No nos correrán con embates destituyentes, la lucha nos fortalece
Los embates destituyentes contra el actual
proceso político no son novedosos y tanto la
firme resistencia ante los mismos como las
acciones y políticas públicas para desarticular
las tramas de poder que los provocan y
alimentan deben ser suficiente garantía para
la militancia y para los espacios que
queremos mantener y profundizar el
rumbo emprendido en mayo de 2003.
22 Enero 2015
Fue a pocos días de asumir Néstor Kirchner como presidente que se conoció, de boca del mismo mandatario, la intentona desestabilizadora que quiso llevar adelante el titular de la Suprema Corte de Justicia de entonces, el menemista Julio Nazareno.
La rápida respuesta de Kirchner conllevó, en un solo movimiento, al juicio político de un buen número de ministros de ese tribunal nombrados por Carlos Menem para contar con una mayoría automática que resguarde la impunidad de sus fechorías, y la reforma de los protocolos para elegir a los miembros de la Corte, en un proceso que brindó transparencia y legitimidad inusual a ese mecanismo.
Y, por supuesto, generó que los nuevos integrantes elevaran el prestigio del máximo vértice del Poder Judicial de la Nación.
Es cierto que ese proceso de transformación del poder más reaccionario de los que componen el sistema republicano debió persistir en su misión democratizadora, y por ello postulamos profundizarlo desde ahora mismo y a futuro, lo cual implica que el próximo mandato tenga a éste como uno de sus objetivos.
Las corporaciones financieras, la banca extranjera y parte de la nacional también confluyeron en tácticas desestabilizadoras, frente al plan de desendeudamiento llevado a cabo por Néstor.
Se las derrotó con una reestructuración de la deuda -heredada de los gobiernos más fervientemente "demócratas" y "republicanos"-, que obtuvo la aceptación masiva de parte de los deudores. Y de los que quedaron afuera, la mayoría ingresó al plan ya en el gobierno de Cristina Fernández. Sólo quedó afuera, en forma voluntaria, un pequeño pero poderoso remanente, los fondos buitre.
A principios de 2008, las patronales agropecuarias declararon la guerra al gobierno nacional y popular, a causa del plan de retenciones móviles, que rechazaron cortando rutas, desabasteciendo al pueblo de los productos de consumo básico, como carne, pan y leche.
El oligopolio Clarín, junto a la Nación y otras corporaciones mediáticas, como siempre, tomaron partido en esa confrontación, apoyando a la Federación Agraria de Eduardo Buzzi, a la Sociedad Rural de Hugo Biolcati, y a sus socios de Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro. No dudaron en usar como arietes a prominentes dirigentes y legisladores de la oposición política, e incluso logró convencer al vicepresidente radical Julio Cobos, de traicionar el mandato para el cual había sido elegido, votando en contra de la resolución 125.
Se logró salir de esa encrucijada poniendo en juego más y mejores políticas para beneficiar a los pequeños y medianos productores, y a la larga, la baja del precio de los commodities agropecuarios le dieron la razón al gobierno. Todos los productores de soja hubiesen recibido más divisas si se hubieran aplicado las retenciones móviles.
La dura batalla, aún en ciernes, para lograr una ley de servicios de comunicación audiovisual con el Grupo Clarín y sus aliados, demostró hasta qué punto la llamada opinión pública es rehén de la concentración monopólica o de la posición dominante del mercado que ostentan los principales medios electrónicos en la Argentina.
Centenares de asociaciones, cooperativas, gremios, productoras y pequeñas emisoras radiales conciliaron durante años el contenido de una ley que se aprobó por amplísima mayoría en el Congreso, pero que hasta la actualidad no puede aplicarse totalmente por la permanente resistencia de Clarín, en complicidad con un sector del Poder Judicial cooptado desde tiempos inmemoriales por las corporaciones y los factores de poder establecidos.
Precisamente ante los serios intentos de reformar ese anquilosado poder “republicano” por parte del gobierno nacional, hace ya un tiempo recrudecieron las operaciones judiciales en contra de miembros del Poder Ejecutivo. La alianza entre sectores de la oposición, jueces y fiscales amigos del poder, la corporación mediática y una buena parte de los servicios de inteligencia, comenzó a promover descabelladas causas, a citar a funcionarios a sede judicial, y organizó todo tipo de artimañas para sembrar rumores, pistas falsas y acusaciones sin sentido contra la administración encabezada por Cristina.
Empresas presuntamente relacionadas con la mandataria y su familia fueron agitadas desde las tapas de los diarios y en programas de radio y TV de los conglomerados mediáticos como delitos cometidos por personajes cercanos al círculo presidencial, sin otra prueba que chismes, mentiras y testimonios retroalimentados por alcahuetes judiciales, periodísticos y políticos.
Hermes Binner, Gerardo Morales, Pino Solanas, Elisa Carrió, Ernesto Sanz, Sergio Massa, el mencionado Cobos, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, entre otros “próceres inmaculados”, se erigieron como partes fundantes de la ética republicana, repitiendo la lastimosa performance que tuvieron durante la batalla declarada por los sojeros, repitiendo la letanía de que estábamos –estamos- ante el más corrupto de los gobiernos desde que se abrió este período democrático.
En estos días un fiscal federal, Alberto Nisman, comprobadamente asociado a los servicios de inteligencia argentinos, yanquis e israelíes, y obediente mensajero de la embajada de EEUU en nuestro país, súbitamente regresó de Europa, interrumpiendo sus vacaciones, y blandió en exclusiva para los medios de Clarín, una denuncia que fue desestimada de plano por al menos dos magistrados federales.
Su deceso nos encuentra unidos en la convicción de que hay que aclarar esa muerte, hay que desentrañar la bochornosa “denuncia” contra la presidenta para que el pueblo argentino conozca qué tipo de funcionario judicial era Nisman, y con la certeza de que no nos correrán con embates destituyentes, porque la lucha nos fortalece.
Contacto Prensa - Santiago Garat - Tel: 341 155 411724garatsantiago@hotmail.com
Los embates destituyentes contra el actual
proceso político no son novedosos y tanto la
firme resistencia ante los mismos como las
acciones y políticas públicas para desarticular
las tramas de poder que los provocan y
alimentan deben ser suficiente garantía para
la militancia y para los espacios que
queremos mantener y profundizar el
rumbo emprendido en mayo de 2003.
proceso político no son novedosos y tanto la
firme resistencia ante los mismos como las
acciones y políticas públicas para desarticular
las tramas de poder que los provocan y
alimentan deben ser suficiente garantía para
la militancia y para los espacios que
queremos mantener y profundizar el
rumbo emprendido en mayo de 2003.
22 Enero 2015
Fue a pocos días de asumir Néstor Kirchner como presidente que se conoció, de boca del mismo mandatario, la intentona desestabilizadora que quiso llevar adelante el titular de la Suprema Corte de Justicia de entonces, el menemista Julio Nazareno.
La rápida respuesta de Kirchner conllevó, en un solo movimiento, al juicio político de un buen número de ministros de ese tribunal nombrados por Carlos Menem para contar con una mayoría automática que resguarde la impunidad de sus fechorías, y la reforma de los protocolos para elegir a los miembros de la Corte, en un proceso que brindó transparencia y legitimidad inusual a ese mecanismo.
La rápida respuesta de Kirchner conllevó, en un solo movimiento, al juicio político de un buen número de ministros de ese tribunal nombrados por Carlos Menem para contar con una mayoría automática que resguarde la impunidad de sus fechorías, y la reforma de los protocolos para elegir a los miembros de la Corte, en un proceso que brindó transparencia y legitimidad inusual a ese mecanismo.
Y, por supuesto, generó que los nuevos integrantes elevaran el prestigio del máximo vértice del Poder Judicial de la Nación.
Es cierto que ese proceso de transformación del poder más reaccionario de los que componen el sistema republicano debió persistir en su misión democratizadora, y por ello postulamos profundizarlo desde ahora mismo y a futuro, lo cual implica que el próximo mandato tenga a éste como uno de sus objetivos.
Las corporaciones financieras, la banca extranjera y parte de la nacional también confluyeron en tácticas desestabilizadoras, frente al plan de desendeudamiento llevado a cabo por Néstor.
Se las derrotó con una reestructuración de la deuda -heredada de los gobiernos más fervientemente "demócratas" y "republicanos"-, que obtuvo la aceptación masiva de parte de los deudores. Y de los que quedaron afuera, la mayoría ingresó al plan ya en el gobierno de Cristina Fernández. Sólo quedó afuera, en forma voluntaria, un pequeño pero poderoso remanente, los fondos buitre.
A principios de 2008, las patronales agropecuarias declararon la guerra al gobierno nacional y popular, a causa del plan de retenciones móviles, que rechazaron cortando rutas, desabasteciendo al pueblo de los productos de consumo básico, como carne, pan y leche.
El oligopolio Clarín, junto a la Nación y otras corporaciones mediáticas, como siempre, tomaron partido en esa confrontación, apoyando a la Federación Agraria de Eduardo Buzzi, a la Sociedad Rural de Hugo Biolcati, y a sus socios de Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro. No dudaron en usar como arietes a prominentes dirigentes y legisladores de la oposición política, e incluso logró convencer al vicepresidente radical Julio Cobos, de traicionar el mandato para el cual había sido elegido, votando en contra de la resolución 125.
Se logró salir de esa encrucijada poniendo en juego más y mejores políticas para beneficiar a los pequeños y medianos productores, y a la larga, la baja del precio de los commodities agropecuarios le dieron la razón al gobierno. Todos los productores de soja hubiesen recibido más divisas si se hubieran aplicado las retenciones móviles.
La dura batalla, aún en ciernes, para lograr una ley de servicios de comunicación audiovisual con el Grupo Clarín y sus aliados, demostró hasta qué punto la llamada opinión pública es rehén de la concentración monopólica o de la posición dominante del mercado que ostentan los principales medios electrónicos en la Argentina.
Centenares de asociaciones, cooperativas, gremios, productoras y pequeñas emisoras radiales conciliaron durante años el contenido de una ley que se aprobó por amplísima mayoría en el Congreso, pero que hasta la actualidad no puede aplicarse totalmente por la permanente resistencia de Clarín, en complicidad con un sector del Poder Judicial cooptado desde tiempos inmemoriales por las corporaciones y los factores de poder establecidos.
Precisamente ante los serios intentos de reformar ese anquilosado poder “republicano” por parte del gobierno nacional, hace ya un tiempo recrudecieron las operaciones judiciales en contra de miembros del Poder Ejecutivo. La alianza entre sectores de la oposición, jueces y fiscales amigos del poder, la corporación mediática y una buena parte de los servicios de inteligencia, comenzó a promover descabelladas causas, a citar a funcionarios a sede judicial, y organizó todo tipo de artimañas para sembrar rumores, pistas falsas y acusaciones sin sentido contra la administración encabezada por Cristina.
Empresas presuntamente relacionadas con la mandataria y su familia fueron agitadas desde las tapas de los diarios y en programas de radio y TV de los conglomerados mediáticos como delitos cometidos por personajes cercanos al círculo presidencial, sin otra prueba que chismes, mentiras y testimonios retroalimentados por alcahuetes judiciales, periodísticos y políticos.
Hermes Binner, Gerardo Morales, Pino Solanas, Elisa Carrió, Ernesto Sanz, Sergio Massa, el mencionado Cobos, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, entre otros “próceres inmaculados”, se erigieron como partes fundantes de la ética republicana, repitiendo la lastimosa performance que tuvieron durante la batalla declarada por los sojeros, repitiendo la letanía de que estábamos –estamos- ante el más corrupto de los gobiernos desde que se abrió este período democrático.
En estos días un fiscal federal, Alberto Nisman, comprobadamente asociado a los servicios de inteligencia argentinos, yanquis e israelíes, y obediente mensajero de la embajada de EEUU en nuestro país, súbitamente regresó de Europa, interrumpiendo sus vacaciones, y blandió en exclusiva para los medios de Clarín, una denuncia que fue desestimada de plano por al menos dos magistrados federales.
Su deceso nos encuentra unidos en la convicción de que hay que aclarar esa muerte, hay que desentrañar la bochornosa “denuncia” contra la presidenta para que el pueblo argentino conozca qué tipo de funcionario judicial era Nisman, y con la certeza de que no nos correrán con embates destituyentes, porque la lucha nos fortalece.
Contacto Prensa - Santiago Garat - Tel: 341 155 411724garatsantiago@hotmail.com
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