NUEVO ATAQUE DE LOS BUITRES CONTRA EL PAIS: DISTRIBUYEN UN “INFORME” SOBRE SUPUESTO ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIOS
Ahora los carroñeros dan clases de honestidad
Como parte de su campaña de presión, los fondos especulativos más oscuros del sistema presentaron un “índice” para medir la corrupción de los funcionarios argentinos. La maniobra fue respondida y descalificada por los atacados.
Por Federico Kucher
Robert Shapiro, cotitular del grupo de presión ATFA. Una insólita declaración sobre las condiciones económicas en Argentina.
La campaña de presión de los fondos buitre contra el Gobierno puso otra vez en acción al grupo de tareas a su servicio denominado American Task Force Argentina (ATFA). Esta vez, la operación puesta en marcha para tratar de dañar la imagen argentina fue divulgar un “informe” donde se detallan cifras de la supuesta evolución del patrimonio personal de funcionarios del actual gobierno (ministros y secretarios de Estado), señalando que no se condicen con la retribución de sus cargos o ascensos en sus funciones. ATFA, que representa a los grupos especulativos más inescrupulosos del sistema financiero, cuya forma de actuar es precisamente la de hacer “pesar su influencia” sobre medios de comunicación, legisladores y magistrados para obtener sus objetivos económicos, señala en tono de alarma que “mientras el patrimonio de los funcionarios crece, la población debe sufrir las consecuencias de la inflación y el desempleo porque el Gobierno decidió entrar en default”. La burda maniobra fue respondida ayer mismo por algunos de los funcionarios aludidos (ver aparte), señalando la falsedad de los datos consignados. Con respecto a la intencionalidad de esta difusión, el ministro de Economía, Axel Kicillof, había referido más temprano que el país no aceptará someterse a las condiciones que pretenden imponer los fondos buitre desde los tribunales de Nueva York a través de “un hostigamiento con carácter mafioso”. “No vamos a aceptar que impongan sus condiciones, porque no vamos a hipotecar graciosamente al país como se hizo en los ’90 y caímos en bancarrota”.
Kicillof apuntó contra la nueva operación de los buitres. “Ponen muchos millones en American Task Force, un grupo de tareas que se dedica a hostigar con comportamientos mafiosos. Esta aparente ONG norteamericana presiona a la Argentina, tira pescado podrido para ver si alguien se asusta y va y le paga la millonada que piden, pero no va a funcionar”, aseguró. Los fondos buitre, con la iniciativa de Nancy Soderberg y Robert Shapiro, copresidentes de ATFA, presentaron ayer un documento titulado “Indice de la riqueza de funcionarios del gobierno argentino”. El informe toma datos de declaraciones juradas de distintos funcionarios pretendiendo poner en tela de juicio la “honestidad” de estas figuras públicas respecto del crecimiento de sus patrimonios. Algunos de los funcionarios que figuran son Florencio Randazzo, ministro del Interior y Transporte; Juan Manuel Abal Medina, senador nacional por el Frente para la Victoria y ex jefe de Gabinete; Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio y actual miembro de la embajada en Roma; Sergio Berni, secretario de Seguridad; Juan Luis Manzur, ministro de Salud; Carlos Meyer, ministro de Turismo, y el ex ministro de Defensa y ex gobernador santacruceño Arturo Puriccelli, entre otros.
Asumiendo en forma directa el rol que en otras oportunidades pusieron en mano de medios locales y grupos opositores, la ATFA lanza una acusación directa de “corrupción” contra los funcionarios y le demanda a la Presidenta de la Nación que les reclame explicaciones sobre su supuesto enriquecimiento patrimonial. “¿Cómo es posible que sus funcionarios hayan aumentado su patrimonio personal mucho más allá de las posibilidades ofrecidas por sus salarios, que hayan gozado de incrementos exponenciales de sus salarios durante períodos cortos de tiempo sin ninguna modificación en sus puestos y responsabilidades?”, lanza contra las autoridades el grupo lobbista que responde a los intereses de grupos especializados en fugas y evasión de divisas, y en ataques financieros contra países que no aceptaron sus pautas de negociación.
Desde el equipo económico, que mantuvo una postura a favor de negociar con los bonistas no reestructurados en condiciones justas para el resto de los inversores que aceptaron el canje de deuda, aseguraron que las operaciones de los fondos buitre no amedrentarán al Gobierno. “No se puede hipotecar graciosamente al país, ya lo hicieron en los ’90 y caímos en bancarrota, no se va a hacer de nuevo”, mencionó Kicillof ayer en una entrevista radial.
Agregó que el intento de los fondos especulativos para cobrar sumas injustificadas a través del hostigamiento se ha reiterado en más de una ocasión en el último tiempo. “No hace mucho, en diciembre, hablé del tema debido a que nos habían puesto ante un presunto precipicio porque se terminaba la cláusula RUFO”, indicó.
La propuesta del Gobierno para los fondos buitre continúa siendo la misma que se planteó al comienzo de las negociaciones. En el equipo económico ofrecieron a los holdouts 400 millones de dólares, para igualar las condiciones que recibieron los bonistas que aceptaron reestructurar su deuda, pero los buitres exigen más de 1600 millones de dólares. “Si van a pedir cualquier barbaridad, no se puede. Porque esos 1600 después se pueden transformar en más de 20.000 millones. Tienen una tremenda obstinación en cobrar en los términos que les dijo el juez Griesa”, apuntó el ministro de Economía, quien se ocupó en persona de defender la postura argentina ante el mediador Daniel Pollack.
LA ESTRATEGIA DE PROVOCAR PARA COBRAR
Shapiro, el gran censor
Los representantes de la ATFA, asociación de presión de los fondos buitre contra la Argentina, aseguraron ayer que las negociaciones con el Gobierno para cerrar el capítulo de los bonos en default de 2002 se encuentran en un estado de estancamiento, al tiempo que indicaron que “igualmente no se perdió la esperanza” de alcanzar un arreglo. Los buitres pretenden cobrar títulos públicos por alrededor de 1600 millones de dólares, lo que implica que no entrarían en el canje con quita de deuda que aceptó más del 92 por ciento de bonistas de la Argentina. El Gobierno mostró su predisposición para pagar 400 millones de dólares, cifra que pondría en igualdad de condiciones a los holdouts con los tenedores de bonos que entraron en las reestructuraciones de 2005 y 2010.
“Siempre tuvimos la esperanza de que el Gobierno negociaría, y seguimos teniendo la esperanza de que la razón prevalecerá”, dijo el abogado Roberto Shapiro, director de ATFA, para agregar que “no hay negociaciones en marcha en la actualidad”. El hombre de negocios dedicado a defender los intereses de los buitres que litigan contra la Argentina indicó además que las comunicaciones se encontrarían interrumpidas. “Nuestros integrantes han reiteradamente tratado de negociar con representantes del Gobierno, y han sido reiteradamente rechazados”, dijo Shapiro.
Desde la ATFA relanzaron ayer la campaña de presión contra el país, al presentar un informe sobre el supuesto “enriquecimiento ilícito” de algunos funcionarios relevantes del kirchnerismo. “Con este informe estamos simplemente señalando una constante que vemos en regímenes corruptos”, indicó Shapiro.
La encargada de la recopilación de datos de los funcionarios que figuran en el texto fue la ex funcionaria de Naciones Unidas Nancy Soderberg, otra referente clave de ATFA. El dato no resulta menor si se tiene en consideración que Soderberg es presidenta del comité asesor de la Casa Blanca sobre Desclasificación de Asuntos de Interés Público (PIBD). La presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió el año pasado una carta a su par norteamericano, Barack Obama, para alertar de que la confirmación de Soderberg en ese cargo sería perjudicial para las relaciones bilaterales entre la Argentina y Estados Unidos.
Las repercusiones respecto de la incompatibilidad de cargos de esta directora de ATFA y funcionaria de la gestión de Barack Obama no implicaron la desafectación de Soderberg al frente de uno de los comités asesores de la Casa Blanca. Desde el gobierno norteamericano se hizo trascender en esa oportunidad que “las responsabilidades al frente del PIDB no están relacionadas con cualquier participación que pueda tener en el litigio de los bonistas como una ciudadana particular”.
RANDAZZO Y ABAL MEDINA RESPONDIERON A LAS ACUSACIONES DE LOS BUITRES
“Es información tergiversada”
Florencio Randazzo se mostró “halagado” por recibir el ataque de los buitres. Explicó que hace 22 años que presenta su declaración jurada y desafió a los otros candidatos a hacer lo mismo. Abal Medina consideró “ridícula” la acusación.
Por Tomás Lukin
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, habló ayer desde la Casa de Gobierno.Imagen: Télam
Las acusaciones a funcionarios del gobierno nacional por enriquecimiento ilícito que realizó ayer el grupo de lobby American Task Force Argentina (ATFA), vinculado a los fondos buitre que litigan contra el país en tribunales de los Estados Unidos, “tergiversan” declaraciones juradas ya presentadas por ellos ante las autoridades correspondientes y forman parte de una maniobra de “mala fe” destinada a desacreditar a la administración encabezada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, según aseguraron ayer el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y el senador por la provincia de Buenos Aires Juan Manuel Abal Medina, dos de las figuras mencionadas en la denuncia.
“En primer lugar quiero decir que es un halago que me ataquen estos delincuentes, pero que quede claro, armaron una denuncia por supuesto enriquecimiento y me pusieron primero en esa lista, porque ellos saben bien que, igual que Cristina, creo en la independencia de la política por encima de cualquiera de estos sectores, económicos y mediáticos, que tanto daño le han hecho a la Argentina”, aseguró Randazzo en una conferencia de prensa que convocó ayer por la tarde para tratar el tema.
“La información sobre mi patrimonio es pública, yo tengo mi declaración jurada presentada en tiempo y forma desde el año 1993, es decir hace 22 años; y desde ese año pago Ganancias y pago Ingresos Brutos y también pago IVA”, agregó el ministro, que aseguró que la información sobre su situación patrimonial que publicaron los fondos buitre “es parcial y fue tergiversada”. ya que “hace mención a un incremento patrimonial sin aclarar que el aumento está referido al revalúo fiscal instrumentado por la provincia de Buenos Aires.”
“El ataque de Paul Singer y sus secuaces publicado hoy en Nueva York es porque soy precandidato a presidente de este gobierno”, sostuvo Randazzo, vinculando la presentación de ATFA con los comicios que tendrán lugar este año. “Está claro que el carácter de esta vergonzosa y poco seria presentación de los buitres es político: porque ellos también tienen candidatos. No lo digo yo, sino que está en boca de ellos”, señaló.
El ministro se refería a un artículo publicado en julio del año pasado, en el que el mismo grupo de lobby manifestaba su preferencia por Sergio Massa (Frente Renovador), Mauricio Macri (PRO) y Daniel Scioli (Frente para la Victoria) para suceder a CFK. “Me gustaría que muestren sus declaraciones juradas, que informen desde cuándo pagan impuestos, dónde viven, cómo viven, dónde veranean, cuántos viajes al año hacen ellos y sus familiares, cómo viajan, si en primera o en turista”, añadió Randazzo al respecto.
Además, agregó que Paul Singer menciona en su informe una supuesta causa por enriquecimiento ilícito por la compra de una estancia, cuando el que presentó esa acusación fue el mismo ministro, denunciando al ex titular de la Sociedad Rural de Vedia, Adrián Duhalde, por haberlo acusado falsamente de haberla adquirido. Por último, aclaró:
“Ante una información difundida en Canal 13, del Grupo Clarín, que no tengo cuentas en el exterior, como sí las tienen los dueños de este grupo mediático.”
Por su parte, en diálogo con Página/12, el senador Abal Medina, ex jefe de Gabinete de Fernández de Kirchner, también desmintió el supuesto aumento patrimonial que se le adjudicaba. “La acusación es absolutamente ridícula. Lo que hacen es tomar un año el valor total de una empresa familiar de la que yo tengo solamente una parte, y compararla en otros años con mi participación –explicó–. En un año, toman el total del valor de una antigua empresa familiar, 2.230.665 pesos, en lugar del 17 por ciento que es mi parte de la misma y contra el que calculan el incremento.”
Para el legislador, “los fondos buitre se manejan con esta misma falta absoluta de seriedad” y “mala fe” respecto de las deudas de los países, lo que “explica lo que ocurre en el mundo con estos agentes del anarcocapitalismo que atacan a la Presidenta”. Pero advirtió que “todos los ataques no van a lograr mover un ápice en la determinación” de CFK “de hacer lo que es mejor para el país y no rendirse ante las presiones internacionales”. En un comunicado que difundió en su página de Facebook, también fustigó a “algunos argentinos” que “se convierten en caja de resonancia de estas difamaciones que dañan al país en su
conjunto”.
El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Horacio Roura, otro de los señalados por enriquecimiento ilícito en la carta de ATFA, también desmintió la información: “Este informe tergiversa la verdad con clara intencionalidad política de quienes hacen de la usura y la extorsión su modo de vida”, dice, y aclara que su patrimonio aumentó de forma “equivalente a los revalúos y ajustes que aplicó CABA en los últimos seis años a los bienes inmuebles”.
Fuente:Pagina12


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