Martes 29 de Agosto
Se realizó una manifestación que marchó desde Plaza de los Dos Congresos hasta Plaza de Mayo. Participó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
La Tercera Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, convocada por familiares de víctimas de la violencia policial, torturas y desapariciones forzadas, se realizó este lunes en distintas ciudades del país para poder visibilizar las causas de sus familiares asesinados por las distintas Fuerzas de Inseguridad.
Foto Gustavo Pantano
En la ciudad de Buenos Aires el colectivo civil se movilizó desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo, donde los familiares, acompañados por organizaciones sociales, antirrepresivas y políticas, leyeron un documento en el que remarcaron que “las fuerzas represivas del Estado cumplen con su rol, cuyas formas de represión perduran desde la dictadura. Justicia va haber cuando el Estado deje de matar a nuestros pibes y pibas y para eso es necesario cambiar de fondo el sistema y la sociedad, porque hoy es inútil esperar algo de jueces y fiscales”.
Foto Gustavo Pantano
Al respecto, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,participó de la movilización y exigió: "Basta de matar jóvenes, que el único pecado que tienen es justamente el de ser jóvenes. Basta de persecución". Además, pidió por la "libertad a los chicos que están presos injustamente. Basta de querer bajar la edad de imputabilidad, los niños no nacen ni son delincuentes”.
Foto La Garganta Poderosa
Por su parte, Nacho Levy, referente de La Poderosa, aseveró que "el accionar impune de las fuerzas de seguridad en las comunidades originarias o adentro de las villas no es nuevo, pero es innegable el recrudecimiento de la violencia policial en nuestros barrios que tienen como trasfondo una voluntad política de quienes creen y están profundamente convencidos de que es a través del miedo y del terror que podrán controlar los desbordes que generan sus políticas públicas”.
Asimismo, Levy adelantó que este "viernes marcharemos para exigir con vida la aparición de Santiago Maldonado".
"Hoy gritamos bien fuerte que hay un caso de gatillo fácil cada 25 horas y no hay un caso de gatillo fácil en el diario ni cada 25 días. Por eso estamos acá, escribiendo nuestra denuncia con los pies y en la calle”, resumió.
Foto Gustavo Pantano
Por su parte, Leónidas Medina, mamá de Cristian “Paragüita” Toledo, fusilado por un agente de la Ciudad en la Villa 21-24 el 15 de julio del año pasado, exclamó: “Tras el asesinato de mi hijo, nadie fue a hablar conmigo. Así que yo quiero justicia por él, voy a luchar hasta el final para que esté preso el Policía que lo mató”.
Foto Gustavo Pantano
Además, Pablo Pimentel, titular de la APDH La Matanza, añadió: “Debemos seguir perfeccionando por todos lados una democracia que arroja una enorme cantidad de casos de impunidad que sobre todo lo sufren los pobres. Me llama la atención que muchos partidos que muchas veces se montan sobre dolores de los familiares, hoy no hayan estado”. Y añadió: “Todos los policías absueltos por represión corresponden a una agenda que impuso la nueva gestión de Cambiemos”.
Foto Gustavo Pantano
Foto Gustavo Pantano
Foto Gustavo Pantano
Foto La Garganta Poderosa
Foto Gustavo Pantano
Fuente:InfoNews
29.08.2017
MARCHA CONTRA EL GATILLO FÁCIL
“¡Ni un pibe, ni una piba menos! ¡Ni una bala más!”
Miles de personas se manifestaron en distintos puntos del país para reclamar contra el gatillo fácil. Se trata de la tercera marcha consecutiva que se organiza bajo la misma consigna, debido a que en el país matan a un joven cada 25 horas. En la ciudad, la manifestación avanzó desde el Congreso hasta Plaza de Mayo.
Bajo la consigna “¡Ni un pibe, ni una piba menos! ¡Ni una bala más!”, se llevó adelante un acto en la plaza, en el que participó como oradora Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y pidió "que dejen de matar jóvenes". Por su parte, las madres cuyos hijos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad leyeron un documento con críticas a todos los poderes del Estado, donde recordaron que “hay más de 5000 casos de gatillo fácil desde 1983”; y agregaron: “nos matan un pibe cada 25 horas”.
En ese sentido, pidieron organizarse para evitar la impunidad que “les garantizan a los asesinos desde el poder político, los jueces y fiscales y los grandes medios de comunicación”; señalaron que el Estado no cuida a los de abajo sino que los reprime y que “esto también sucede cada vez que nos movilizamos por algún reclamo, como estaba haciendo Santiago Maldonado”, recordaron a Julio López y advirtieron que desde la llegada de Cambiemos esas prácticas represivas se “extendieron y profundizaron”.
Por su parte, Nacho Levy, de la organización La Poderosa, dijo que “ la avanzada de represión no es algo nuevo en los barrios, pero si antes parecían tener una luz blanca, ahora parecen tener una orden, una línea que les bajan de arriba para impartir ese miedo en el que ellos creen profundamente para atenuar los desbordes que generan las políticas públicas que generan”.
Fuente:PoliticaArgentina
29 de agosto de 2017
Miles de personas marcharon contra el gatillo fácil en CABA y otras ciudades
Un grito para que dejen de matar pibes
En CABA, Córdoba, Tucumán, Rosario y Mar del Plata, protestaron contra el gatillo fácil. Es la tercera marcha consecutiva. En la ciudad, la manifestación avanzó desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Matan a un joven cada 25 horas.
La marcha estuvo organizada por madres de chicos baleados por fuerzas de seguridad.
Imagen: Pablo Piovano
Imagen: Pablo Piovano
“¡Ni un pibe, ni una piba menos! ¡Ni una bala más!”, fue el grito y, más que grito, el reclamo desesperado de los cientos de familiares de víctimas de la violencia policial que ayer realizaron las 3ª Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, acompañados por partidos políticos, organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos. En la plaza, después del pedido de Nora Cortiñas para que dejen de matar jóvenes, madres cuyos hijos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad leyeron un documento con críticas a todos los poderes del Estado, donde recordaron que “hay más de 5000 casos de gatillo fácil desde 1983”; pusieron el cronómetro al día: “nos matan un pibe cada 25 horas”; pidieron organizarse para evitar la impunidad que “les garantizan a los asesinos desde el poder político, los jueces y fiscales y los grandes medios de comunicación”; señalaron que el Estado no cuida a los de abajo sino que los reprime y que “esto también sucede cada vez que nos movilizamos por algún reclamo, como estaba haciendo Santiago Maldonado”, recordaron a Julio López y advirtieron que desde la llegada de Cambiemos esas prácticas represivas se “extendieron y profundizaron”.
La cita era a las cinco de la tarde, frente al Congreso Nacional. Una hora antes, comenzaron a llegar familiares en todos los grados de parentesco, aunque el predominio era claro: madres, abuelas, hermanas y tías, todas con sus remeras blancas con la foto de sus familiares asesinados. Después sí, en menor medida, ellos, los hombres: padres, tíos, hermanos, los amigos del barrio. Quince minutos antes de las seis, a la abigarrada primera fila de mujeres que sostenían las banderas con la leyenda “No al gatillo fácil”, se sumó Cortiñas, entre los flashes de los fotógrafos, y los abrazos y las lágrimas de los familiares. Atrás, el mar de nombres que pedían justicia desde los carteles o las remeras resultaba escalofriante: Andrés Núñez, Walter Bulacio, Alejandro Ponce, Oscar Aredes, Marcos Acuña, Nicolás Bustamante, Matías Casas, Pablo Alcorta, Florencia “la China” Cuellar, Omar Cigarán.
Tres minutos antes de las seis, con las tres banderas que ocupaban en el ancho de la calle Solís comenzó la marcha al grito de “yo sabía, yo sabía/ que a los pibes/ los mató la policía”. Adelante, arengando, iba una de las organizadores de la jornada, Emilia Vasallo, mamá de Pablo Alcorta, quien murió en 2013 tras agonizar 7 meses, después de recibir un balazo por un ex Bonaerense, Diego Tolaba, actualmente en la Policía de la Ciudad.
Más atrás, la Correpi, El Frente de Artistas del Borda, el MST, el PO, Resistencia Popular, La Garganta Poderosa, Colectivo Contra el Gatillo Fácil La Plata, Hijos la Plata, el Movimiento Popular La Dignidad, la Liga Socialista Revolucionaria.
Las columnas avanzaron por Avenida de Mayo; enarbolaban pancartas con rostros y nombres diferentes, pero con dos denominadores en común: la juventud de los asesinados y el pedido de justicia de sus familiares. Vasallo dijo a PáginaI12 que “marchamos para visibilizar las prácticas represivas en un contexto donde se profundizaron, donde se produjo la desaparición de Maldonado y porque las víctimas del gatillo fácil son pibes, pibes de entre 14 y 25 años”.
Hoy, poco antes del inicio de la marcha, un gendarme en la localidad bonaerense de Rincón de Milberg mató de un balazo a un joven de 18 años que intentó asaltarlo con un cuchillo y que fue baleado cuando escapaba.
Nacho Levy, de la organización La Poderosa, dijo que “ la avanzada de represión no es algo nuevo en los barrios, pero si antes parecían tener una luz blanca, ahora parecen tener una orden, una línea que les bajan de arriba para impartir ese miedo en el que ellos creen profundamente para atenuar los desbordes que generan las políticas públicas que generan”. Una hora después de iniciada la marcha, en la Plaza de Mayo, leyeron el documento elaborado por los familiares.
Fuente:Pagina12
ROSARIO
Masiva marcha contra el gatillo fácil “Ni un pibe ni una piba menos”
29/08/2017
Con una multitudinaria movilización que unió los tribunales provinciales con la sede local de gobernación, miles de rosarinos participaron de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil este lunes. También se exigió la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Convocada por la Multisectorial contra la violencia institucional de Rosario, que integran familiares de víctimas y organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos, la masiva movilización puso en el blanco de las críticas el rol del Poder Judicial y los diferentes gobiernos.
Tras partir a las 18 desde los tribunales provinciales y pasar por la sede de la Justicia Federal, donde tramitan algunos de los casos más emblemáticos de violencia institucional de la ciudad, como los de Franco Casco y Gerardo Pichón Escobar, la movilización llegó alrededor de las 19 a la sede de gobernación.
Frente a la plaza San Martín, circuló la palabra entre familiares de la víctimas de gatillo fácil, organismos de derechos humanos y se leyó un documento elaborado por la Multisectorial. En el texto, se remarcó que la marcha, realizada en sintonía con una movida nacional, se llevó a cabo para “exigirle al Estado que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, de requisar, de humillar, de golpear, de manosear, de maltratar, de armar causas, de torturar en cárceles y comisarías, de ejecutar y desaparecer a nuestros jóvenes”.
“El año 2013 registró un récord de homicidios dolosos y se intensificaron los casos de gatillo fácil. Marchamos en Rosario para visibilizar y construir justicia por Franco Casco, Pichón Escobar, Jonatan Herrera, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, Brandon Cardoso, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, David Campos, Emanuel Medina, María de los Ángeles Paris, Alexis Berti, Michel Campero y por tantos otrxs pibes víctimas de violencia institucional”, planteó en uno de sus tramos el texto.
En el documento, se denunció que “cada 25 horas el Estado mata a un pibe o piba” y que “no se trata de casos aislados sino que son prácticas sistemáticas, extendidas en el tiempo y focalizadas hacia los y las jóvenes de sectores populares realizadas por las policías, el servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad nacional; y permitidas, avaladas y/o generadas por los responsables políticos de los diferentes niveles de gobierno”.
Antes de leer el documento –que a continuación se reproduce completo– los organizadores del acto reclamaron desde los micrófonos la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven que fue visto con vida por última vez mientras lo detenían agentes de Gendarmería que reprimieron a una comunidad mapuche en Chubut.
Documento de la Multisectorial contra la violencia institucional
Los familiares y las organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales, culturales y de Derechos Humanos que conformamos la Multisectorial Contra la Violencia Institucional Rosario nos sumamos a la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Hoy unimos nuestras voces, desde distintas ciudades del país para exigirle al Estado que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, de requisar, de humillar, de golpear, de manosear, de maltratar, de armar causas, de torturar en cárceles y comisarías, de ejecutar y desaparecer a nuestrxs jóvenes.
En nuestra ciudad la historia reciente muestra la profundización de estas prácticas. El año 2013 registró un récord de homicidios dolosos y se intensificaron los casos de gatillo fácil. Marchamos en Rosario para visibilizar y construir justicia por Franco Casco, Pichón Escobar, Jonatan Herrera, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, Brandon Cardoso, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, David Campos, Emanuel Medina, María de los Ángeles Paris, Alexis Berti, Michel Campero y por tantos otrxs pibes víctimas de violencia institucional.
Cada 25 horas el Estado mata a unx pibx. No se trata de casos aislados sino que son prácticas sistemáticas, extendidas en el tiempo y focalizadas hacia los y las jóvenes de sectores populares realizadas por las policías, el servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad nacional; y permitidas, avaladas y/o generadas por los responsables políticos de los diferentes niveles de gobierno. Al mismo tiempo, son sistemáticamente negadas. Prácticamente ningún área estatal produce información sobre el tema, ni implementa políticas adecuadas para su prevención, detección y sanción, así como para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y sus familiares. Involucra, entonces, a los tres poderes del Estado tanto a nivel nacional, provincial como local. Las víctimas y sus familiares tienen que realizar un trabajoso proceso político para que sean reconocidas, así como en su momento tuvieron que realizarlo nuestras Madres, nuestras Abuelas y nuestros HIJXS. Y más recientemente en nuestra ciudad los familiares de los asesinados en la represión del 19 y 20 de Diciembre del 2001 y los Padres del Dolor. Y como tuvieron que hacer los familiares del Triple Crimen, asesinados con complicidad policial.
El Poder Ejecutivo es responsable por la actuación de la policía, del servicio penitenciario y de las fuerzas de seguridad y sus prácticas abusivas; por la sobrecriminalización, especialmente, de jóvenes de sectores populares. Asimismo, por no contar con políticas adecuadas para su detección, prevención y sanción. El gobierno de Santa Fe es el responsable de la creación de una fuerza de choque como la Policía de Acción Táctica que tuvo su bautismo de fuego con el fusilamiento de Jonatan Herrera junto al Comando Radioeléctrico y que ejecutó dos años después a David Campos y Emanuel Medina. Los sucesivos ministros de seguridad avalaron las versiones policiales, dieron por vivo a Franco Casco, por ejemplo, cuando ya había sido asesinado y arrojado al río Paraná y justificaron el accionar de las fuerzas a su cargo. En este sentido, repudiamos los recientes dichos del Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, respaldando el accionar policial y habilitando, en consecuencia, prácticas policiales abusivas.
El Poder Judicial es responsable por la inadecuada e insuficiente respuesta tanto por parte de los jueces como de los fiscales en la investigación y sanción de estos graves delitos. En casi todos los casos avalan el relato policial y permiten que la policía involucrada realice las primes actuaciones, posibilitando la alternación del escenario de los hechos, como plantar armas, esconder pruebas y amedrentar testigos, como por ejemplo en la reciente ejecución de David y Emanuel. Y como denuncian los familiares de Alexis Berti. Focalizan sus esfuerzos en investigar a las víctimas y sus familias, en vez de a los victimarios. Otras investigaciones directamente no se trabajan, como ha quedado en evidencia con los pedidos de archivo de las causas de Maximiliano Zamudio, Alejandro Ponce y Carlos Godoy, impedidos en las calles gracias a la lucha popular. En otras se incumplen las reglas básicas para la adecuada investigación, como en el caso de María de los Ángeles Paris, que no fue investigada como una muerte en custodia. Finalmente, los jueces no sancionan adecuadamente estas graves violaciones a los derechos humanos como hemos visto en la bochornosa sentencia por el fusilamiento de Jonatan Herrera y de Michel Campero.
El Poder Legislativo, por su parte, es responsable por la producción y sanción de leyes que permiten el avance de la llamada “mano dura” y por la no creación de mecanismos de prevención adecuados, como el Mecanismo Provincial Contra la Tortura, que pudiese haber evitado, por ejemplo, los maltratos recibidos por las mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria Número 5.
La violencia estatal, que es una de las deudas más importantes de nuestra democracia, se recrudece actualmente en un contexto político, social y cultural que avala y habilita cada vez más decididamente estas prácticas represivas y violatorias de los Derechos Humanos. El gobierno de Cambiemos reprime la protesta social, intenta dejar en libertad a los represores de la última dictadura cívico-militar, implementa políticas de seguridad cada vez más punitivas y es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. Nos preocupa, asimismo el fuerte consenso represivo extendido y consolidado socialmente que legitima este accionar del Estado y genera umbrales de tolerancia social de la violencia cada vez más altos.
Creemos firmemente que sólo a partir del activismo y militancia de víctimas, familiares y amigos/as de las víctimas, con el apoyo y trabajo de las organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y de Derechos Humanos podremos resistir y revertir estas prácticas y crear nuevos acuerdos comunitarios que establezcan límites a lo que permitimos como sociedad y en donde los pibes y las pibas dejen de ser matables.
Cada 25 horas el Estado mata a unx pibx. No se trata de casos aislados sino que son prácticas sistemáticas, extendidas en el tiempo y focalizadas hacia los y las jóvenes de sectores populares realizadas por las policías, el servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad nacional; y permitidas, avaladas y/o generadas por los responsables políticos de los diferentes niveles de gobierno. Al mismo tiempo, son sistemáticamente negadas. Prácticamente ningún área estatal produce información sobre el tema, ni implementa políticas adecuadas para su prevención, detección y sanción, así como para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y sus familiares. Involucra, entonces, a los tres poderes del Estado tanto a nivel nacional, provincial como local. Las víctimas y sus familiares tienen que realizar un trabajoso proceso político para que sean reconocidas, así como en su momento tuvieron que realizarlo nuestras Madres, nuestras Abuelas y nuestros HIJXS. Y más recientemente en nuestra ciudad los familiares de los asesinados en la represión del 19 y 20 de Diciembre del 2001 y los Padres del Dolor. Y como tuvieron que hacer los familiares del Triple Crimen, asesinados con complicidad policial.
El Poder Ejecutivo es responsable por la actuación de la policía, del servicio penitenciario y de las fuerzas de seguridad y sus prácticas abusivas; por la sobrecriminalización, especialmente, de jóvenes de sectores populares. Asimismo, por no contar con políticas adecuadas para su detección, prevención y sanción. El gobierno de Santa Fe es el responsable de la creación de una fuerza de choque como la Policía de Acción Táctica que tuvo su bautismo de fuego con el fusilamiento de Jonatan Herrera junto al Comando Radioeléctrico y que ejecutó dos años después a David Campos y Emanuel Medina. Los sucesivos ministros de seguridad avalaron las versiones policiales, dieron por vivo a Franco Casco, por ejemplo, cuando ya había sido asesinado y arrojado al río Paraná y justificaron el accionar de las fuerzas a su cargo. En este sentido, repudiamos los recientes dichos del Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, respaldando el accionar policial y habilitando, en consecuencia, prácticas policiales abusivas.
El Poder Judicial es responsable por la inadecuada e insuficiente respuesta tanto por parte de los jueces como de los fiscales en la investigación y sanción de estos graves delitos. En casi todos los casos avalan el relato policial y permiten que la policía involucrada realice las primes actuaciones, posibilitando la alternación del escenario de los hechos, como plantar armas, esconder pruebas y amedrentar testigos, como por ejemplo en la reciente ejecución de David y Emanuel. Y como denuncian los familiares de Alexis Berti. Focalizan sus esfuerzos en investigar a las víctimas y sus familias, en vez de a los victimarios. Otras investigaciones directamente no se trabajan, como ha quedado en evidencia con los pedidos de archivo de las causas de Maximiliano Zamudio, Alejandro Ponce y Carlos Godoy, impedidos en las calles gracias a la lucha popular. En otras se incumplen las reglas básicas para la adecuada investigación, como en el caso de María de los Ángeles Paris, que no fue investigada como una muerte en custodia. Finalmente, los jueces no sancionan adecuadamente estas graves violaciones a los derechos humanos como hemos visto en la bochornosa sentencia por el fusilamiento de Jonatan Herrera y de Michel Campero.
El Poder Legislativo, por su parte, es responsable por la producción y sanción de leyes que permiten el avance de la llamada “mano dura” y por la no creación de mecanismos de prevención adecuados, como el Mecanismo Provincial Contra la Tortura, que pudiese haber evitado, por ejemplo, los maltratos recibidos por las mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria Número 5.
La violencia estatal, que es una de las deudas más importantes de nuestra democracia, se recrudece actualmente en un contexto político, social y cultural que avala y habilita cada vez más decididamente estas prácticas represivas y violatorias de los Derechos Humanos. El gobierno de Cambiemos reprime la protesta social, intenta dejar en libertad a los represores de la última dictadura cívico-militar, implementa políticas de seguridad cada vez más punitivas y es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. Nos preocupa, asimismo el fuerte consenso represivo extendido y consolidado socialmente que legitima este accionar del Estado y genera umbrales de tolerancia social de la violencia cada vez más altos.
Creemos firmemente que sólo a partir del activismo y militancia de víctimas, familiares y amigos/as de las víctimas, con el apoyo y trabajo de las organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y de Derechos Humanos podremos resistir y revertir estas prácticas y crear nuevos acuerdos comunitarios que establezcan límites a lo que permitimos como sociedad y en donde los pibes y las pibas dejen de ser matables.
Exigimos la adecuada investigación y sanción de todos los casos de violencia insitucional
Basta de gatillo fácil
No al 2×1 a los genocidas
No a la baja de edad de imputabilidad
No a la ley 24660
Ni un pibe ni una piba menos
Ni una bala más
El Estado es responsable
Aparición con vida de Santiago Maldonado ya!
Fuente:RedaccionRosario
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