PROTOCOLO DE BULLRICH.

EL NEGOCIADOR DE KIRCHNER CON LOS PIQUETEROS CUESTIONA LA REPRESION COMO METODO

“Se sabe cómo empieza y no cómo termina”

En medio del debate sobre el protocolo represivo de Patricia Bullrich, por primera vez Héctor Metón, miembro del equipo comisionado por Kirchner para evitar conflictos, cuenta los secretos de la negociación con las organizaciones sociales.

Por Martín Granovsky

Primero durante Eduardo Duhalde y luego con mayor amplitud en tiempos de Néstor Kirchner, desde la Presidencia de la Nación quedó conformado un equipo especial de funcionarios encargados de ganarse la confianza de los dirigentes piqueteros, discutir la forma de satisfacer sus demandas y negociar para que nunca se llegara al choque en la calle.

–El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich acaba de anunciar un protocolo contra el corte de calles que prevé la represión directa después de la negociación, y la ministra dijo que esa negociación debe llevar sólo cinco minutos.
–Prefiero contestar con un ejemplo histórico. En el 2001 hubo 18 días de corte en la Ruta 3, a la altura de Isidro Casanova. Los protagonistas del corte eran la Federación de Tierra y Vivienda dirigida por Luis D’Elía y la Corriente Clasista Combativa de Juan Carlos Alderete. Alberto Balestrini era intendente de La Matanza. Patricia Bullrich, ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa. Y Aníbal Fernández ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. En un momento Aníbal me designó a mí como negociador para ayudar a una solución no sólo del corte sino, por supuesto, de las demandas planteadas por los que protestaban.

–¿Qué reclamaban?
–Empleo, claro. Y de manera urgente Planes Trabajar, herramientas de trabajo, medicamentos y comida. Negociamos y alcanzamos un acuerdo. Entre otras cosas se crearían tres mil puestos de trabajo de 150 pesos (o dólares) cada uno. Todos acordamos menos una persona: Bullrich, que se negó. Entonces el corte se prolongó y el gobierno nacional debió reemplazarla en las negociaciones por el secretario privado de De la Rúa, Leonardo Aiello, que luego a su vez sería sustituido por el equipo de Bullrich ya cerca del acta final, cuando arreglamos los planes, una contribución de Nación para el equipamiento del hospital. En esa época establecí relaciones de negociación con las organizaciones sociales y en el 2002, cuando Eduardo Duhalde asumió la Presidencia, me designaron en el Plan Arraigo, con jurisdicción sobre las tierras fiscales. Después del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el 26 de junio del 2002, Duhalde dijo: “Ni un muerto más”. Ahí comenzó a trabajar un equipo de negociación para prevenir conflictos sociales que integré y que se articuló con la puesta en marcha del Plan Jefes y Jefas. Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia mantuvo el criterio de negociar por encima de todo y seguimos trabajando.

–¿Quiénes integraban el equipo?
–Rafael Follonier, desde el Ministerio del Interior, y Sergio Berni, a cargo de las emergencias en Desarrollo Social. Negociábamos y coordinábamos la satisfacción de las necesidades inmediatas con el resto del Estado. Nosotros siempre entendimos la necesidad de las organizaciones sociales de ser visualizadas. Por eso marchaban. Marchar no es un costo menor. No lo es ni para las organizaciones ni para la gente. Las distancias desde el conurbano o en el interior son largas, el sol o la lluvia son un problema, las caminatas no son un juego.

–¿Qué hacían ustedes?
–Nosotros escuchábamos y después buscábamos respuestas desde el gobierno nacional. Articulábamos mucho con Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo y con José López por los temas de Vivienda. Yo mismo me encargaba de tierras. Y Berni de los alimentos. Todavía estaban los comedores. Miles de comedores con cientos y cientos de beneficiarios cada uno. Néstor lanzó las cooperativas, una respuesta de trabajo y vivienda a la vez, y así empezó a reemplazar los Planes Trabajar. Las cosas fueron cambiando. No solo ayudábamos a dar soluciones sino a canalizar el diálogo. Los dirigentes eran escuchados en el más alto nivel.

–¿En la Presidencia?
–Sí. Preparábamos reuniones habituales con Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia, y muchas veces con el propio Néstor, que atendía a los dirigentes sociales. Así se sentían escuchados. Pero la cosa no terminaba en el diálogo, porque después Néstor nos ordenaba: “Ahora, háganse cargo”. Y había que resolver los problemas. También conversábamos antes de las protestas callejeras.

–¿Qué acordaban?
–Evitar todo riesgo de choque. Hasta nos poníamos de acuerdo en que pudieran sacudir las vallas policiales. Como para descargar tensiones. El acuerdo era tan serio que una vez uno de los grupos me llamó para quejarse porque las vallas se cayeron y la gente desbordó el límite. Debo recordar que en las manifestaciones había cada vez menos gente con palos, y que en nuestra gestión logramos que jamás usaran los palos. La política de seguridad, al mismo tiempo, era concentrar más policías que los habituales para hacer una demostración de mucho azul frente a las manifestaciones. Eso evitaba cualquier tipo de enfrentamiento. Otro ejemplo fue la Cumbre de las Américas en el 2005.

–Los presidentes de los países del Mercosur más Venezuela rechazaron formar un Area de Libre Comercio de las Américas y los Estados Unidos no lograron aprobar su proyecto. ¿Qué pasó en la calle?
–La marcha desde el tren hasta el estadio y el acto en el estadio mundialista permitieron la libre expresión de las tensiones y las protestas. Incluso para que la repulsa a George Bush no terminara mal establecimos dos vallas donde los grupos sociales podían concentrarse, sacudir las vallas e irse.

–Pero un grupo rompió las vidrieras del Banco Galicia.
–Sí, y ese grupo fue preso.

–¿Y qué pasaba con los cortes de calle en tiempos de Kirchner?
–Eran más espontáneos que orgánicos. El fenómeno orgánico eran las marchas que podían implicar cortes de calle. Pero se podía planificar. Los cortes siempre fueron más anárquicos. Hoy también. Abundan las protestas cortando calles por la falta de luz. La gente siente que es mejor estar en la calle con otros que solo en casa sin agua y sin un ventilador.

–En ese caso no hay dirigentes. ¿Qué deberían hacer las autoridades?
–Siempre se genera algún referente. Hay que buscarlo y dialogar con él. Y dar respuestas. Quizá no se pueda reponer el suministro eléctrico pero sí garantizar una reunión en Edesur. En el caso de Cresta Roja estaba claro que no hacía falta la represión. Terminó existiendo un diálogo productivo con un delegado de los trabajadores. Lo contrario, que está en el espíritu del protocolo de Bullrich, es como decir desde el Estado: “Se acabó la joda y ahora somos los dueños de la calle”. Esas ideas producen resultados horribles. En vez de mandar tres policías a reprimir con bastones es mejor que uno solo les lleva a los manifestantes el teléfono de un gerente de Edesur. Hoy salvo muy esporádicamente las organizaciones sociales no cortan. Pero a veces hay un crimen en un pueblo y los vecinos queman el edificio de la municipalidad. Y yo siempre pregunto si el intendente fue a visitar rápido a las familias de las víctimas.

–En 2008 las protestas rurales tuvieron un componente fuerte de corte de caminos y rutas.
–También de escraches personales en casa de legisladores o funcionarios, cosa que no hicieron antes las organizaciones piqueteras. Por suerte con los piqueteros se cumplió lo que una vez les dijo un dirigente político cubano: “Si el gobierno tiene éxito ustedes van a perder peso o dejar de existir”. Creció el empleo y el pronóstico se cumplió, y los dirigentes de los antiguos desocupados se metieron incluso en la vida política. Si ahora hay recesión y pérdida de empleo las razones pueden ser las mismas de antes. Espero que no suceda pero en cualquier caso si la protesta planificada fuera un corte, incluso ese corte se puede programar. Tal vez cortar calles o rutas sea políticamente contraproducente para los objetivos de la protesta, pero si igualmente quieren usar esa forma de queja los podrían hacer de esa manera. Ahora, incluso en ese caso hay que tener un protocolo con criterio negociador. La represión no es un buen disuasivo. Y lo peor es que siempre se sabe cómo empieza pero no cómo termina.

PAULA LITVACHKY, EXPERTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES

“Para dispersar sólo sirve el diálogo”

La directora del área de Justicia y Seguridad del CELS analiza el protocolo de Bullrich contra los cortes, basado en la tipificación casi automática del artículo 194 del Código Penal.

Por Martín Granovsky

La estrella del protocolo lanzado por el Ministerio de Seguridad para que después de cinco minutos las fuerzas de seguridad puedan reprimir es el artículo 194 del Código Penal. Establece prisión de tres meses a dos años al que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

–El protocolo claramente quiere disuadir y que no haya cortes –explica la experta del CELS Paula Litvachky–. Busca que directamente esa modalidad ni exista.

–Incluso si eso fuera legítimo, ¿cómo se haría para distinguir entre un corte y una marcha?
–La historia y la práctica en la Argentina muestran que pensar en un protocolo como un modo de generar la disuasión automática es equivocado. Cuando un conflicto de fondo se complica, o se complica mucho, la mirada represiva estatal no termina con un corte determinado ni con los cortes. Genera mayor nivel de confrontación. La discusión política es qué se hace para enfrentar los conflictos en sociedades democráticas, cuáles son las respuestas del Estado y cómo los canaliza.

–¿Cómo sería calificado el Protocolo Bullrich desde ese punto de vista?
–Tiene una mirada securitaria y de orden público. Se considera que el corte es siempre un delito y se hace intervenir a la policía. Hay un quiebre de paradigma respecto del gobierno anterior, que planteaba la protección de la protesta. Me refiero a la normativa, por supuesto, y no a los matices o a los dramas que muchas veces surgieron en la práctica. La normativa revelaba que la mirada del Estado era distinta. Consideraba que toda democracia implica conflictos y que muchas veces los conflictos se dirimen en la calle. También incluía un análisis del comportamiento policial.

–¿Cuál era?
–El análisis tenía en cuenta las complicaciones del tema después de mucha historia y de mucho aprendizaje de las estructuras políticas y de los policías. En general ya sabemos que cuantos más policías concentrados hubo menor nivel de conflicto. Los operativos se fueron armando también con el criterio de que no se llegara al enfrentamiento. Y una de las conclusiones fue no usar armas de fuego. Bullrich y el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman, muestran las cosas como si fueran sencillas y desconocen años de construcción y acumulación de saberes para evitar conflictos. Obviamente no estoy hablando ni del asesinato de Mariano Ferreira ni del Indoamericano ni de la Gendarmería reprimiendo en la Panamericana. Hablo, más bien, de normativas y principios que venían incluso de la experiencia acumulada desde el gobierno de Eduardo Duhalde y del aprendizaje a través de experiencias internacionales.

–¿Cuál es la tendencia mundial sobre el uso de balas de goma?
–Está internacionalmente admitido que no se pueden usar balas de goma para dispersar a los manifestantes. Las balas de goma son admitidas como una forma de defensa de las fuerzas de seguridad.

–¿Y los gases lacrimógenos?
–Lo mismo. Para la dispersión no se usan las armas sino el diálogo.

–El Protocolo Bullrich contempla un diálogo inicial.
–Pero deja que las fuerzas de seguridad federales y el resto de las fuerzas de seguridad se den a sí mismas los protocolos específicos. Lo que termina sucediendo en estos casos es que, en apariencia, se sobrepasa un “loco”. Pero los supuestos locos entre las fuerzas de seguridad no pueden existir, porque no debe haber gente con capacidad de producir un desastre. Y por eso debe haber dispositivos de control importantes. El protocolo que acabamos de conocer es deficiente tanto en el control de los operativos como en los criterios que deberían usar las policías. El protocolo ni siquiera prohíbe el uso de armas de fuego. No alcanza con hablar de que no habrá armas en la primera línea. ¿En segunda línea sí? Cuando el Ministerio de Seguridad se refiere a la supervisión de los operativos establece que supervisa quien no está en el terreno. Esa simple definición está demostrado que no resulta bien ni en el momento ni después, porque unos oficiales terminan amparando a otros. El problema de fondo es que toda la redacción está determinada por un criterio restrictivo.

–¿Cuál sería la restricción?
–El derecho a la protesta es una figura compleja que engloba, por ejemplo, derechos como el de libertad de expresión y el derecho de peticionar a las autoridades. La restricción consiste en suponer que siempre cortar la circulación supone delito y lleva a configurar los hechos previstos por el artículo 194 del Código Penal.

–El debate habitual versa sobre el cruce de derechos. El derecho a circular versus el derecho a protestar.
–El protocolo resuelve esa colisión de derechos en el mismo texto. Desdeña que cualquier modalidad de corte no es delito. Y no solo la represión debe ser evitada. También la criminalización, porque ampliar lo que se entiende por delito generará un alto número de causas penales. Eso será muy problemático para las organizaciones sociales y para la vida de sus dirigentes. Si el conflicto social se va a resolver a través de la criminalización de dirigentes, habrá intervenciones complicadas. Y además, en términos prácticos, tampoco se resolverán los conflictos con respuestas eficientes por parte del Estado. Se supone que los delegados sindicales tienen cierta protección para defender a sus representados. Esto es bueno para los trabajadores y es bueno también para la convivencia, porque hay canales de diálogo y negociación. Pero el único conflicto válido no es el que se lleva adelante en los lugares de trabajo. La situación se fue complejizando los años 90. Fue la calle y no solo la fábrica el ámbito de conflicto porque la desocupación era un problema.

–Si uno quita del análisis situaciones excepcionales como los 200 cortes en todo el país del jueves en protesta por la detención de Milagro Sala, ¿las organizaciones sociales cortan más calles o menos que antes?
–Menos. En los últimos años las propias organizaciones discutieron el tema del lado de la legitimidad ante el resto de la sociedad. ¿Legitima una protesta que un grupo de cinco personas corte las calles en Corrientes y Callao? Es una buena discusión, pero se resuelve debatiendo y no por medio de balas de goma. Las balas de goma quieren mostrar autoridad en la concepción del Estado y del Derecho. Como si se dijera que acá se gobierna de determinada manera.

–Con fuerza.
–Hasta algunos de los funcionarios relativizan después el efecto de lo que el propio gobierno decide. El secretario de Seguridad Eugenio Burzaco dijo que en el 99 por ciento de los casos no habrá balas de goma. Pero queda el 1 por ciento de los casos. Y, sobre todo, la promesa de Bullrich de que “a los cinco minutos los sacamos”.
Fuente:Pagina12

Protesta del miércoles
Patricia Bullrich quiere "adecuar" el paro al ''Protocolo'' 
Se juntará con los gremialistas el lunes a las 18 "con el objetivo de atender con antelación la manifestación del día miércoles". El objetivo es que la ciudadanía pueda estar al tanto de la traza de la protesta.
Sábado 20 de febrero de 2016 

Las autoridades del ministerio de Seguridad convocaron para el lunes a los representantes de las organizaciones gremiales que se movilizarán el miércoles próximo, en el marco del paro general convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El objetivo es "adecuar" la protesta al nuevo Protocolo para Manifestaciones. En el comunicado oficial se aclara que se quiere"dialogar y analizar el recorrido que realizarán ATE y las demás organizaciones sociales involucradas"

También aclararon que una vez finalizada esa reunión con ATE y las entidades sociales, "por decisión de Bullrich, el ministerio convocará a los responsables de las áreas de Seguridad de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, una vez finalizada la reunión, para dar conocimiento de aquellos lugares en donde se lleve a cabo la protesta".


El líder de la CTA Yasky criticó el protocolo antipiquetes: "Hay voluntad de reprimir"
El secretario general de la CTA, cuestionó el protocolo para desalojar piquetes que intenta implementar el Ejecutivo, y advirtió: "Muestra la voluntad de reprimir al pueblo". 
Sábado 20 de febrero de 2016 

El líder gremialista enmarcó a este protocolo con la situación de incipiente tensión social que vive el país. A los trabajadores se les está imponiendo “un ajuste” , despidos y el impedimento para paritarias libres.

En diálogo con radio 10 Yasky agregó: "El protocolo representa un paso atrás. Es un retroceso enorme. Piensan que el que es pobre y morocho tiene que ir preso por si acaso". La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había informado que, con el protocolo oficial para protestas, si los manifestantes "no se van en 5 o 10 minutos", serán desalojados por las fuerzas de seguridad.

Y este lunes convocó a una reunión a las organizaciones que organizan un paro y movilización para este miércoles, entre los que se encuentra la CTA. Yasky destacó su preocupación porque “no se aclara que no se puedan usar armas letales”.

“Volvemos lamentablemente a generar las condiciones para que haya escenarios parecidos a lo que fue el asesinato de Kosteki y Santillán” finalizó.
Fuente:DiarioRegistrado