DIFUSIÓN.

                                                                                    Buenos Aires, 09 de diciembre de 2014

LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN SEÑALIZARÁ EN LA CIUDAD  DE CÓRDOBA LA UNIDAD PENITENCIARIA N°1 Y EL DESTACAMENTO DE INTELIGENCIA 141 COMO SITIOS DE MEMORIA DEL TERRORISMO DE ESTADO

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -a través de la Dirección Nacional / Red Federal de Sitios de Memoria- señalizará el próximo LUNES 15 de DICIEMBRE en la ciudad de Córdoba dos sitios utilizados para la planificación y ejecución del terrorismo de Estado por parte de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y durante el “Plan Conintes”.

El primer acto tendrá lugar a las 10 hs. en Colombres 1300, en el acceso a la Unidad Penitenciaria N° 1, Córdoba capital. Por su parte, a las 17 hs. se señalizará el ex Destacamento y Batallón de Comunicaciones 141, en Avenida Pablo Ricchieri 2400, frente a la calle Luis Vélez, de la misma ciudad. En ambos lugares se inaugurarán carteles que darán cuenta del funcionamiento represivo ilegal de esas dependencias en distintos momentos de la historia Argentina. Organizados por esta Secretaría Nacional junto con su par de la provincia de Córdoba, y la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria, los actos contarán con la presencia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Martín Fresneda, funcionarios nacionales y provinciales, ex presos políticos, sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas y sociales locales, entre otros.

Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1)

A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y, al igual que otras cárceles del país, esta unidad penal pasó a integrar el engranaje del plan sistemático de terror y exterminio ejecutado por la última dictadura que, en la provincia de Córdoba, dependió del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, al mando del entonces general Luciano Benjamín Menéndez.

Según testimonios de sobrevivientes obrantes en los archivos Nacional y Provincial de la Memoria y en causas judiciales, luego del golpe cívico-militar se agravaron las condiciones carcelarias y los presos políticos fueron sistemáticamente sometidos a torturas, en condiciones comparables a las de los centros clandestinos de detención, de donde provenían en su mayoría aquellos que fueron “legalizados” en este penal tras su secuestro en “La Perla”, “Campo de la Ribera” o el Departamento de Informaciones de la Policía cordobesa (D-2), entre otros campos clandestinos de reclusión.

Fue en ese marco de agudización de la represión que, entre abril y octubre de 1976, la dictadura asesinó a 31 militantes políticos que estaban alojados en la UP1 desde antes del golpe y a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) o de jueces federales.

Para cometer los crímenes, las autoridades militares se valieron de la denominada “ley de fuga”, método de ejecución extrajudicial mediante el cual y, bajo algún pretexto, los presos eran retirados del penal para luego ser asesinados. Algunos detenidos fueron muertos en el propio penal, como consecuencia de las torturas recibidas.

En diciembre de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba condenó a 23 militares y policías responsables por los crímenes de lesa humanidad vinculados con esta unidad penitenciaria. Un total de 16 represores recibieron penas de prisión perpetua, entre ellos el propio Menéndez y el dictador y ex presidente de facto, Jorge Rafael Videla.

La UP1 fue también utilizada para el alojamiento de detenidos por razones políticas luego del golpe de Estado de 1955 y durante los primeros años de la década del ’60, con la implementación del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) entre 1958 y 1963, que suspendió las garantías constitucionales y posibilitó el encarcelamiento ilegal y la tortura de militantes políticos, sindicales y estudiantiles, a través de decretos del Poder Ejecutivo y consejos militares de guerra.

Destacamento de Inteligencia 141 "Gral. Iribarren" / Ex Batallón 141

El predio que perteneció al Batallón de Comunicaciones 141 (y anteriormente 4) del Ejército Argentino, fue utilizado para la detención y juzgamiento de presos políticos en el marco del Plan Conintes.

En el lugar también funcionó el Destacamento de Inteligencia 141 “Gral. Iribarren”, que tuvo un rol central en la represión ilegal previo al último golpe de Estado y, de manera sistemática, a partir del 24 de marzo de 1976.

Según testimonios presentados en causas judiciales y obrantes en los archivos Nacional y Provincial de la Memoria, desde el Destacamento o “Base” se coordinaban las tareas de inteligencia para el secuestro de hombres y mujeres perseguidos por razones políticas. La sección de Operaciones, también conocida como OP3, era la responsable de los secuestros, torturas y asesinatos en el centro de exterminio "La Perla", epicentro de la política de desaparición forzada en Córdoba.

En agosto de 2008, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba condenó a prisión perpetua a Menéndez y a cuatro integrantes de la comandancia del Destacamento y la OP3. Otros tres responsables de los grupos de tareas fueron condenados a penas de entre 18 y 22 años. El jefe del 141, coronel (R) César Emilio Anadón, no llegó a ser juzgado ya que se suicidó en 2004.

Desde 2012, se lleva adelante el mayor juicio oral y público realizado en la provincia de Córdoba, que involucra a 45 imputados -varios de ellos relacionados con esta unidad de Inteligencia- por delitos de lesa humanidad cometidos contra 417 víctimas en los centros clandestinos de detención “La Perla”, “Campo de la Ribera” y Departamento de Informaciones de la Policía cordobesa (D-2), entre otros.

La política nacional de señalizaciones

La preservación y señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros sitios espacios vinculados con la represión ilegal -ley nacional N° 26.691 y ley provincial N° 9286- hace visible la función que cumplieron durante el terrorismo estatal y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables, garantizar la protección de los sitios de memoria por su valor testimonial y judicial, y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares.

La Red Federal de Sitios de Memoria es un organismo interjurisdiccional que, con la coordinación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos provinciales y municipales, con la participación de los familiares de las víctimas, sobrevivientes y organismos de derechos humanos.

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