Resumen Latinoamericano /Colombia Informa / 23 Septiembre 2015 .-
Organizaciones estudiantiles y de derechos humanos denunciaron que hoy miércoles 23, en horas de la mañana, 7 jóvenes estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, Boyacá, fueron capturados en diversos lugares de la ciudad por personas de civil acompañados por agentes de policía.
“Responsabilizamos a la administración de la Universidad por la vida e integridad de nuestros compañeros”, afirmaron. Los detenidos son Cristian Camilo Tavera Cuervo, Luis Alejandro Cruz González y Edward Andery Hernández Buitrago, estudiantes de Ciencias Sociales; Miller Fabián Suarez Vargas y Carlos Andrés Benitez Zapata, estudiantes de Ingeniería Civil; Cristian Camilo Castañeda Niño (Ingeniería Agronómica) y Wilmer Harbey Cely Acero (Economía).
En un comunicado conjunto, la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia -Anjeco-, el Proceso Nacional Identidad Estudiantil y el Movimiento Por la Defensa de los Derechos del Pueblo -Modep-, entre otras entidades, afirman que estos hechos “se encuentran enmarcados en el recrudecimiento de la represión y estigmatización de los sectores sociales del país”, y exigen que se respete el legítimo derecho a la defensa y las garantías constitucionales para los jóvenes, acusados de graves cargos como concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Los denunciantes afirman que la razón por la cual se expidieron esas órdenes de captura es el clima de persecusión al movimiento social, del que “la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia no es ajena”.
Disturbios en la Universidad una semana atrás El pasado 17 de septiembre un grupo de estudiantes encapuchados agredieron el carro del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde escribieron “¿Así nos querían?”.
Fruto de la acción el carro quedó con sus luces frontales rotas. Tras la llegada de la policía al lugar, se produjeron enfrentamientos que duraron cerca de 4 horas.
Días después de esos hechos, que no dejaron capturas ni identificación de las personas encapuchadas, las organizaciones estudiantiles de la Universidad comenzaron a denunciar “seguimientos y persecución al movimiento estudiantil”, según expresaron en panfletos que aparecieron en las instalaciones de la universidad ayer martes 22.
En esos panfletos se alertaba que los hostigamientos podrían derivar en capturas, situación que finalmente sucedió hoy.
Las organizaciones estudiantiles y de derechos humanos de Tunja aclaran que los jóvenes apresados no tienen que ver con los hechos de violencia sucedidos días atrás. En cambio, vinculan las detenciones a una seguidilla de hechos que incluyen “el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, los múltiples montajes judiciales y falsos positivos, la captura de integrantes del Congreso de los Pueblos y del líder indígena Feliciano Valencia”.
Entre los firmantes de la denuncia se encuentran la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios -Aceu-, la Federación de Estudiantes Universitarios -FEU-, la Organización Conciencia Crítica -Conap- y la Fundación De Derechos Humanos del Oriente y Centro de Colombia -DHOC-.
fuente: Colombia Informa
El Acuerdo sobre Tribunales: ¿sin derrota ni derroteros de justicia?
Por Carlos Alberto Ruiz Socha, Resumen Latinoamericano /Rebelión/ 24 de septiembre 2015.-
1. Las palabras de los contendientes En la tarde noche de ayer 23 de septiembre de 2015 en La Habana, se llegó a un (pre)acuerdo sobre unos principios, unas reglas de procedimiento, un listado de eventuales sanciones, unas pautas y unos aparatos que regirían, en un conjunto de interacciones lógicas. Regirían para lo que hace unos años el Gobierno concibió como un “Sistema de justicia integral”, conocido también como modelo de “justicia transicional”. Con ese fin fue adecuando por años su juridicidad dominante, una de cuyas piezas fue y es todavía el denominado Marco Jurídico para la Paz (reforma constitucional de julio de 2012), disponiéndose ya mismo el Estado para nuevas reformas constitucionales y legales, para un ensamble jurídico-político, sin que haya terminado el proceso con las FARC-EP, y sin haber siquiera iniciado diálogos en etapa pública con el ELN. Esto puede predecir en perspectiva una nueva e importante brecha, a juzgar por los enunciados de fondo de esta última organización político-militar.
Inicialmente basado en una férrea posición punitivista, el Estado colombiano tuvo que virar y en el curso calculado de las conversaciones de paz que ya llevan más de tres años debió aceptar otra realidad a la esbozada, y en concreto un esquema propuesto por las FARC-EP desde 2013, basado no en la preeminencia del castigo, sino en la necesidad de una justicia reparadora, así como de verdad histórica que hiciera puente con una verdad extrajudicial casuística y una verdad judicial remitida tras procesos selectivos.
Todo ello se fue forjando en la dialéctica de dos partes sentadas en igualdad de condiciones formales, de las cuales una tiende a resguardar una institucionalidad y el statu quo, y la otra a potenciar compromisos y garantías instituyentes, que remuevan un oprobioso orden de exclusión, en el que con razón se ha justificado el derecho a la rebelión.
Dicho derecho a la resistencia en sí mismo conlleva límites en la tensión de su coherencia ética, en una sucesión política, cultural e histórica, motivo por el cual, en la vista de eventuales responsabilidades de naturaleza penal a establecer, y no de antemano, es una obligación de la rebelión producir veridicción (verdad) y reparación, no a las víctimas que dicte el adversario sino a las que realmente lo sean, por todo aquello que no hubiera estado en consonancia con los objetivos altruistas que definen no sólo el delito político y su más amplia conexidad, sino la propia capacidad auto-correctiva o reguladora de sí, que la insurgencia se supone tiene al plantear un nivel determinado de disciplina y juridicidad rebelde, sin que sea su deber acoger una jurisdicción que opere como extensión del sistema dominante.
Estamos entonces ante un (pre)acuerdo que se irá articulando en el tejido de las otras partes de la agenda ya tratadas o por ver todavía. Es decir, no es definitivo, aunque su celebración en Cuba, con testigos internacionales, comenzando por el Presidente Raúl Castro, y con despliegue en la prensa mundial, le definan ya ante público en general o ante foros de expertos, un significado histórico y un carácter casi irreversible, que sólo la historia juzgará como liberador o no, como acertado o no, pues hablamos hoy solamente de la posibilidad y no de la certeza de realidades jurídicas y políticas, congruentes con un ideario determinado, según sean los derroteros de cada parte.
Para una organización concebida como revolucionaria, no es lo mismo someterse a tribunales de hoy o a jueces futuros, por definición ajenos, que pueden reproducir la matriz que se quiso superar, y no se pudo, máxime cuando no se ha reconocido la complejidad del delito político y sus conexidades, ni se han aplicado amnistías generales e indultos incondicionales, mientras su contraparte, el Estado colombiano, puede someterse a cuantos compromisos de derechos humanos sean necesarios suscribir, sin cumplir la inmensa mayoría de ellos: ostenta la calidad hegemónica generada en la simbiosis exitosa de un Estado que es democrático en el papel, cuando simultáneamente en estos cincuenta años de guerra ha consumado estrategias sucias, de un verdadero genocidio político y un holocausto social.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, el terrorismo del Establecimiento, el paramilitarismo, la impunidad, no tienen hasta ahora más fronteras que las de su conveniente contención y reciclaje en una fórmula de pacificación. Haciendo tránsito las FARC-EP a la legalidad, no hay básicas garantías de no repetición por su adversario, no hay depuración del Estado, ni reformas que aseguren que nunca más se incurrirá en la barbarie, con la que se saluda hoy la esperanza en este cruce de caminos. Y quizá hubiera sido deseable atar esto primero, antes que aceptar someterse a unos procedimientos que pueden cargar sólo hacia un lado.
Como debo hacerlo por honestidad ante algunas organizaciones populares, gente de izquierda y víctimas de esa poderosa máquina de muerte y opresión dirigida por “los de arriba”, colectivos y personas en lucha digna frente a las cuales lo mínimo es surtir ahora unas notas de asomo de pensamiento crítico para acompañar una opinión, eso intento cumplir modestamente, más por ser parte -quien esto escribe- del equipo de asesores jurídicos de la Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana desde 2013, con el apoyo de los países garantes, Noruega y Cuba. Labor desde la cual he dejado por escrito algunas reflexiones públicas que ahora sin duda ratifico.
Este análisis, exclusivamente personal, en la premura, no compromete a nadie más, pues mira con aproximación y sesgo hacia un escenario de afirmación política, ética y judicial, no hacia ninguna simetría en un burladero o escena teatral. Un escenario del que se están montando unas tablas. Las mismas pueden ser luego para mesas en las que se siga debatiendo con pruebas, o pueden ser para amplias y modernas celdas que simulando bosques sustituyan patíbulos. Cárceles simbólicas a donde no se imaginaron llegar como condenados los que emprendieron ayer una opción rebelde contra un sistema que sigue en pie y que ni siquiera promete desmontar pronto su doctrina letal de seguridad que apunta a un enemigo interno, ni desmantelar los organismos y relaciones que la aplican.
2. Las palabras del Presidente
“No todo el mundo va a quedar contento pero estoy seguro que a la larga será mucho mejor, porque no importa que unos queden descontentos. Nadie puede quedar totalmente contento, pero el cambio va a ser muy positivo”. Fue lo que expresó con sombras de realismo trágico el presidente Santos el martes 22 de septiembre de 2015, cuando se anunció que estaría próximo el acuerdo en materia de justicia transicional entre el Gobierno y las FARC-EP (http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-no-todos-van-a-quedar-contentos-sobre-acuerdo-de-justicia/16383950).
En últimas, la lógica de “todos ceden” estaría reflejándose en ese tema específico de la “justicia” a aplicar en relación con responsabilidades por hechos del conflicto armado. Lógica en la que se han desarrollado los “procesos de paz” no sólo en Colombia, hace unos 25 años con algunas guerrillas desmovilizadas, sino los que después tuvieron lugar en Centroamérica (con pactos firmados en El Salvador en enero de 1992 y en Guatemala en diciembre de 1996). Igualmente es lo que cabe concluir sobre el caso de Irlanda del Norte (1998) y otros países.
Es decir que lo suscrito en La Habana, en esa suposición, estaría en ese fatal marco de realidad histórica, con experiencias en las que se impone el peso de una correlación de fuerzas negativa para los movimientos revolucionarios o de independencia, que terminaron aceptando, no su derrota, pues ésta en muchos casos no fue total, pero sí acogieron fundamentales derroteros del sistema al que combatieron.
Podrían decir con pruebas quienes defienden la justeza y viabilidad de esa salida negociada, que mirar hoy cómo un presidente salvadoreño es un ex comandante insurgente, o cómo un corrupto ex general derechista acabada de ser obligado a renunciar a su cargo de presidente en Guatemala, es estar ante signos vigorosos y esperanzadores de una democracia que no es falsa del todo, sino que puede ensancharse a favor de los excluidos y empobrecidos.
3. Las palabras del mañana
Pero también pueden escucharse otras voces, como la de la ex combatiente del FMLN, Deysi Cheyene:
“¿Quién ganó la guerra?
Uno dice que el ejército la perdió en tanto no la ganó. Esto quiere decir que, con ayuda del Pentágono y un millón de dólares diarios por parte de EE.UU., el ejército tenía que ganar: en tanto no la ganó, la perdió. Pero, a la luz de lo que hoy se analiza, quien ganó fue la derecha oligárquica, aun cuando nunca estuvo de acuerdo con la negociación (…) Desarmar a la guerrilla y convertirla en ese partido que empezó a dar los votos para el andamiaje del modelo económico favoreció a esa derecha oligárquica que era nuestro enemigo, contra el cual nos alzamos en un principio. Hay un camino muy conocido: desarmar a los insurgentes y convertirlos en partido político es la mejor fórmula para que el poder siga intacto” (http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/los-errores-de-el-salvador-sus-acuerdos-de-paz-articulo-579440).
En su paso por Colombia en agosto pasado, esta militante feminista nos recordó cómo al menos en El Salvador de “35 atribuciones que tenían las fuerzas armadas les quedaron tres o cuatro funciones, estrictamente de seguridad nacional”. En su balance también esbozó críticas a los acuerdos sobre derechos humanos y el modelo económico, al haber quedado en el papel compromisos de reformas. Concluye: “Viéndolo en retrospectiva, lo que verdaderamente se estaba negociando era que el modelo neoliberal que habían querido implementar, pero que por la guerra no se había desarrollado plenamente, tuviera la posibilidad de concretarse”.
Lo que Cheyene refiere para El Salvador hace 23 años en el campo militar, sobre ¿quién ganó la guerra?, en un ejercicio no libre de espejismos, puede ser pensado también para Colombia, pues es cierto que las fuerzas armadas estatales y paraestatales no vencieron del todo, aunque voceros civiles del Gobierno afirmen que la guerra estratégica ya terminó y fue ganada por el Estado. Se vanaglorian quienes al tiempo dicen que este escenario de conversaciones no hubiera sido posible sin una definitiva presión de fuerza militar múltiple por etapas, que sería la que llevó al desgaste paulatino de la guerrilla y a la necesidad de ésta de sentarse a dialogar para una salida política.
En este paralelismo, de ejércitos que no ganaron demoliendo al adversario, sino obligándolo a ceder, por un lado; y por otro, en la victoria resultante de un régimen oligárquico y neoliberal que cedió en un momento dado (por ejemplo en El Salvador no llevando a la cárcel a los comandantes guerrilleros, pues un tanto de sí les hubiera obligado a sus fuerzas armadas, como puede pasar en Colombia), para poder ganar progresivamente en el terreno fundamental de la legitimidad de un modelo económico y político, debe desentrañarse lo que precisamente ahora en nuestro caso significa el viraje de la Fiscalía General, concretado horas después del anuncio público en La Habana. Es a modo de ejemplo, que destaca por la elocuencia de la política que se patenta.
4. Las palabras del Fiscal
Dice el Fiscal Eduardo Montealegre, al exponer la medida material más importante desatada tras la firma del (pre)acuerdo del 23 de septiembre de 2015, que se procede a suspender todas la imputaciones de cargos contra la cúpula de las Farc, debido al nuevo modelo de justicia transicional que se pactó.
“´En este informe la Fiscalía General no hará imputaciones ni acusaciones, ni a los miembros de las Farc ni a sus dirigentes sino que se limitará a presentar un informe descriptivo con las pruebas con las que cuenta por las violaciones a los derechos humanos por parte de la cúpula de las Farc y por todos los miembros de la insurgencia colombiana’, explicó Montealegre al señalar que no se calificará si es un delito de lesa humanidad, crimen de guerra u otro, esto lo hará el Tribunal Especial” (Diario El Espectador, 24 de septiembre de 2015, noticias en desarrollo).
En esa dimensión histórica y funcional, hay que preguntarse por qué dicha Fiscalía cambia de opinión súbitamente, siendo parte de la maquinaria estatal con una tarea represiva establecida en el conflicto. Este “ente investigador”, aplicando también un tipo de fuerza real, simbólica y material, que va de la mano con el código penal, no se nos olvide, manteiene órdenes de captura contra luchadores sociales, y tuvo y tiene, para ello, al igual que las fuerzas armadas, cuantiosísimos recursos del presupuesto nacional. Pese a esas cuentas abultadas, no ganó, como prometió, su guerra contrainsurgente, no al menos como buscaba. En términos de Santos: tuvo y tiene que ceder, y no quedará contenta. Sin embargo, esto puede ser mera apariencia.
Para entender el rol de la Fiscalía en esta estrategia a largo plazo, y por dónde puede ir en la práctica una importante parte del engranaje de la jurisdicción especial para la paz que se acaba de pactar en La Habana, hay que pararse un momento a ver la clave que nos develan unas informaciones sobre un “escándalo” calificado de corrupción.
A riesgo de ser coyuntural y recaer sobre un asunto aparentemente aislado y banal, ante la importancia de algo monumental como dicho (pre) acuerdo sustancial sobre “justicia” logrado hace unas horas en Cuba, debo explicar de manera resumida y no en detalle la inconsistencia simulada del Fiscal y la consistencia histórica que tendría su apuesta más adelante, junto con los emplazamientos de otras agencias del régimen, precisamente en tanto actúan coordinadamente y pueden tergiversar mediante mecanismos políticos lo que sería un buen sistema de justicia, si no es interferido por esas necesidades del statu quo.
La cadena de hechos aparentemente secundarios es la que sigue (cientos de notas en Internet la corroboran): Tras Luis Camilo Osorio, señalado de ser funcional al paramilitarismo, y otros Fiscales Generales de dudosa trayectoria, como Mario Iguarán, en 2012 fue nombrado en el cargo Eduardo Montealegre. Se ha mostrado como no enemigo del proceso de paz con las FARC-EP, organización a la que dijo acusaría como responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, para lo cual la Fiscalía estaba desarrollando un modelo de imputación “novísimo” contra los “máximos responsables”, el cual hemos descrito someramente en otros artículos. A lo largo de julio de 2015 lo aseguró de nuevo: “En este segundo semestre vamos a formular las primeras imputaciones por crímenes de guerra contra el estado mayor y el Secretariado de las Farc”; “Si las Farc no aceptan esos mínimos de justicia, es mejor que el Presidente se levante de la mesa de negociación…”.
A finales de agosto de 2015 es descubierta la millonaria contratación de tenebrosos consultores de la Fiscalía, como el español Baltasar Garzón o Natalia Springer (o Lizarazo Tocarruncho), es decir asesores privados, a quienes se les suministra información de expedientes judiciales y bases de datos contra la insurgencia, para que sirvan a una pretendida irrebatible estrategia jurídica. Springer, basada supuestamente en aplicaciones y operaciones matemáticas había prometido resultados implacables e impecables contra los asesinos guerrilleros, pero fue rápidamente detectada en su falacia por reflexivos e importantes fiscales que ven peligrar las investigaciones contra la guerrilla si se basan en esa chapuza. Así, el formado jurista Alejandro Ramelli, quien, pensando en trabajos de calidad contra la guerrilla, dijo que aquello no serviría para llevarlo “ante ningún juez”. El Fiscal Montealegre no consideró mal lo hecho por Springer, y por el contrario le encargó más obra a dicha consultora, quien además busca ahora usar su método contra el ELN.
Desde que estalló la controversia, que ahora decae, y que es probable sea tapada con los hechos de La Habana, quedó en entredicho no sólo la transparencia u honradez que algunos esperaban del Fiscal, sino que para algunos también se ve en juicio algo de su intelligentia (intus [“entre”] y legere [“escoger”]: etimológicamente saber elegir). Se cuestiona no sólo la forma y el volumen de los millones depredados en esos contratos señalados de leoninos (bolsa de favoritismos en un “carrusel” de encargos supermillonarios, reprobables éticamente), sino también que haya elegido dar impulso a una consultoría y a un enfoque de mala o baja calidad, cuyo resultado sería un fiasco, estando en contra de las líneas de investigación y metas que buscaba originalmente la propia Fiscalía, pues es evidente la escasa higiene de su base científica, que tiene la coherencia de un “corta y pega” sobre un cartón de alucinaciones teóricas.
Queda muy fácil comprobar cómo en decenas de entrevistas se prometieron resultados sólidos, alardeando la Fiscalía con su nuevo fetiche jurídico: una técnica de impugnación en la cabecera mundial, una miscelánea doctrinal, una caleidoscopio de dogmática penal frente a la criminalidad organizada, un arsenal con el que se daría la estocada inquisitorial moderna a la guerrilla, señalada de ser una empresa criminal que se propuso y cometió, según Montealegre y Springer, delitos en masa, sistemáticos, de lesa humanidad, de guerra, una barbarie en toda regla.
Lo ya dicho: ante los productos confeccionados por Springer, que entrañan de alguna manera mentiras, considerando algunos fiscales que no tenían soportes para llevarlos ante un juez, que serían insustentables ante tribunales serios, la posición del Fiscal Montealegre fue y es avalar hasta el día de hoy todo cuanto ha sido fabricado como conjetura.
No obstante, en camaleónico esfuerzo de adaptación, como en estas horas se confirma, no sólo porque sabe que aquello se derrumbará, sino por la realidad de un proceso político de búsqueda de una salida negociada, en el que las FARC-EP han logrado una relativa prefiguración de un “sistema integral de justicia” más equilibrado que el que se les quería imponer a rajatabla desde el trámite de la reforma constitucional de 2012, el Fiscal Montealegre ha tenido que reversar o paralizar sus investigaciones prototípicas.
Ha manifestado claramente que ya no; que detendrá su marcha por ahora; que es prudente y sensato aplazar las imputaciones prometidas para este semestre; que deberá prepararse y ajustarse el modelo de investigación a lo que se pacte en La Habana, y acoplarse o remover las estructuras procesales que quedarían desfasadas tras ese acuerdo político (http://www.elespectador.com/entrevista-de-cecilia-orozco/el-poder-me-ha-cambiado-no-usted-cree-eduardo-montealeg-articulo-585694 y http://www.noticiascaracol.com/colombia/quieren-graduarme-de-corrupto-por-impulsar-contratos-para-la-paz-fiscal).
Lo venía diciendo y lo subraya cuando el pacto de La Habana está en la cresta. De esta manera se nos constata una verdad sabida: el Derecho nace de la política, y más aún el derecho penal, y todavía más lo que se elude calificar o puede validarse como medio del delito político, que es lo más puramente político del Derecho. Por eso es posible transformar los cánones jurídicos por fuera de sus moldes convencionales y reglados.
Para bien o para mal. Por ejemplo para asegurar derechos de las víctimas de los crímenes
de Estado o para restarles vigor. Esto no sólo se hace en una Mesa de diálogos, sino que puede crearse como sentido histórico, a partir de las luchas sociales y los avances de mandatos políticos de movimientos y sectores que puedan encarnar nuevos contenidos o paradigmas relativos de justicia transformadora. Si tuviera fundamento lo que venía construyendo el Fiscal y seguirá probablemente re-componiendo con variables contra la guerrilla, si tuviera asidero en nombre de los valores imaginarios que configuran el llamado “injusto penal” y de la necesidad de investigar a fondo las autorías máximas de hechos considerados graves crímenes, que antes el Fiscal calificaba como de responsabilidad insoslayable de las guerrillas, los mismos no podrían regatearse por momentáneas lecturas políticas o al vaivén de circunstancias de negociación. Si un crimen es de lesa humanidad, lo es, independientemente de los pactos a los que hayan llegado las partes en guerra, en cualquier parte del mundo.
El problema es que así como cambia frente a la insurgencia, al calor del pretexto de adecuar modelos o líneas según utilidades o ventajas políticas, lo cual es bueno en el caso de las guerrillas, puede pasar multiplicado y de hecho ya está sucediendo frente a las responsabilidades de mandos militares y de policía, así como de paramilitares políticos o empresarios, que verán reducidos los elementos cernidos sobre ellos, en una simetría o distribución perversa y una estratagema de homologación que incorpora la comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco de necesidades colindantes y rasgos del conflicto armado, cuando no es así por definición.
Aunque existan hechos o prácticas que absolutamente deban calificarse de crímenes de lesa humanidad a la luz de las características de su comisión, como los que ha ejecutado sistemáticamente el Estado colombiano, el Derecho resulta flexible o deviene como dúctil si hay una conjunción de factores que obliguen a ello. Eso ha pasado en La Habana, en una Mesa de conversaciones, en donde un previo encaje de pruebas políticas por verificar, demuestran la suerte y el costo que tendría una parte de las evidencias penales, pues se corrobora que las FARC-EP y el ELN son en realidad organizaciones alzadas en armas, y que son incompatibles dichas pruebas con el endeble acumulado que se arrastra y con el que se pretendía un impacto con el pérfido fin político perseguido de castigar al rebelde sin escucharle. Ahora no. Se le deberá escuchar a la insurgencia, como igual oportunidad tendrán de ser escuchados todos los estamentos que participaron en el conflicto. Escuchados con posibilidad de descargar responsabilidades y con la obligación de enfrentar una muy posible controversia.
Así, aunque en estos momentos el Fiscal cambie de opinión y salude el (pre)acuerdo de la Habana, así vuelva pronto a modificar su postura, hay ya una imagen circunstancial o transitoria que, si nos equivocamos, podríamos considerar de derrota del sistema, creyéndonos que han declinado, que renuncian a ese objetivo de castigar a las guerrillas como adversarios políticos.
No por crímenes que sean realmente de lesa humanidad o de guerra, sobre lo cual habrá veridicción de la rebelión, verdad de la guerrilla, sino por haberse levantado en armas contra el régimen, que insistirá en una imposible simetría, a la que aspiran los agentes de crímenes del Establecimiento. Sin embargo, dicha derrota no es tal, se insiste, pues otros signos ya no de la Fiscalía sino del conjunto articulado del poder, representan la mayor inconsistencia funcional, la esquizofrenia que sirve para firmar una cosa y hacer lo contrario, remontando a esa institución y a otras que se vieron limitadas. Este aparente fracaso sólo se verá redimido estratégicamente por el arrastre que constituye la relegitimación histórica del conjunto del régimen cuando logre desarmar y desmovilizar a la guerrilla a cambio de promesas de cambio. Ojalá me equivoque radicalmente. Me explico: si fuera por la Fiscalía sola, la guerra en el plano jurídico no la gana el Estado, como tampoco la ganó en lo militar sólo por su puño el ejército o las fuerzas armadas.
Acudieron al paramilitarismo y a la acción de los medios de comunicación para ello. Es el conjunto articulado del Establecimiento, y el sentido de sus autorizaciones e intereses, el que triunfa o proyecta una victoria, en la medida que la combinación de sus “formas de lucha” anti-subversiva se impone sobre la que hubiera podido desplegar la insurgencia.
5. Las palabras recuperadas
Queda ver cómo defiende el campo popular un avance significativo irradiado en este histórico acuerdo que no alcanza por obvias razones a todas las organizaciones en lucha rebelde, como el ELN, que deberá estudiarlo con todas sus implicaciones, y que no parece acoger todavía la dura realidad de los inocentes castigados por un sistema penal degradado.
Se complementa con otras piezas de un sistema que se pretende integral, el cual debería contrastarse con unidad y diversidad política y cultural, para que otros derroteros sin derrota todavía, se puedan conjugar en alternativas más amplias de justicia. Sin triunfalismos, pues igual evaluación pueden estar haciendo del otro lado. Sin duda. Estamos ante pasos apenas, para pensar cómo esclarecer la verdad y señalar a los más altos responsables de la guerra sucia, sus métodos y beneficios. Queda ver si lo prematuro aparente de lo acordado en La Habana se conjura con el emplazamiento de sincronías, para que el Estado desmonte sus aparatos criminales, así como circuitos de empresas y redes de políticos impunes.
Por ello la gran falencia es la columna de la No repetición. Pues mientras una parte de la guerrilla acoge la posibilidad de ir en calidad de victimaria ante tribunales, y se presta a dejar las armas, sin que se le haya reconocido previamente y en hechos jurídicos amnistías e indultos, con una necesaria nueva legislación sobre las conexidades del delito político, mientras emprende ese camino sumamente arriesgado, el Estado continúa persiguiendo e infligiendo dolor injusto a miles de seres resistentes.
Ha firmado hoy, sin dar garantías de remover sus instrumentos criminales. Carlos Alberto Ruiz Socha es abogado colombiano, Doctor en Derecho, asesor jurídico en el proceso de paz en La Habana, autor del libro “La Rebelión de los Límites” y diversidad de ensayos.
Tras los acuerdos de La Habana se impone abrir canales a la participación de las mayorías
Sebastián Quiroga Pardo*/Resumen Latinoamericano/Colombia Informa, 24 de septiembre de 2015 –
La violencia que caracteriza el conflicto social, político, económico y armado en Colombia tiene diversas causas y consecuencias, una de éstas es la inexistencia de espacios de participación para las mayorías en la construcción del país. La falta de espacios de participación ha generado violencia, así como la violencia ha cerrado aún más los espacios para participar y construir alternativas.
Conocer la historia
Las múltiples guerras del siglo XIX, cuya historia es preciso conocer, fueron comandadas por las elites del partido liberal y conservador, que enfrentaron a sus ejércitos campesinos por el control de rentas y el dominio territorial, en el marco de una discusión nacional vacía entre el federalismo y el centralismo.
En el siglo XX y lo que va del XXI, desde la masacre de las bananeras hasta el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las detenciones de mis compañeros del Congreso de los Pueblos, pasando por el Frente Nacional y los largos años de dictaduras civiles, la violencia política hizo presencia involucrando cada vez más a las mayorías en su confrontación, y marginándolas de los espacios de participación política.
En este siglo el régimen político colombiano decidió darle tratamiento militar a la protesta y la lucha social. Combatió como enemigos a quienes plantearon, desde la movilización o las urnas, la necesidad de construir un país soberano, equitativo y democrático, distinto al que la oligarquía fue discutiendo con los jefes norteamericanos. De esta manera se cerraron las vías de la discusión democrática, y se abrieron las de la violencia, el exterminio, la persecución y la resistencia.
Por eso Colombia no sólo es un país profundamente desigual e inequitativo; es además un país con altos niveles de violencia hacia los líderes sociales, sindicales, periodistas, defensores de derechos humanos, y es un país donde las mayorías no confiamos ni participamos de los mecanismos electorales, supuestamente democráticos.
Así, se articula la desigualdad social y económica con la desigualdad política: solo unos actores inciden en los rumbos del país mientras las mayorías estamos al margen, inmersos en situaciones complejas de violencia política, social y económica. Es decir, perseguidas, asesinadas, marginadas, sin oportunidades de vida individual y colectiva, y sin espacios de participación.
Entender que la paz y la violencia en Colombia tienen que ver con esta actitud política e histórica de las elites es fundamental para encontrar las claves que nos permitan superar décadas y siglos de confrontación y derramamiento de sangre.
Quiebre profundo
El proceso de diálogo que hoy protagonizan las FARC y el gobierno nacional tiene retos claves en ese sentido: involucrar al conjunto de la insurgencia armada en una perspectiva de negociación, y no de rendición o imposición; despertar simpatía en las mayorías abstencionistas que desconfían de la política en Colombia, con todas las razones para hacerlo; desactivar a los sectores guerreristas del régimen y desmontar sus aparatos armados, militares y paramilitares.
Pero el reto mayúsculo de este proceso de diálogo, solución política y construcción de la paz con cambios y justicia social, es hacer un quiebre profundo en la dinámica política colombiana, abriendo los espacios y los canales para la participación masiva de las mayorías: es decir, producir un proceso de democratización. Este reto se hace más urgente con la andanada de detenciones, amenazas y asesinatos que se ciernen en torno a los dirigentes sociales en lo corrido de este año. En este sentido diversas organizaciones sociales hicieron un llamamiento a fortalecer la participación (http://congresodelospueblos.org/comunicados-congreso-de-los-pueblos/item/776-llamamiento-a-fortalecer-la-participacion-de-la-sociedad-en-los-dialogos-de-paz.html) y a constituir una mesa social de diálogo, “para debatir sobre los problemas que aquejan al país, acordar salidas eficaces a los conflictos socio-políticos que determinan el conflicto armado y pactar las bases para una sociedad democrática, justa y en paz”.
Diferentes sectores han dicho que un acuerdo entre la guerrilla y el gobierno sería una revolución política; no obstante, la verdadera revolución política que Colombia necesita es avanzar decididamente en una apertura que vincule de manera masiva a las mayorías en el proceso de construcción democrática de un país en paz.
En los últimos 30 años hemos tenido varios procesos de paz, algunos acuerdos firmados entre insurgencias y gobierno, y pocos cambios reales en la forma como se organiza y se construye nuestro país. Ojalá podamos revolucionar políticamente a Colombia, con amplia participación popular, y aportemos de esa manera a la paz del continente, la unidad latinoamericana y los sueños de un nuevo continente.
* Sebastián Quiroga Pardo es vocero nacional del Congreso de los Pueblos de Colombia
Intervención del comandante Timoleón Jiménez en la rueda de prensa en La Habana / Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH: “Debemos prepararnos para la paz” Resumen Latinoamericano / PazFarc-EP / 23 de septiembre de 2015 –
Intervención del comandante Timoleón Jiménez en la rueda de prensa en La Habana
Compatriotas y amigos de la paz de Colombia:
Les traemos hoy, además de nuestro abrazo fraterno, un parte de victoria colectiva: hemos logrado, con la invaluable ayuda de la subcomisión jurídica, retirar muchos de los obstáculos que hacían más difícil el camino de nuestra reconciliación. Tenemos una Jurisdicción Especial para la paz que, además de garantizar el respeto a los derechos de las víctimas, será factor dinamizador de la firma de nuevos acuerdos en este tramo fundamental para alcanzar la terminación del conflicto.
El actual proceso de Paz es el único en el mundo que ha acordado un Sistema Integral que reúne y relaciona todos los elementos que el derecho Internacional señala como derechos inalienables de las víctimas: los de la Verdad, la Justicia, la reparación y la no repetición.
Aspiramos a que nada detenga ahora el raudal de un pueblo que exige paz y desea fundirse a perpetuidad en un abrazo de reconciliación; un pueblo, que quiere palpar con sus propias manos las bondades desconocidas de la justicia social, y sentir con el advenimiento de la democracia verdadera, que la exclusión y la desigualdad empiezan a convertirse en un brumoso presente que se aleja.
Con la creación de esta Jurisdicción Especial para la Paz hacemos realidad lo reiterado en la Mesa de conversaciones en cuanto a que las víctimas del conflicto están en el centro del acuerdo; la jurisdicción de la que informamos, examinará los hechos ocurridos durante el conflicto armado, establecerá responsabilidades y procederá a sancionar a quienes incurrieron en graves infracciones contra los derechos humanos, infracciones al DIH y crímenes de lesa humanidad.
Hemos buscado que con la creación de esta jurisdicción especial para la paz se satisfagan en el campo de la justicia, las aspiraciones del pueblo colombiano, de las víctimas, de los defensores de DDHH y de la comunidad internacional. Las partes en las conversaciones procuraron conjugar el derecho a la paz como derecho síntesis de todos los derechos humanos -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, con la lucha contra la impunidad que carcome a Colombia desde hace décadas y que ha permitido que las agresiones contra el pueblo no sean nunca debidamente castigadas, siendo ello otro impedimento para la paz.
El Sistema está diseñado para que todas las partes involucradas en el conflicto – combatientes y no combatientes-, tengan oportunidad de ofrecer Verdad exhaustiva, detallada y plena, lo que puede permitirles acceder a medidas sancionadoras de carácter restaurativo, de reparación para las víctimas. Y las sanciones serán alternativas para quienes únicamente ofrezcan una parte de la verdad, y retributivas para quienes negándose a ofrecer verdad sean condenados en juicio. En uno u otro caso, para los responsables las penas pueden alcanzar hasta 20 años de cárcel; es decir, 12 años más de prisión que lo establecido en la última ley de justicia transicional, la 975 de 2005, aprobada por el Estado colombiano.
En tanto los acuerdos respetan el ordenamiento jurídico internacional, contemplan la aplicación del artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, y que dispone: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”. Es obvio entonces, que no será amnistiable ninguna infracción que sea considerada crimen internacional, según las leyes y tratados internacionales.
Además del componente de justicia, el Sistema está integrado por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ya acordada, por unas políticas de reparación integral a víctimas, y por medidas que garanticen la No repetición. Las FARC-EP ya han ofrecido este tipo de garantías al tomar la determinación de pactar la dejación de armas y convertirse en organización legal. De su parte el Estado deberá ofrecer medidas efectivas de No repetición como la eliminación de cualquier vestigio de la Doctrina de Seguridad Nacional, la dedicación del Ejército a defender las fronteras y la soberanía nacional, la destinación de la policía a mantener el orden público, y la erradicación del fenómeno del paramilitarismo.
La jurisdicción especial para la paz dispone de un mecanismo judicial de ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades de carácter voluntario, y un Tribunal para la Paz que juzgará a quienes se nieguen a ofrecer verdad y reconocer responsabilidades.
Resaltemos que, aun, habiendo pagado un alto costo por rebelarnos contra la injusticia; sufriendo también nuestros familiares y allegados las consecuencias de la represión, poniendo en peligro hasta sus vidas, como insurgentes, estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones a lo largo de la resistencia, pero nunca por lo que interesadamente nos imputan nuestros adversarios, sin ningún fundamento ni fórmula de juicio. Como se refleja en el último informe de la fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Colombia, la insurgencia ha sido perseguida implacablemente, con todo tipo de medidas y procedimientos; no han sido las organizaciones guerrilleras las que han disfrutado de impunidad, sino los agentes del Estado y los grupos paramilitares.
Creemos imprescindible, entonces, que el resto de actores del conflicto, tanto los que han combatido, como los que han instigado la guerra desde lujosas oficinas, asuman con valentía su responsabilidad y así lo manifiesten ante el pueblo colombiano, sin escatimar un ápice de verdad. Todo se lo debemos a los colombianos y a las colombianas, y en especial es nuestra obligación respecto a las futuras generaciones, para que nadie vuelva a padecer lo que hemos vivido. Por ello pensamos en que es necesaria una gran jornada de contrición en la que se pueda juntar el universo de la gente involucrada en el conflicto –combatientes y no combatientes-, para limpiar las conciencias, ofrecer verdad, y asumir responsabilidades.
La jurisdicción especial de paz que hemos creado debe inspirarnos a mirar hacia adelante, a acordar sobre el futuro de nuestra patria y dejar de confrontar por el pasado. Debe ser un paso que ayude a impulsar las grandes transformaciones sociales y políticas que deben surgir del acuerdo de paz que estamos empeñados en alcanzar, porque no podemos permitir que al igual que en anteriores intentos de diálogo sucedidos en nuestro país, o en distintos lugares del mundo, no se acometan los cambios estructurales que sirvan como la mayor garantía de no repetición de lo ocurrido.
Hoy anunciamos al país, que haremos todo lo que esté a nuestro alcance por lograr en pocos meses el acuerdo final de paz, y exhortamos a nuestra contraparte en la Mesa a hacer lo mismo, levantando la voz del NUNCA MAS, sobre los cimientos de la Verdad, la justicia y la reparación, como un inmenso farallón andino que detenga para siempre la confrontación armada entre colombianos, favoreciendo la concordia en la América Nuestra.
Solo nos resta expresar nuestra gratitud por su esmero y profesionalismo a los juristas Manuel José Cepeda, Álvaro Leyva Durán, Juan Carlos Henao, Enrique Santiago, Douglas Cassel, y Diego Martínez. Gracias al Presidente Raúl Castro, al comandante Fidel y al pueblo de Cuba por su solidaridad y altruismo.
Gracias a la República Bolivariana de Venezuela por su apoyo incondicional a la paz de Colombia.
Gracias países garantes de los diálogosNoruega y Cuba,y gracias Chile por su acompañamiento.
“El que siembra amor cosecha amor, y el que siembra amor, amor tendrá”.
Coincidiendo con el Papa Francisco, debemos insistir en que: “No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación”.
Esta victoria no le podrá ser arrebatada al pueblo de Colombia.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
“Debemos prepararnos para la paz”
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos / Resumen Latinoamericano / Prensa Rural / 23 de septiembre de 2015 –
Hay que construir desde el movimiento social y político una propuesta pedagógica para la verdad y para enseñar los acuerdos de paz.
Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de 60 años de conflicto armado al fin se ve la luz de la paz. Hoy se pacta el acuerdo de justicia, y se crea el Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Para el Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos, es de gran importancia formar parte del equipo jurídico de este acuerdo de justicia a través de nuestro secretario ejecutivo Diego Martínez Castillo.
Para nuestra organización, este es un reconocimiento por los más de 30 años de defensa de los territorios, la libertad y los derechos de las comunidades campesinas y la promoción y la defensa de los derechos humanos.
El reto es grande; a partir de estos acuerdos se empieza a forjar la nueva historia de nuestro país.
A pesar del acto legislativo para la paz que fue presentado por el gobierno y que promueve una visión unilateral hacia la terminación del conflicto; estamos esperando y trabajando por un acuerdo especial que sea bilateral que promueva una propuesta ética y que sea incorporado a nuestra constitución.
Este acuerdo de justicia creará una jurisdicción especial para la paz, en la que se constituirá un tribunal al que llegarán todos los casos relacionados con el conflicto armado y que desembocarán siempre en una sentencia.
Es de resaltar la propuesta de justicia restaurativa que se ha concretado, que busca la reconciliación de la sociedad colombiana. Este acuerdo reconoce el delito político y la juridicidad guerrillera que se apoya en una respuesta contra un orden social injusto.
Este modelo de justicia reencuentra a la sociedad colombiana con la idea de la paz, con justicia social, y va de la mano de la comisión de la verdad.
Si bien no va a ocurrir una desmovilización inmediata, si se aplicará un modelo de dejación de armas y una reintegración social a través de la ley de amnistías e indultos con garantías de no repetición.
La comisión de la verdad todavía es un aspecto que genera polémica para los que detentan el poder político y económico, ya que pretende desentrañar las líneas de la historia centrales del conflicto armado, y aunque no tienen efectos judiciales, si ayudará al desmantelamiento del paramilitarismo, de la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno. La comisión de la verdad será en clave de memoria y reparación.
Existen tres principios que sientan las bases para la justicia restaurativa a nivel internacional:
1. La justicia requiere que trabajemos a fin de que se ayude a volver a su estado original a aquellos que se han visto perjudicados.
2. De desearlo, aquéllos que se han visto más directamente involucrados o afectados por el delito, deben tener la posibilidad de participar de lleno en la respuesta.
3. El rol del Gobierno consiste en preservar el justo orden público; la comunidad debe construir y mantener una justa paz.
Los programas restaurativos se caracterizan por cuatro valores clave:
• Encuentro: Se crean oportunidades con el propósito de que víctimas, insurgencia y miembros de la comunidad se reúnan a conversar acerca del delito y sus consecuencias.
• Reparación: Se espera que los insurgentes tomen medidas a fin de reparar el daño que hayan causado.
• Reintegración: Se intenta devolver a víctimas y ex combatientes a la sociedad como miembros completos de la misma, capaces de contribuir a ésta.
• Inclusión: Se ofrece la posibilidad de que las partes interesadas en un delito específico participen en su resolución.
A partir de estos acuerdos comienza el reto para las comunidades y para el movimiento social.
Debemos empezar por prepararnos desde las regiones. Los líderes de opinión y los grandes medios de comunicación, que no representan la opinión popular, no están muy interesados en desescalar el lenguaje y crear una pedagogía para el pos-acuerdo.
Por ello es tarea de nosotros como constructores de tejido social; llevar a todos los rincones del país los acuerdos de la Habana y crear una metodología que pueda darse a entender a las comunidades tanto de la periferia como del centro.
Hay que construir desde el movimiento social y político una propuesta pedagógica para la verdad y para enseñar los acuerdos de paz. Esto con miras a una asamblea nacional constituyente, en donde se refrendarán los acuerdos y se legitimarán en la constitución política. Falta discutir el proceso de fin de conflicto y la firma del acuerdo final.
Pero el camino ya está abierto para construir una nueva sociedad colombiana.
El dialogo con ELN ya es un hecho, y el acuerdo de La Habana ya está llegando a un consenso.
El gobierno nacional debe comprometerse a apoyar las iniciativas por formalizar una cátedra y una pedagogía para la paz.
Estos acuerdos se legitiman desde las bases, y el CPDH está comprometido con la formación política y jurídica y el acompañamiento técnico en todas las regiones del país.
Es inminente una fase pública de diálogo entre el ELN y el Gobierno de Santos
“El proceso de paz colombiano es uno solo”
Por Sergio Ferrari y Benito Pérez* / Resumen Latinoamericano/ 25 de Septiembre 2015.-
Entrevista con Nicolás Rodríguez, máximo dirigente del ELN de Colombia*
A más de cincuenta años de conflicto armado en Colombia el inicio de una fase pública de conversaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) parece inminente.
Así lo confirma en esta entrevista -realizada por correo electrónico- Nicolás Rodríguez, “Gabino”, primer Comandante del ELN.
Dicho proceso en puerta, que se podría realizar en un país vecino a Colombia, completaría así el diálogo que desde fines del 2012 llevan adelante la otra guerrilla, la de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el Gobierno de Juan Manuel Santos que vivió el miércoles 23 de septiembre un momento histórico con el acuerdo sobre la justicia y víctimas.
“Los dos espacios de negociación se complementan”, enfatiza el emblemático dirigente guerrillero. Incorporado con apenas 14 años al ELN en el 1964, el año de su fundación, “Gabino” asumió el liderazgo principal de dicha organización guerrillera en 1998 y desde entonces es su principal referente.
P: En la historia de más de 50 años de su organización no han faltado propuestas de diálogo para intentar la solución negociada del conflicto colombiano…
Nicolás Rodríguez: Así es. Hace 24 años iniciamos diálogos con el gobierno de Cesar Gaviria. El proceso se interrumpió porque el Gobierno colocó la condición de que la insurgencia se localizara en un sitio único y argumentó que era la manera de verificar el cumplimiento de tales acuerdos.
Luego, en 1999 retomamos estos esfuerzos con el Gobierno de Andrés Pastrana, con el que logramos un acuerdo sobre una Zona de Encuentro para formalizar el proceso. Pero el Gobierno no quiso firmar, presionado por los paramilitares que se opusieron a dicho proceso.
Desde 2005 impulsamos otras conversaciones, durante la presidencia de Álvaro Uribe, las que fracasaron cuando el Gobierno “pateó la mesa”, para que Venezuela dejara de participar como facilitador de paz, aunque ese país había sido aceptado por ambas guerrillas y el mismo Uribe.
Ahora con el Gobierno de Santos (ndr: Juan Manuel) llevamos tres años de diálogo exploratorio confidencial, que ha servido para configurar una Agenda de Negociación, con la que daremos inicio a una Fase Pública de conversaciones.
P: ¿Esas conversaciones “inminentes” con el Gobierno podrían ser las más serias de este proceso de más de dos décadas de variados intentos –luego fallidos- de negociación?
NR: Valoro que todos los esfuerzos han sido serios. Lo que pasa es que siempre hemos tenido profundas diferencias con los gobiernos, sobre lo que es la paz y el camino para superar la guerra. El régimen le apuesta al silenciamiento de los fusiles insurgentes como mecanismo de neutralizar oponentes, pero sin que haya cambios en el país. Para nosotros la paz es un camino para que en Colombia haya justicia y equidad social, con democracia y soberanía. Es decir, queremos por la vía política y del diálogo, alcanzar acuerdos para seguir la lucha, por el poder para el pueblo.
P: ¿De quién depende el logro o no de estas futuras conversaciones y la construcción de la paz?
NR: La palabra la tienen las clases dominantes, ellas son las que deben comprometerse a que en la lucha por el poder no intervenga la violencia. Y será el tiempo quien diga quién cumple con seriedad. Si ellas o las fuerzas populares.
P: Diferentes analistas señalan que esta futura ronda de conversaciones arrancará en Ecuador… ¿Puede confirmarlo?
NR: Aún no se ha definido cuales son los países que pueden ser sede de los diálogos. Sin embargo está demostrado que hay varios países vecinos que ofrecen suficientes garantías de apoyo político, logístico y de seguridad, necesarias para ser sede de estos diálogos en la próxima Fase Pública.
P: ¿Se prevé un acompañamiento de la comunidad internacional?
NR: Durante toda la fase exploratoria confidencial hemos contado con el apoyo de cuatro países garantes y dos acompañantes, quienes han cumplido una labor destacada. Esperamos seguir contando con su valioso aporte, junto al de otros gobiernos, personalidades e instituciones internacionales.
P: ¿Es imaginable una articulación de las dos mesas de negociación, la del ELN y la que implementa la FARC con el Gobierno en La Habana, Cuba?
NR: Con los compañeros de las FARC estamos de acuerdo en que las dos mesas deben buscar puntos confluyentes. Y en lo posible, en la perspectiva de tener un sólo proceso.
P: ¿Es posible que algunos de los puntos ya negociados en La Habana sean aceptados también por ustedes?
NR: No lo descartamos, pero lo principal es que las dos mesas se complementan, dentro de la visión que el proceso de paz colombiano es uno solo.
P: Un elemento esencial en toda negociación es el “tiempo político”. ¿Cómo lo entiende el ELN? ¿Hay plazos definidos? ¿Hay metas establecidas? ¿Un calendario discutido o negociado con el Gobierno?
NR: Creemos equivocado colocar tiempos al proceso de paz y hemos sido críticos con quienes han propuesto plazos cortos para resolver un conflicto de más de medio siglo. Los tiempos deben definirse en la medida que los acuerdos se concreten. No sólo a través de una firma sino sobre la realidad misma, que debe ir cambiando, porque la paz que quiere la mayoría de las y los colombianos son hechos y no solamente una firma de papeles.
P: Puede explicarlo más esta visión…
NR: En Colombia se han firmado acuerdos de mero papel que luego no se cumplieron y en los que resultaron asesinados, encarcelados o desaparecidos los guerrilleros firmantes. Es muy común además, en mi país, la firma de acuerdos entre las autoridades y el movimiento de masas que luego son incumplidos de manera reiterada por parte de los gobiernos. Por esto enfatizamos que “la paz son cambios y no promesas”.
P: ¿Cuáles serán los temas centrales de la negociación ELN-Gobierno?
NR: En el momento el contenido de la agenda acordada entre el Gobierno de Santos y el ELN, no es público. Solo el punto de víctimas se anunció al país en junio de 2014. Por respeto a la confidencialidad pactada no debo responder su pregunta.
P: Desde hace mucho tiempo el ELN ha hablado de la activa participación de la sociedad civil colombiana en el proceso de negociación. ¿Tienen alguna propuesta particular en ese sentido?
NR: Consideramos que la manera como debe concretarse dicha participación la deben definir las mismas organizaciones populares y sociales. Hemos enfatizado que es indispensable la participación de los sectores sociales, que siempre han sido excluidos del poder y de la vida política del país.
Si todos ellos participan, el proceso de paz será irreversible. En Colombia se están dando interesantes procesos de organización del movimiento popular y social, para la participación en el proceso de paz.
Lo que constituyen desarrollos importantes para la democratización del país que estamos buscando.
* Entrevista realizada el 19 de septiembre
Comunicado conjunto entre el Gobierno de Colombia y las FARC
Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2015 –
Comunicado conjunto entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz
La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015
Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.
En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.
El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.
La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.
Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.
La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.
Raúl Castro destaca importancia de acuerdos para la paz en Colombia
Resumen Latinoamericano/Prensa Latina, 23 de septiembre de 2015 –
El presidente cubano, Raúl Castro, afirmó hoy aquí que estamos ahora más cerca de lograr la paz que tanto anhela y merece el hermano pueblo colombiano.
Al intervenir en la ceremonia de la Mesa de Conversaciones para la Paz en Colombia, efectuada en el capitalino salón de protocolo de Cubanacán, el mandatario cubano sostuvo que los acuerdos sobre justicia alcanzados por las delegaciones del gobierno y las FARC-EP en las conversaciones de paz representan un significativo paso de avance.
En la ceremonia, el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) revelaron importantes acuerdos sobre Jurisdicción Especial para la Paz alcanzados por sus delegaciones en los diálogos que sostienen en La Habana desde noviembre de 2012.
Al respecto, Raúl Castro felicitó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y al jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, -presentes en el acto- y sus respectivas delegaciones por esos importantes acuerdos.
“Las conversaciones marchan por buen camino y los acuerdos sobre justicia representan un significativo paso de avance. Estamos ahora más cerca de lograr la paz que tanto anhela y merece el hermano pueblo colombiano”, aseguró.
Destacó que la paz en Colombia no sólo es posible, es indispensable, pero -agregó-requiere gran esfuerzo y voluntad como el que están demostrando las dos partes. Mucho se ha avanzado, mucho más lejos que nunca antes, pero quedan dificultades enormes que superar, señaló y a continuación expresó “tengo la certeza de que serán vencidas”.
Apuntó que el profundo respeto a las posiciones de las dos partes, la absoluta imparcialidad, la discreción y el apoyo firme, consistente y solidario continuarán caracterizando la modesta contribución de Cuba al proceso de paz.
Es nuestro deber. “No descansaremos en nuestros esfuerzos hasta que se logre el ansiado objetivo de la paz estable y duradera para la querida Colombia”, aseveró.
Exaltó que entonces se hará realidad el compromiso que asumimos los jefes de estado y de gobierno en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) cuando firmamos la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz.
El ultraderechista Uribe cuestionó el acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC
Resumen Latinoamericano/Agencias, 23 de septiembre de 2015 –
Aunque el acuerdo firmado este miércoles entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, en La Habana, Cuba, despertó fuertes apoyos en el continente, con anterioridad el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, había fustigado el logro alcanzado.
Uribe, líder de la ultraderecha de su país y fuertemente vinculado con el tráfico de drogas y el paramilitarismo, señaló que el acuerdo constituirá un “ejemplo para más violencia en Colombia”. “Sin cárcel para cabecillas (de las FARC) habrá firma (de un acuerdo de paz) en La Habana pero ejemplo para más violencia en Colombia”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter.
Uribe, que es un acérrimo crítico a los diálogos de paz que buscar finalizar con la guerra interna en Colombia, reiteró que “no es la paz la que está cerca” como lo había afirmado el presidente Santos.
El ex mandatario, denunciado también por organizar planes desestabilizadores en territorio venezolano, manifestó que con el acuerdo logrado se acerca “la entrega (de Colombia) a las FARC y a la tiranía de Venezuela”.
Pese a que Juan Manuel Santos fue su ministro de Defensa, Uribe expresó que el actual Jefe de Estado colombiano tiene una actitud “servilista”, en referencia a la reunión que mantuvo en Ecuador con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.
“El servilismo de Quito que dio la espalda a las familias torturadas tenía la clara intención de avanzar hacia la impunidad de FARC”, concluyó.
Gobierno colombiano y FARC-EP alcanzan importante acuerdo para diálogos de paz
Resumen Latinoamericano*, 23 de septiembre de 2015 –
El gobierno colombiano y las FARC-EP sellaron este miércoles un acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, con el que dan un paso importante en el proceso de paz iniciado entre ambas partes en 2012.
El acuerdo se rubricó en La Habana, Cuba, por el presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de la guerrilla colombiana, Timoleón Jiménez, quienes viajaron de manera sopresiva a la isla y luego realizaron declaraciones.
El texto firmado por ambos dirigentes, como también por el presidente de Cuba, Raúl Castro, las delegaciones negociadoras, y Noruega, Venezuela y Chile, países que participan como garantes y acompañantes al diálogo, estipula la creación de un tribunal especial para la paz y el otorgamiento por parte del Estado “de la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos”.
En el acuerdo, el gobierno colombiano y las FARC reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha, que son “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
Además, el texto estipula la creación de una jurisdicción especial para la Paz para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto interno. La jurisdicción constará de un tribunal y unas salas de justicia que investigarán, juzgarán e impondrán sanciones por estos delitos.
Dichas penas, serán de entre 5 y 8 años para los actores del conflicto que reconozcan delitos. Para quienes los oculten, la pena ascendería a 20 años. Se expresa también que “las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado”.
El acuerdo también contempla la “transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden”.
Luego de la lectura del acuerdo, el presidente Santos declaró que se acordó “que a más tardar en seis meses puede concluir esta negociación del acuerdo final. Faltan unos puntos difíciles, pero ya estamos finalizando una guerra de 60 años; la única y más largas en nuestro continente”.
“Quiero reconocer y valorar el paso que hoy han dado las FARC-EP, hoy avanzamos en una misma dirección y en la más noble que es el de la paz. Hoy estamos asegurando que no hayan más víctimas y que acabe el conflicto armado de Colombia”, señaló Santos
El mandatario agregó que también se acordó “que las FARC dejarán las armas a los 60 días del acuerdo final”. Por su parte, Timoleón Jiménez remarcó que la firma de la Jurisdicción Especial para la Paz está diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no combatientes.
El líder máximo de las FARC aseveró que el acuerdo “sin duda generará el ambiente propicio para avanzar en convenios sobre las restantes temáticas de la agenda”. “Nos complace anunciar que esta jurisdicción ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto y no solo para una de las partes, desde una perspectiva restaurativa”, destacó Jiménez.
El líder guerrillero explicó que “desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa, abre las posibilidades de ofrecer verdades detalladas y plena para sentar bases para la reparación y no repetición, que satisfaga los derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación de la sociedad”.
*Con información de Prensa Latina, AVN y Colombia Informa.
Para leer el comunicado completo: http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/09/23/comunicado-conjunto-entre-el-gobierno-de-colombia-y-las-farc/
Siete claves para entender los siete puntos de Quito
Por William Castillo / Resumen Latinoamericano/QUESTION / 23 de Septiembre 2015.-
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
1.- Retorno inmediato de Embajadores. Ninguna intención de diálogo sería creíble si los embajadores de Venezuela y Colombia permanecen en sus respectivos países. Es una medida concreta y lógica que reestablece el canal diplomático regular y natural para avanzar en la agenda bilateral de los complejos temas pendientes.
2.- Realizar una investigación de la situación de la frontera. Ante todo cabe preguntarse, qué es lo que quiere investigar cada parte. ¿Y qué es lo que se debería investigar? Para Colombia, se debe investigar lo ocurrido con la supuesta (y nunca demostrada) violación a los derechos humanos de los colombianos deportados, eje sobre el cual ha montado Santos un discurso mediático de “indignada protesta”. Para Venezuela, es mucho y muy profundo lo que se debe investigar: la exportación desde el vecino país del modelo criminal del paramilitarismo (que en Colombia es llamado las Bacrim, bandas criminales), la legalización colombiana del contrabando de combustible y alimentos desde Venezuela; el éxodo masivo de ciudadanos colombianos empujados por la pobreza y el abandono del modelo neoliberal colombiano; la penetración del narcotráfico, que le ha declarado la guerra a la Revolución Bolivariana y se ha adueñado de un sistema financiero que manipula el cambio para utilizarlo como eje para el contrabando expoliador. De entrada, no hay Comisión de la Verdad, como quisiera Venezuela. Habrá que esperar cómo se concreta en el cara a cara entre los dos países esta investigación que deberá tener -de alguna forma- una relevante participación internacional capaz de darle credibilidad.
3.- Reunir a los ministros para tratar los temas sensibles en la frontera. Buena decisión que concreta el inicio del diálogo en 48 horas. ¿Qué pasará? No veo a Colombia derogando los decretos nacionales y ordenanzas municipales que legalizan el contrabando de combustibles o autorizan la manipulación cambiaria en la frontera, por ejemplo. ¿Permitirá Colombia que PDVSA instale estaciones de servicios o venda gasolina directamente a estaciones de servicio en el Norte de Santander y en la Guajira? ¿Qué medidas adoptará Venezuela en cuanto al tránsito del carbón colombiano para exportarlo desde nuestro país, un tránsito pesado que destruye nuestras vías? ¿El Estado colombiano, hará presencia por fin en la frontera y desmontará la economía paramilitarizada que actúa como una sanguijuela violenta sobre Venezuela? ¿Qué hara Santos con las Bacrim y demás delincuentes “desmovilizados” de Uribe?
4.- Progresiva normalización de la frontera. Aquí nuevamente cabe el juego de las interpretaciones ¿Qué significa “normalizar la frontera”? Depende. Para Colombia, es abrir la frontera nuevamente y volver al estatus quo anterior al 19 de agosto, es decir, retornar a la situación que provocó el cierre. Con libre paso de contrabandistas, mafias de bachaqueros, y delincuentes hacia Venezuela, junto al pueblo colombiano pobre que viene a buscar un mejor futuro. Algo inaceptable para Venezuela. Para nuestro país, la situación aun con el Estado de Excepción, hoy en día está “más normal” que antes del cierre. El Presidente Maduro ha sido muy claro: Venezuela propone una “nueva frontera de paz”, no va retornar a la caótica y amenazante situación del pasado reciente. Colombia desea ansiosamente la misma frontera de siempre, con cambios cosméticos y gestos diplomáticos. El modelo colombiano se basa en excluir a los pobres y empujarlos a la frontera, y que se apañen como bien puedan. Sólo así pueden sostener las “zonas rosa” y los privilegios de Bogota. Amanecerá y veremos.
5.- Coexistencia de los modelos sociales, económicos y políticos de cada país. Propuesta esencial para Venezuela, amenazada hoy desde el este y el oeste. No se acoge el término “convivencia” propuesto por el Presidente Maduro, pero se reconoce la existencia (y necesidad de coexistencia) de dos modelos. Dos modelos, por cierto, que no son solamente diferentes, si no que están cada uno en las antípodas del otro. Dos proyectos radicalmente enfrentados por su concepción y sus objetivos históricos. La oligarquía colombiana propone reposicionar a Colombia como plato de segunda mesa en el mapa de la descocada y militarizada globalización. Venezuela construye, aún a tientas, un experimento de justicia social y económica. Es lo colectivo versus lo privado. El mundo de élites contra la esperanza de los humildes. Los privilegios contra la solidaridad. Para decirlo en clave bolivariana, es Santander contra Bolívar. O en clave colombiana, es la oligarquía contra Gaitán. Y Bolívar, y Gaitán, están hoy de este lado. Como en las parejas, para convivir hace falta el acuerdo de dos, pero -para separarse- basta que uno solo quiera. Si Colombia no está dispuesta a respetar el proyecto bolivariano. Si Bogotá sigue siendo nido de conspiraciones, acogiendo a la más retrógada y violenta derecha venezolana, y permitiendo la instalación de una paraeconomía en la frontera. Si sigue jugando el rol geopolítico decidido por Washington desde Uribe: “Para acabar con la Revolución Bolivariana, hay que ocupar militarmente Colombia”. Si la oligarquía bogotana nos sigue viendo como una pavorosa amenaza por nuestros avances sociales y nuestro sueño de justicia social, seguirá jugarando, soterradamente, destrucción del vecino. Nada hace pensar que eso vaya a cambiar siquiera un ápice. Con frontera cerrada o con frontera abierta.
6.- Hacer un llamado al espíritu de hermandad y unidad, propiciando un clima de mutuo respeto y convivencia. Diplomacia. Diplomacia. Diplomacia. No es lo más importante, pero hace falta, sin duda. Y mucho.
7.- Continuar trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay. Básico. Vital. Este diálogo será sostenible -y avanzará aún con trabas y dificultades- sólo si lo acompaña la región. En ese sentido, Quito, y los instrumentos diseñados y creados por el genio de Chávez, la Unasur y la CELAC, han demostrado nuevamente la artificiosa inutilidad de la OEA, el caduco discurso intervencionista de la Unión Europea, y ha propinado una nueva derrota política al atribulado policía del mundo. En Quito,en el centro del mundo, América Latina ha anotado un gol por la paz. Más tarde, se verá si fue suficiente. Aún queda mucho partido por jugar.
FUENTE: QUESTION
Urgente Un paso decisivo hacia la paz
El máximo Comandante de las FARC, Timochenko, y el presidente colombiano ya están en La Habana
Timoleón Jiménez y Juan Manuel Santos firmarán en las próximas horas acuerdo de Justicia en La Habana
23 septiembre, 2015
Paz Comentarios desactivados en Timoleón Jiménez y Juan Manuel Santos firmarán acuerdo de Justicia en La Habana
Llegada de Timoleón Jiménez al aeropuerto José Martí.
Llegó a La Habana el máximo comandante de la insurgencia de las FARC-EP, Timoleón Jiménez. Su llegada se hizo con el mayor sigilo para un histórico encuentro con el mandatario Juan Manuel Santos para firmar el acuerdo sobre el Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición.
Las delegaciones de paz llegaron a un acuerdo para el tema de justicia basado en la verdad. Aunque no se conoce el acuerdo ya se encuentra redactado en su integridad. Según voceros insurgentes el acuerdo no tuvo salvedades por las partes a pesar que su redacción fue hasta última hora. “Es un avance trascendental para el proceso”, le dijo a VOZ Carlos Antonio Lozada, miembro de la delegación insurgente.
El jefe de las FARC-EP aterrizó en el Aeropuerto José Martín en horas de la madrugada, “llegó como es: un guerrillero, con camuflado y su compromiso intacto por la paz”, le dijeron a VOZ miembros de la Delegación de Paz de las FARC, desmintiendo así su presencia en La Habana.
La expectativa es grande para el encuentro que será en el Palacio de las Convenciones a las 5 de la tarde hora cubana. Timoleón Jiménez y Juan Manuel Santos estarán en una foto histórica a lado del presidente de Cuba, Raúl Castro representando a uno de los países garantes.Posible gran encuentro de Santos, 'Timochenko' y Raúl Castro
El presidente de Cuba se reuniría con el mandatario colombiano, el jefe de las FARC y el enviado del gobierno de EE. UU., Bernard Aronson.
Gran encuentro de Santos, 'Timochenko' y Raúl Castro
No cabe duda de que lo que ocurra este miércoles en La Habana quedará para la historia. Las miradas expectantes de los colombianos no sólo esperan el anuncio de un acuerdo en el punto de justicia, sino que también evidenciarán el inédito encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos; Timoléon Jiménez, alias 'Timochenko', y Raúl Castro en la isla.
Según se ha dicho, los tres estarán en el salón de protocolo de El Laguito en Cuba. Allí los negociadores anunciarán el precuerdo al que han llegado en uno de los temas que le dan vida al punto de víctimas. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición acordado en la Mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz. Enlace permanente de imagen incrustada
Foto: Pablo Catatumbo; Pastor Alape; Rodolfo Benítez, delegado de Cuba en los diálogos de paz, y 'Timochenko' Foto: @FARC_EPaz
Castro asistirá en calidad de presidente del país anfitrión de las conversaciones entre el gobierno colombiano y los guerrilleros, aunque no se prevé hasta el momento que pronuncie algún discurso, informó la agencia EFE. Fuentes en La Habana advierten que en la reunión también estará Bernard Aronson, el enviado especial de Estados Unidos para las coversaciones en la isla.
El trascendental encuentro entre el presidente colombiano y el jefe máximo de la FARC busca sellar de una vez por todas los tiempos necesarios para la firma de un acuerdo final. Las partes ya habían anunciado un plazo de cuatro meses, que empezó a correr el pasado 12 de julio.
“Vamos a estar vigilantes sobre lo que hoy se pactó. Y en cuatro meses a partir de ahora, dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de si seguimos con el proceso o no”, aseguró Juan Manuel Santos en una alocución televisiva, después de que los negociadores anunciaron estrategias para acelerar la negociación en La Habana y desescalar la violencia en Colombia.
No es la primera vez que un presidente en ejercicio se reúne con un jefe máximo de la guerrilla. Ocurrió en el pasado, durante las negociaciones de las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana. En ese entonces Manuel Marulanda Vélez, ‘Tirofijo’, tuvo encuentros con el mandatario.
Todavía esta en la retina de los colombianos aquel hecho en el que 'Tirofijo dejó esperando a Pastrana durante la instalación de la mesa en el Caguán.
Aun así, el entonces mandatario tuvo otros encuentros con el jefe guerrillero que ayudaron a empujar esa negociación que al final se frustró.
Santos: No todos quedarán satisfechos por acuerdo con las FARC
En esta reunión se prevé llegar a un acuerdo sobre la justicia transicional por fuera del ciclo normal de las negociaciones.
El jefe de Estado colombiano aseguró que pese a las inconformidades, este cambio "será positivo" para el proceso de paz.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que no todo el mundo va a queda contento con la firma del acuerdo transicional que se concretará este miércoles, pero consideró que si se logra consenso en torno al tema será algo positivo.
Durante un evento en la Cámara de Comercio de Bogotá, Santos se refirió a los avances del proceso de paz que desarrolla con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en Cuba desde 2012, y acotó que el cambio será “positivo”, indica el diario El Tiempo.
“No todo el mundo va a quedar contento pero estoy seguro que a la larga será mucho mejor, porque no importa que unos queden descontentos.
Nadie puede quedar totalmente contento, pero el cambio va a ser muy positivo”, afirmó el mandatario colombiano.
El jefe de Estado colombiano, agregó que espera llegar a la línea donde termina el conflicto armado lo más rápido posible, “porque entre más rápido, menos víctimas hacia el futuro”, expresó el mandatario.
Ya el pasado 11 de septiembre, el jefe negociador de las FARC-EP, Iván Márquez, había adelantado que el acuerdo estaba en puertas y por ello aseguró que el grupo insurgente tenía razones fundadas para el optimismo.
“La subcomisión jurídica en marcha por el presidente Santos y el comandante Timoleón Jiménez, nos ha colocado a las puertas del acuerdo sobre justicia", dijo Márquez en esa oportunidad.
Lee » FARC y Gobierno colombiano firman acuerdo sobre justicia Humberto de la Calle, jefe de la delegación colombiana viajó el lunes a La Habana (capital cubana) con el resto de su equipo y regresó con instrucciones precisas de tratar el tema de la justicia para avanzar con las negociaciones de paz, pese a que el próximo ciclo esta pactado para el 28 de septiembre.
Luego del viaje comenzaron a circular rumores y versiones a la firma de un acuerdo de paz en el capítulo de justicia. En el Congreso se sintió la expectativa y la tensión por la importancia de este acuerdo, que desatará los nudos para instaurar la paz en el país andino.
FARC-EP y Gobierno colombiano retomarán mesa de negociaciones
Se prevé que la próxima semana, la Comisión Primera del Senado iniciará el primer debate sobre la implementación del acuerdo.
Los puntos del acuerdo
- Realizar de juicios y condenas que no incluyan cárcel, y que contempla reclusión en colonias agrícolas en varios departamentos del país.
- La participación en programas de desminado y participación activa en comisiones de la verdad hacen parte del acuerdo.
- La reparación a las víctimas. Para ello, se priorizarán casos emblemáticos para que estos crímenes no queden en la impunidad.
2015/09/23
Justicia transicional: el nudo del proceso de paz
Este convenio entre el Gobierno y las FARC es la antesala de la firma del acuerdo final y el cese bilateral al fuego. ¿En qué consiste?
Justicia transicional: el nudo del proceso de paz Justicia transicional: el nudo del proceso de paz Foto: Archivo SEMANA
Desde cuando se oficializaron las negociaciones entre el Gobierno y las FARC, el presidente Juan Manuel Santos ha venido insistiéndole al país en que el éxito del proceso de paz pasa, en buena medida, por ese fino lugar donde se trace la línea entre la justicia y la paz. Una delgada línea que defiea cuánto se debe sacrificar en justicia a cambio de alcanzar la paz.
Probablemente son las víctimas las más autorizadas para definir esa línea. Y por eso, el asunto de justicia se ha discutido precisamente dentro del quinto punto de la agenda, el relacionado con las víctimas, que, según el propio presidente Santos, son el corazón del proceso de paz.
La única mención que hasta ahora han hecho las FARC y el Gobierno respecto del tema de justicia fue cuando el pasado 4 de junio se acordó la creación de una Comisión de la Verdad, como parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición acordado para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz.
Las víctimas, que en varias delegaciones viajaron a La Habana, han priorizado sus derechos a la verdad, la reparación, y sobre todo la no repetición, y han abierto la puerta para sacrificar algunos preceptos en materia de justicia, pero han insistido en que debe haber castigo, y no impunidad.
Para trazar esa línea de la que ha hablado el presidente Santos, el Congreso fijó en la Constitución la posibilidad de acudir a mecanismos de justicia transicional, con el propósito de establecer penas alternativas a las que la ley contempla para castigar delitos atroces, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos.
Aunque las FARC hayan rechazado el marco jurídico para la paz, es una herramienta que sin duda abrió las puertas a la posibilidad de que la guerrilla pueda tener penas reducidas de prisión, a manera de sanción.
Este asunto ha sido uno de los principales nudos del proceso de paz. Fuera de la Mesa de negociaciones, y en múltiples apariciones a la prensa, voceros de las FARC insistieron que no habían ido a La Habana para terminar en una prisión.
Esa era una postura que se encontraba con la posición del Gobierno, pues el presidente Santos reiteró siempre que los responsables de crímenes de lesa humanidad serán investigados, procesados y condenados, pero sobre todo de un sector de la sociedad que viene exigiendo unos mínimos en cuanto a la sanción.
El procurador Alejandro Ordóñez y el expresidente Álvaro Uribe han sido los más críticos y vigilantes. Esta discusión se ha enmarcado dentro del contexto que supone el Tratado de Roma que estableció unos estándares de justicia que el proceso de paz no se podría salir de sus linderos.
Si bien es cierto que Colombia es el primer país en el mundo donde se negocia la paz bajo la luz del Estatuto, la Corte Penal Internacional respeta la autonomía de los países para encontrar alternativas de justicia transicional. Es decir, lo que se acuerde en La Habana tiene un amplio margen.
El tema de la justicia transicional se ha venido discutiendo durante varios meses, incluso, aparte de los plenipotenciarios del Gobierno y las FARC, se creó una especie de subcomisión para encontrar esa receta.
Los exmagistrados de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, además de Douglas Cassel, experto en este tipo de procesos, fueron los asesores del Gobierno.
Enrique Santiago, Álvaro Leyva, y Diego Martínez fueron los asesores de las FARC. Aunque todos los puntos de la agenda son neurálgicos, un acuerdo de justicia transicional es imprescindible para firmar un acuerdo de paz y “lograr la mayor cantidad de justicia posible en una negociación política”, según el Gobierno.
La justicia transicional ha sido definida como la garantía para lograr un equilibrio entre la seguridad jurídica y la satisfacción de las víctimas y de la sociedad. Aún se espera el acuerdo, probablemente se acuerde que los máximos responsables de delitos atroces paguen penas reducidas y no necesariamente en prisión.
Lo que se anuncie en el acuerdo probablemente no deje contentos a algunos, como lo anticipó en la víspera el presidente Santos. Pero sin duda, le quitará el mayor nudo al proceso.
Como han coincidido muchos congresistas, esta podría ser la antesala a la firma de la paz. Por algo Santos y 'Timochenko', jefe de las FARC, se reunirán en Cuba.
"Estamos cerca del acuerdo final”, dice el senador Iván Cepeda
El senador dijo que es un día histórico para Colombia.
Por: Redacción Política
El senador Iván Cepeda Castro dijo que este es un día histórico para Colombia por el encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, alias ‘Timochenko’.
De acuerdo al congresista, si se llega al cese bilateral de hostilidades, en Colombia “estamos ante la inminencia de un acuerdo final”. Y recalcó: “Hoy es un día histórico para Colombia. La consagración de nuestros esfuerzos por la paz”.
Finalmente recordó que al firmarse el acuerdo de justicia y víctimas, se logra un escenario histórico para la reconciliación y la paz.
Sale ´Juancho Dique´ y ya son cuatro los altos jefes paramilitares que recuperan la libertad
Resumen Latinoamericano/ 18 de Sept. 2015 .-
Luego de 8 años de prisión en la Cárcel Modelo de Barranquilla, el jefe paramilitar Úber Bánquez Martínez -alias ´Juancho Dique´-, acusado de dirigir 11 masacres, fue puesto en libertad según decisión del Tribunal Superior de Bogotá, quien aplicó los beneficios que contempla la Ley de Justicia y Paz.
El pasado miércoles 16 de septiembre el reconocido jefe paramilitar ´Juancho Dique´, reconocido por cometer actos de masacres con el Bloque Héroes de los Montes de María, se sumó a la lista de paramilitares que recuperaron su libertad.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá consideró que el paramilitar cumplió con los requisitos que marca la Ley 975 de 2005: ofreció perdón a la sociedad, prestó la colaboración suficiente para reparar a sus víctimas y, desde el momento en el que fue apresado, no ha vuelto a cometer delitos.
Bánquez Martínez es responsable de la masacre perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- el 17 de enero de 2001 en el corregimiento de Chengue, Ovejas, departamento de Sucre.
Allí 28 campesinos fueron acribillados y por este crimen un juez de Sincelejo lo condenó a 23 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, homicidio simple, desplazamiento y sedición.
Pero al ser cobijado bajo la Ley de Justicia y Paz, la pena fue reducida a sólo 8 años. Otro de los crímenes por los que recibió condena es la masacre de 12 campesinos en Macayepo, corregimiento del Carmen de Bolívar, y el desplazamiento de casi la totalidad de su población.
Por estos hechos purgó su condena en los mismos 8 años, al verse beneficiado por acogerse a sentencia anticipada. Su corta pena abarcó además los delitos de desplazamiento forzado de la población civil, hurto simple, calificado y agravado, utilización de uniformes de uso privativo de las fuerzas militares y porte y fabricación de armas.
En total suman 11 las masacres de las que se lo acusa, perpetradas en la región donde ejercía su influencia criminal.
Con esta liberación ya son cuatro los altos jefes paramilitares que, bajo la ley de Justicia y Paz, recuperan la libertad. Decisiones similares que beneficien a otros acusados de crímenes atroces contra la población podrían conocerse en los próximos días.
ACVC rechaza de manera categórica detención de Feliciano Valencia
Asoc. Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC / Resumen Latinoamericano/ 18 de septiembre de 2015.-
Con profunda indignación se recibe la noticia de la captura del líder indígena Feliciano Valencia, un nuevo caso de persecución judicial que no concuerda con la búsqueda de la paz y profundiza la persistente estigmatización hacia el movimiento social por parte del gobierno de Juan Manuel Santos.
Este echo junto con la detención de cuatro integrantes de la Fundación DHOC, la del candidato a la alcaldía de Guapi, Marino Grueso y la de 13 jóvenes que hacen parte del Congreso de los Pueblos (estos últimos liberados recientemente por falta de pruebas); deja claro que la falta de garantías política sigue siendo en el país un lastre que no posibilitará la paz.
Desde la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra, donde también se ha resistido a la crudeza del encierro y las consecuencias de un Estado injusto y opresor, se levanta una voz de protesta y se exige la pronta liberación del líder popular e indígena.
Los falsos positivos judiciales se han convertido en el ataque más recurrente del Estado para silenciar la voz de miles de colombianos indignados por las políticas del gobierno.
Académicos como David Rabelo, Húber Ballesteros y Miguel Ángel Beltrán aun se encuentran siendo procesados judicialmente con falsos testimonios y supuestas pruebas para quienes, al igual que Feliciano, el defender su territorio y la comunidad se les ha convertido en un delito que justifica el señalamiento y la persecución.
Se entiende esta arremetida como represalia por el contundente y digno Paro Agrario de 2013, en el que se condicionó al gobierno de Juan Manuel Santos para dialogar sobre la tan necesaria reforma agraria que genere políticas a favor del campo colombiano.
Con la misma contundencia se declara que la unidad con los hermanos indígenas y afrodescendientes, el fortalecimiento para enfrentar el terrorismo de Estado y la firmeza en la lucha por una paz verdadera, una paz con justicia social.
Podrán encerrar a los líderes pero jamás lograran callar las luchas del pueblo colombiano.
¡Libertad para Feliciano Valencia y demás víctimas de la persecución judicial!
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – Red Agroecológica Nacional. Barrancabermeja, 17 de septiembre de 2015
FARC-EP destacan avances en conversaciones de paz para Colombia
Resumen Latinoamericano/ La Habana, 17 sept. 2015.-
Las FARC-EP destacaron este jueves los avances en diferentes puntos de discusión con representantes del gobierno en la Mesa de Conversaciones de La Habana para alcanzar la paz en Colombia.
La guerrilla de las Farc dijo el jueves que está preparada para la incorporación a la vida civil y convertirse en un movimiento político.
“Estamos listos para abordar y discutir los procedimientos para el tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto.
Al respecto, hemos entregado a los plenipotenciarios del Gobierno un paquete de propuestas básicas que esperan concreción”, afirmó la guerrilla en un comunicado.
El grupo insurgente también señaló que hay avances y “consensos” sobre un cese al fuego bilateral y definitivo, y que “se avanza en el análisis del aspecto dejación de las armas”.
En el comunicado divulgado en su sitio web, las FARC-EP aseguran estar listas para proseguir la marcha concertada de la voluntad nacional hacia el acuerdo definitivo, punto de partida para las transformaciones democráticas y progresistas en su país.
“La paz está tocando a la puerta de Colombia y exige que el conflicto armado quede atrás como memoria colectiva de algo que no debe repetirse jamás, de tal manera que aseguremos el futuro de paz y vida digna de las nuevas generaciones de colombianos”, afirma el texto.
Refiere que está a las puertas de un entendimiento el decisivo componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
La importancia de ello -sostiene- radica en que desataría una dinámica positiva de redacción de convenios sobre tópicos pendientes, como la expansión de la democracia y el desarrollo del esencial subpunto Fin del conflicto.
Asimismo, prosigue, permitiría tomar en serio el mandato de la Agenda de esclarecer el fenómeno del paramilitarismo, y lo que es más urgente para el futuro de la paz, su desarticulación, porque con guerra sucia el post acuerdo constituiría una mentira.
Resalta el grupo insurgente que en La Habana se siguen construyendo consensos sobre cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y se avanza en el análisis del aspecto Dejación de las armas.
Sobre la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, señala que están listas para abordar y discutir los procedimientos para el tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto.
El comunicado exalta que “está cerca, sin duda, el cierre del acuerdo sobre el punto 5 VÍCTIMAS, puesto que el insoslayable asunto de la Reparación dispondría en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, de mecanismos para entregar satisfacción a las víctimas del conflicto”.
Agrega que el subpunto Derechos Humanos podría evacuarse con voluntad política, con una declaración de acuerdo y compromiso sobre principios que reivindiquen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para las mayorías.
Tras esperar la realización del Foro sobre Fin del conflicto, auspiciado por el Centro de pensamiento de la Universidad Nacional y Naciones Unidas, las FARC-EP subrayan la importancia y necesidad de la participación activa de la ciudadanía y los representantes de organizaciones sociales y políticas.
“La paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras”, precisa el texto.
Además, las FARC-EP llaman a retomar la discusión de los asuntos cuyo debate fue postergado y menciona en ese sentido el establecimiento de la cantidad de hectáreas que conformarán el Fondo de tierras, necesario para la ejecución de la Reforma Rural Integral.
Envío:ResumenLatinoamericano
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