18 de febrero de 2016

TROPEL.

SE REUNIO EL BLOQUE DE DIPUTADOS DEL FPV Y RATIFICO SUS CUESTIONAMIENTOS A CAMBIEMOS
Con nuevas críticas para el Gobierno
En su primera reunión tras la ruptura de un grupo de legisladores, los diputados mantuvieron su línea contra las medidas del presidente Macri. Reclamaron por la situación fiscal de las provincias, la inflación, los despidos y la detención de Sala, entre otras.
Unos 75 diputados participaron de la reunión encabezada por Recalde, con presencia de Gioja, De Vido y Kicillof.Imagen: Bernardino Avila
El bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ volvió a manifestarse duramente contra el gobierno nacional. En una conferencia de prensa que ofrecieron ayer en el Congreso, el titular de la bancada, Héctor Recalde, junto a otros legisladores del espacio, expresó una “enorme preocupación” por “las necesidades fiscales” que sufren las provincias y la discriminación en el reparto de los fondos coparticipables. Además, se anunció la próxima presentación de proyectos de ley para prevenir más despidos en el sector público y se denunció nuevamente la detención ilegal de la dirigente social jujeña Milagro Sala.

Se trató del primer encuentro del bloque luego de que doce diputados que formaban parte de ese espacio anunciaran su decisión de escindirse en una bancada diferente. De los 84 escaños que mantiene el Frente para la Victoria, 75 legisladores acudieron ayer a la reunión, que se extendió durante más de dos horas y media, previo a la conferencia de prensa. Ante las cámaras, a Recalde lo acompañaron una docena de diputados, entre los que destacaban el ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja y los ex ministros Axel Kicillof y Julio De Vido.

Allí Recalde expresó la “enorme preocupación” por “las necesidades fiscales que pasan” las provincias y cuestionó la posición del gobierno nacional que “obliga a las provincias a litigar” contra el Estado nacional para obtener la porción que les corresponde en el reparto de fondos federales, luego de que el presidente Mauricio Macri hubiera “privilegiado la Ciudad de Buenos Aires” con un incremento arbitrario de las partidas.

Además, el diputado cuantificó en 230.000 millones de pesos las pérdidas para las provincias a causa de la desigualdad en la distribución de esos fondos que derivó de la decisión de la Corte Suprema de restituir a tres provincias (Santa Fe, Córdoba y San Luis) el 15 por ciento que retenía la Nación y del decreto de Macri que privó al resto de los distritos de ese mismo beneficio. “Con este DNU lo que hace es obligar a litigar a las provincias”, advirtió Recalde, que anticipó que existe una consulta con gobernadores con la idea de encarar una nueva ley de coparticipación.

Otro de los puntos tratado en la reunión de bloque fueron los despidos, cesantías y suspensiones en el Estado y en el sector privado que tuvieron lugar desde la asunción del nuevo gobierno. En ese sentido, Recalde prometió presentar “proyectos de leyes” que eviten más pérdidas de empleos “en defensa de los argentinos”. Por su parte, el ex ministro de Economía Kicillof dijo que “la palabra despido no estaba en la gente” hasta fines del año pasado sino que “fue un invento de Macri” en sus primeros meses de gobierno.

Además, hubo críticas al manejo de los índices de inflación por parte del gobierno nacional y también del Frente Renovador, que esta semana volvió a presentar la llamada medición “del Congreso”: con un estimado de 3,6 por ciento para enero, el número del massismo dio medio punto por debajo del 4,1 que marcó oficialmente la Ciudad de Buenos Aires. “Si no quiere ser oficialista que por lo menos de 4,2”, bromeó el jefe de bloque al respecto.

También hubo menciones a la situación de Milagro Sala, a las modificaciones al impuesto a las Ganancias anticipadas por el oficialismo (el FpV presentará su propio proyecto) y se anunció la presentación de “una resolución en defensa de la soberanía de las Malvinas” por considerar que la actitud del gobierno nacional al respecto no es contundente.



18.02.2016
Patricia Bullrich defendió la propuesta
El CELS criticó el nuevo protocolo para las protestas 

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales consideraron que "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta” y "amplía las facultades policiales para reprimir" y criminalizar las manifestaciones.

Luego de que el Consejo de Seguridad Interior (CSI) aprobara el nuevo protocolo de actuación para las manifestaciones públicas, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo criticaron con dureza y consideraron que “limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta”.

A través de un comunicado, el organismo sostuvo: "Según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad".

Asimismo, agregan: "El protocolo amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social.

Al mismo tiempo, no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones, prohibición que se había logrado en 2004 y que fue volcada en la resolución 210/2011, ni el uso de balas de goma para dispersar la protesta.

Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles".

El CELS advierte que “el protocolo limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta”.

En ese sentido, explicaron que todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta. La ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, defendió el protocolo y explicó:

“No se van a prohibir las que estén programadas y se avisa de cuál es el recorrido. Lo que no se va a poder hacer más es decir mi manifestación es cortar Avenida de Mayo y 9 de Julio".


Ex decano de la UBA acusado de corrupción asumió como funcionario porteño 
Resumen Latinoamericano / Notas / 17 de febrero de 2016 – 

Jose Luis Giusti, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que debió renunciar a ese cargo el año pasado acusado de corrupción, recientemente fue nombrado como titular de la Unidad de Proyectos Especiales para la Transferencia de Funciones y Facultades en Materia de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Al conocerse la noticia, desde la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), manifestaron su repudio. Adrián Lutvak, presidente de la FUBA y dirigente de La Mella, declaró:

“José Luis Giusti debió renunciar en abril del año pasado como decano de Económicas en medio de graves denuncias por violencia de género y enriquecimiento ilícito, impulsadas por su ex esposa. Guisti también aparece involucrado en las causas por contrataciones fraudulentas y desvío de fondos en el vaciado Hospital de Clínicas”.

“Nos llama la atención que sea premiado con un cargo por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Giusti ya había ocupado importantes cargos bajo la gestión de Macri en la Ciudad, como el de director del Instituto de la Vivienda (IVC) del cual se tuvo que ir por otro escándalo de corrupción”, añadió Lutvak.

Efectivamente, Giusti (que también fue candidato a legislador porteño por el PRO y secretario de Hacienda de la UBA), renunció en abril de 2015 luego de que el canal América presentara un informe donde se acusaba a Giusti de corrupción.

La información surgió a partir de que en el proceso de divorcio su mujer (que también lo denunció por violencia doméstica), le reclamó una suma de dinero que él niega tener. Esto derivó en una investigación sobre su patrimonio donde aparecieron varias propiedades no declaradas.

En paralelo también se vio involucrado en una causa por desvío de fondos al estar vinculado con una droguería que provee tanto al Hospital Clínicas como al Hospital Raffo, ambos dependientes de la UBA.

En esa causa también se encuentra acusado Emiliano Yacobitti, actual secretario de Hacienda de la UBA y titular de la UCR Capital y otros 40 funcionarios de la universidad más grande del país. “Como titular de la Unidad de Proyectos Especiales para la Transferencia de Funciones y Facultades en Materia de Seguridad, Giusti queda encargado del manejo de recursos y competencias en el marco del traspaso de 19 mil policías federales al ámbito de la Ciudad”, informó Lutvak y concluyó:

“Hace menos de un año se fue por la puerta de atrás de la UBA, sumergido en un escándalo, y ahora lo reciben por la puerta grande de la Ciudad. Esto nos indigna”.


Conferencia de prensa de ATE frente al paro nacional del 24 de febrero
ATE Resumen Latinoamericano / Notas / 16 de febrero de 2016 – 
La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) convocó un paro nacional para el próximo 24 de febrero en repudio a los despidos masivos que está ejerciendo el Gobierno Nacional desde su asunción.

En este contexto, durante la mañana del martes 16 de febrero se realizó una conferencia de prensa en la sede de ATE Nacional para informar los detalles de la movilización y expresar su rechazo frente a las políticas arbitrarias del nuevo Gobierno.

Hugo Godoy, Secretario General de ATE Nacional, afirmó que se harán presente trabajadores de los estados Nacionales, Provinciales y Municipales para reclamar el cese a los despidos y la apertura de un espacio de diálogo en donde discutir la reincorporación de los trabajadores.

“Están utilizando este mecanismo de los despidos porque es una manera, no solamente de reducir el Estado, sino también de extorsionar a los trabajadores para que aceptemos condiciones indignas en la discusión salarial, cosa que desde nuestras organizaciones es inaceptable.

No vamos a cambiar empleo por salario, vamos a defender un salario digno”, expresó Godoy. En un primer encuentro de las paritarias docentes, la semana pasada, el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal ofreció un aumento salarial del %23.6.

La oferta fue rechazada por el Frente Gremial Docente Bonaerense y en un comunicado expresaron que la propuesta del gobierno provincial es “insuficiente” porque “no contempla el recupero del poder adquisitivo del salario del Trabajador de la Educación, deteriorado por el proceso inflacionario y las recientes medidas económicas nacionales”.

En este contexto, Godoy dijo esta mañana que “la discusión del salario está muy lejos de este tope que quiere poner el gobierno del 20 y 25 por ciento.

Porque cualquiera de los reclamos de nuestras organizaciones está por encima del 40 por ciento más allá de las realidades sectoriales y geográficas” y que por esta razón “el segundo reclamo fundamental es la inmediata reapertura de las paritarias sin techo y, no solamente la discusión sobre el salario y la reincorporación de los trabajadores despedidos, sino también el fin de la precarización laboral en el Estado”.

Frente a esta situación los trabajadores estatales de todo el país y de las diversas organizaciones realizarán un paro nacional, y en Capital Federal marcharán hacia la casa de Gobierno de la Nación.


Jornada de lucha unitaria por medidas a favor de trabajadoras/es
18 feb Resumen Latinoamericano / ANRed / 17 de febrero de 2016 – 
Foto: Archivo ANRed 
Este jueves 18 de febrero organizaciones sociales se concentrarán en Avellaneda, al sur del conurbano bonaerense, para manifestarse ante las medidas económicas muy significativas que benefician a los sectores más poderosos y concentrados y no a las y los trabajadores.

Comunicado de prensa, se agradece su difusión:
Jornada de lucha unitaria
Jueves 18/02/16 –
Todxs en el “Puente Pueyrredón” 10 hs
Estación Darío y Maxi
NO AL AJUSTE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES QUEREMOS MEDIDAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES/AS
Contactos:
AGTCAP Juan Pablo Nocelli): 11 51343073
Corriente Clasista René Salamanca (Agrupación Clasista Lucha y Trabajo;
Movimiento Popular 10 de Diciembre de Chascomus;
Agrupación Clasista Cesar Godoy Álvarez de Merlo)
Sergio Párraga 1161435756
CUBA MTR .MIDO
Oscar Kuperman 1153253150 FOB
Simeón Casimiro 1139174001 FOC (MAR-FUBADEyO-29 de Mayo)
Néstor Gómez 1520182946 MTR- El Triangulo
Natalia Gyjmuk 1162087349
Resistencia Popular
Mirta González 1153265306

Organización
Ana María Villarreal Rosalía Leiva 1138467357

Desde recién asumido el gobierno Macrista, solo ha anunciado medidas económicas muy significativas en favor de los sectores más poderosos y concentrados de la economía. Para los trabajadores/para los humildes: nada favorable!!

Lo concreto es solo ajuste, despidos en masa tanto en el sector privado como público, lo que marca un incremento significativo de la desocupación, aumento sideral de tarifas, criminalización de la protesta, y mayor represión.

Y frente a la terrible escalada inflacionaria, nuestros pequeños ingresos quedan cada vez más lejos, no ya solo de la canasta familiar, aún del salario mínimo fijado por el estado.

Los movimientos sociales hemos iniciado la relación con la nueva gestión provincial de María Eugenia Vidal proponiendo la implementación de puestos de trabajo concretos en diversas tareas de obras y servicios, al estilo de los programas de trabajo que existen desde hace rato en la Ciudad de Buenos Aires.

Antes de contestarnos sobre un solo puesto de trabajo, han iniciado su respuesta anunciado recortes generalizados de los alimentos destinados a cientos de comedores y copas de leche que sostenemos desde hace años a lo largo de todo el con urbano bonaerense y el interior de la Provincia.

Los movimientos sociales no podemos aceptar dócilmente que un gobierno que habló de “pobreza cero” favorezca tanto a los de arriba, y ataque de esta forma justamente a los trabajadores/as más pobres y vulnerables.

Por ello salimos a la calle a manifestarnos en defensa de nuestros derechos, a la vez que exigimos la solución inmediata de lo planteado a las autoridades de la provincia: Nos referimos a la gobernadora María Eugenia Vidal, y a quien debe implementar las soluciones, su Ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano.
- Puestos de trabajo en programas genuinos de empleo, como se implementan en CABA
- Restitución de los alimentos a todos los comedores y merenderos comunitarios
- Basta de despidos y ajuste.
- Aumento acorde al crecimiento del costo de vida de todos los programas de sociales
- Tarifa social efectiva, y al alcance de todos los sectores de menores ingresos
- No a la criminalización de la protesta. Basta de represión a las luchas populares 

QUEREMOS MEDIDAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES/AS AGTCAP (Asoc Gremial TrabajadorxsCooperativxsAutogestionadxs y Precarizadxs):
Frente de Organizaciones en Lucha – MTD Aníbal Verón – MTR por la Democracia Directa – O.P. Fogoneros – A.B. Víctor Choque – Mov 8 de Abril – MUP en Lucha) // / Corriente Clasista René Salamanca( Agrupación Clasista Lucha y Trabajo; Movimiento Popular 10 de Diciembre de Chascomus; Agrupación Clasista Cesar Gody Álvarez de Merlo) / FOB (Federación de Organizaciones de Base) // Votamos Luchar (MTR, Coop el Triángulo de Don José) // FOC (Frente de Organizaciones Clasistas): MAR – Mov 29 de Mayo – FUBADEyO Resistencia Popular // Ana María Villarreal // CUBa-MTR-MIDO // Contactos: AGTCAP Juan Pablo Nocelli 11 51343073 Corriente Clasista René Salamanca (Agrupación Clasista Lucha y Trabajo; Movimiento Popular 10 de Diciembre de Chascomus; Agrupación Clasista Cesar Godoy Álvarez de Merlo) Sergio Párraga 1161435756 CUBA MTR .MIDO Oscar Kuperman 1153253150 FOB Simeón Casimiro 1139174001 FOC (MAR-FUBADEyO-29 de Mayo) Néstor Gómez 1520182946 MTR- El Triangulo Natalia Gyjmuk 1162087349 Resistencia Popular Mirta González 1153265306 Organización Ana María Villarreal Rosalía Leiva 1138467357


Macri no puede disciplinar a la burguesía y busca hacerlo con los trabajadores
por Julio Gambina, Resumen Latinoamericano /ACTA / 15 febrero 2016.- 

El gobierno de Macri busca disciplinar al movimiento sindical y por eso junto a las cesantías en el Estado, la represión y criminalización de la protesta social, se pretende asociar a los objetivos de la gestión a parte de la dirigencia gremial. Por eso la reunión del gobierno se limitó a recibir a la dirigencia de las distintas versiones del sindicalismo tradicional agrupado en las CGT. Afuera del diálogo quedaron las CTA, que nuclean a gremios y movimientos sociales que expresan muy fuerte la conflictividad en estas horas. No importó la legalidad de ambas centrales, sino que primó en el gobierno el objetivo de contención y aislamiento del conflicto social. Es una estrategia acompañada de represión y criminalización de la protesta social.

ATE convocó a un paro nacional para el 24 de febrero y crecen las adhesiones y simpatías de una medida que trasciende los propósitos concretos de la medida, contra las cesantías y en defensa del empleo público. Los trabajadores estatales denuncian cerca de 20.000 cesantías en los tres ámbitos del Estado: municipios, provincias y nación, muy por encima del difundido por las autoridades, que solo informan sobre lo que ocurre en el Estado Nacional, desentendiéndose de procesos similares de varias provincias, incluso las gobernadas por el kirchnerismo.

La situación de los gremios docentes está en tensión y son parte de la conflictividad expresada por estas horas. Los docentes bonaerenses acaban de desestimar una nueva oferta del gobierno provincial por actualización salarial del 24,1%, con una demanda del 35% de ajuste, en lo que pretende ser la primera pulseada de un debate nacional reiterado a comienzo del ciclo escolar.

Diversas son las expresiones en solidaridad con la libertad de Milagro Sala y la criminalización de la protesta social, en un momento en que se intenta deslegitimar la experiencia de autogestión desarrollada especialmente ante la crisis del 2001. La “normalización” del orden capitalista local tiene en paralelo la continuidad y extensión de experiencias de organizar la vida cotidiana con y más allá del Estado, lo que supone la disputa de fondos públicos por parte del movimiento social.

En rigor, el problema no es solo de los estatales, ya que las cesantías y suspensiones se extienden también en el sector privado. La Volkswagen y la FIAT anuncian masivas suspensiones ante la reducción de la demanda brasileña. La crisis mundial y su impacto recesivo en Brasil golpea en forma directa sobre la Argentina y desmitifica el imaginario gubernamental de lluvia de inversiones externas hacia el país.

Disciplinar el conflicto social es un objetivo central, ya que en el marco de la crisis mundial de la economía, el imaginario de receptar cuantiosas inversiones externas o préstamos se ralentiza y es creciente el rumbo recesivo de la economía local.

Como hemos sostenido en otras ocasiones, salvo por créditos externos, las reservas internacionales siguen a la baja y no alcanza con las apelaciones a la responsabilidad empresarial para reducir precios. En enero, según la medición en la Ciudad de Buenos Aires, los precios escalaron 4,1%, con alimentos por encima de este promedio, con un registro proyectado para el año del 33%.

La burguesía mundial o local privilegia su propia rentabilidad a los objetivos de “buen gobierno” y “amigable” con el mercado y las empresas sugerido por la burocracia macrista en la gestión estatal.

Precios y salarios
Se puede afirmar que al no poder frenar o morigerar la inflación, con apelaciones morales a la responsabilidad y sin capacidad para disciplinar a los empresarios fijadores de precios, acuden a la reducción de los salarios e ingresos populares.

Un claro ejemplo son los jubilados y otras prestaciones sociales de la seguridad social. 

Acaban de difundir la actualización establecida por ley de los haberes jubilatorios, la asignación universal por hijos y las asignaciones familiares, con valores a cobrar a partir de marzo.

La mínima de los jubilados pasará de 4.299 a 4.943 pesos mensuales. Son 644 pesos de actualización, o sea, menos de 22 pesos diarios, lo que supone apenas un poco más de pan en el consumo cotidiano. Un poco más de 4 millones de jubilados se ubican en este rango

El ajuste es de un 15%, cuando la inflación de octubre 2015 (última actualización) a marzo 2016, fecha de efectivización del ingreso, puede ser superior a ese guarismo.

Para las pensiones no contributivas se pasa de 3.009 pesos a 3.460 pesos, unos 451 pesos más, algo así como 15 pesos diarios. Más de 1,5 millones de beneficiarios.

Esa actualización también se aplica a la AUH, con cerca de 3,6 millones de beneficiaros, que pasa de 837 a 962 pesos, una actualización de 125 pesos mensuales, o un poco más de 4 pesos diarios.

Se actualizaron también las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia. Son ajustes mínimos que involucran a más de 10 millones de personas, un 25% de la población, evidenciando la situación de empobrecimiento ante la evidencia de un consumo suntuario y beneficios concentrados en una minoría de la población

El tema de fondo es que el mínimo para una familia tipo, según los trabajadores del INDEC es superior a los 15.700 pesos, con valores a diciembre del 2015. Los trabajadores aceiteros, insisten que más que porcentaje el salario mínimo que requiere un trabajador del sector es de 20.000 pesos mensuales.

La realidad es que la intencionalidad patronal y gubernamental no apunta a resolver la ecuación de satisfacción de necesidades de ingresos de trabajadores y otros sectores populares, de hecho, la mayoría de la sociedad argentina. La orientación de la política económica es pro empresas y su rentabilidad.

Por eso, el BCRA deja que suba la cotización de la divisa estadounidense y ya se acerca a los 15 pesos por dólar, lo que facilita la liquidación de la cosecha de soja almacenada en silos, una aspiración sostenida desde el primer día del gobierno Macri. Además, estimula la tendencia a la especulación contra la moneda local y aspira dinero de la circulación para inducir vía política monetaria restrictiva bajar la inflación. Se trata del retorno de las viejas políticas monetaristas propias de las “metas de inflación” y la ortodoxia en la gestión del Banco Central.

Límites a la política gubernamental y posibilidades para alternativas 
Como las inversiones no llegan y eso demora la apertura de crédito a menores tasas de interés, el esfuerzo del Ministro de Economía se concentra en las oportunidades otorgadas a los fondos buitres (holdouts) y observa con satisfacción cierto guiño de simpatía expresado por el negociador de la Justicia de EEUU y el propio juez a cargo de la causa, claro que el acuerdo supondrá cuantiosos costos para el conjunto de la sociedad argentina.
La expectativa del gobierno se concentra en obtener crédito externo y si puede, alguna radicación de inversión extranjera, por eso recibe con expectativa esperanzada las visitas de los gobernantes de Francia e Italia, y mientras tanto cubre con iniciativa política la búsqueda de consenso político a su gestión. Es una estrategia orientada hacia la burocracia política y sindical, develando acciones en operaciones de manipulación ideológica detrás del republicanismo y el amplio diálogo político pregonado.

No hay dudas que el gobierno actúa con gran iniciativa política y aprovecha el desconcierto político generado en ciertos sectores ante la nueva realidad de un gobierno PRO en la Nación, Capital y Buenos Aires y que sin mayoría parlamentaria demostró capacidad para intervenir en captar voluntades de la oposición sistémica.

Ese accionar motiva a pensar en la necesaria estimulación de iniciativa y acción política organizada del amplio movimiento social y político con voluntad de intervenir en la construcción de alternativa.

La discusión es siempre si se puede proponer algo distinto a la lógica discursiva del poder y no caer en la inevitabilidad del ajuste social para combatir la inflación.

El costo puede trasladarse hacia los sectores de mayores ingresos, lo que supone luchar por reformas progresivas del régimen tributario y claro, discutir el modelo productivo y de desarrollo, sus beneficiarios y el tipo de inserción internacional que privilegie la satisfacción de necesidades sociales por encima de las ganancias.


Renzi, Macri y la integración internacional 
Por Federico Larsen /Resumen Latinoamericano /Notas, 16 febrero 2016.- 

El primer ministro italiano visitó Buenos Aires en los últimos dos días fortaleciendo el plan de inserción internacional del macrismo.

El interés de las grandes potencias por el nuevo gobierno tiene sus costos. Matteo Renzi y Mauricio Macri parecen hablar el mismo idioma. Si bien los chistes del primero suelen tener más éxito, ambos comparten aquella retórica posmoderna que funda su discurso en principios generalísimos y políticamente correctos, como “la amistad”, “la confianza” o “la integración”.

Una suerte de slang juvenil forjado entre copas en los encuentros de los nuevos dirigentes y funcionarios a nivel global, que en los últimos dos días quiso seducir Buenos Aires, durante la visita del primer ministro italiano.

Pero en cuanto a definiciones claras y sustanciales, o gestos de mutuo apoyo en cuestiones sensibles, hubo poco y nada. Por lo menos no públicamente. Motivos sobran. Desde el pre-acuerdo con los bonistas italianos que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010, pasando por la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y Mercosur, existen una gran cantidad de factores que requerían de una definición pública de los mandatarios, y justamente por eso es que se concretó el tan ansiado encuentro.

La mira puesta en América Latina Si bien las relaciones diplomáticas entre los dos países han sido históricamente fuertes, desde el punto de vista económico el intercambio en los últimos años ha sido relativamente flaco.

Italia explica tan solo el 2,3% del total de las importaciones argentinas, valor que no ha tenido significativas variaciones en la última década, teniendo en cuenta que en 2004 los productos italianos representaban el 2,8% del total ingresado al país. Los bienes de capital para la industria son los de mayor importación desde Italia (alrededor del 80% del total), y justamente con estos empresarios es que se reunió Renzi el lunes pasado.

En cuanto a las exportaciones, a Italia sólo viajan el 1,4% del total de los bienes argentinos, en su mayoría productos agroindustriales. Sin embargo, el premier italiano entiende que la Casa Rosada puede ser la puerta de acceso para incrementar la relación comercial con el resto del Mercosur, en el cual las empresas con casa matriz radicada en el “Bel Paese” facturan 46 mil millones de euros al año.

En los últimos años el kirchnerismo ha sido uno de los principales obstáculos para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El gobierno argentino, y en menor medida el de Brasil, se opusieron sistemáticamente a las propuestas europeas para eliminar los impuestos a las importaciones del 87% de los productos de países europeos, que además insisten en llegar como mínimo al 91%.

Esto se debe a la falta de competitividad de los pequeños productores sudamericanos frente a la llegada de bienes más baratos desde Europa, subvencionados por la misma UE. La llegada de Macri al poder en Argentina representó para los líderes europeos una oportunidad para avanzar en este acuerdo que les abre un mercado de más 250 millones de habitantes.

Ya en Davos el presidente argentino demostró saber hablar su mismo idioma. En octubre del año pasado, Renzi visitó Chile, Perú y Colombia. Su antecesor, Enrico Letta, había estado en México en enero de 2014. El primer ministro italiano completó así el acercamiento del país europeo a los integrantes de la Alianza del Pacífico, antes de emprender su gira por los países del Mercosur, que arranca justamente en Buenos Aires.

Esto se explica en función de la necesidad de Roma de entablar mayores relaciones con gobiernos proclives a establecer reglas de libre comercio, característica que hoy también incluye al gobierno argentino.

Si bien los negociadores del viejo continente están hoy más concentrados en los términos de un tratado similar pero con Estados Unidos, la visita de Renzi sirvió para acercar el gobierno que era la clave para destrabar la negociación con el Sur de América, como quedó demostrado en la cumbre del Mercosur de diciembre.

Y además, profundizar una relación bilateral largamente postergada. Saldando las deudas Una de las medidas que mejor cayó en la comunidad italiana en Argentina, fue la suspensión de la pesificación de las jubilaciones que Roma paga a 30 mil trabajadores italianos en nuestro país.

Con la llegada de Renzi luego de 18 años de ausencia de un primer ministro italiano en Argentina, muchos italianos residentes terminaron de convencerse del eslogan macrista de “apertura al mundo”, y demonizar la “cerrazón” kirchnerista.

Algo muy parecido sucede en el resto del mundo. La diplomacia internacional mira hoy con ojos atentos el cambio en Argentina, y el macrismo debe dar cuenta de que ese cambio está realmente ocurriendo.

El conflicto con los fondos buitre fue la vitrina elegida. No es casual que la visita de Renzi se concrete a pocos días del pre-acuerdo logrado con la Task Force Argentina que reúne unos 50 mil italianos tenedores de bonos caídos en default. A estos bonistas -en su mayoría estafados por bancos italianos que vendían “tango bond” a precio de remate como inversión segura- Argentina se comprometió a pagar 1.350 millones de dólares, ni bien el congreso derogue la Ley Cerrojo y apruebe la operación.

Hoy es justamente el premier italiano el que pide apostar nuevamente por Argentina. Una Argentina endeudada pero integrada al mundo, que en diez días recibirá a presidente francés Francoise Hollande, y en unos meses el mismísimo Barack Obama. Renzi también prometió una aluvión de funcionarios y emprendedores italianos en los próximos meses, negociaciones bilaterales en los rubros alimentares ferrocarriles e infraestructura -una de las grandes apuestas del macrismo-, además de trabajar más juntos en Naciones Unidas. 

Argentina le apuesta entonces a su integración internacional. Aprende otro idioma. Aunque el compás parece marcado por otros.


EL GOBIERNO QUIERE REPRIMIR LAS PROTESTAS: 
El protocolo de Bullrich para impedir piquetes y cortes de ruta 
Resumen Latinoamericano/ P.12/ 17 febrero 2016.- 
La ministra de Seguridad anunció la aprobación del nuevo protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones.

Establece que tras un intento de negociación se intime a desalojar los cortes de calle “por medio de frases cortas y claras”.

Luego “se procederá a intervenir y disolver la manifestación” mediante el uso de la fuerza, que deberá “limitarse siempre al mínimo posible”.

“Queremos cambiar la cultura del corte. No vamos a tolerar la extorsión. Si quieren que los escuchemos, los vamos a escuchar”, señaló Bullrich luego de encabezar la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior (CSI), en la que se aprobó el protocolo en manifestaciones públicas.

“El gobierno del Presidente Mauricio Macri no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas”, aseveró la funcionaria, según se indicó en un comunicado.

Al finalizar el encuentro, Bullrich afirmó que con el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas se busca “establecer un nuevo paradigma, que genere cierto orden en la sociedad”.

Desde el ministerio de Seguridad informaron que el protocolo fue aprobado por el el 80 por ciento de las provincias. El protocolo aprobado afirma que “manifestar en la vía pública es una de las formas de expresión de derechos amparados constitucionalmente (…), los que suponen que quienes no participan de una manifestación en la vía pública no vean afectados sus derechos a circular libremente, a trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, a educarse y demás derechos también amparados constitucionalmente”.

Se indica que la “autoridad competente” de cada fuerza y jurisdicción “tomará contacto con los líderes de la manifestación” para que “se encauce en el marco del presente Protocolo y las leyes vigentes”.

“Se coordinarán de acuerdo a las características para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia”, agrega el texto. Enfatiza que las fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires “deben garantizar la libre circulación de personas y bienes” en todas las vías.

El Jefe del Operativo de Seguridad “impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación”, señala el protocolo.

Si los manifestantes no desalojan el piquete, se les solicitará “que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia”, se informará a la Justicia y “se procederá a intervenir y disolver la manifestación”.

Las instrucciones se harán con “frases cortas y claras”. “El personal de las fuerzas no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”, agrega el documento.

También se dispone que “el uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa”.

Y adelanta que habrá “protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo y racional de la fuerza y el uso de armas no letales”.

CTA Río Negro contra el protocolo para protestas: “es un escándalo” 
“Si el Gobierno Provincial adhiere se configuraría un grave retroceso institucional y se produciría una seria afectación a la democracia”, dijo Aguiar.

Aguiar sobre el protocolo para protestas sociales: violenta garantías ciudadanas – Foto: Archivo.-

Mientras en Bariloche se dio a conocer la intención de debatir un protocolo de intervención ante protestas sociales, desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma con sede en Río Negro rechazaron “enfáticamente cualquier plan de esta naturaleza”.

“Que se quiera instrumentar un protocolo para regular la protesta social, luego de más de tres décadas de democracia, es un escándalo.

Es evidente que quieren usar a la policía y a la Justicia para garantizar políticas de ajuste sobre los asalariados y las franjas sociales de menores ingresos”, repudió Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro en un comunicado.
Envío:ResumenLatinoamericano



MENTIRAS Y OMISIONES SOBRE REALIZACIONES DEL GOBIERNO MACRI 
La prensa muy informativa ha omitido una serie de grandes realizaciones del gobierno de Macri en muy corto tiempo:

1.Viajó a Brasil, se reunió con la presidenta y después obtuvo créditos para que IECSA, la constructora de Macri pueda hacer parte del soterramiento del tren Sarmiento, obra que el gerente y socio de Ricardo Jaime (condenado funcionario K por corrupción) tiene arreglado desde hace años. El gerente se llama Javier Sánchez Caballero y era “valijero” de Jaime: había una “sociedad” entre los hermanos Cirigliano de TBA (también condenados por la masacre de Once) y los Macri (ambos son calabreses).

2. Macri le dio más coparticipación a Córdoba a cambio de que el gobernador Schiaretti le diera una obra de gasoductos por 3600 millones a su empresa IECSA. Aquí la coima fue de 10% negociada por Sánchez Caballero.

3. Macri adjudicó el 12/02/16 a la constructora de su amigo socio y padrino de bodas Nicolás Caputo, un edificio para un reactor nuclear medicinal en Ezeiza por 800 millones.

4. Caputo, por medio de sociedades domiciliadas en Islas Bermudas controla el 48,5% de EDESUR, una de las empresas a las que le otorgó hasta un 700% de aumento de tarifas.

5. Con la quita de subsidios a la luz, el gobierno le ahorra al Estado unos 4.000 millones de dólares al año. Pero le dio subsidios a las petroleras extranjeras por 5.000 millones de dólares (para compensar el bajo precio del petróleo).

6. El ministro de Energía Juan J. Aranguren, anunció que se importará gas desde Chile. La empresa a la que se le comprará gas sin licitación se llama BG y la semana pasada fue comprada por Shell, la empresa que dirigía el ejecutivo ingeniero Aranguren hasta noviembre pasado.

7. Macri anunció la obligación de agregar alcohol de caña de azúcar a la nafta, desde un ingenio en Tucumán. Ese ingenio es propiedad de familia del ministro de Economía Prat Gay); su padre Jorge fue miembro del ministerio de Economía del general Videla, Martínez de Hoz. El ingenio La Trinidad es un “centro productivo” donde explotan a la gente adulta y hay trabajo infantil. También contaminan el rio Salí Dulce. Tienen un pueblo dentro del ingenio donde viven sus esclavos. Pueden buscar información en internet antes que sea borrada, como ocurrió con el currículum del abogado de Clarín, Carlos Rosenkranz, cuando fue propuesto para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

¡Y los medios de comunicación nos querían vender la mentira de que Macri está de vacaciones!
Envío:Abajero

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