Álvarez planteó que el Digesto implica “hacer más plausible que los argentinos conozcan sus normas jurídicas, que hoy sabemos que ni los jueces conocen acabadamente” y que son las que determinan “qué es lo que se puede hacer y qué no”. Destacó que esta “obra monumental” también ha logrado reunir a los ministros de todas las provincias en una agenda común para desarrollar iniciativas similares en todo el país.
Alak inauguró la jornada por la mañana, y anunció que “el país está en víperas de la sanción definitiva del Digesto Jurídico Argentino”. Calificó el trabajo como “una obra histórica y monumental a partir de la cual todo el derecho vigente en nuestro país podrá ser codificado”. Sostuvo que la consecuencia es “mayor seguridad jurídica y mejor institucionalidad” para que los ciudadanos puedan conocer “todas las normas vigentes”. Destacó que “Argentina es pionera en el ordenamiento jurídico en Latinoamérica” y que ahora “retoma esa tradición para estar en la vanguardia del mundo”.
Fotos: Martin Di Maggio y Majo Malvares.
Después de varios años de trabajo en el seno del Ministerio de Justicia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner remitió el proyecto de ley al Congreso en 2011, y en la actualidad ya tiene media sanción por parte de la Cámara de Diputados. Álvarez recordó que el proyecto fue encarado por Aníbal Fernández cuando estaba al frente del ministerio -con Gustavo Caramelo a cargo del Sistema Argentino de Información Jurídica-, y celebró: “Pudimos terminarlo con el ministro Alak y con la hoy directora del SAIJ, María Paula Pontoriero”.

Enmarcó la elaboración del Digesto Jurídico Agentino dentro del proceso de reconfiguración de la estructura jurídica nacional, y recordó que existe un Código Civil y Comercial Unificado siendo debatido en el Congreso, un anteproyecto de Código Penal que está siendo considerado por el Poder Ejecutivo y que se está comenzando a plantear una discusión sobre los códigos procesales en materia penal y administrativa. “Pero podemos tener los códigos más hermosos que si no tenemos una sociedad consciente de sus derechos, no van a servir para nada”, aclaró.

El secretario sostuvo que “hoy no es un día más”, y celebró la sentencia “que condena a los desaparecedores de Marita Verón”. Aseguró que “hoy es un día clave en la democratización de la justicia”, y homenajeó a Susana Trimarco por su lucha en ese marco. Opinó que ese objetivo “no se dará en un momento concreto sino que es el lugar al que se está llegando constantemente mediante la transformación de la realidad”.

“En los próximos días tendremos la sanción definitiva del Digesto”
El senador Aníbal Fernández recordó que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “es el segundo en llegar a esta propuesta”, y trajo a colación la propuesta de Juan Domingo Perón en el marco del Segundo Plan Quinquenal. En aquel entonces se convirtió en ley, pero la dictadura de Onganía lo derogó por decreto pocos meses después de su sanción. Aseguró que, después de trabajar durante años en esta nueva oportunidad, “en los próximos días tendremos la sanción definitiva del Digesto y sólo quedará pendiente la promulgación”.

El ex ministro destacó que la obra “es histórica” y celebró que el trabajo de su equipo haya sido retomado para culminar de esta forma. “Reivindico el trabajo de Julio Alak y de su gente, que se pararon arriba de lo que habíamos construido y empezaron a pegar ladrillos”, graficó. Expresó que el nuevo Digesto “ofrece certeza del derecho aplicable a quienes operan en lo jurídico, pero también a hombres y mujeres de a pie”.
Celebró el consenso que despertó el proyecto incluso entre referentes de la oposición, y reconoció también la labor de Ricardo Gil Lavedra, Federico Pinedo y María Elena Barbagelata en la elaboración del anteproyecto de Código Penal. “Son señores que nada tienen que ver con toda esta parafernalia de mentirasque hemos soportado en esto días de parte de farsantes que so pretexto de afanarse tres votos enlodaron a gente respetabilísima de otros partidos”, arremetió.

Más temprano, el diputado sanjuanino Héctor Tomas sostuvo que “se hizo un trabajo muy arduo” y destacó el trabajo de la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados, de la cual asistieron funcionarios para exponer su experiencia. Planteó que con el Digesto “se podrá lograr la igualdad de todos los ciudadanos en el conocimiento de la ley”.

"El trabajo de la UBA tuvo un enfoque privatista"
El profesor consulto de la Facultad de Derecho de la UBA, Arístides Corti, estuvo a cargo de la revisión de normas de las ramas impositiva y aduanera. Abrió el primer panel y rescató que “en medio de la década perdida, la del menemato, se sancionó la ley que volvió a plantear un digesto nacional”. Se refería a la norma de 1998 que, con limitaciones, propuso la elaboración del texto depurado. La UBA colaboró con la tarea desde 1999, y según Corti también “tuvo un enfoque privatista”.

Ana Valle, magíster en ciencias de la legislación, participó de la elaboración del digesto de San Martín de los Andes y luego en el Digesto Jurídico Argentino. “Muchas ramas no tenían sentido, como el 'derecho de la colonización'”, recordó. “Hoy, las leyes están recopiladas en el Sistema Argentino de Información Jurídica, en Infojus”, destacó.

María Isabel Giménez Díaz es subdirectora de Estudios e Investigaciones de la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación. Sostuvo que “para la seguridad jurídica, y sobre todo para el ciudadano, esto va a dar certezas”. Mabel Cristina Pilomeno, funcionaria de la misma dependencia, explicó que “la mitad de las normas que quedarían vigentes son tratados internacionales”.

“Este trabajo fue una tarea que se debían todos los argentinos”
Alejandro Agra, a cargo del departamento Digesto de la Legislatura de Río Negro, abrió el panel “Experiencias de las Provincias”. Afirmó que todas las provincias deberían realizar esta tarea. El cuerpo legislativo de su provincia fue sancionado en 2007. De 4234 normas, sólo quedaron en pie 955. Emilio Javier Baistrocchi, director del Digesto Jurídico y secretario legislativo de la Cámara de Diputados de San Juan, adelantó que antes del 20 de mayo será presentado el proyecto de digesto en su provincia.
Patricia Mathé, a cargo del digesto municipal informatizado de San Martín de los Andes (Neuquén) recordó que en su localidad “los funcionarios mismos no sabían de qué estábamos hablando” cuando propusieron elaborar un digesto. De 5000 normas municipales, sólo 300 quedaron en pie. Juan Ernesto Marinoni, funcionario legislativo a cargo del Digesto de Misiones, y coordinador jurídico del Digesto Jurídico Argentino durante su elaboración, explicó que en esa provincia de la Mesopotamia, redujeron las 5200 normas a 955 vigentes en tal sólo ocho meses.

El último panel llevó el nombre de “El Digesto: política de un derecho y un Estado inteligente”, y fue encabezado por Antonio Martino, director del manual del Digesto Argentino. Retomó la línea de la “inflación y contaminación legislativa” y planteó que los legisladores “deben plantearse si la solución jurídica a un determinado problema es necesario que sea establecida en una ley”. Agregó como indicador que sólo se aprueba un 2 por ciento de los proyectos de ley presentados por los legisladores de todo el mundo.

Daniel Ricardo Altmark, director de la unidad de proyectos de ordenamiento legislativo de la Facultad de Derecho de la UBA, sostuvo que es imposible cumplir con la premisa jurídica de que “nadie puede ampararse en el desconocimiento de la ley, si ni los jueces conocen claramente las normas”. Alejandra Giménez, de la dirección nacional de relaciones con el Poder Legislativo del Ministerio de Justicia, destacó el rol del Sistema Argentino de Información Jurídica (Infojus) y planteó que desde esa base actualizada se comenzó a corregir los textos. “Este trabajo fue una tarea que se debían todos los argentinos como política de Estado”, concluyó.
Fuente:Infojus