Alerta por proyecto de ley que busca beneficiar a genocidas condenados
Organismos de Derechos Humanos repudian un proyecto del Ejecutivo Nacional que propone cambiar información por reducción de pena.
Appiani y Demonte, represores condenados en Paraná. (Foto: UNO/Archivo)
El Gobierno Nacional anunció en abril el envío al Congreso de tres proyectos de ley en materia de seguridad.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó entonces una iniciativa sobre delitos cometidos en flagrancia, otra que incorpora técnicas de investigación y regula la figura del agente informante y arrepentido, y una tercera propuesta que prevé la penalización del desvío de los precursores químicos.
En la Comisión Penal de la Cámara de Diputados de la Nación hay un dictamen del oficialismo en relación a la figura del arrepentido y otras técnicas de investigación. Si bien el proyecto original no lo tenía, a última hora los legisladores de Cambiemos promueven incorporar estas nuevas figuras al tratamiento de delitos de lesa humanidad, lo que en los hechos implicaría cambiar información por reducción de pena.
Ante esta propuesta de ofrecer impunidad a cambio de información, organismos de derechos humanos de todo el país se declaran en alerta y repudian la iniciativa del oficialismo.
"Luego de décadas de impunidad, los acusados y responsables han tenido infinitas oportunidades para colaborar a esclarecer la verdad de lo ocurrido y jamás lo hicieron.
Muy por el contrario, las maniobras dilatorias y la voluntad de continuar ocultando sus crímenes han sido una constante: las amenazas y agresiones a quienes promovemos estos procesos de justicia se han sucedido en todo el país así como los intentos de manipulación de las víctimas", sostienen en un comunicado conjunto la organización HIJOS Córdoba, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas de Córdoba y Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba.
Las instituciones manifestaron que "preocupa muchísimo" que además se pretenda evitar el conocimiento público sobre las modificaciones propuestas, incluyéndolas a último momento y sin previa consulta a ningún organismo.
"La figura del arrepentido habilita, a criterio del juez, no sólo la reducción sino también la exención de la pena, tanto para condenados como para procesados. Además éste dictamen pretende, mediante la modificación de la denominada Ley Antiterrorista Nº 25.241, la asimilación de actos de terrorismo contra el estado, con los cometidos desde el Estado.
En su oportunidad, esta ley fue considerada por amplios sectores de la sociedad argentina, como violatoria de los Derechos Humanos.
Ahora, se pretende introducir una nueva vulneración: la impunidad de los autores de los delitos de lesa humanidad", sostienen las entidades.
Los organismos de Derechos Humanos recuerdan que la prohibición del perdón a estos delitos surge de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, la Corte Interamericana de DDHH y la propia legislación de nuestro país.
La ley prohíbe que estos delitos puedan ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena.
Fuente: cba24n
Fuente:DiarioUnoER
Miércoles 11 de Mayo 2016
Repudian proyecto de ley que busca impunidad para los genocidas
Los organismos de Derechos Humanos de Córdoba expresaron su repudio a un proyecto de ley que será tratado hoy en comisión en la Cámara de Diputados y que incluye la figura del arrepentido.
Fue tratado hoy será tratado en la Comisión Penal de la Cámara de Diputados de la Nación un dictamen del oficialismo en relación a la figura del arrepentido y otras técnicas de investigación.
Si bien el proyecto original no lo tenía, a última hora Cambiemos promueve incorporar estas nuevas figuras al tratamiento de delitos de lesa humanidad, lo que en los hechos implica impunidad encubierta, cambiar información por reducción de pena. Luego de décadas de impunidad, los acusados y responsables han tenido infinitas oportunidades para colaborar a esclarecer la Verdad de lo ocurrido y jamás lo hicieron.
Muy por el contrario, las maniobras dilatorias y la voluntad de continuar ocultando sus crímenes han sido una constante: las amenazas y agresiones a quienes promovemos estos procesos de justicia se han sucedido en todo el país así como los intentos de manipulación de las víctimas. El hecho más grave la desaparición por su condición de sobreviviente y testigo de Jorge Julio López.
El juzgamiento a los genocidas es un logro de toda la sociedad. De todo un pueblo que se negó a convivir con la impunidad de crímenes aberrantes, cuyas consecuencias permanecen en los nietos y hermanos que aun no conocen la verdad sobre su origen, en los miles de desaparecidos que aún buscamos, en las miles de víctimas que aún reclaman justicia.
Nos preocupa muchísimo que además se pretenda evitar el conocimiento público sobre las modificaciones propuestas, incluyéndolas a último momento y sin previa consulta a ningún organismo.
La figura del arrepentido habilita, a criterio del juez, no sólo la reducción sino también la exención de la pena, tanto para condenados como para procesados.
Además éste dictamen pretende, mediante la modificación de la denominada “Ley antiterrorista” Nº 25.241, la asimilación de actos de terrorismo contra el estado, con los cometidos desde el estado.
En su oportunidad, esta ley fue considerada por amplios sectores de la sociedad argentina, como violatoria de los Derechos Humanos. Ahora, se pretende introducir una nueva vulneración: la impunidad de los autores de los delitos de lesa humanidad.
El compromiso del Estado Argentino es el de investigar, esclarecer, castigar y reparar. La prohibición del perdón a estos delitos surge de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados al art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, la Corte Interamericana de DDHH y la propia legislación de nuestro país.
La ley prohíbe que estos delitos puedan ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena. Manifestamos nuestro más enérgico repudio
Fuente:LaMañanaCdba.
ALARMA DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS ANTE UNA MODIFICACION EN LA LEY DEL ARREPENTIDO
Un intento de garantizar impunidad
Cambiemos quiso introducir, a través de la Ley del Arrepentido, la posibilidad de reducir o eximir de pena a los involucrados en delitos de lesa humanidad. Hubo escándalo en Diputados y quejas de organismos de derechos humanos.
Por Victoria Ginzberg
“En el Estado de Derecho resulta posible alcanzar justicia dignamente”, señalaron las Abuelas de Plaza de Mayo.Imagen: Télam
Los organismos de derechos humanos se opusieron históricamente al canje de impunidad por información. Incluso, las Abuelas de Plaza de Mayo, que buscan desaparecidos vivos, se negaron a recibir datos a cambio de proporcionar protección para los apropiadores de sus nietos. Esta semana, sin embargo, desde Cambiemos se intentó introducir en el proyecto de Ley del Arrepentido la reducción y eximición de penas para los delitos de lesa humanidad. “Creemos firmemente que en el Estado de Derecho resulta posible alcanzar justicia dignamente, sin incurrir en componendas con quienes cometieron los crímenes más graves que ha sufrido nuestro país”, señaló el organismo que preside Estela de Carlotto.
“Luego de décadas de impunidad, los acusados y responsables han tenido infinitas oportunidades para colaborar a esclarecer la verdad de lo ocurrido y jamás lo hicieron. El juzgamiento a los genocidas es un logro de toda la sociedad. De todo un pueblo que se negó a convivir con la impunidad de crímenes aberrantes”, manifestaron los HIJOS, Familiares y Abuelas de Córdoba. “Llegamos hasta acá después de un proceso histórico único, con mucho trabajo, mucho sacrificio, muchos juicios y bajo un paradigma cultural sustancial como para admitir este tipo de proyectos que no solo pretenden meterse con futuros procesos sino también con los ya realizados”, afirmó el colectivo de abogados y abogadas de juicios de lesa humanidad. Estas fueron solo algunas de las cartas enviadas a la Comisión de Legislación Penal, que lograron que su presidenta, la diputada radical María Gabriela Burgos, se comprometiera a eliminar la mención a los represores del proyecto.
La iniciativa del PRO que introduce las figuras del arrepentido y el agente encubierto ya tenía objeciones de especialistas que estaban siendo estudiadas por los diputados de la oposición. Pero el lunes, sorpresivamente, los asesores de los legisladores se encontraron con cambios en la redacción original enviada por el Poder Ejecutivo. Se había agregado que estas herramientas eran válidas también para los delitos previstos en la ley 24.584, es decir, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Así, el proyecto establecía que, a discreción de los jueces, los represores podían ser beneficiarios de una reducción o directamente eximición de la pena. “Esto sería procedente si los datos o información aportada por el `arrepentido` contribuye, entre otros supuestos, a `esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos, revelar la identidad o el paradero de instigadores, coautores, partícipes o encubridores de estos hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación`. De esta forma, no se establece ningún límite para que se vean beneficiados por esta figura aquellos imputados o condenados que sindiquen como intervinientes en el hecho delictivo a personas ya fallecidas o sobre las cuales el proceso penal se encuentra suspendido por incapacidad o incluso condenados por otros hechos”, señaló Abuelas de Plaza de Mayo en la carta que envió ayer a Diputados. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió en su documento varias deficiencias generales de la iniciativa y, puntualmente sobre este tema, destacó que “cualquier medida o herramienta jurídica que tenga implicancias sobre el juzgamiento y las consecuencias de los crímenes del terrorismo de Estado merece un amplio debate que involucre a las víctimas, sus familiares, los organismos de derechos humanos y la sociedad entera”. Justamente, esto fue lo que preguntaron desde el despacho del diputado del Frente para la Victoria Remo Carlotto cuando descubrieron la novedad: si los organismos de derechos humanos habían sido informados o consultados sobre el tema. En Cambiemos respondieron que sí, pero no supieron decir qué organizaciones habían sido advertidas.
La postura de los organismos de derechos humanos ha sido históricamente opuesta a este planteo. Las características del proceso argentino, que constituye un ejemplo en el mundo, demostró que la posibilidad de acercarse a la Verdad y a la Justicia no depende de tener arrepentidos. En este caso fue decisiva la voluntad de los tres poderes del Estado de investigar los crímenes. Además, la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada ya contempla la opción de establecer “circunstancias atenuantes” a quienes contribuyan a la reaparición con vida de una persona desaparecida o permitan esclarecer casos de ese tipo.
El planteo que se quiso introducir en el proyecto, en cambio, se asemeja a la posición de las agrupaciones cercanas a los represores que intentan poner como modelo la transición sudafricana para, en definitiva, consagrar la impunidad de los involucrados en crímenes del terrorismo de Estado. Luego de que se conociera a través de Página/12 la reunión “privada” entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la defensora de los represores Cecilia Pando, la desconfianza se acrecentó entre los diputados de la oposición y los organismos de derechos humanos, que ya estaban en alerta. Sin embargo, desde esa cartera aseguraron que no tenían nada que ver con las modificaciones y que ni siquiera estaban al tanto. En el Congreso recordaron que en una reunión de comisión de la que participó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la diputada delasotista Claudia Rucci advirtió sobre la posibilidad de hacer esos cambios.
Ayer, luego de que en la Comisión de Legislación Penal se armara una discusión a los gritos, se decidió hacer dos dictámenes: uno referido a las técnicas de investigación (como el agente encubierto) que fue firmado, y otro para la figura del arrepentido, cuya firma fue aplazada. Burgos, presidenta de la comisión, se comprometió a que en ninguno de los dos casos se incluirían los crímenes de lesa humanidad. De todas formas, los diputados que no firmaron el proyecto –el bloque del Frente para la Victoria, Victoria Donda, de Libres del Sur y Myriam Bregman, del FIT– no pudieron ver cómo quedó redactado el texto.
La anunciada marcha atrás generó alivio en los organismos de derechos humanos, aunque aún se preguntan si se trató de un acuerdo entre Bullrich y Rucci, una iniciativa de un sector del Gobierno o un globo de ensayo oficial para ver hasta dónde se puede avanzar sobre los juicios a los represores.
Desactivar la posibilidad de beneficiar a los responsables de crímenes de lesa humanidad fue la prioridad ayer, pero las críticas al proyecto de ley del Arrepentido exceden este aspecto. El CELS advirtió que hay “problemas de constitucionalidad” en juego, que “la discrecionalidad es tan amplia que inclusive puede frustrar el objetivo de facilitar la investigación”, que puede generar “situaciones extorsivas” e incentivar “denuncias falsas”.
Fuente:Pagina12
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