Por José Maggi
La Corte Suprema de Santa Fe admitió el recurso de inconstitucionalidad presentado por Ciudad Futura y se suspendió el desalojo del tambo "La Resistencia" previsto para mañana
SE SUSPENDIO EL DESALOJO DE UN EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO
Con la vaca atada en el tambo
Por ley, durante cinco años no se pueden desalojar a unidades productivas familiares en el territorio de la provincia. El tambo "La Resistencia" está bajo esa tutela hasta encontrar la solución de fondo. La Corte le dio la razón a Ciudad Futura.
Por José Maggi
"Es un hecho histórico en este conflicto", dijo el concejal Juan Monteverde.Imagen: Andrés Macera
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe admitió ayer por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Ciudad Futura y suspendió el desalojo del predio -previsto para mañana- donde se encuentra el tambo La Resistencia, en Nuevo Alberdi. "En un hecho histórico en este conflicto, la Corte admitió nuestro recurso interpuesto contra el fallo de la Cámara de Apelaciones que levantaba el freno por cinco años al desalojo del tambo", explicó el concejal Juan Monteverde. La agrupación había preparado un festival de apoyo para hoy y ahora esa movida se convertirá en una celebración multitudinaria.
"Como veníamos sosteniendo, siempre respetando las leyes y resoluciones vigentes, la Corte dio admisibilidad al planteo que hicimos tras la resolución de la Cámara por arbitraria e inconstitucional, que revocaba la suspensión por cinco años que había dictado la jueza de primera instancia, al estar el Tambo La Resistencia amparado en la ley de freno a desalojos rurales", explicó Monteverde.El edil explicó que "por la ley 13.334 durante cinco años no se pueden desalojar a unidades productivas familiares en el territorio de la provincia de Santa Fe. El tambo estaba bajo esa tutela hasta encontrar la solución de fondo. La Cámara de Apelaciones había dado vuelta ese fallo haciendo caso sólo a los argumentos de los empresarios. Pero ahora la justicia nos dio la razón, y nada menos que la Corte Suprema", se entusiasmó Monteverde.
Para el dirigente de Ciudad Futura, "ahora se abre un nuevo impasse, donde la Corte estudiará y resolverá sobre el fondo de la cuestión y dictaminará si siguen vigentes los cinco años de freno o no. Mientras tanto la medida suspende el desalojo previsto para el jueves". Hoy las abogadas llevarán el fallo de la Corte al Circuito 5º para garantizar los trámites formales de suspensión, según artículo 9 de la ley 7055.
Mientras tanto "Ciudad Futura -agregó el concejal- seguirá apostando a la resolución política e integral del conflicto, es decir: un plan de urbanización que contenga los intereses de todos los rosarinos. Un plan inédito que urbanice las últimas tierras de la ciudad con justicia e inclusión. Tierra, producción y trabajo para los rosarinos. Esa es la pelea, y estamos a la altura".
Cabe recordar que este juicio se inició hace de varios años con una demanda de desalojo de un privado contra Oscar Licera, el hombre que explota el tambo. El litigio se basó en un comodato que firmó Licera con el privado en 2007. Para Ciudad Futura este documento fue firmado bajo engaño, y carece de validez. Además la organización objeta a quienes hoy ostentan la supuesta posesión y titularidad de los terrenos.
El reclamo tuvo sentencia de primera instancia favorable en noviembre de 2012. Esa resolución fue ratificada en varias oportunidades por la Cámara de Apelaciones, que inclusive en febrero de este año rechazó un recurso de inconstitucionalidad. En ese marco, la Justicia convocó a las partes, al municipio y al Concejo municipal para lograr una salida intermedia, sin recurrir a la fuerza pública. Tras varias audiencias, la última fecha prevista para llevar adelante la medida estaba prevista para mañana.
Ayer, Ciudad Futura aprovechó la resolución judicial para agradecer "a los miles de rosarinos, organizaciones, sindicatos y partidos políticos que prestaron su vital apoyo. A todos los esperamos a las 17 en el Tambo, porque esta lucha no termina y los necesitamos a todos".
Fuente:Rosario12
Amparazos contra el tarifazo
07/09/2016
Mientras la Justicia cordobesa aceptó el amparo en relación con los tarifazos y las audiencias públicas presentado por Apyme, legisladores nacionales por Santa Fe presentaron un recurso en un juzgado federal de Rosario. Ambas presentaciones se refieren al intento del gobierno de Mauricio Macri de incrementar las tarifas de gas.
Con el patrocinio del abogado Luciano Tamous, los diputados nacionales Marcos Cleri y Josefina González, y la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, del Frente para la Victoria, presentaron este martes un recurso de amparo contra las resoluciones del Enargas que convocan a audiencia pública para tratar la situación del servicio de provisión de gas natural, en el marco del tarifazo que había dispuesto el gobierno nacional y fue frenado por la Corte Suprema de Justicia.
La presentación fue ante el juzgado federal Nº 2 de Rosario y cuestiona las resoluciones que convocan a la audiencia pública por “impedir la participación de ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Santa Fe”, remarcó Tamous.
“Tal como está convocada, la audiencia sería solo en Buenos Aires, que también es el único lugar donde pueden inscribirse los interesados en participar. Esto impide la participación de usuarios y también de gente que tiene mucho para aportar en un debate sobre las tarifas y el servicio de gas, como los representantes de asociaciones de consumidores que han estudiado a fondo el tema, o como por ejemplo los familiares de las víctimas de la explosión de calle Salta, que ante la tragedia que sufrieron y en su lucha contra la impunidad obtuvieron muchísima información sobre todo lo relacionado con esto”, señaló el abogado patrocinante del recurso presentado por los legisladores.
Tamous también remarcó la legitimidad de los legisladores a la hora de asumir la presentación. “Es una locura decir que diputados y senadores no pueden ser titulares de presentaciones colectivas. Qué más representatividad que la de quienes son elegidos por el voto popular. Si aplicamos esa lógica, los legisladores tampoco van a poder legislar”.
Al anunciar la presentación finalmente concretada este martes, Cleri solicitó que “se convoque a audiencias públicas en las ciudades sede de las 9 distribuidoras regionales que hay en el país; y que las inscripciones se hagan en las 17 delegaciones con que cuenta el Enargas en las distintas provincias abarcadas”.
El recurso presentado por Apyme
En tanto, el juez federal Nº 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, de la ciudad de Córdoba, resolvió, “declarar formalmente admisible la acción colectiva intentada, en defensa de los derechos e intereses del colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines que pudieran verse afectados” por las normas que determinaron el costo del gas en este año.
El magistrado fundó su decisión, sosteniendo que en el amparo presentado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) “se encuentran acreditados los requisitos previstos por el Alto Tribunal para la procedencia formal de la acción colectiva iniciada”.
Asimismo, Vaca Narvaja agregó que, en la admisibilidad admitida del amparo colectivo deducido cumple todos los recaudos previstos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como propio de las situaciones de “derechos de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos”.
De este modo, el juez señaló que el amparo lleva la pretensión de la declaración de nulidad de todas las resoluciones dictadas por las que se produjeron los aumentos de las tarifas de gas y por ende se peticiona que “se declare nulo todo aumento a los cuadros tarifarios derivados en el tema y con motivo de las regulaciones que se impugnan”.
En la acción interpuesta se busca que se ordene a las demandadas –Poder Ejecutivo Nacional-Ministerio de Energía y Minería y el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas)–, “se abstengan de requerir y/o perseguir el cobro de cualquier suma de dinero que surja de las tarifas derivadas de las normas impugnadas”, y que no se considere válidas las audiencias públicas que no se realicen “con los modos, formas y garantías que deben tener las audiencias públicas”.
En la decisión judicial también se remarcó que “se ordene que las demandadas confeccionen un nuevo esquema de precios y tarifas para los servicios públicos de suministro de gas, de manera razonable, gradual, proporcional y equitativo”.
Apyme señaló, a través de un comunicado: “Esta situación, al margen que representa un éxito y un golpe decisivo en la defensa de nuestros intereses, abre la puerta para que en la provincia de Santa Fe, podamos actuar de manera similar en relación a las tarifas que la EPE impone, y que se encuentran desde hace muchos años entre las más caras del país”.
Por último, la entidad empresaria manifestó: “Sugerimos a todos los pymes y micro-pymes, socios y no socios, de Santa Fe y región se contacten a través de nuestro correo, para sumar su apoyo al reclamo”, y recordó que el correo electrónico de la institución es apymesantafe@hotmail.com
Exigieron la libertad de Yamila“Nos inquieta que esto siga ocurriendo”
07/09/2016
Foto: TWT.
La convocatoria de este martes tuvo por objetivo reclamar que dejen en libertad a la joven rosarina que lleva ya tres años detenida. La edila del Frente para la Victoria (FPV) recordó que Yamila “actualmente está bajo prisión domiciliaria” y afronta “un proceso cuestionado por diversos sectores de la sociedad civil que lleva cuatro años y está sostenido sobre una serie de prejuicios machistas y discriminatorios dirigidos hacia Yamila por su condición de mujer”.
López destacó el apoyo y el trabajo de la organización Ampliando Derechos, que encabeza Nora Giacometto, “que viene acompañando a Yamila, como a otras víctimas de violencia de género” y precisó que “en 2012 la joven rosarina se había separado de su pareja violenta, se encontraba sola cursando un embarazo de siete meses, y además ya era madre de una beba de un año. Es entonces cuando una noche tuvo un aborto espontáneo en casa de sus padres, con quienes había vuelto a convivir”.
Para la concejala del FPV “la persecución judicial a una mujer desde la justicia no es la primera vez que ocurre”. “Nos inquieta que en el año 2016 –remarcó López–, con tanto trabajo de género que vienen desempeñando organizaciones no gubernamentales en la ciudad, tras reuniones formales e informales con magistrados y letrados, esto siga ocurriendo”. Y agregó: “está a las claras la urgente necesidad de trabajar en perspectiva de género, de capacitar también a fiscales y que dejemos de lado las excusas machistas que nos llevan a tener una justicia retrógrada”.
López resaltó que “lo de Yamila es una estigmatización por la condición de mujer y porque el relato de ella fue comprobado, las condiciones en las que parió, que fue un aborto espontáneo, que el feto cae y golpea”. “Hay una serie de situaciones que son contundentes. Nosotros tenemos que escuchar a esta mujer, que está diciendo muchas cosas que la justicia no está escuchando”, concluyó la edila.
Fuente:RedaccionRosario
07.09.2016
Declararon la emergencia para el sector comercial
Lo confirmó el ministro de la Producción, Luis Contigiani. La medida estará vigente hasta fin de año, tiempo en el cual los comercios podrán gestionar los certificados de emergencia ante municipios y comunas.
En los últimos días, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz firmó la declaración de Emergencia Económica para el sector de comercio y servicios de la provincia.
La noticia fue confirmada por el ministro de la Producción, Luis Contigiani. Estará vigente hasta fin de año, tiempo en el cual los comercios podrán gestionar los certificados de emergencia ante municipios y comunas.
Entre los beneficios más importantes, el titular de la cartera productiva destacó la posibilidad de acceder a créditos a través del Banco Nación. A nivel provincial, Contigiani subrayó el diferimiento del pago para el 2017 de las cuotas 4, 5 y 6 de patente a todo el sector transportista de la provincia.
"Es una decisión política trascendental. Va a permitir iniciar acciones para conseguir líneas de financiamiento y obtener beneficios tributarios en la provincia", dijo el ministro a Diario UNO.
La medida, reclamada desde el mes de abril, era solicitada en el marco de la delicada situación que atravesaban algunas actividades por la emergencia hídrica.
En diálogo con el matutino, Adrián Schuck, presidente de la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe, se mostró satisfecho con la declaración de emergencia, ya que es un logro "que nunca había conseguido" el sector y agregó: "Es algo por lo que estuvimos peleando, al final llegó. Es por lo menos un reconocimiento para una actividad que, si bien es el último eslabón de la cadena productiva, es muy importante".
Schuck comentó al matutino que el comercio genera el 63 por ciento del empleo privado de la provincia y que ese uno de los elementos que fundamenta "la necesidad de generar mecanismos y herramientas para poder reactivar al comercio".
En este sentido, recordó las dificultades que debió atravesar el comercio durante la emergencia hídrica que, según entiende, castigó a todos los sectores. "La industria y el campo necesitan del comercio para poder sacar sus productos. Si a los demás le va mal, a los comercios también les va mal", subrayó Schuck.
Más allá de los insistentes pedidos ante el gobierno santafesino, desde Fececo aclaran que "nunca" solicitaron beneficios impositivos, ya que reconocen que los ingresos que genera la actividad en las arcas oficiales son importantes. "Sabemos que cada cuatro pesos que ingresan a la provincia (fondos propios), tres lo aporta el comercio y servicios. Nosotros fuimos responsables en el pedido, ya que no podíamos desfinanciar a la provincia, pero sí queríamos que se reconozca el problema del sector", señaló.
Desde la entidad que representa a los centros comerciales de la provincia sostienen que la declaración de emergencia podría marcar un "antecedente". El titular de Fececo consideró: "Para llegar a esto se recorrieron todas las instancias legales. Si algún día vuelve a suceder algo similar, la declaración de emergencia podrá ser mas fácil de obtenerla o de gestionarla, como sucede en otras actividades".
Además, recordó que la coyuntura económica no favorece en nada la situación actual del comercio en general. Schuck indicó que los únicos dos sectores que no reflejaron caídas fueron las farmacias y la venta de alimentos para mascotas. "Venimos arrastrando un promedio de 6 o 7 por ciento de caída en las ventas", afirmó.
Por último, el presidente de la Federación de Centros Comerciales comentó a Diario UNO que los certificados de emergencia podrán servir para gestionar ante el Consejo Federal de Inversiones ayudas para el sector que, según entienden, "es marginado normalmente".
"En todas las líneas de crédito que tiene el CFI el comercio y servicio no se encuentra. Esperamos que presentando los certificados de emergencia podamos tener la posibilidad de ingresar a algún tipo de beneficio que otorga el Consejo Federal de Inversiones", expresó con esperanza Adrián Schuck.
Fuente:AgenciaFe
No hay comentarios:
Publicar un comentario