En la columna editorial de cada lunes, La Arena Jorgista, la designación de los fiscales para el próximo juicio por delitos de lesa humanidad en La Pampa y el escándalo por la pauta publicitaria "trucha" del PRO.
Una de cal...
La designación de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia para encargarse de la acusación en el segundo juicio para esclarecer los hechos ocurridos en la Subzona 14 durante la dictadura aportó algo de alivio y tranquilidad a las víctimas, familiares de las víctimas y organismos de Derechos Humanos que esperaban con expectativa esos nombramientos.
Prontamente, algunos referentes de la militancia de Derechos Humanos y del propio Movimiento Pampeano salieron a manifestar la confianza que les generan esos dos fiscales, especialmente Palazzani, que además de tener un vínculo territorial con nuestra provincia ha estudiado el tema a fondo, conoce los hechos al detalle e intervino durante el primer juicio, en ese caso, como querellante en representación de Raquel Barabaschi.
Distintas agrupaciones no habían disimulado su inquietud ante la posibilidad de que el responsable de la acusación fuera exclusivamente Alejandro Cantaro, quien también fue designado por la Procuración General de la Nación, pese a las desconfianzas que despierta entre las víctimas y sus familiares, al punto que se esté analizando la posibilidad de recusarlo.
Los planteos y análisis se hacen en un especial contexto, en el que hay una evidente ofensiva tendiente a la búsqueda de la llamada “reconciliación”, que es el eufemismo que se utiliza para conseguir impunidad.
Esa movida está motorizada por sectores de la Iglesia Católica y cuenta con desembozado respaldo de ciertos sectores políticos -los de siempre, para resumir su caracterización- y del poder mediático, quienes intentan sacar provecho de la coyuntura electoral y el cambio de manos del Gobierno Nacional para arriar agua a su molino.
Organismos de Derechos Humanos han advertido con preocupación sobre el impulso de esas operaciones, abrigadas ante la eventual derechización de una gestión nacional y con el aval de dirigentes o referentes de espacios que durante años han luchado por la Memoria, la Verdad y la Justicia, pero que ante este nuevo escenario dejan aflorar dudas, tibiezas o agachadas.
El intento de desandar el camino recorrido en más de una década tampoco es nuevo: la interrupción de los juicios que se sustancian para esclarecer los delitos de lesa humanidad resultan el objetivo de máxima de esos sectores retrógrados, que además temen seriamente a la posibilidad de que el Poder Judicial indague en las complicidades de los poderes económicos durante la oscura etapa de la historia nacional en que se aplicó el terrorismo de Estado.
Esa dictadura cívico-militar abandonó el gobierno del modo en que se ejerció hasta los primeros ‘80, pero eso no quiere decir, en modo alguno, que haya perdido el poder, puesto que contó con la suficiente influencia como para seguir manejando decisiones económicas y políticas importantes: eso incluyó, en otras épocas, tristes vaivenes en el proceso de juzgar a los responsables, que se coronaron con las leyes de impunidad del gobierno alfonsinista y los indultos de la etapa menemista.
En ese entonces, La Pampa no fue una isla y la realización de un segundo juicio, más amplio y extendido que el anterior, permitirá seguir conociendo la verdad, en este caso con el simbólico detalle de que uno de los principales referentes de la dictadura “a la pampeana”, Luis Baraldini, no estará prófugo como ocurrió en 2012, sino sentado en el banquillo de los acusados.
...y una de arena
El modelo corrupto de repartija publicitaria que tiene Mauricio Macri quedó en mortal evidencia durante la semana que se fue, también, en La Pampa: decenas de medios de comunicación que aparecen en el listado oficial de supuestos pagos de propaganda del Gobierno porteño no recibieron un solo peso o percibieron sumas insignificantes en comparación con las que figuran en esas nóminas.
Otros medios locales, en cambio, actuaron en silencio frente al escandalete, dejando que se interprete que sí estaban al tanto de los fondos que el macrismo dice haberles provisto, en algunos casos, evidentemente, como consecuencia de un alineamiento político, que es también económico.
El oscuro manejo de los fondos destinados a la propaganda no tiene de ningún modo al Gobierno porteño como actor exclusivo de esas prácticas poco transparentes, puesto que -con sus variantes cuantitativas y cualitativas- también afecta a la gestión nacional y a los gobiernos provinciales, como consecuencia de que en lugar de aplicarse normativas concretas y regulaciones específicas, se dejan estos asuntos librados a las decisiones de algunos funcionarios.
Para ello, tanto en La Pampa como en otros niveles, lo que hace falta es una legislación que determine modos, metodologías y objetivos de la pauta estatal en los distintos medios.
Como sea, esta vez es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -es decir Macri y el PRO- el que quedó en evidencia de manera grotesca, exhibiendo a nivel nacional una cultura política de la que pretende despegarse en su discurso, cuando promete “republicanismo” a los cuatro vientos.
El escándalo que estalló en La Pampa, desde ya, no contará con la atención de los medios hegemónicos, o -por ejemplo- del Grupo Clarín, que sí luce tan atento a posar sus ojos en nuestra provincia cuando la construcción de alguna noticia de tipo político puede afectar al oficialismo nacional.
Pero en el pago chico la conducta de Macri quedó seriamente bajo la lupa, puesto que la realidad es más simple de conocer a partir de que los medios aludidos y afectados tienen, en mayor o en menor medida, incidencia en las comunidades de las que forman parte.
Las respuestas que frente a estos temas tiene el propio Macri permiten descubrirlo y describirlo como un personaje que no parece a la altura de la toma de decisiones de Estado.
Casi imitándolo, sus referentes repiten la teoría de que el PRO siempre es víctima de alguna campaña que busca ensuciarlo pese a toda la limpieza que tienen sus conductas, del mismo modo que, en aplicación de una retorsión argumentativa, interpretan que la difusión de los montos que dejan en evidencia la trampa, son en realidad una manifestación de “transparencia”.
Algo de cierto hay: lo que queda transparentado es el accionar corrupto.
Poca fortuna tuvieron los referentes pampeanos que decidieron alinearse detrás del empresario presidenciable: el escandalete estalló en el mismo momento en que Macri llegó a la provincia para fotografiarse con su diputado nacional Carlos Mac Allister y con su candidato a gobernador Francisco Torroba, que hasta estos días sostenía con coherencia su decisión de no mezclarse con maniobras de este tipo y de no tragarse sapos que tuvieran que ver con los peores vicios de la vieja y corrupta política.
Fuente:ElDiario
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