18/05/2015
Demandaron mayor celeridad y profundización en el juzgamiento a los cómplices civiles y un Plan Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos y de Resguardo y Sistematización de la Documentación e Información. El próximo Encuentro será en la ciudad de Formosa.
Organismos de Derechos Humanidad junto a familiares, ex detenidos y abogados Querellantes del Nordeste, que vienen trabajando en los procesos de juzgamientos por crímenes de Lesa Humanidad, se reunieron en un nuevo Encuentro Plenario este próximo sábado en el Centro Deportivo General San Martín de la localidad de Empedrado, Corrientes .
El Temario del Encuentro giro alrededor del análisis de las dificultades en cada jurisdicción y propuestas de acción de acción a fin de agilizar los procesos en trámite; el diseño de una política de estado en el proceso de búsqueda de los compañeros desaparecidos y de resguardo de los distintos documentos de prueba , como así también el rechazo a la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de no juzgar los crímenes de Lesa Humanidad cometidos contra soldados en Malvinas , entre otros temas.
Participaron del Encuentro Regional distintos organismos del Nordeste como la Comisión Provincial por la Memoria , la Asociación de ex detenidos “Chachi Quintana”, Hijos y la Fundación Margarita Belén por la provincia del Chaco ; en tanto de Corrientes la Comisión Provincial de DD HH, MEDHES (Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad Goya), La Red Compromiso Social por Malvinas y la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia ( Paso de los Libres); de la provincia de Entre Ríos la Asociación Ex Detenidos La Solapa y Afader Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos; por Santa Fe HIJOS ; por Formosa La APDH Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y La Liga por los Derechos del Hombre Formosa y también la Red Nacional de Noticias de DD HH y CODESEDH (Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos); entre otros.
También estuvieron presentes Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crimines de Lesa Humanidad; Pablo Vassel, ex Secretario de DDHH de Corrientes; el Programa Verdad y Justicia; la Secretaria de DDHH las provincias del Chaco y Misiones; el Registro Único de la Verdad y el Programa de Asistencia a Víctimas y Familiares ambos de la Comisión por la Memoria del Chaco y el equipo jurídico de la Dirección de DDHH de Goya.
Al cierre se realizó una charla de familiares en conjunto con el intendente municipal Dr. Daniel Mierez , destinada a la comunidad , para consolidar el trabajo de tumbas NN y todo tipo de información de utilidad a la búsqueda de desaparecidos en la zona .
En el Cementerio local estaban enterrados en tumbas NN y fueron identificados por el EAAF los cuerpos de Rómulo Artieda –detenido en el Centro Clandestino ex Regimiento 9 de Corrientes – y de Julio Andres Bocha Pereyra – asesinado en la Masacre de Margarita Belén en el Chaco y que habian sido arrojados a las aguas del Rio Paraná y rescatados los cadaveres por pobladores.
Algunas de las Temáticas tratadas.
Los organismos emitirán en unos días un documento con todos los puntos tratados y consensuados. Pudo trascender a modo de adelanto que durante el encuentro se manifestó preocupación ante la resistencia de la corporación judicial en avanzar en el juzgamiento a los responsables económicos y civiles, como así también en la individualización de todos los responsables, develando y reconstruyendo en toda su dimensión el terrorismo de estado en esta región, siendo los hechos juzgados a la fecha una parte mínima de lo ocurrido.
También se rechazó al decisión de la Corte Supremo de no juzgar las torturas a soldados en Malvinas como crímenes de lesa humanidad y acompañar el reclamo ante la Corte Interamericana de los ex combatientes para que se juzguen en el marco del Terrorismo de Estado.
Además se manifestó el desagrado por la licuación de las condenas impuestas a los genocidas, flexibilizando su modo de ejecución en domiciliarias fuera de toda normativa, o salidas especiales, las que no son extensivas a los condenados por delitos comunes bajo su mismo control.
Asimismo coincidieron en avanzar en la coordinación, clasificación y sistematización de toda la documentación que pudiera existir en los organismos estatales y de las fuerzas de seguridad, incluida las fuerzas armadas.
Por otro lado convinieron exigir la implementación imperiosa y apremiante de una política de Estado de búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos. En ese se propondrán concretar de una Ley Nacional que cree un organismo único de Búsqueda e Investigación centralizando las exploraciones, declarando la intangibilidad de los lugares de detención y con criterio amplio de los archivos vinculados nacionales, provinciales y municipales y que se secuestre la documentación de interés, evitando así pérdidas y deterioros.
Por último reclamaran el Juzgamiento a la complicidad civil –empresarial como el caso del Establecimiento Las Marías y su responsable Navajas Artaza. Así también avanzar en el enjuiciamiento de todos los responsables del Poder Judicial.
Fuente:ChacoDiaPorDia
Marcha en Virasoro
Cepo a los Juicios
El muro de la impunidad tiene más de un albañil
Más de cien causas esperan ser juzgadas en todo el país. Pero una trama político judicial lo impide. El caso de los dueños del establecimiento yerbatero Las Marías es un claro ejemplo, emblemático. Parecería que el proyecto de olvido decidido por el bloque de poder real tiende a consolidarse. Ganar la calle es la consigna para enfrentarlos, con final abierto. Opinión.
Por Lucho Soria *
¿Qué hacer? Es la pregunta que se hacen en las reuniones del Ministerio Público Fiscal; en la ESMA, durante las jornadas nacionales de abogadas y abogados querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad; en los Organismos de derechos humanos, movimientos sociales y políticos. Mientras, otros guardan un callado silencio sobre el cepo. “No es hora de teorizar sobre cómo enfrentar esta ofensiva”, dijo un asistente en la ESMA, para agregar que “tenemos que dar una respuesta política entre todos “, después de dos jornadas de debate sobre como zafar.
“¿La Justicia?, ¿Qué Justicia?”, se preguntó el jurista Julio Maier, en relación a las negativas de magistrados a integrar tribunales, en el contexto de una radiografía sobre el Poder Judicial.
Minutos antes felicitó a la abogada tucumana Julia Vitar por su exposición sobre la indefensión que padecen en el NOA. Precisamente el TOF de Salta acaba de conceder al ex policía Soraire que cumpla la condena perpetua en su casa.
Fuente:PrensaRed
Suman 21 los jueces federales en actividad imputados en delitos de lesa humanidad
Veinticuatro jueces federales, de los cuales veintiuno continúan en actividad, se encuentran imputados en causas que investigan su responsabilidad en crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, sobre un total de cincuenta y siete funcionarios judiciales acusados.
Así lo consigna un relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el que sobre total de cincuenta y siete funcionarios judiciales (entre fiscales, defensores, secretarios, defensores oficiales y asesores) veintiuno ejercen en la actualidad su cargo como jueces federales.
El informe será uno de los documentos que el colectivo de abogados y querellantes en causas de lesa humanidad presentará en un acto hoy frente al Palacio de Tribunales para exigir "una profunda autocrítica" del Poder Judicial por su responsabilidad durante el Terrorismo de Estado, cuando la mayoría de los jueces hicieron caso omiso a las denuncias sobre desaparición de personas o se limitaron a rechazar los hábeas corpus que inundaban los tribunales del país.
El único funcionario judicial condenado hasta el momento es Víctor Hermes Brusa, auxiliar principal del Juzgado Federal de Santa Fe, con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia a 21 años de prisión.
En pleno proceso oral y público se encuentran Luis María Vera Candioti en la causa que investiga su responsabilidad como ex juez en la justicia penal juvenil de Santa Fe; el ex juez federal de Tucumán, Manlio Torcuato Martínez; y el ex juez de Mendoza, Rolando Carrizo.
A treinta y dos años del fin de la dictadura cívico militar, son veintiuna las causas que se encuentran en etapa de instrucción, en las cuales se encuentran imputados además de jueces, defensores, fiscales y asesores de incapaces.
La provincia de Córdoba, epicentro de la represión -comandada por el multicondenado Luciano Benjamín Menéndez- es la que cuenta con el mayor número de funcionarios judiciales -ocho- que se encuentran imputados en delitos de lesa humanidad.
Entre ellos el juez civil y comercial Alberto Bonadero recibió el procesamiento de la Cámara Federal por la apropiación de una hija de desaparecidos, en tanto se encuentra en la Cámara Federal de Córdoba los casos del fiscal Antonio Cornejo, del ex juex Miguel Angel Puga, y de los defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina en la causa denominada "la causa de los magistrados".
De los veinticuatro magistrados, renunciaron a sus cargos los ex jueces federales Guillermo Petra Recabarren y Otilio Romano, que actualmente son enjuiciados en la megacausa Mendoza, y en el caso de Arturo Liendo Roca, de Santiago del Estero, su causa se encuentra con requerimiento de elevación a juicio.
Fuente:Telam
La Marcha del Silencio cumple hoy 20 años
Luisa, un símbolo de la búsqueda de la verdad
Hoy miles de personas volverán a la calle en reclamo por verdad y justicia en la 20ª edición de la Marcha del Silencio. La marcha partirá a las 19:00 horas desde Avenida Rivera y Jackson. Una característica diferente será que por primera vez en estos 20 años la referente de esta lucha, el símbolo de la tenacidad por la justicia, Luisa Cuesta no caminará entre los miles de personas entre ese silencio que trena, ya que permanece internada, aunque su corazón sin duda acompañará esta marcha que también es por la dignidad de Uruguay.
La movilización que será televisada por el IMPO a través de una pantalla gigante colocada frente a la Intendencia se da a horas de que el presidente de la república, Tabaré Vázquez, firmara el decreto que crea el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, anunciado pocos días después de ser electo.
Al presentar al grupo, pocos días después de ser electo presidente, Vázquez dijo: “La verdad en algún lugar está”, en alusión a la información que aún falta para llegar a la verdad.
Una integrante de dicha Comisión, la diputada del Frente Amplio Susana Andrade, reclamó en una columna titulada “Las manos de Luisa Cuesta” que “los artífices de tanta angustia y desconsuelo suavicen su perjuicio brindando información fidedigna aunque sea anónima”.
La consigna de la marcha de este año será “Basta de impunidad, por Verdad y Justicia”, informó ayer Ignacio Errandonea, integrante de la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Famidesa).
La primera Marcha del Silencio, que no tiene banderías ni consignas políticas, fue el 20 de mayo de 1996, cuando colectivos de Derechos Humanos y organizaciones sociales marcharon bajo la consigna “Verdad, memoria y justicia”.
Desde aquella primera manifestación pasó la Comisión para la Paz, pasó el plebiscito de 2009, llegaron las primeras excavaciones, los primeros juicios, y de su mano los primeros hallazgos y los primeros procesados. Pero queda mucho por saber y mucho por que la justicia se cumpla. “Saber la verdad es un derecho de las víctimas y de toda la sociedad, porque la sociedad toda fue vulnerada”, dijo anoche la jueza Mariana Mota.
Agregó que el Estado tiene “obligación de investigar de oficio” y remarcó que hasta ahora “las victimas son las que denuncian y hacen la investigación”.
En ese sentido desde Famidesa se apuntó que “en estos tantos años de buscar a nuestros familiares hemos tenido que aprender sobre leyes, a indagar en los archivos, a escribir comunicados, y también a ser persistentes, a no desmayar, a convencernos que la búsqueda no termina ni con la muerte, ya que el dolor que guía el eco de las preguntas ¿quién, cómo, dónde, cuándo, por qué?, no prescribe”.
Una esperanza que comienza su trabajo
Entre los cometidos del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, el decreto señala “investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, o quienes sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de éste, dentro o fuera de fronteras”.
Deberá relevar los archivos existentes e identificar otros “que permitan ubicar y obtener información relevante al efecto de cumplir con sus cometidos”. También debe sistematizar los procesos judiciales, tanto los archivados como los que estén en investigación. Podrá proponer al Ejecutivo medidas para asegurar obtener la información necesaria.
La comisión digitalizará la información y la pondrá a disposición de los interesados, y recabará testimonios. El Grupo realizará un seguimiento de las sentencias y resoluciones en la órbita judicial. Otro cometido novedoso es evaluar el estado de cumplimiento de las leyes reparatorias y podrá proponer medidas al Ejecutivo sobre el tema.
La comisión será financiada por la Secretaría de la Presidencia y se relacionará directamente con los organismos del Estado. A su vez la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente pasara a ser soporte del nuevo Grupo de Trabajo.
El Grupo estará integrado por Macarena Gelman, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, Susana Andrade, Pedro Sclofsky, Ademar Olivera y Mario Cayota, mientras que la Dirección de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente estará a cargo de Isabel Wschevor.
Presidencia anunció también que se firmaba con la Universidad de la República un convenio para la continuación de los trabajos del equipo de antropólogos e historiadores que en los últimos años habían realizado las inspecciones y excavaciones en los cuarteles y centros de detención durante la dictadura.
Muestra
En el marco de una intensa actividad que se viene desarrollando en torno a la 20ª Marcha del Silencio, se inauguró ayer una muestra fotográfica que despliega la mirada de 38 fotógrafos a lo largo de estos 20 años de marcha por “verdad y justicia”. El lugar de la exposición es en la Fotogalería del Parque Rodó y lleva el nombre de “Imágenes del Silencio. 20 años de marchas” y podrá verse hasta el 15 de julio.
Denuncian ataque a fotos de desaparecidos
El Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas (Cecea) denunció la rotura intencional de una cartelera colocada por los estudiantes con las fotos de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Los afiches, que invitaban a una actividad fueron “arrancados” y manchados con pintura amarilla. El Centro de Estudiantes denunció el hecho ante los funcionarios y espera que se realice una “investigación” para conocer el responsable del hecho.
Mirtha Guianze: “Estigmatizados son quienes buscan la verdad”
Para las organizaciones que luchan por verdad y justicia hay situaciones esperanzadoras y otras que llaman a la alarma. Por un lado está la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Por otro lado algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), como la absolución al ex policía Ricardo Zabala como cómplice del secuestro del maestro Julio Castro, esgrimiendo “el argumento de la obediencia debida”. Absolución que ya no puede ser apelada. En las ultimas horas se agregaron declaraciones del comandante del Ejército, Guido Manini Ríos y del ministro de Defensa, Fernández Huidobro.
Ambos coincidieron en que hay una estigmatización del Ejército, por “perjuicios del pasado”. Consultado sobre esto Errandonea dijo que él “le trasladaría la pregunta de en qué de todo lo que hemos dicho hemos mentido y donde hemos denostado a las Fuerzas Armadas”.
El activista agregó: “hemos dicho que los militares tienen y ocultan la verdad, tienen archivos que deben abrirse, porque nuestros familiares han sido desaparecidos por las Fuerzas Armadas que han aplicado terrorismo de Estado”.
Por su parte la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze (Inddhh), que la estigmatización de la que habló Huidobro es “hacia las personas que están buscando la verdad y quieren conocer el destino de los desaparecidos”.
Fuente:LaRepublica
Luisa Cuesta en la Marcha del Silencio, el 20 de mayo de 2014. Foto: Nicolás Celaya
Envío:AgnDDHH
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