San Rafael Martes, 12 de mayo de 2015
El tema comienza a tomar más fuerza a medida que avanza el debate oral por delitos de lesa humanidad que comenzó el 26 de marzo.
Investigan la actuación de jueces locales en la dictadura
El tema comienza a tomar más fuerza a medida que avanza el debate oral por delitos de lesa humanidad que comenzó el 26 de marzo.
Investigan la actuación de jueces locales en la dictadura
Aunque en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad de San Rafael no hay una causa que trate específicamente sobre cómo actuó la justicia local durante la dictadura cuando se hacían denuncias sobre desapariciones de personas, el tema comienza a tomar más fuerza a medida que avanza el debate oral que comenzó el 26 de marzo.
El último jueves el tribunal oral federal a cargo del juicio pidió un libro sobre movimientos de expedientes al Primer Juzgado de Instrucción, que en la década de 1970 era el único de ese fuero que había en San Rafael.
La medida se ordenó tras escuchar unos testimonios sobre la desaparición de Carlos Zapata. Se quiere comprobar, como afirmaron los familiares, que la denuncia realizada en ese momento en el destacamento de El Sosneado llegó al juzgado y se abrió una causa, además de saber qué medidas se tomaron. Este libro también servirá para otros casos.
Este hombre que era maestro de una escuela de Los Molles no apareció más tras haber sido detenido el 6 de marzo de 1978 en la ruta 144.
Otra desaparición que en su momento llegó a un expediente judicial es la de Omar Ozán, aunque hace un tiempo fue incorporado a la megacausa que dio origen al juicio en marcha.
Tres hombres armados se lo llevaron de su zapatería de Coronel Campos 1024 el 7 de julio de 1976 y no se supo nada más de él.
“Hay causas que las vamos a juntar todas y veremos si hay alguna irregularidad que pueda constituir delito”, dijo a Diario UNO de San Rafael el fiscal federal Pablo Garciarena. En caso de que haya indicios de eso, el tribunal podría ordenar abrir una investigación cuando termine el actual juicio.
En esa época también se presentaron varios “hábeas corpus” en el Juzgado Federal local para conocer el motivo de los arrestos y el destino de los detenidos.
“Lo que se hacía en esa época era enviar oficios dentro de las 24 horas a las policías provincial y federal y al Ejército y todos contestaban que no estaban a su disposición”, recordó el fiscal.
Incluso hubo casos en que el Ejército contestaba que sus detenidos habían sido puestos en libertad, pero no era así. En el primer juicio de lesa humanidad se comprobó que hubo falsificación de actas de liberación.
José Luis Salas
Fuente:DiarioUnoMdza.
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