Publicado el 18-12-2018
“La tortura fue el arma para vencer la resistencia del enemigo”, afirmó el fiscal Leonel Gómez Barbella, que comenzó a pronunciar este martes el alegato en el juicio de la Subzona 14 II. El funcionario judicial enmarcó en el plan sistemático de represión a nivel regional y del país a las detenciones ilegales y las torturas que padecieron 240 víctimas en la provincia y que se ventilan en el segundo juicio a catorce represores pampeanos.
La fiscalía fundamentará las acusaciones durante tres o cuatro audiencias y se prevé que en febrero, después de la feria judicial, concluirá con el pedido de condenas para los imputados en esta oportunidad. Este martes brindó primero un panorama del contexto social y político y luego comenzó la enumeración del listado de víctimas y la atribución de responsabilidades penales a los represores involucrados. Continuará este miércoles.
Un plan sistemático
En primer lugar, Gómez Barbella reafirmó que los hechos en la provincia no fueron aislados y se inscribieron en un plan sistemático para aniquilar las disidencias políticas y sociales en el país y la región. "La tortura fue el arma para vencer la resistencia del enemigo", dijo.Señaló que la represión se desató en el marco de la guerra fría y la capacitación de los militares en los métodos de la Escuela de las Américas para la guerra antisubversiva.
Los represores pampeanos participaron de un "engranaje de la maquinaria de la represión y el terror", alegó. Y apuntó que "la finalidad fue reconfigurar el entramado social y de las relaciones económicas del país"."Lo que pasó en esta causa no fueron hechos aislados. Fueron parte de un fenómeno mucho más amplio", dijo. "En la sala de tortura no se preguntaba por bombas a punto de explotar sino por pertenencias políticas para eliminar la disidencia social desde la Doctrina de la Seguridad Nacional", acotó.
“No fue una isla”
Barbella acentuó la idea de que "La Pampa no fue una isla ajena al Plan de Reorganización Nacional, todo lo contrario”. “En territorio pampeano se reprodujo fielmente la metodología de un plan sistemático y organizado de represión, puntualizada dentro del marco del Juicio a las Juntas Militares, denominado “Causa 13” o “Juicio a las Juntas” y, en lo que aquí importa denota que la metodología utilizada se ajustó en un todo a los lineamientos de ese plan”, remarcó."El nervio fundamental era la labor de inteligencia", señaló el fiscal. En ese sentido, apuntó que no fue casual que Baraldini, un comando y oficial de Inteligencia que estaba en el Regimiento de Toay, a partir del golpe de estado se convirtiera en el jefe de la Policía en la provincia.
La fiscalía enumeró los policías que estuvieron afectados al grupo de tareas y los diferentes centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia, la Seccional Primera, la Brigada de Investigaciones, la Jefatura de Policía, la Segunda (Santa Rosa), la sede de la Policía Federal, las comisarias de Pico, Arauz, Catriló, el regimiento de Toay y las unidades carcelarias.Y citó que a partir del año 1975 se sucedieron las detenciones ilegales mediante el accionar conjunto y coordinado de militares y policías. Las víctimas, detalló, fueron ciudadanos acusados de participar en actividades subversivas o “de izquierda”, estudiantes, docentes, músicos, comerciantes, médicos, políticos, periodistas, empresarios, empleados, empleados públicos, funcionarios públicos y dirigentes gremiales.
“Un régimen ilegítimo”
Barbella leyó que “el origen de estas detenciones, dentro del marco de lucha contra la alegada subversión, el modo de proceder a la hora de realizar las mismas, de manera violenta, preferentemente en horas de la nocturnidad, con abundante personal armado, sin órdenes judiciales, con destinos inciertos, por personal policial o militar, evidencia que el origen mismo de estas detenciones, además de emanar de un régimen supra legal que tiñó a los tres poderes del Estado con su proceder y finalidad, era ilegítimo, existiendo sobradas muestras del modus operandi”.
De la confrontación del relato de las víctimas y de las causas, con el archivo del Juzgado Federal de Santa Rosa, afirmó con vehemencia que un juez federal, Walter Lemma -ya fallecido-, “desplegó el manto de su investidura para cubrir la realidad subyacente a través de la fabulación jurídica que significaron gran parte de los expedientes judiciales obrantes como prueba reservada en autos”.
“Del universo de relatos testimoniales recabados se extraen los denominadores comunes de esos encierros, supuestamente a sabiendas del juez federal, del Poder Ejecutivo y en establecimientos penitenciarios nacionales, torturas físicas o psicológicas, aislamientos e incomunicación, interrogatorios y amenazas, hacinamiento, privaciones de alimentos o agua, traslados con violencia física y/o psicológica a otros destinos o a sesiones de interrogatorio y tortura”, prosiguió.
“El mismo Estado que por medio de uno de sus poderes primero emitió directivas para instrumentar la denominada “Lucha Contra la Subversión” en los términos que daré por expuestos, luego dispuso que las personas detenidas, que se encontraban en un limbo jurídico, luego sean anotadas “a disposición del P.E.N.”. Esto, en lugar de aportar luz sobre la calidad de la detención, no fue más que el tácito reconocimiento del oscuro origen de la misma”, redondeó.
Los acusados
En el juicio están acusados 14 represores pampeanos. Quedó afuera, por razones de salud, el represor Roberto Fiorucci, un excomisario que ya fue condenado en 2010. Salvo el expolicía Carlos Roberto Reinhart -aún cumple la primer condena en la Colonia Penal 4-, el resto de los imputados permanece en libertad o con prisión domiciliaria.
Se trata del excoronel y exsecretario general de la Gobernación Néstor Omar Greppi, el exjefe de la Policía de La Pampa Luis Enrique Baraldini, Antonio Oscar Yorio, Néstor Bonifacio Cenizo, Hugo Roberto Marenchino, Oscar Alberto López, Athos Reta, Orlando Osmar Pérez, Miguel Ángel Ochoa, Jorge Osvaldo Quinteros, Juan Domingo Gatica, Luis Horacio Lucero y el exmédico policial Máximo Alfredo Pérez Oneto.Los dos exmilitares y doce expolicías están imputados en total por detenciones ilegales y tormentos de 234 personas.
En el histórico primer juicio de 2010 solo se habían analizado 28 víctimas.Los nuevos casos que se ventilaron en el juicio son personas secuestradas entre 1975 y 1982, sometidas a interrogatorios con los ojos vendados en la mayoría de las oportunidades, bajo torturas con picana eléctrica, golpes, amenazas de muerte, simulacros de fusilamiento y vejaciones.
Fuente:ElDiariodelaPampa
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