JUSTICIA FEDERAL | CAUSA “LEDO”
El fiscal Brito rechaza las causales que invocó
Milani para apartarlo de la pesquisa
“Recién ahora, al encontrarse agotada la investigación, la defensa interpone la recusación”, expresó el titular de la Fiscalía Federal N°1. En el escrito que presentó este viernes, el funcionario constitucional quitó valor a la denuncia que Milani dejó en la Procuración.
Ni “temor de falta de objetividad” ni “falta de objetividad confirmada” ni “enemistad manifiesta”. Carlos Brito, fiscal federal Nº1, se declaró “libre” de las causales esgrimidas por la defensa de César Milani, jefe del Ejército, y del ex capitán Esteban Sanguinetti para apartarlo de la investigación de la desaparición del soldado Alberto Ledo. “El planteo es notoriamente inconsistente y debe ser rechazado”, dijo en la contestación de la recusación que presentó este viernes al juez federal Nº1, Daniel Bejas.
Brito llamó la atención sobre el momento en el que Adolfo Bertini, defensor oficial, y Manuel Bonnin, defensor oficial ad hoc, formularon la recusación. “Al respecto, cabe destacar que ambos se encuentran apersonados desde hace tiempo en la causa; en tal carácter, obtuvieron copias de la totalidad del legajo; constataron la incorporación de los instrumentos públicos que ahora cuestionan; ofrecieron pruebas aceptando la validez de estas y controlaron la producción de todas las que se sustanciaron, incluidas las de las querellantes”, describió. Y añadió: “recién ahora, al encontrarse agotada la investigación, interponen la recusación”.
El mismo día
La presentación de la defensa dirigida a separar a Brito del expediente judicial tuvo lugar unas horas antes de que aquel pidiese a Bejas que cite a prestar declaración indagatoria a Milani con el carácter de supuesto falsificador del legajo de deserción de Ledo, y de supuesto encubridor del secuestro y el asesinato del soldado. En el mismo dictamen del 22 de diciembre pasado, el fiscal solicitó la ampliación de la declaración indagatoria de Sanguinetti, que en esta causa tiene un procesamiento confirmado y que aguarda el resultado del proceso en prisión preventiva domiciliaria. A posteriori, Bertini amplió los fundamentos y dijo que entre su defendido y el fiscal existía “una enemistad manifiesta” derivada de la denuncia que Milani interpuso el 23 de diciembre ante la Procuración General de la Nación para que Brito sea separado de su cargo.
Al deducir la recusación, Bertini dijo que el temor de falta de objetividad estaba fundado en el hecho de que Brito llevaba adelante la pesquisa sobre una copia del sumario de deserción de Ledo cuya validez había cuestionado el 15 de diciembre, cuando solicitó la exclusión de esa prueba con el argumento de que no había sido hallado el documento original.
Pero el fiscal adujo que Bertini había consentido ese instrumento al ofrecer como testigo experto al letrado Walter Faneco: “así, al llevarse a cabo la audiencia testimonial del 3 de julio de 2014, Faneco, quien se presentó sólo como abogado aunque luego reconoció que era coronel auditor del Ejército Argentino, y, por ende, subordinado al jefe de Estado Mayor General del Ejército, teniente general César Milani, explicó la normativa militar vigente cuando se sustanció la técnicamente denominada ‘información’, que estuvo a cargo del entonces subteniente Milani. Seguidamente se refirió, teniendo a la vista el legajo de deserción de Ledo, tal y como lo había requerido Bertini, presente en la audiencia, a las demoras que se habrían producido en la confección de la ‘información’ y manifestó que eran atribuibles a la orden impartida por el entonces capitán Sanguinetti”.
No meras fotocopias
Brito asimismo defendió la validez del sumario militar que analizó al advertir que este es una copia certificada por el mayor José Baltazar Sandaza, que en su momento tenía entre sus funciones certificar documentos según el Reglamento del Servicio Interno del Ejército Argentino (1968). El fiscal dijo que la defensa no había intentado de ningún modo desvirtuar el sumario de deserción de 1976 que incrimina a Milani: “ha quedado palmariamente acreditado que el defensor oficial y su pupilo conocían y produjeron pruebas tendientes a acreditar que las actuaciones administrativas sobre las que giran los planteos de exclusión probatoria y recusación habían sido realizadas de conformidad con las normativas militares vigentes al momento en que se labraron, consintiendo su legitimidad y admitiendo la participación que en ellas le correspondió a Milani”.
Tarde para denunciar
En cuanto a la “enemistad manifiesta” derivada de la denuncia que el jefe del Ejército interpuso ante el organismo que dirige la procuradora general Alejandra Gils Carbó, Brito dijo que esa presentación, para tener el efecto buscado, debió haber sido formalizada antes del comienzo del proceso, que está en marcha desde 2007. “Pero esta fue deducida al día siguiente que presenté el dictamen requiriendo que Milani sea citado a prestar declaración indagatoria”, recordó el funcionario constitucional que, como consecuencia de la estrategia de la “enemistad manifiesta” podría ser sometido a un proceso semejante al que enfrentó el fiscal José María Campagnoli durante el año pasado, con la acusación de haberse excedido en la investigación del empresario kirchnerista Lázaro Báez (finalmente, la pretensión de destituir a Campagnoli cayó por cuestiones procesales y el fiscal acusado -y suspendido- volvió a su fiscalía) .
“En cuanto a la enemistad, se ha dicho que esta requiere una manifiesta y concreta relación conflictiva precedente entre el magistrado y uno de los interesados. Esta situación no se ajusta a lo invocado ya que antes del inicio de la causa y, hasta el día de hoy, no existía ni existe ningún tipo de relación entre Milani y mi persona, como no sea la de su calidad de imputado en autos y mi actuación en representación del Ministerio Público Fiscal, en cuyo nombre promuevo la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”, expresó el fiscal. Según su criterio, Milani pretende forzar la enemistad para “provocar” la inhibición. “No debe olvidarse que la recusación es una vía de excepción y un recurso excepcional, y que su abuso compromete seriamente la majestad de la justicia y la dignidad de la profesión de abogado”, advirtió Brito al final de su último dictamen en la causa “Ledo”.
Fuente:LaGaceta
Envío:AgnDDHH
JUSTICIA FEDERAL | CAUSA “LEDO”
Hijos Tucumán pide que se investigue la
participación de Milani en la dictadura
Las Madres resolvimos no hacer declaraciones”, dijo una referente local de esa organización. Miembros de Fadetuc y Andhes aún no discutieron este tema
La mayoría de las organizaciones locales de DDHH elude una posición sobre la pesquisa que involucra al militar
PENDIENTE. Sobre el jefe del Ejército pesa un pedido de declaración indagatoria formulado por un fiscal federal. dyn
La mayoría de los organismos de derechos humanos (DDHH) en Tucumán aún no asumieron una postura sobre el jefe del Ejército, César Gerardo del Corazón de Jesús Milani, imputado en la causa que investiga la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, ocurrida en Monteros, el 17 de junio de 1976.
El 23 de diciembre, el fiscal federal N° 1, Carlos Brito, pidió al juez federal N° 1, Daniel Bejas, que cite a prestar declaración indagatoria a Milani. El fiscal considera que Ledo no había desertado -como oficialmente el Ejército había comunicado a la familia de aquel-, sino que había sido privado ilegítimamente de la libertad y, luego, asesinado; y que el militar habría intervenido en los hechos con el supuesto carácter de encubridor y de falsificador de documentos públicos. Y es que se supo que el acta de deserción -supuestamente confeccionada y firmada por Milani- había sido falsificada. Entre las anomalías que detectó Brito en la copia certificada del acta figuran una carátula tachada (la palabra “Accidente”, mecanografiada, aparece rayada; y junto a esta se escribió a mano “Deserción”), y fechas y lugares inconsistentes. Por ello, el fiscal pide que se impute al militar por la supuesta comisión de los delitos de falsificación de un documento público, y de encubrimiento del secuestro y del asesinato de Ledo. La defensa de Milani recusó a Brito con el argumento del “temor de falta de objetividad”, entre otros. El fiscal rechazó el cuestionamiento, que debe resolver Bejas.
Decisión
“Respecto de este tema (Milani), las Madres conversamos en un encuentro y resolvimos no hacer ningún tipo de declaración en los medios”, se excusó la referente local de Madres de Plaza de Mayo Sara Mrad, ante la consulta de LA GACETA.
La organización Familiares de Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc) tampoco cuenta actualmente con una opinión sobre Milani. “Aún no lo discutimos; esta semana puede ser que nos reunamos para charlar este tema únicamente”, respondió la presidenta de Fadetuc, Virginia Sosa.
Tampoco dio cuenta de una posición institucional Pablo Gargiulo, miembro de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). “Sobre la cuestión Milani en particular, sería irresponsable de mi parte adelantar una posición de Andhes, porque no tuvimos oportunidad de charlarla. No podría decirte cuál es la posición de Andhes, porque no hay posición”, reconoció. La última postura de Andhes, respecto de Milani, data de julio de 2013, en el marco del entonces inminente nombramiento del militar al frente del Ejército. Finalmente, Milani fue designado en diciembre de ese año. “Como organización de DDHH, y atento a las denuncias ventiladas, Andhes espera se profundicen las investigaciones y el Senado esté a la altura de las circunstancias para hacer respetar los estándares requeridos para un puesto de tal envergadura”, señalaba la organización en aquel comunicado.
Varios miembros de Andhes ocupan cargos en el Gobierno nacional, mayormente en el Poder Judicial. Un caso es el de Pablo Camuña, recientemente designado para la Fiscalía federal N° 2 de Tucumán. El diputado José Cano había cuestionado a Camuña, porque este había archivado una denuncia que involucraba a Milani en el Operativo Independencia. En su informe a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, Camuña había señalado que de la investigación “no surgieron elementos que aconsejaran o se bastaran para sostener una acusación seria contra el militar”.
Ratificación
Por el contrario, la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos), ratificó la postura que había asumido durante los días previos a que Milani fuese designado al frente del Ejército por la presidenta, Cristina Fernández. “Tenemos una posición tomada desde siempre; es decir, no es una posición asumida ahora, a raíz de los nuevos sucesos, sino que mantenemos la que hicimos pública en diversos reportajes y documentos desde el inicio: tanto Milani como cualquier otra persona sospechada de haber participado del terrorismo de Estado, de haber formado parte del plan sistemático de exterminio, debe ser investigada”, afirmó la referente de Hijos en Tucumán Natalia Ariñez. Y precisó que el hecho circunstancial de que ostente la jefatura del Ejército no lo exime: “debe ser investigado, como corresponde, como cualquier persona”.
Ariñez no consideró extraña la demora en el avance de la “causa Ledo”, que se inició en 2007 y se reactivó en 2013, a partir de las críticas que se dieron en el marco del ascenso de Milani, paso previo a su designación como jefe del Ejército. “A lo largo de todos estos años hemos vivido las idas y vueltas de las cuestiones judiciales. Debimos esperar muchos años para lleguen a juicio oral causas emblemáticas en la provincia; sabemos de la dilación de la Justicia. Pero más allá de eso, la posición sigue siendo la misma”, afirmó. Además, se refirió a la posibilidad de que Milani, en efecto, aparezca involucrado en el Operativo Independencia: “la Justicia deberá ver si Milani (actuó en ese tiempo en Tucumán)”. En ese marco, explicó que se está llevando a cabo la instrucción de esa causa. “Venimos remando y peleando para que avance; es una causa muy importante para nosotros, en la que somos querellantes”, concluyó.
El 23 de diciembre, el fiscal federal N° 1, Carlos Brito, pidió al juez federal N° 1, Daniel Bejas, que cite a prestar declaración indagatoria a Milani. El fiscal considera que Ledo no había desertado -como oficialmente el Ejército había comunicado a la familia de aquel-, sino que había sido privado ilegítimamente de la libertad y, luego, asesinado; y que el militar habría intervenido en los hechos con el supuesto carácter de encubridor y de falsificador de documentos públicos. Y es que se supo que el acta de deserción -supuestamente confeccionada y firmada por Milani- había sido falsificada. Entre las anomalías que detectó Brito en la copia certificada del acta figuran una carátula tachada (la palabra “Accidente”, mecanografiada, aparece rayada; y junto a esta se escribió a mano “Deserción”), y fechas y lugares inconsistentes. Por ello, el fiscal pide que se impute al militar por la supuesta comisión de los delitos de falsificación de un documento público, y de encubrimiento del secuestro y del asesinato de Ledo. La defensa de Milani recusó a Brito con el argumento del “temor de falta de objetividad”, entre otros. El fiscal rechazó el cuestionamiento, que debe resolver Bejas.
Decisión
“Respecto de este tema (Milani), las Madres conversamos en un encuentro y resolvimos no hacer ningún tipo de declaración en los medios”, se excusó la referente local de Madres de Plaza de Mayo Sara Mrad, ante la consulta de LA GACETA.
La organización Familiares de Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc) tampoco cuenta actualmente con una opinión sobre Milani. “Aún no lo discutimos; esta semana puede ser que nos reunamos para charlar este tema únicamente”, respondió la presidenta de Fadetuc, Virginia Sosa.
Tampoco dio cuenta de una posición institucional Pablo Gargiulo, miembro de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). “Sobre la cuestión Milani en particular, sería irresponsable de mi parte adelantar una posición de Andhes, porque no tuvimos oportunidad de charlarla. No podría decirte cuál es la posición de Andhes, porque no hay posición”, reconoció. La última postura de Andhes, respecto de Milani, data de julio de 2013, en el marco del entonces inminente nombramiento del militar al frente del Ejército. Finalmente, Milani fue designado en diciembre de ese año. “Como organización de DDHH, y atento a las denuncias ventiladas, Andhes espera se profundicen las investigaciones y el Senado esté a la altura de las circunstancias para hacer respetar los estándares requeridos para un puesto de tal envergadura”, señalaba la organización en aquel comunicado.
Varios miembros de Andhes ocupan cargos en el Gobierno nacional, mayormente en el Poder Judicial. Un caso es el de Pablo Camuña, recientemente designado para la Fiscalía federal N° 2 de Tucumán. El diputado José Cano había cuestionado a Camuña, porque este había archivado una denuncia que involucraba a Milani en el Operativo Independencia. En su informe a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, Camuña había señalado que de la investigación “no surgieron elementos que aconsejaran o se bastaran para sostener una acusación seria contra el militar”.
Ratificación
Por el contrario, la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos), ratificó la postura que había asumido durante los días previos a que Milani fuese designado al frente del Ejército por la presidenta, Cristina Fernández. “Tenemos una posición tomada desde siempre; es decir, no es una posición asumida ahora, a raíz de los nuevos sucesos, sino que mantenemos la que hicimos pública en diversos reportajes y documentos desde el inicio: tanto Milani como cualquier otra persona sospechada de haber participado del terrorismo de Estado, de haber formado parte del plan sistemático de exterminio, debe ser investigada”, afirmó la referente de Hijos en Tucumán Natalia Ariñez. Y precisó que el hecho circunstancial de que ostente la jefatura del Ejército no lo exime: “debe ser investigado, como corresponde, como cualquier persona”.
Ariñez no consideró extraña la demora en el avance de la “causa Ledo”, que se inició en 2007 y se reactivó en 2013, a partir de las críticas que se dieron en el marco del ascenso de Milani, paso previo a su designación como jefe del Ejército. “A lo largo de todos estos años hemos vivido las idas y vueltas de las cuestiones judiciales. Debimos esperar muchos años para lleguen a juicio oral causas emblemáticas en la provincia; sabemos de la dilación de la Justicia. Pero más allá de eso, la posición sigue siendo la misma”, afirmó. Además, se refirió a la posibilidad de que Milani, en efecto, aparezca involucrado en el Operativo Independencia: “la Justicia deberá ver si Milani (actuó en ese tiempo en Tucumán)”. En ese marco, explicó que se está llevando a cabo la instrucción de esa causa. “Venimos remando y peleando para que avance; es una causa muy importante para nosotros, en la que somos querellantes”, concluyó.
“Dista la velocidad con la cual la Nación impulsó causas por delitos de lesa humanidad en la dictadura y el enfoque de la ‘causa Ledo’”, acusó el legislador José Páez. “El Gobierno auspicia la demora en el juzgamiento y favorece la estrategia esgrimida por la defensa del represor. Es preciso que la Nación promueva la celeridad procesal para esclarecer la causa”, dijo.
Fuente:LaGaceta
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