TUCUMÁN: "ERA UN MUCHACHO A CARGO DEL JUZGADO EN UNA ÉPOCA NEFASTA".

DERECHOS HUMANOS | REVISIÓN DE LOS ‘70
“Era un muchacho a cargo del juzgado en una época nefasta”
Los letrados Bonnin y Lucero refutaron las acusaciones de la Fiscalía y de las querellas. El 12 de junio dictarían el fallo Los defensores pidieron al TOF que el ex juez federal Manlio Martínez sea absuelto

EN EL BANQUILLO. El ex juez federal Manlio Martínez (de pie) está siendo juzgado por el TOF desde marzo. la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio

“Sobre este juicio pesa una gran simbología. (Las querellas y la Fiscalía) intentan aplicar un derecho penal del enemigo. Se quiere sindicar a Manlio Martínez como único responsable de la administración de justicia en la provincia”. El defensor Manuel Bonnin inauguró ayer de esta manera el alegato de la defensa del ex juez federal en el Tribunal Oral Federal (TOF). Junto a su colega Vanessa Lucero, refutaron las acusaciones por delitos de lesa humanidad que pesan sobre el ex magistrado por su desempeño en la investigación de la “matanza” -así la calificó el TOF en un fallo- de cinco militantes de Montoneros en 1976 y por la posterior detención de Miguel Romano, dueño de la casa en la que se produjo el hecho.

Los representantes del Ministerio Público de la Defensa rechazaron cada imputación y afirmaron que es inocente. Requirieron a los jueces Hugo Cataldi (presidente), José Asis y Mario Garzón que sea absuelto.

Bonnin expresó que, con su accionar en esa época ayudando a detenidos, Martínez se ganó el enojo de las autoridades militares y que la bomba que “le pusieron en su casa” durante el terrorismo de Estado habría sido, de hecho, por una de esas determinaciones. El letrado consideró que gran parte de los alegatos que el miércoles expusieron los acusadores subrayaron la falta de “heroísmo” del letrado y efectuaron un “juzgamiento moral”: “afirmaron que tendría que haber renunciado. Cuando aquí se dijo que renunció y que el testigo Rodolfo Vargas Aignasse dijo que le advirtió ‘si te vas sos boleta’”.

Habeas corpus

Lucero hizo hincapié en la tramitación de recursos de habeas corpus por detenidos-desaparecidos en el Juzgado del imputado. Sucede que la Fiscalía había contabilizado que varias centenas fueron rechazados. Explicó que se tramitaban como se lo hace ahora y que se remitían oficios (a las fuerzas de seguridad) y se las emplazaba a responder rápidamente, según leyó. “Qué curioso. Las visitas que tuvo Martínez a la base operacional de Famaillá fueron a petición de los familiares. La Fiscalía dice que fue a hacer una demostración de poder a Acdel Vilas. No, fue porque la madre (de una víctima) le pidió que fuera”, afirmó. La abogada consideró que no hubo una mala tramitación de los recursos. “No le contestaban sobre el destino de las personas apresadas a la OEA ni las Naciones Unidas ¿Por qué el doctor Martínez tendría el poder de que sí le contestaran?”, ironizó.

Bonnin se refirió específicamente a las imputaciones por la “matanza” juzgada en el expediente conocido como “Romero Niklison”. “Las acusaciones pasaron de ser por encubrimiento a ser una participación secundaria de los homicidios. Agravaron la acusación. Es grave la falta de congruencia entre la inicial y la del debate. No es lo mismo encubrir que participar de un crimen”, consignó. Puso en duda que el episodio del 20 de mayo de 1976 haya sido una “ejecución” y se refirió a un “enfrentamiento”. “El hecho es lamentable y trágico, pero ningún testigo demostró ni un ápice de lo que lo acusan. Montoneros era una organización armada. Pretender que habían sido mansamente (atacados) es tomarnos por ingenuos. No hay pruebas de que haya sucedido como dicen y menos, sobre la presunta participación de mi defendido. La única concreta de que Martínez estuvo ahí fue su propia declaración”, retrucó. Advirtió que la entrega de los cuerpos de dos de las víctimas (tres permanecen desaparecidos) fue un gesto “humanitario” de Martínez porque él no tenía competencia en el caso.

“No tenía competencia”

“Manlio Martínez liberaba detenidos y atendía a los familiares (de apresados y desaparecidos). Pero aquí lo quieren revertir. Se lo quiere tratar casi como un jefe militar cuando era un muchacho a cargo de un juzgado en una época nefasta (…). Nunca hubo una reunión con Antonio Bussi, Adel Vilas o Roberto Albornoz. Fue el único que lo indagó a Bussi en 1984, cuando este aún tenía poder. A Martínez lo nombró Juan D. Perón y lo ratificó su mujer (Estela Martínez). Según la acusación aparece como un paracaidista nombrado por Vilas. No tenía competencia, poder de decisión, de ninguna manera prestó colaboración (a los militares)”, aseveró.

Lucero abordó, por último, las acusaciones por el caso Romano. Aseguró que el entonces juez siguió el procedimiento esperado de acuerdo a las normas vigentes de la época y que, inclusive, la tramitación de los pedidos del defensor de Romano fue rápida. “Las torturas no están probadas en esta causa ¿Por qué tenemos que creer en lo que dicen los hijos (afirmaron que lo vieron golpeado y torturado y que luego él relató el maltrato), que son parte interesada? Y no sé qué tiene que ver en este juicio ni con el imputado la venta del inmueble a un empleado del Juzgado”, dijo la abogada.

Martínez es juzgado desde marzo. Está previsto que el 12 se dicte la sentencia. La causa es un desprendimiento de la llamada “Romero Niklison” (2011), que condenó a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Albornoz a perpetua y cuya sentencia está firme. Se abordó los asesinatos de cinco militantes de Montoneros (Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen).
Fuente:laGaceta




Derechos Humanos / CRÍMENES DE LESA HUMANIDADJuicio a Manlio Martínez: “No fue un títere, él quiso pertenecer"
Jueves 28 de Mayo de 2015

Después de un extenso y pormenorizado análisis de las pruebas producidas a lo largo de las audiencias, los fiscales solicitaron la pena de 25 añosde prisión para el ex juez Martínez, la máxima establecida por el Código Penal en este tipo de delitos. Ampliar

Las querellas y la fiscalía expusieron hoy sus alegatos en el juicio al ex juez Manlio Torcuato Martínez, acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos. Los abogados argumentaron que el juez de la dictadura no sólo hizo caso omiso de denuncias sino que envió a una persona a un centro de detención clandestino.

Diez juicios por delitos de lesa humanidad ya obtuvieron sentencia en Tucumán. El número once se encuentra en su etapa final y este miércoles se desarrollaron los alegatos de la parte acusadora. Se trata del primer debate oral y público contra un ex juez federal que se realiza en la provincia, por lo que reviste una particular importancia.

Los primeros en exponer los argumentos fueron María Alejandra Romero Nicklison y Emilio Guagnini, ambos representantes de la querella de María Alejandra Romero Niklison,  Gerardo Romero y Lucía Romano. Los abogados solicitaron la pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo y en cárcel común para Manlio Torcuato Martínez. Martínez fue nombrado juez federal en apenas iniciado el Operativo Independencia y no fue ratificado en su cargo cuando se recuperó la democracia.  El Operativo Independencia fue el período que precedió al golpe de Estado y en el que el secuestro, las torturas y las desapariciones de personas se sistematizaron y se perfeccionaron como partes de un método para la autodenominada lucha ‘antisubversiva’.

Todas las querellas y la fiscalía se refirieron a las palabras de Acdel Vilas, quien estuvo a cargo del Operativo, para quien los entonces nuevos miembros del poder judicial tenían que ser “personas de inequívoca ortodoxia”.

A Martínez se lo vincula a la masacre de la calle Azcuénaga al 1800. Allí asesinaron a cinco militantes montoneros y más tarde se secuestró al propietario de la casa, Miguel Romano.

Los cargos que se le imputan son por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia, en carácter de partícipe, en los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen. También por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato, privación ilegítima de la libertad en relación a Miguel Romano. Y, finalmente, está imputado por haber sido miembro de una asociación ilícita.

Durante su alegato, el abogado Emilio Guagnini recapituló los diferentes testimonios que indicaron que el imputado no solamente se negaba a tomar las denuncias por las torturas recibidas en los centros clandestinos de detención, sino que también llegó a amenazar a algunos de ellos con enviarlos, nuevamente, a esos lugares si se negaban a firmar declaraciones falsas.

“El accionar ilegal no tiene que ver solamente con lo ocurrido en calle Azcuénaga, sino que todo su accionar era conducido con el fin de garantizar la impunidad de los represores”, señaló Guagnini.

“Está probado que el doctor Manlio Martínez, que ostentaba el cargo de juez omitió las investigaciones de los hechos ocurridos en calle Azcuénaga”, dijo a su turno Alejandra Romero Nicklison.

“Esas omisiones fueron realizadas a conciencia”, enfatizó la mujer que representa también su propia querella ya que es hija de una de las víctimas en esta causa.

La incompetencia como excusa
El ex magistrado, cada vez que pudo hacer uso de la palabra, excusó su falta de investigación de los homicidios en la incompetencia de su rol. Sin embargo, los letrados señalaron que no existe ninguna declaración formal de incompetencia que date de aquellos años ni remisión alguna a la justicia militar de estas investigaciones. Lo que sí hubo, destacaron los querellantes, fue un claro accionar en contra de Miguel Romano, el propietario de la vivienda.

Romano se había presentado días después de la masacre, con la documentación en la que constaba que una de las víctimas era su inquilino. Miguel Romano no solo fue detenido sino enviado, por el mismo Martínez, al centro clandestino de detención que funcionaba en la ex Jefatura de Policía. Incluso, apuntaron los abogados, el ex magistrado hizo oídos sordos a las advertencias de los padecimientos psiquiátricos de Romano.

Luego fue el turno de los abogados Bernardo Lobo Bougeu y de Pablo Gargiulo quienes tienen a su cargo una doble representación: por un lado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por el otro por la querella particular de María Delina Romano y Silvia Patricia Romano. Gargiulo se refirió a la incorporación y el mantenimiento de Manlio Martínez a lo largo de los años de dictadura. “¿Por qué lo mantuvieron a Martínez todos esos años?”, preguntó mirando de frente al imputado Gargiulo. “¿Porque era un obstáculo, un escollo al poder militar?”, continuó el abogado. “No”, contestó contundentemente, “porque era su cómplice”, concluyó.

Por su parte, Bernardo Lobo Bougeu habló del accionar de otros jueces y dejó claro que había opciones más allá de convertirse “socio de la dictadura” y tras solicitar la pena de 25 años y de 18 años de acuerdo a cada una de las querellas que representa, dedicó unas palabras de reconocimiento a la lucha y el compromiso de las mujeres, en general y de María Alejandra Romero Nicklison en particular. “Gracias por perseverar, gracias por no claudicar a pesar de tantos años”, dijo ante el emocionado aplauso de la audiencia.
La fiscalía está compuesta por el fiscal N°2 coordinador de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, Pablo Camuña; el fiscal general Diego Velasco y el fiscal ad hoc, Agustín Chit. “Entre 1974 y 1983 se presentaron 842 habeas corpus en la justicia de Tucumán. Todos los habeas corpus fueron rechazados”, consigno Camuña. El fiscal empezó haciendo un recorrido por las vicisitudes por las que atravesó la causa que fuera juzgada en el año 2011 y que fuera conocida como Romero Nicklison. Causa por la que fueran condenados Roberto Heriberto Albornoz y Luciano Benjamín Menéndez y de la que se desprende la actual por la que se está juzgando al ex juez federal Manlio Torcuato Martínez.

La pena máxima
 “No fue un títere, él quiso pertenecer a esta asociación”, advirtió Agustín Chit al referirse al delito de asociación ilícita por la que está siendo juzgado Martínez. “Todavía no se había ido Santos y él (por Martínez) ya estaba gestionando su cargo”, dijo haciendo referencia a los viajes a Buenos Aires y las reuniones que mantuvo el ex magistrado antes que  Jesús Santos fuera obligado a renunciar al cargo de juez federal.

Después de un extenso y pormenorizado análisis de las pruebas producidas a lo largo de las audiencias, los fiscales solicitaron la pena de 25 años, la máxima establecida por el Código Penal en este tipo de delitos considerados, además, de lesa humanidad en el marco del genocidio. También solicitaron que al ex magistrado se le retiren los beneficios jubilatorios por ese cargo, atendiendo a que no fuera ratificado en él durante la democracia.

Además se pidió que se realice un examen médico a fin de determinar las condiciones de salud del imputado para que cumpla la condena en un penal que cuente con las condiciones necesarias para su atención.

La audiencia continuará con el alegato de la defensa y se espera que la sentencia a cargo de los jueces Norberto Cataldi, José Asis y Mario Garzón se conozca el día 12 de junio, en horas de la mañana.
Fuente:PrimeraFuente