"LAS POLÍTICAS DE DERECHOS HUMANOS PERDURARÁN HASTA QUE SE JUZGUE AL ÚLTIMO RESPONSABLE".

09.01.2015
memoria y justicia
"Las políticas de Derechos Humanos perdurarán hasta que se juzgue al último responsable"

El sistema penal argentino combate la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos con políticas de Estado en la que están involucrados los tres poderes de la Nación, y esa es la matriz que, para el coordinador del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, Luciano Hazán "asegura que sea un proceso indiscutible que perdurará hasta que se juzgue al último de los responsables".

"La experiencia de Argentina en relación con los crímenes de lesa humanidad, lejos de dejarla guardada, hay que profundizarla. Ir hacia atrás son mensajes dañinos que algunos candidatos quieren instalar", dijo el funcionario aludiendo a Mauricio Macri y Sergio Massa, quienes se pronunciaron por un "punto final" sobre la cuestión.

En diálogo con Télam, el abogado que durante diez años formó parte del equipo de Abuelas de Plaza de Mayo, señaló que el proceso de Verdad y Justicia, iniciado en 2003 por Néstor Kirchner, "trajo excelentes resultados a la luz de la cantidad de condenados" y subrayó que la Argentina "es mirada en el mundo como un referente de lucha transicional y contra la impunidad".

Hazán, al frente desde hace un año y medio del programa creado en 2007 a instancias del ex presidente Kirchner para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de Verdad y Justicia, aseguró que "la mayoría de los juicios orales que se realizan son por causas de lesa humanidad y esa ha sido una prioridad que debe destacarse, porque expresa la obligación de perseguir genocidas que debe cumplir un sistema penal".

En su último informe, el organismo relevó un total de 613 condenas en 133 juicios orales, 23 de los cuales se iniciaron en 2014 con 95 sentencias y 7 absoluciones.

También destacó el avance -aún con dificultades- sobre la responsabilidad de otros actores sociales en la represión ilegal además de las fuerzas de seguridad, como los propietarios y directivos de empresas, autoridades judiciales y eclesiásticas, y las investigaciones de delitos contra la integridad sexual.

El abogado, que también integra la Convención para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, explicó que no sólo se llegó a esta instancia por una decisión política, sino que además "generó cambios institucionales que permitieron que avanzara un sistema judicial que ponía obstáculos para llegar a la verdad".

"Cuando Kirchner pateó el tablero y habló en actos públicos sobre los juicios a los genocidas empujando la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final por parte del Congreso, y renovó la Corte Suprema de Justicia, se pusieron en marcha las instituciones para activar este proceso", aseguró Hazán.

En esa dirección, apuntó la tarea de coordinación que realizan desde la cartera de Justicia junto a equipos de los Ministerios de Seguridad, de Defensa, de la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema de Justicia, además del Poder Legislativo con la sanción de leyes como la oralización de juicios, que permitió acelerar los procesos y que fueron acompañadas por la oposición.

"El programa continuará porque no sólo es deber del Estado investigar sino también porque existen una serie de tratados internacionales que obligan al Estado a cumplirlos y esta experiencia debe servir para replicar el esfuerzo en otros delitos como la violencia institucional y la trata de personas", advirtió Hazán.

En ese sentido, planteó como "muy importante que los candidatos a presidente se definan políticamente y digan sobre qué fenómenos criminales van a avanzar con la tecnología que se ha logrado y que se puede aplicar en otras áreas".

Entre los obstáculos que el Programa plantea como metas para trabajar en 2015, se menciona "la persistencia de una mirada sexista por parte de los operadores judiciales", los pedidos de suspensión de causas por razones de salud solicitados por los abogados de los imputados, y las demoras en la integración de los tribunales orales de las provincias que deben nombrar jueces subrogantes de otras jurisdicciones.

"El camino no ha sido fácil y siguen habiendo obstáculos que debemos eliminar controlando que funcionen bien los organismos técnicos", dijo Hazán al puntualizar sobre el trabajo del Cuerpo Médico Forense.

"Hay una crisis de legitimidad producto de muchas denuncias por falta de transparencia en los peritajes y allí pondremos la mirada, porque ese es un organismo que debe recuperar el lugar que supo ganarse", precisó el coordinador del Programa Verdad y Justicia. 

Fuente:Telam