María Laura Bretal: “Este Gobierno es amigo de los milicos y la Justicia les responde”
La ex detenida desaparecida habla de los juicios contra los genocidas, de Miguel Etchecolatz, de Macri y de la causa por la desaparición de Julio López.
Mercedes Castro Vernetti Estudiante de Ciencias Jurídicas - Facultad de Derecho UNLP
Jueves 18 de agosto
El 10 de agosto, durante la concentración en las puertas de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata contra el intento de prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, La Izquierda Diario dialogó con María Laura Bretal.
La ex detenida desaparecida estuvo privada de su libertad en el centro clandestino La Cacha y actualmente integra la querella unificada Justicia Ya! en los juicios por delitos de lesa humanidad.
Al ser consultada por la presencia de todos los organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares en las escalinatas de la Cámara Federal aquel día, Bretal dijo que esa fue una “una jornada histórica, realmente que se le pueda otorgar un beneficio como la prisión domiciliaria a un genocida es una atrocidad, una aberración, no hay ninguna causa o razón humanitaria que amerite semejante atropello”.
Con respecto a la política del gobierno de Mauricio Macri dijo que “quieren volver a la teoría de los dos demonios, quieren meter la idea de que no fue un genocidio. Quieren dar marcha atrás con los juicios a los genocidas”.
Y destacó que “hace 40 años que junto a las Madres, hijos, sobrevivientes y organismos de derechos humanos estamos en lucha. No vamos a permitir ni un paso atrás y por eso estamos acá”. Bretal exigió que “se ocupen de buscar a los genocidas prófugos, tantos que tenemos y no los buscan, y que los culpables de semejantes violaciones a los derechos humanos, como robos de bebés, violación a las mujeres, torturas, asesinatos y desapariciones cumplan con la cárcel común y la prisión efectiva y, por supuesto, cadena perpetua, que es lo que merecen los perpetradores de este genocidio”.
Enfática, al ser consultada sobre la relación entre la posible concesión de la prisión domiciliaria a Etchecolatz, a punto de que se cumplan diez años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, Bretal dijo que “es un mensaje mafioso
Nos amenazan una vez más, Etchecolatz nos amenazó en los juicios, a los testigos, sobrevivientes, familiares, siempre se mostró lúcido, sin ningún deterioro ni físico ni intelectual.
Para defenderse demostró siempre que era un ideólogo de lo que hizo, convencido de que estaba bien torturar asesinar y matar, había que exterminar a una generación, decía él, siempre muy coherente”.
Pero también destacó que “también fue coherente Jorge Julio López cuando lo acusó.
Él era uno de los testigos principales, e involucró a Etchecolatz y su patota en los crímenes a los compañeros”.
Finalmente María Laura Bretal dijo que “a diez años de la segunda desaparición de López, entendemos que es un mensaje que tiene que ver con todas las medidas que toma el actual gobierno, como por ejemplo, tener funcionarios como Lopérfido que negó la existencia de 30.000 desaparecidos, así también tener funcionarios que reciben a los nazis en la Casa Rosada, o el mismo Macri que organizó el 9 de julio con toda la milicada afuera, con Aldo Rico.
Todo coherente con querer acabar con los juicios. Nosotros seguimos diciendo que no vamos a parar, no los vamos a perdonar y no nos vamos a reconciliar. Seguiremos todos peleando para que cumplan las condenas que se merecen”.
Fuente:LaIzquierdaDiario
Opinion
No es cosa del pasado
18/08/2016
No es solo una discusión retórica o una cuestión que involucra únicamente a los organismos defensores de derechos humanos. No es un mero ejercicio historicista para detenerse en el pasado.
Todo lo contrario, es un debate de urgente actualidad que la sociedad argentina se merece dar porque tiene vigencia y porque involucra políticas de Estado. Las recientes declaraciones periodísticas del Presidente de la Nación calificando de “guerra sucia” lo que en verdad fue “terrorismo de Estado”, en referencia al accionar de la última dictadura militar, fueron cuestionadas enérgicamente por todas las entidades comprometidas en la defensa de los derechos humanos.
Todas ellas, sin excepción, le remarcaron al jefe de gobierno lo inapropiado de sus expresiones pues en la Argentina no hubo una “guerra”, no hubo dos fuerzas armadas equivalentes enfrentadas, sino un criminal ejercicio del poder desde el Estado descargándose contra una ciudadanía inerme.
La dictadura desplegó las más atroces metodologías de represión, tortura, asesinatos, desaparición de personas, robos de bebés, etcétera, a escala nunca vista en la historia nacional. Uno de los más lúcidos, y conocidos, dirigentes de las ONGs le preguntó al jefe de gobierno y a los funcionarios que salieron en su defensa si acaso las mujeres embarazadas y sus bebés pueden considerarse combatientes de una guerra. El gobierno nacional, en lugar de reconocer el error y proceder a enmendarlo, se atrincheró en su postura y continuó insistiendo con el uso del término “guerra sucia”.
Es notable que el macrismo, que se ufana de “reconocer errores” y de “cambiar de rumbo” cuando se los señalan, persistió sin atender razones en su cerrada posición. Como se dijo, ésta no es solo una discusión sobre el pasado; tiene implicancias directas en el presente.
Apenas horas después de ese cruce, un represor pampeano detenido y juzgado en Córdoba por delitos de lesa humanidad cometidos en uno de los centros clandestinos de detención más tenebrosos de la dictadura, también habló de “guerra” y demandó un trato de combatiente de un conflicto bélico.
“Peleamos legalmente una guerra. No somos genocidas. Yo maté en combate defendiendo a mis subalternos”, dijo apelando a argumentos que le sirvió en bandeja nada menos que el gobierno nacional. Sus compañeros de prisión, tan involucrados como él en la comisión de delitos aberrantes, apelaron, cada cual con sus propias palabras, a la misma matriz defensiva ante el tribunal. Pero hay otra faceta tan preocupante como la anterior y es la tendencia que vienen mostrando no pocos tribunales del país de otorgar a los genocidas ya condenados o procesados el beneficio de la prisión domiciliaria.
Esta predisposición que hoy manifiestan muchos jueces no es ajena a los nuevos aires que campean en la política argentina. Con el cambio de gobierno cambió también la mirada sobre los derechos humanos, sobre el pasado pero también sobre el presente.
Se han multiplicado y hecho más visibles las presiones de sectores reaccionarios en favor de liberar a los genocidas pero también de frenar los juicios que todavía quedan pendientes en muchos tribunales del país.
Los más enardecidos no se privan incluso de promover un nuevo punto final y una nueva anmistía a los condenados por las atrocidades cometidas durante la dictadura. No son voces aisladas; uno de los más grandes medios de comunicación del país, conocido por su ideología conservadora, viene batiendo el parche en favor de esas exigencias.
El gobierno nacional, en lugar de plantarse y rechazar con firmeza la pretensión de hacer retroceder la historia política y jurídica de nuestro país, no hace más que dar señales confusas. Como si careciera de convicciones en una materia tan trascendente y tan sensible para los argentinos.
Fuente:LaArena
LEGISLATURA DE JUJUY
El FUYO presentó proyecto para repudiar declaraciones de Macri sobre el terrorismo de Estado
Jueves, 18 de agosto de 2016
Desde el espacio que integran los diputados Juan Manuel Esquivel, María Ester Mamaní y Ariel Ruarte expresaron que las declaraciones realizadas por Macri a la periodista Karla Zabludovsky, corresponsal de Latinoamérica para el sitio BuzzFeed, en relación a la posición del gobierno de Cambiemos sobre la política de Derechos Humanos echan por tierra los 40 años de construcción de una posición sobre los crímenes que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina.
Poner en cuestión la cantidad de desaparecidos, señalar que lo que pasó en ese período en el país fue una "guerra sucia” y plantear como responsable principal del Poder Ejecutivo que no puede "interferir” en los juicios contra los represores, cuando durante los últimos 12 años se trató de una política de Estado, resultan cuanto menos un intento discursivo que cambiar el eje de discusión sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia desarrolladas en los últimos años.
"Jujuy también es una provincia que fue castigada por los horrores de la dictadura y sus consecuencias. Hemos tenido presos que dan testimonio del horror vivido en aquellos años, secuestrados y desaparecidos, tuvimos la Noche del Apagón, secuestro masivo de ciudadanos y ciudadanas del pueblo de Calilegua ocurridos la semana del 20 de julio de 1976, tenemos también a los cómplices civiles de la dictadura, como Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, procesados por delitos de lesa humanidad por poner a disposición de las juntas militares toda la logística para perpetrar los secuestros y desapariciones forzadas de aquellos días”, indicaron los diputados.
En ese marco, los diputados aseguraron que "debemos ser claros y contundentes: durante la última dictadura militar en la Argentina no hubo una guerra, sí hubo un genocidio. Si el Estado es la institución que posee el monopolio de los medios de coerción, a partir del 24 de marzo de 1976 esos medios fueron utilizados de manera sistemática para identificar, torturar, asesinar y hacer desaparecer a miles de mujeres, hombres y niños.
Todo fue sistemáticamente planificado y ejecutado. No hay lugar para "dos demonios en el infierno”. Las definiciones del Primer Mandatario rayan, por lo menos, el desprecio por el tema de los desaparecidos y su desinterés se refleja en la falta de definición sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y el debilitamiento de áreas para sostenerlas”.
Fuente:Jujuy.online
OPINION
¿Qué significa la imparcialidad judicial?Por Alejandro Auat *
El cambio de gobierno supuso un cambio en el clima social, o mejor, mediático, en torno a los juicios de lesa humanidad. No sólo la lenta y silenciosa modificación de políticas al interior de organismos que sostenían las investigaciones y los actos judiciales, sino también la sinuosa pero persistente habilitación discursiva de representaciones que el propio proceso judicial había dejado firmemente superadas mediante el dictado público de un derecho (juris-dicción) que estableció como verdad (veri-dicción) la existencia de un plan sistemático de agresión contra la población argentina en el que tuvieron responsabilidades personales y funcionales quienes fueron y son llevados a juicio con todas las garantías procesales que desmienten a cada paso la ligera acusación de “venganza” que esgrimen los acusados.
No hubo, pues, una “guerra sucia” entre dos bandos, uno de los cuales sería el que ahora arremete con nuevas armas (las judiciales) ante el otro que triunfó militarmente. Se juzgan, no actos de guerra, sino crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad. Ésta es la diferencia del caso argentino respecto de otros en la historia reciente: no se trata aquí de un ejército vencedor que juzga a los vencidos (como en Nüremberg o Tokio), ni tampoco de tribunales internacionales (como en los juicios sobre la ex-Yugoslavia); ni tampoco juicios de la verdad sin penalidad (como en Sudáfrica). En la Argentina se trata de un proceso social y político resumido en la idea de “Memoria para la Verdad y la Justicia”. Los juicios, entre nosotros, son el resultado de una larga y persistente lucha pacífica de la propia sociedad, en cabeza de familiares y organismos de derechos humanos, más decisiones políticas de los tres poderes de la República que jalonaron los 33 años de democracia post-dictadura.
La singularidad de estos crímenes de Estado rebasó el marco teórico obligando a revisar categorías y principios pensados por el derecho penal liberal moderno para proteger al individuo del poder punitivo del Estado. ¿Qué pasa con esos principios y garantías cuando el acusado es el propio aparato del Estado, en cabeza de sus operadores en determinado tiempo y lugar? ¿Cómo interpretar la imparcialidad del juez frente a un crimen que lesiona la propia idea de humanidad? Y así con la irretroactividad, la prescripción, y otros principios y garantías que no aplican de igual modo para crímenes de lesa humanidad que para delitos comunes.
Reinterpretar esos principios no significa derogarlos. La credibilidad del derecho sigue residiendo en su vigencia. Pero esa vigencia no se puede confundir con su simplificación interesada por parte de operadores judiciales y mediáticos. La justicia mediada por el derecho se diferencia de la venganza precisamente por la introducción de un tercero entre las partes en litigio. La imparcialidad (no-parte) no puede significar que el juez no tome ninguna decisión: su sentencia se inclinará finalmente por una de las partes, será parcial pues. Pero a esa decisión tendrá que llegar luego de un proceso contra-dictorio en el que deberá garantizar la igualdad de las partes para ofrecer sus argumentos y pruebas. La imparcialidad, entonces, se refiere al proceso, no a la valoración de cómo las acciones afectaron o no a los bienes en juego, ni a la valoración de cada aporte que se realice en el proceso.
Ahora bien, de entrada los jueces tienen sus opiniones y sus convicciones respecto de los bienes a proteger. En la selección de jueces en nuestro país en los últimos años, pregunta obligada en el Senado es sobre el compromiso de los postulantes con los derechos humanos y con la democracia. ¿Qué juez no manifestará su compromiso en tal sentido? Y los jueces también tienen historia: muchos de ellos incluso participaron de la actividad política partidaria. Esta historia no necesariamente afecta su imparcialidad, aunque para salvaguardar la credibilidad del proceso se preveen las causales de excusación o recusación. Un juez excusado o recusado no significa un reconocimiento de parcialidad: simplemente se busca remover posibles condicionamientos objetivos de los criterios del juez, pero en orden a la transparencia y credibilidad del proceso, no en orden a la imparcialidad o independencia de su juicio.
¿Cómo garantizar entonces y qué significa la imparcialidad del juez en el proceso? Si no significa neutralidad o asepsia valorativa, sólo puede significar que sus intervenciones y decisiones deben ser justificadas mediante razones contrastables públicamente. Ni las convicciones políticas, morales o religiosas, ni la historia personal o familiar, ni la posición social o económica, pueden ser suprimidas en la deliberación y decisión judiciales: pero no pueden formar parte de las justificaciones de la conducción del proceso ni de las justificaciones de la sentencia. La garantía de imparcialidad reside, pues, en un trato objetivo a las partes que se basa en una justificación racional de las decisiones, esto es, utilizando argumentos y razones aceptables en la cultura política pública, y no en motivaciones grupales, sectarias o partidistas. Es un derecho de los justiciables conocer las razones que justifican las decisiones judiciales, y refutarlas en ésa u otra instancia si fuera necesario. Eso es lo que hay que exigir: jueces capaces de dar razones de sus actos, no jueces exentos de historia o de convicciones.
* Doctor en Filosofía. Profesor de Filosofía Política. Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Fuente:Pagina12
JUJUY
LA ENTREVISTA A OSCAR ALFARO
"Acá hubo un genocidio, no una guerra sucia"
17 DE AGOSTO 2016
Docente, integra el espacio Madres familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy- línea histórica-, ex preso político. El jueves conmemoraron las marchas de las Madres de Plaza de mayo buscando memoria, verdad y justicia.
MARIANA MAMANI
Se cumplieron 2000 rondas de las Madres de plaza de Mayo en un marco político diferente ¿Qué reflexión puede realizar?
-No queríamos estar ausente de lo que está sucediendo políticamente en todo el país. Creo que el contexto político, social en este momento nos llama a la reflexión y a apoyar estos espacios que son significativos y simbólicos para toda la sociedad. Hay que ponerles límite, cuando Hebe de Bonafni- dijo Macri para la mano!. Significa eso, no podes avanzar en espacios que han costado años de lucha de los organismos, organizaciones costo sangre. Entonces debemos reforzar estos espacios .
También ha sido un gran avance para Argentina, porque ha sido uno de los pocos países en el mundo donde se pudo impulsar los juicios por delitos de lesa humanidad, garantizando los derechos para saber la verdad: quienes son los desaparecidos y quiénes son los genocidas, y eso es un aprendizaje que sirvió mucho. A pesar que muchos no lo valoran.
-¿Qué opina de las palabras del presidente de la Nación, que son provocadoras porque incitan a revivir la "Teoría de los dos Demonios"?
-Cuando escuche lo que dijo, no podía creer. Porque a pesar que siempre decimos que esa discurso es proyecto de la derecha, pero ya veníamos viendo varias cosas como los hechos del 9 de julio en el Bicentenario de la Independencia donde los ex comandantes del operativo Independencia que masacro y mato en Tucumán desfilen, eso nos muestra que es la forma de pensar que ellos tienen. Al decir "esto fue una guerra sucia", ellos la ensuciaron diciendo que había gente que algo ensuciaba...
La justicia comprobó en estos años de juicios por delitos de lesa humanidad que acá hubo un genocidio, no hubo una guerra sucia como dicen sueltos de cuerpo ignorando la historia.
-En Jujuy se está desarrollando el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad, ya que fue la última provincia en iniciarlos. Las sentencias de los juicios anteriores demostraron el terrorismo de Estado...
-Acá en Jujuy con el cuarto juicio y con todos los acusados que tiene varias condenas, estamos viendo que acá se secuestro, se asesino y se desapareció a gente que estaba indefensa. Tenemos 132 desaparecidos en Jujuy y a lo mejor si ellos hacen un recuento capaz hay un soldado con raspones que se hicieron en los camiones donde se secuestraba gente. De qué guerra hablan?. Cuando hay guerra hay fatalidades de ambos lados, acá quedó demostrado en los juicios que los detenidos desaparecidos estaban en sus casas, trabajos. Entonces el Presidente al traer ese concepto para justificar un Golpe de Estado que instauro un modelo económico, liberal en la Argentina para argumentar un modelo que él está llevando adelante, es muy peligroso. Po que hay quienes quieren ser más papistas que el Papa, y ya es notable hechos como amenazas a militantes de derechos Humanos está demostrando que tiene que ver con el discurso, pensamiento del Presidente.
-Jujuy en octubre inicia el quinto juicio por delitos de lesa humanidad. ¿Cómo ven el desarrollo de la justicia?
- Justamente hemos peleado tanto para que la causa Burgos que se ventilara la conocida como la Noche del Apagón, también estén sentados los responsables cómplices civiles empresariales. En Jujuy el empresario azucarero fue sobreseído por la Cámara de Casación Penal pero vamos a seguir con el juicio y vamos a utilizar todas las herramientas legales, jurídicas presentaciones para que estos responsables civiles también se sienten en el banquillo de los acusados. Vamos a seguir buscando la verdad y que la sociedad jujeña sepa que estos hechos han sucedido, que la dictadura cívico militar se encargo de destruir organizaciones gremiales, laborales implementando el terrorismo de Estado. Además que la justicia comprobó que las camionetas que se utilizaron para secuestrar a hombres, mujeres, estudiantes fueron del ingenio. La reparación histórica es para saber la verdad de la historia y que no se repita nunca más.
Fuente:ElTribuno
Los Padres de Plaza de Mayo, indignados con Macri por los desaparecidos
Teobaldo Altamiranda, Padre de Plaza de Mayo, rechazó las declaraciones del presidente Mauricio Macri respecto a la cantidad de desaparecidos en la última dictadura.
Por Matías Catoira
17 agosto, 2016
“No se si fueron 30.000 o 9.000 los desaparecidos, es una discusión en la que no voy a entrar”. Estas desafortunadas palabras pertenecen nada más y nada menos que al Presidente y generaron fuertes repercusiones, tanto en los medios, como en el ámbito político y social.
Teobaldo Altamiranda, Padre de Plaza de Mayo, conversó con el programa La (Re) Pregunta, y se preguntó: “cómo puede ser que Mauricio Macri se atreva a decir semejante barbaridad”. En este sentido señaló que que “es una cosa espantosa.
Tenemos un presidente que no sufrió el drama, que no sabía lo que pasaba en la Argentina, algo lógico teniendo en cuenta que en esos momentos su familia lucraba de una forma extraordinaria apoyando a la dictadura”.
Altamiranda aseguró que Macri es un hombre que quiere volver cuarenta años hacia atrás. “Tener un presidente que no sepa y ponga esa cara y vuelva a la guerra sucia, significa que es un participante o colaborador de esos genocidas”, agregó.
Sin embargo, dijo que en cuanto a eso, el Presidente comete un error porque “se olvida que hay una nueva generación que sabe lo que pasó y que nos van a ir reemplazando en esta lucha por la memoria, verdad y justicia”.
Teobaldo también se tomó un tiempo para recordar a su hijo: “Nos vamos yendo, y todos con la misma esperanza, la misma ilusión de poder, al menos, recuperar los huesitos de nuestros hijos, de los desaparecidos, terminar de esta forma con el duelo y poder, aunque sea, por unos minutos, ir a verlos y llevarles una flor”.
Fuente:BorderNews
OPINION
Del ridículo es difícil volverPor Julio Maier *
Orden de detención decidida por un juez para una señora de casi 90 años, presidente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, por no asistir a su propia indagatoria un día jueves, día en el cual, como es público y notorio, los miembros de esa asociación y allegados circundan caminando la pirámide de la Plaza de Mayo desde hace casi medio siglo, ceremonia que se ha convertido en un homenaje público en recuerdo de las víctimas de la última dictadura, muchas de ellas hijas o hijos de quienes caminan.
Estimo que poco interesan los razonamientos jurídicos, algunos de ellos muy acertados, otros, a mi juicio, desacertados. Esa es la razón principal por la que no pretendo aquí solucionar un problema de esa índole. Me parece, en cambio, que tras de esa desmesura se oculta un mal cálculo de poder de quien decide frente al poder de quien es objeto de esa decisión. No siempre ese cálculo es sencillo. En el caso, una gran cantidad de policías y hasta un cuerpo especial de ellos afectados al cumplimiento de la orden, todos funcionarios abarcados por el deber de realizarla, pudieron llevar a cabo la acción de someter a una señora de casi 90 años que, antes de oponerse a su detención, esperaba tranquila en el lugar anunciado de antemano en el que ella se hallaba. Las personas que por allí circulaban se opusieron a su privación de libertad, la rodearon e impidieron sin violencia la consumación del uso de la fuerza pública que, gracias a Dios, los policías no extremaron, según creo, por conocimiento de las circunstancias y mejor cálculo que el autor de la decisión. Frente a estas circunstancias, el autor de la decisión dio marcha atrás: finalmente concurrió a la oficina de la citada a cumplir las formalidades de un acto del procedimiento, pues la titular del derecho a informar no parecía tener nada que decir. He allí el intento de regreso con una decisión que pudo ser expresada de ese modo originariamente.
Más importantes pueden ser las repercusiones políticas de la incidencia. Ella parece representar un quiebre en las facultades de los integrantes del Poder Judicial para procesar supuestos delitos imputados a funcionarios del gobierno anterior o allegados políticos a él, mejor dicho en palabras comunes, para encarcelar a personas que, notoriamente, viven en sus domicilios y realizan todas actividades permitidas en nuestro país de modo público, sin ocultarse, sin ejercer violencia alguna. Incluso la misma persona objeto de la decisión se expresó de esa manera. Se extraña, en verdad, que el mismo metro, la misma reacción, no haya sido aplicada al caso de la Tupac Amaru, de la señora Milagro Sala y los cooperativistas que colaboran con ella, encarcelados lamentablemente por los jueces jujeños. ¿O también en el caso que nos ocupa se le pudo ocurrir al juez, originariamente, que la Asociación Madres de Plaza de Mayo es una asociación ilícita, para luego recapacitar sobre su actitud y decidir de nuevo? No creo que haya sido así; simplemente fue un error de cálculo.
* Profesor titular consulto de Derecho Penal, UBA.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario