Paro de petroleros por la muerte de un trabajador
El sindicato petrolero de Neuquén, La Pampa y Rio Negro convocó a un paro por 24 horas por la serie de accidentes laborales que dejaron 3 heridos y un muerto.
El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa convocó un paro que comenzará el martes a las 20 horas y terminará el miércoles a la misma hora. El motivo del paro es la serie de accidentes de los últimos días que dejaron un trabajador muerto y 3 heridos.
El Secretario General del sindicato, Guillermo Pereyra afirmó que “La muerte de un trabajador y 3 heridos, uno de ellos de gravedad muestran claramente un proceso de relajamiento de las medidas de seguridad por parte de las empresas. No puede ser que con tal de avanzar dejen de lado al trabajador”.
La muerte del trabajador ocurrió esta mañana en el área Aguada del Chivato operada por Medanito y los tres heridos y las denuncias por maltrato del personal tuvieron lugar en Bajo del Choique – La Invernada a cargo de ExxonMobil.
Pereyra sostuvo además que “exigimos que se tomen las medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida y el bienestar de los trabajadores. Parece que estuviéramos predicando en el desierto porque a las empresas solo les importa cumplir con los tiempos y se hacen los vivos a la hora de tomar medidas para proteger a los compañeros”.
Lo cierto es que las condiciones en que trabajan miles de petroleros en la zona no solo responden a la voracidad de las grandes empresas que saquean la zona. También a la cúpula del sindicato que dirige Pereyra, que ha pactado con ellas esas condiciones de trabajo. Tercerización, jornadas extenuantes, pésimas medidas de seguridad e higiene y la reciente flexibilización del convenio para Vaca Muerta y los yacimientos “no convencionales”.
Todos “se hacen los vivos”, los trabajadores pagan con su vida.
JORNADA NACIONAL DE LUCHA DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES
La CTEP, la CCC, Barrios de Pie, FOL y el Frente Popular Darío Santillán, junto a otras organizaciones sindicales y sociales, intensifican su plan de lucha para exigir una paritaria social que contemple los aumentos de la canasta básica de alimentos y de las tarifas. También exigen la anulación de la resolución 189/2019 del secretario de Economía Social, Matías Kelly, que da de baja 60 mil monotributos sociales y deja sin cobertura médica a todos estos trabajadores y trabajadoras, interrumpiendo tratamientos de personas con enfermedades terminales entre otros casos de gravedad.
En un contexto donde la inflación significa más hambre y pobreza, porque miles de familias no pueden acceder a comer todos los días, donde se vive una grave situación social y laboral que debería ser afrontada con políticas públicas para el sector más afectado, el Estado sigue quitando derechos.
Exigirán también la aprobación urgente de las leyes para el sector presentadas en el Congreso Nacional que aún no tienen tratamiento parlamentario: Emergencia Alimentaria, Agricultura Familiar, Infraestructura Social, Emergencia en Adicciones, y la designación del presupuesto para la ley de Urbanización de Barrios Populares aprobada en 2018 pero que no se está implementando en tiempo y forma. También se pedirá poner en agenda legislativa la Ley de Independencia Económica y Habitacional para víctimas de violencia de género.
Discapacidad: un fallo obliga al Gobierno a devolver las pensiones quitadas desde 2016
Discapacidad: un fallo obliga al Gobierno a devolver las pensiones quitadas desde 2016
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social dio respuesta positiva a un recurso de amparo presentado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y declaró la inconstitucionalidad de la resolución N° 268/2018, que habilitaba el recorte de las pensiones no contributivas por invalidez, y de algunos artículos del decreto Nº 432/1997 que prevén causales de suspensión y caducidad de este beneficio.
Por otra parte, el reciente fallo dispone que el gobierno nacional estará obligado apagar todas las pensiones que fueron suspendidas desde 2016.
La Agencia Nacional de Discapacidad dictó en septiembre último la resolución N° 268/2018. Allí se el gobierno establecía un procedimiento mediante el cual los titulares de las pensiones debían acreditar que no cumplían con las incompatibilidades previstas en el Decreto Nº 432/1997 para poder seguir rebcibiendo el beneficio.
Esa resolución, que ahora fue declarada inconstitucional, obligaba a los titulares de estas pensiones intimados en razón de “irregularidades detectadas” a comunicarse telefónicamente para combinar un turno en la dependencia de ANSeS más cercana a su domicilio, actualizar sus datos personales y presentar su descargo. Para ello les daban un plazo de apenas diez días.
“Por ser este artículo violatorio del debido proceso y del derecho de ajuste razonable de procedimiento, el Estado deberá dictar una nueva norma para regir el trámite, que sea respetuosa de los derechos que la anterior violó”, señaló Varina Suleiman, abogada apoderada de REDI, quien aclaró que “queda suspendida la exigencia de solicitar turnos telefónicos”.
El Estado, además, deberá reponer las pensiones suspendidas o dadas de baja desde 2016. Esto representa un avance, ya que la sentencia de primera instancia ordenaba restablecer pensiones desde 2017.
“El estado de emergencia económica que pareciera ser endémico en nuestro país, no representa un argumento serio ni de peso para retacear o, lo que sería peor todavía, desbaratar la protección de los derechos sociales de prosapia convencional y constitucional a la que el Estado argentino se comprometió ante la comunidad internacional”, explicaron los jueces en el fallo
NEUQUÉN
La condena ilegal de un sindicalista
Un referente de los municipales de Neuquén fue condenado por cortar calles y pedir la reincorporación de trabajadoras de la comuna. El fallo –avalado por concejales de Cambiemos- atenta contra los derechos laborales y constitucionales. “La protesta no es un delito”, explica Juan Carlos Capurro.
Mauricio Zabala, juez de garantías, avaló su decisión en la afectación del derecho al libre tránsito “en horario complejo y en el centro de la ciudad”. La próxima semana se conocerá la pena que deberá cumplir el titular del sindicato afectado.
Sobre esta situación, Juan Carlos Capurro, abogado especialista en derecho penal y derechos humanos, explicó: “No sólo es una violación a los derechos laborales, sino también a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales que contiene esta Constitución sobre los derechos humanos universalmente reconocidos. En nuestro país, la jurisprudencia del máximo tribunal en materia penal, que es Casación, ya ha determinado en reiteradas veces que cortar una calle o una ruta, o entorpecer el tránsito en condiciones de ejercer un derecho como es el de peticionar o protestar, no es un delito, no es ni siquiera una contravención”.
Lo mismo ocurrió con trabajadores del INTI agrupados en ATE. Las numerosas asambleas que se llevaron a cabo en las puertas del instituto quisieron ser judicializadas a través de una contravención, y fue desestimado en la misma justicia.
Por su parte, Mario Lara, concejal de Cambiemos en la ciudad sureña, se refirió al caso y dijo: “Espero que esto aliente a los vecinos que se sientan avasallados a denunciar, a los fiscales a investigar y dejar de mirar para otro lado y a los jueces a que se animen a dictar sentencias condenatorias. Es preciso sentar los límites de la protesta. No se puede reclamar de manera salvaje, violenta, prepotente, tampoco llevarse a la Ley por delante”.
“Lógicamente, esto sólo se puede leer como un intento –de los tantos que ha habido y hay en el país- de tratar de acallar los reclamos laborales. Pero desde el punto de vista sindical y legal no puede prosperar. Ninguno de los dos. No van a callar con eso el reclamo de los trabajadores, y eso se revela en las numerosas huelgas que hay en este momento en todo el país”, sostuvo Capurro.
El intento de judicializar esto en Neuquén parece ser -de alguna manera- una forma de entorpecer la comprensión de la ciudadanía sobre el fracaso absoluto del Gobierno.
“Llama la atención además que, habiendo ganado elecciones en un momento como este, algunos sectores pretendan encubrir de cualquier manera un reclamo sindical –comentó Capurro-. Si fuese cierto que ellos tienen un proyecto distinto, ¿por qué no escuchar a quienes hacen un reclamo y discutir las condiciones para un acuerdo como corresponde, legal y constitucionalmente? Esto no está ocurriendo, lo cual muestra que el próximo gobierno se propone continuar con la misma política de ataque a los derechos sindicales, es decir, que ha mentido nuevamente en las elecciones, como ya lo ha hecho en otras oportunidades esa misma fuerza, que es el MPN, en todo el país”.
La pena para Baudino será conocida la semana que viene. De ser apelada tendría posibilidades de ganar, ya que –como lo explicaba Capurro- es una condena inconstitucional.
“Esta sentencia sólo tiene que ser tenida en cuenta para demostrar la impotencia por parte del poder político para tratar de acallar a los trabajadores en sus reclamos. Y es una impotencia porque si lo que los trabajadores reclaman fuese absurdo, caería por su propio peso. Cuando lo que reclaman es justo y corresponde se quiere echar mano al aparato represivo. Eso ha fracasado en el pasado con la caída de la dictadura y con algunos gobiernos que quisieron hacer lo mismo y así terminaron. Y este va en camino a la misma situación”, finalizó el especialista.
Los remedios que más consumen subieron 540 por ciento entre mayo de 2015 y febrero de 2019
Golpe a la salud de los jubilados
Imagen: Guadalupe Lombardo
Los precios de los medicamentos subieron el 257 por ciento entre mayo de 2015 y febrero de 2019. En el caso de los más consumidos por los jubilados, como los que se recetan para tratar la hipertensión y otras afecciones cardiovasculares, los aumentos acumulan más del 540 por ciento. En cambio, la jubilación mínima tuvo en el mismo período una recomposición de sólo el 172 por ciento.
Los datos figuran en un informe realizado por el Centro de Economía Política (CEPA), el Centro de Estudios Políticos para adultos mayores (Ceppema) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), que ponen el foco en el impacto de la inflación sobre los remedios esenciales para los mayores de 60.
Son números impactantes en sí, pero que no deberían leerse aislados de su contexto. El descontrol en los precios está ocurriendo en un marco que para los jubilados es mucho más precario que el de 2015, ya que el gobierno de Cambiemos les restringió la cobertura del PAMI. Hoy para tener la cobertura del 100 por ciento de PAMI en los medicamentos es necesario reunir lo que los autores del informe llaman “condiciones extremadamente extraordinarias”, como ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga, no ser dueño de más de un inmueble ni tener un vehículo de menos de 10 años de antigüedad.
CEPA
El precio de los remedios está influenciado por los costos en insumos extranjeros, es decir que son muy sensibles al aumento del dólar. Por esto, con la devaluación que se registró este verano los precios de los 50 principales medicamentos aumentaron un 3,7 por ciento en apenas un mes.
Si lo que se mira son los aumentos acumulados desde mayo de 2015 a hoy, aparecen casos como el Atenolol y el Sintrom, con aumentos de 560 por ciento. Ambos son medicamentos esenciales para tratar enfermedades cardiovasculares.
En la Argentina, las enfermedades crónicas no transmisibles son la razón de más del 70 por ciento de las muertes, según los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. Dentro de ese grupo, las afecciones cardiovasculares son la principal causa de mortalidad para la población general; lo mismo pasa entre los mayores de 65.
“Al quitar el PAMI y el Remediar, la limitación de la entrega gratuita de medicamentos puso en grave riesgo no sólo la salud de las personas mayores, sino también la calidad de vida de aquellas que presentan patologías crónicas”, advierten los investigadores en su dossier.
CEPA, en base a datos del PAMI y K@iros Argentina
Algunos otros casos de las subas en los medicamentos para el cuidado de enfermedades crónicas, en el período mayo 2015 a marzo de 2019:
* El Acenocumarol (sintrom), un anticoagulante para evitar accidentes cerebro vasculares en personas con arritmias cardíacas, aumentó un 560 por ciento.
* El Atenolol, para el tratamiento de la hipertensión, se incrementó en un 543 por ciento.
* El Etoricoxib, fármaco para el dolor crónico en casos de artrosis, subió el 312 por ciento.
* La Dutasteride, para el tratamiento de la próstata, es un 355 por ciento más caro.
En el análisis del impacto de estos aumentos hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas de 60 años y más consumen un promedio de entre 4 y 8 medicamentos. La imposibilidad de mantener los tratamientos médicos implica para la población mayor no sólo un aumento de la mortalidad, sino una calidad de vida más baja por la aparición de más enfermedades que generan dependencia y discapacidad.
La industria de Entre Ríos agoniza al ritmo de la crisis nacional
Datos de la Unión Industrial de esa provincia revelaron que en 2018 se perdieron unos mil empleos formales. “No se ve una salida clara a este tipo de modelo”, advierten desde el sector.
“Hay un claro parate del mercado interno, en una recesión que ya lleva varios meses. La variación del tipo de cambio genera incertidumbre, porque la divisa sube y baja de modo descontrolado. Y la medida de freno es subir la tasa, que hacen que se imposibilite el acceso al crédito. No se ve una salida clara a este tipo de modelo”, señaló a El Destape, Leandro Garciandia, titular de la UIER. El dirigente expresó, además: “Más allá de que se controle el dólar, ya se produjo el efecto de que incremente la inflación y no se reactive el mercado interno”.
Garciandia aclaró que la suba de tasas afecta el acceso al crédito en todos los sentidos: “No solo si le pedís plata al banco. Sino que cuando uno vende un producto y financia a 90 días se descapitaliza. A su vez la rentabilidad se achica por el crecimiento de los costos, con lo cual tenés un problema de caja muy serio”.
El presidente de la UIER aclaró que no hay industrias entrerrianas que hayan desaparecido, pero que la actualidad es negativa en general: “Toda la industria la está pasando mal y si no se vislumbra una solución al corto plazo los problemas tenderán a agravarse”.
Dos radiografías de la crisis
La metalúrgica Longvie, dedicada a la fabricación de artefactos de gas y lavarropas, es una buena demostración de cómo el modelo de Cambiemos destruye el capital nacional. En octubre de 2018 despidió a 26 trabajadores de su planta del Parque Industrial de Paraná, una de las tres que tiene en el país. En diciembre directamente paralizó la producción y en enero de este año, al no poder pagar su deuda -unos 377 millones de pesos-, convocó a acreedores.
El motivo principal es el mismo que afecta a miles de empresas más: no pueden competir con los productos importados, muchos de los cuales volvieron a ingresar con la política económica de la actual gestión nacional. A eso se le suman los gastos derivados de los tarifazos, un mercado interno deprimido -el 95% de su producción iba a parar allí- y tasas de interés inalcanzables.
La deuda de la empresa deriva de dos balances anuales -2017 y 2018- cerrados en rojo. Eso encendió la alarma de la calificadora de riesgo Fix, que le asignó perspectiva negativa a mitad del año pasado.
“En febrero y marzo se habían pautado suspensiones de una semana, pero justo entró un pedido y pudimos salir adelante” explicó a El Destape, Omar Migoni, tesorero de la delegación entrerriana de la Unión Obrera Metalúrgica -UOM- y empleado de Longvie, actualmente con licencia gremial. El dirigente señaló asimismo: “Eso, si bien nos da una luz de esperanza, no significa nada. Esto es día a día”.
El sindicalista sostuvo, en ese sentido: “Esto es por marzo, en abril ya no se sabe. El panorama, si bien se han detenido los despidos, es muy negativo. No se puede proyectar nada. Se trabaja con lo que hay”.
Por su lado Imperial Cord, histórica empresa de Gualeguaychú, anunció a mediados de enero de este año una paralización absoluta de su producción. Si bien estuvo en los papeles cerrar, finalmente los dueños se inclinaron por sostener la firma con personal mínimo, apostando ya no a 2019, sino que a 2020 sea un buen año. En el medio echaron a casi 70 empleados. Los que quedan, unos 39, se irían con retiros voluntarios.
La fábrica de neumáticos viene padeciendo las adversidades del contexto macroeconómico del país desde hace varios meses, lo cual trajo aparejado caída en los niveles de producción y derrumbe de ventas. Los problemas comenzaron principalmente con la oleada de productos importados, que dificultaron la competencia en igualdad de condiciones, y se profundizó con la crisis económica y financiera de la Argentina.
Piden la quiebra de la principal harinera del país: 3000 empleados en riesgo
La crisis económica golpea no solo a trabajadores y pymes: el actual modelo agro-financiero (oligárquico) perjudica seriamente también a las grandes empresas como Molino Cañuelas.
Al pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis de Coca Cola le siguió a los pocos días la industria Fate y hoy piden la quiebra de la principal harinera de la Argentina, de la familia Navilli, que cuenta con 90 años de antigüedad, exportación a 60 países y 3000 empleados repartidos en 21 plantas industriales en Argentina, Brasil y Uruguay, en donde se fabrican conocidas marcas como la harina Pureza, los bizcochos 9 de Oro, los aceites Cañuelas, las premezclas Mamá Cocina y las pastas secas San Agustín.
Molino Cañuelas terminó con un nivel insustentable de endeudamiento, U$S 1350 millones con alrededor de 30 bancos. Fue el Banco Macro, con quien tiene una deuda de U$S 10 millones, el encargado de pedir la quiebra de la empresa. Los bancos locales acreedores son: Banco Galicia, con USD 38,5 millones; Banco Nación, con USD 55 millones; HSBC, con USD 45 millones; Santander Río, con USD 36 millones; Banco Provincia de Buenos Aires, con USD 34 millones, y BBVA Banco Francés, con USD 24,5 millones.
En 2018 Molino Cañuelas despidió a 40 trabajadores de su planta en Tucumán. De decretarse la quiebra y usar los bienes de la empresa para pagarle a los bancos, las 21 plantas y sus 3000 empleados corren peligro.
De acuerdo a los últimos datos del INDEC la industria argentina utiliza actualmente solo un 56% de su capacidad instalada, por lo que las plantas industriales que sobreviven funcionan en promedio a la mitad de lo que podrían hacerlo si el consumo y el poder adquisitivo de la población se recuperara. El sector automotriz funciona al 15%, el sector textil al 31% y el sector metalmecánico al 38%.
Los únicos que ganan con el actual modelo económico son los grandes bancos, que actualmente gozan de altísimas tasas del 62% para invertir en Leliqs los plazos fijos de los ahorristas, a los que les abonan tasas del 37%: el 25% entre una tasa y la otra es renta financiera por no hacer absolutamente nada, salvo parasitar la economía real.
Informe de la Mesa de Relaciones Laborales de CONICET
El Directorio aprobó la modificación del régimen de evaluación para investigadores asistentes.
El pasado jueves 14 de marzo tuvo lugar la primera reunión de la Mesa de Relaciones Laborales del CONICET, del año 2019, en donde participaron funcionarios de las gerencias de RRHH y de Asuntos Legales por parte del CONICET, y representantes de las delegaciones gremiales de ATE y UPCN.
Al término de la reunión desde ATE-CONICET emitieron un comunicado planteando “la situación crítica que vivimos lxs trabajadorxs de los cuatro escalafones del organismo en el marco del profundo deterioro de los salarios y las condiciones de trabajo y la falta de respuestas por parte del gobierno y de las autoridades políticas del sector. Asimismo, requerimos un informe en donde las autoridades den cuenta de la crítica situación política y económica del CONICET a partir de la cual los proyectos y los equipos de trabajo se encuentran paralizados por la falta de fondos, poniendo en riesgo la continuidad de las líneas de investigación. En este sentido, planteamos la profunda incertidumbre respecto a la conducción del organismo ante la falta de información sobre la situación de la presidencia, la dilación del nombramiento de dos directores electos y la evidente intervención de funcionarios del ex ministerio en los manejos de los escasos fondos disponibles”.
Asimismo, reclamaron “por las altas pendientes de cargos CIC y CPA. Los funcionarios informaron que se van dando altas a medida que se producen bajas y que el grueso de las altas será en el mes de noviembre cuando asignen las 450 vacantes pertenecientes al año 2018”.
La planta administrativa sigue congelada en el marco de las políticas de ajuste del gobierno y cientos de trabajadorxs del SINEP han renunciado por los salarios de pobreza y la creciente presión laboral aplicada a través del mecanismo del control biométrico de asistencia y el presentismo.
“La Secretaría de Modernización continúa exigiendo la colocación de relojes en todos los institutos y lugares de trabajo del país. Ante la existencia de injusticias, requerimos una revisión de la distribución de horas extras, la que será evaluada en la próxima reunión de MRL”. Enfatizaron al respecto.
El Directorio aprobó la modificación del régimen de evaluación para investigadores asistentes. Así, deriva a las Comisiones Asesoras de manera bianual y el año intermedio la evaluación la realizará el/la Director/a. Se pidieron especificaciones y modificaciones en la evaluación para no sobrecargar el trabajo de lxs investigadorxs. Se comprometió la presencia de la Gerencia de Evaluación para discutir esas propuestas en la próxima reunión de MRL. La modificación no cambiaría el pago por informe ni los requisitos de promoción.
En este sentido la ATE- CONICET expresó que “respecto a que el CONICET debe reconocer las extensiones de beca para los casos de licencia por maternidad con fecha posterior a la finalización de la beca. Es una obligación del organismo garantizar el acceso a la cobertura médica y a la licencia por maternidad. Los funcionarios informaron que el CONICET no tiene posición tomada y que el Directorio trataría los casos presentados en la próxima reunión. Asimismo, se pidió aplicar para todos los escalafones la ampliación de la licencia a la pareja cogestante acordada en la paritaria estatal”.
“Ante la creciente disposición de compañerxs de todo el país de denunciar casos de violencia laboral y de género exigimos la existencia de mecanismos y modos de abordaje con presencia gremial para poder proteger a las víctimas y sancionar a lxs violentxs. Asimismo, propusimos implementar en el organismo un régimen de capacitaciones sobre violencias y licencias con perspectiva de género, tal como se viene impulsando desde ATE en todos los niveles del Estado”, acotaron.
En este sentido la ATE- CONICET expresó que “respecto a que el CONICET debe reconocer las extensiones de beca para los casos de licencia por maternidad con fecha posterior a la finalización de la beca. Es una obligación del organismo garantizar el acceso a la cobertura médica y a la licencia por maternidad. Los funcionarios informaron que el CONICET no tiene posición tomada y que el Directorio trataría los casos presentados en la próxima reunión. Asimismo, se pidió aplicar para todos los escalafones la ampliación de la licencia a la pareja cogestante acordada en la paritaria estatal”.
“Ante la creciente disposición de compañerxs de todo el país de denunciar casos de violencia laboral y de género exigimos la existencia de mecanismos y modos de abordaje con presencia gremial para poder proteger a las víctimas y sancionar a lxs violentxs. Asimismo, propusimos implementar en el organismo un régimen de capacitaciones sobre violencias y licencias con perspectiva de género, tal como se viene impulsando desde ATE en todos los niveles del Estado”, acotaron.
Quedaron planteados para próxima reunión los siguientes reclamos: jardines de primera infancia en los lugares de trabajo, régimen para conductores, buzos y embarcados, discusión de régimen de licencias y sistema de evaluación. En tanto exigieron que la MRL cuente con la presencia de autoridades políticas y de una mayor regularidad para poder abordar con mayor fluidez las demandas y reclamos de lxs trabajadorxs del organismo. Se fijó el 9 de mayo como fecha de próxima reunión de MRL.
Por último, la sectorial especificó que “queremos transmitir a lxs compañerxs trabajadorxs la necesidad de profundizar la organización, la unidad y la movilización colectiva contra el plan de ajuste, por la reapertura de paritarias, por nuestras condiciones de trabajo y la posibilidad de seguir desarrollando tareas en el sistema científico y tecnológico en condiciones dignas”.
Esta semana, se encuentra sesionando el plenario nacional de delegadxs de ATE-CONICET, donde se definirán las próximas acciones y medidas a tomar.
Flybondi quiebra la lógica aeronáutica y lanza un sólo convenio para todos sus empleados
Lejos de las especifidades de cada actividad que contempla la rama aeronáutica, la low cost aprovechó el gremio que patrocinó el gobierno en su empresa para encuadrar a todo su personal en un sólo convenio.
En lo que es el segundo paso en el intento del Gobierno y las low cost por destruir los gremios aeronáuticos, la Flybondi cerró su propio acuerdo laboral colectivo con la Asociación Sindical de Trabajadores de Flybondi, el gremio que representa sólo a su personal.
La rubrica del acuerdo fue informada por la compañía a Reportur, y precisó que fue homologado por las partes ante el Ministerio de Producción y Trabajo. Rige desde el 1° de marzo.
Está claro que el flamante gremio amarillo de Flybondi no tiene potestad para firmar acuerdos colectivos, sin embargo la “buena voluntad” de la empresa y del Ministerio parecen suplantar el vacío legal.
Este marco fija aspectos de las condiciones laborales de todo el personal de la empresa (pilotos, tripulantes de cabina, técnicos y personal operativo), una diferencia clave. En otras compañías del sector, operan seis gremios diferenciados por especialidad, cada uno tutelando su convenio.
“Incrementar los salarios dos veces al año de acuerdo a la evolución del índice de inflación que publique el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)”, precisó la aerolínea respecto de la obligación que fija el convenio en materia salarial.
Avanzan causas judiciales por ataques e intimidaciones a delegados del SUTCAPRA
Dos investigaciones por distintos episodios ocurridos en el conurbano bonaerense avanzan en paralelo. Investigan a las mismas personas y hay vínculos con fuerzas de seguridad. Creen que es para detener la sindicalización.
En las últimas semanas se registraron importantes avances en las causas judiciales que investigan presuntos ataques e intimidaciones a delegados y trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA).
Se trata de dos investigaciones por distintos episodios ocurridos en ámbito del conurbano bonaerense, que de acuerdo a la denuncia del sindicato tienen relación e involucrarían a las mismas personas.
En ese sentido, hace días personal policial demoró a un masculino mayor de edad identificado como Sebastián Aguirre, luego de una presentación realizada por SUTCAPRA ante intimidatorios movimientos perpetuados en Esteban Echeverría.
Desde el gremio relataron que Aguirre merodeaba la zona de boliches durante las madrugadas los fines de semana “con claras intenciones de amedrentar e intimidar el trabajo gremial realizado por nuestros delegados”.
“No eran visitas casuales, fueron recurrentes y coordinadas, y en la mayoría de los casos portando armas de fuego. Son personajes conocidos que por algún interés que desconocemos, quieren intimidar a nuestros compañeros”, destacaron fuentes del SUTCAPRA.
El dato más llamativo es que el auto en el que se movilizaba Aguirre en las noches del conurbano -relataron- está registrado a nombre de un exfuncionario del ministerio de Seguridad bonaerense, y al parecer, debería ser utilizado por personal policial en tareas de prevención e inteligencia, informaron desde el gremio.
Al involucrado le encontraron en su poder una credencial apócrifa de la Policía.
Este hecho tiene estrecha relación con un violento episodio ocurrido en abril del 2017 en La Matanza. En ese momento, el titular de la empresa Cornel Seguridad Privada fue acusado por el sindicato de contratar a una patota para que atacara a golpes a trabajadores del SUTCAPRA mientras realizaban una protesta frente al hipermercado Carrefour.
En aquella emboscada, “Aguirre también participó del hecho, lo que motivó la denuncia penal correspondiente por parte de SUTCAPRA”.
Las denuncias por los hechos de La Matanza fueron realizadas en la seccional policial Oeste Cuarta de San Alberto y tomaron su curso a través de la fiscalía del lugar.
Por su parte, la Fiscal que lleva la causa de Esteban Echeverría estaría evaluando unificar las denuncias y avanzar contra los involucrados en ambos episodios.
En tanto, SUTCAPRA analiza la presentación de una denuncia penal contra Aguirre y los propietarios del rodado en el que se movía por las noches bonaerenses
El INDEC informará la desocupación y Sica advierte que hay preocupación por la destrucción en la industria
Los cálculos públicos y privados apuntan a que la medición estará por encima de la tasa del 7,2 % del último trimestre del 2017, momento en que la economía crecía a una tasa de 3%. Pero entre octubre y diciembre del año pasado, la economía presentó una caída promedio del 6%, con un fuerte retroceso […]
Los cálculos públicos y privados apuntan a que la medición estará por encima de la tasa del 7,2 % del último trimestre del 2017, momento en que la economía crecía a una tasa de 3%.
Pero entre octubre y diciembre del año pasado, la economía presentó una caída promedio del 6%, con un fuerte retroceso del sector fabril, la construcción y el comercio.
Ya en el tercer trimestre del año pasado la tasa de desocupación había subido al 9 %, frente al 8,3% de igual período del 2017.
Un dato no menor fue que la cantidad de empleo formal cayó 1,5% durante el año pasado, unos 191.300 puestos, según los datos relevados por el Ministerio de Producción y Trabajo en base al Sistema Integrado de Previsión Argentino (SIPA).
El trabajo detalla que en diciembre de 2018 hubo 12.196.000 trabajadores registrados, lo que representa 191.300 menos que un año atrás (-1,5% ), aunque 92.000 más, (+0,6%), respecto al cierre de 2016.
Dentro del sector privado, en el último mes de 2018 respecto a diciembre de 2017 bajó el número de asalariados registrados (-131.000), como el de los trabajadores independientes en su conjunto (-15.000 trabajadores menos).
En cambio, los asalariados particulares se incrementaron en 21.000 empleos.
Frente a estos números, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró que “la mayor caída del empleo” se registra en la actividad industrial, y afirmó que el Gobierno está muy “concentrado” en reducir el nivel de informalidad laboral.
El ministro puntualizó que en el mercado del trabajo “tenemos particularidades distintas. En el sector industrial es donde estamos viendo la mayor caída de empleo. De alguna manera, hoy los sectores más dinámicos en la generación de empleos son los de servicios”.
Los empleos registrados del sector privado sumaron 6,2 millones en diciembre de 2018. La cantidad de trabajadores de este sector se redujo en 131.000 (-2,1%) con respecto a diciembre de 2017.
Además se detalla que los salarios promedio de ese sector, en el acumulado de los últimos 12 meses (enero-diciembre 2018), aumentaron un 27,5% en diciembre, contra una inflación del 47,6%.
Respecto a diciembre 2018, dos de las 24 jurisdicciones tuvieron un aumento en la cantidad de asalariados registrados privados fueron Neuquén (6,2%) y Jujuy (2,4%).
Por el contrario, las mayores caídas interanuales se observaron en Catamarca (-7,9%); Tierra del Fuego (-6,6%); Chaco (-6,5%); Formosa (-5,8%); La Rioja (-5,6%); y San Luis (-5,3%).
Vidal mandó a su ministro de Trabajo a pedir la reforma laboral
Marcelo Villegas, ministro de Trabajo bonaerense, acusó a los gremios y a la legislación laboral por los problemas de empleo que genera el modelo económico. “La Argentina tiene todavía rémoras de legislación laboral”. señaló.
El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, pidió en Bahía Blanca “trabajar sobre la legislación laboral y los convenios colectivos de trabajo” en lo que fue un claro mensaje en favor de la reforma laboral que Cambiemos añora desde hace dos años.
“La Argentina tiene todavía rémoras de legislación laboral que no permiten metabolizar las nuevas formas de empleo, plataformas de trabajo que se dan en el mundo” expresó el funcionario..
Villegas formuló estos conceptos al participar del acto del ciclo lectivo 2019 del Centro de Formación Laboral 408 de Bahía Blanca y que forma parte de 200 en toda la provincia dependientes del Instituto Provincial Laboral y por el cual se generan 8.400 cursos.
El funcionario dijo durante un contacto con la prensa que dicha iniciativa apunta “a atender las necesidades de formación y generación de habilidades y competencias que requiere el mercado”.
En otro orden y sobre la situación laboral en la provincia, Villegas afirmó que “nos ocupa, estamos en el sector privado en lo que es la administración de los conflictos, trabajando con los sindicatos, con las empresas y cámaras empresarias”.
“Lo estamos haciendo bien teniendo en cuenta las complicaciones que atraviesan algunas empresas por cuestiones propias de su administración, otras por cuestiones de mercado y cambios en la macroeconomia”, agregó al indicar que lo que “hacemos es trabajar preventivamente sobre los conflictos para tratar de mitigar y minimizar los impactos negativos”.
Dietrich avanza en la venta de inmuebles de vialidad nacional y los trabajadores hablan de privatización
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció la intención de venta de sedes distritales de Vialidad Nacional en cada provincia. Todo salió a la luz ayer ante una circular masiva del organismo bajo el control del Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en la cual directivos del organismo demandan a cada distrito copia digital de […]
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció la intención de venta de sedes distritales de Vialidad Nacional en cada provincia. Todo salió a la luz ayer ante una circular masiva del organismo bajo el control del Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en la cual directivos del organismo demandan a cada distrito copia digital de los planos y constancias de habilitación de las mismas.
“Estos hechos llevan incertidumbre y preocupación al trabajador, que ve peligrar su lugar y fuente de trabajo, y busca restringir la capacidad operativa para privatizar nuestras funciones como quieren pero no logran por la unidad y resistencia de los viales”, aseguró Graciela Aleñá, secretaria General de los viales.
El gremio adelantó que ante este avance llevará pedidos de apoyo y estrategias de lucha al frente Frente Sindical para el Modelo Nacional que encabeza el Camionero Pablo Moyano y a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que tiene como referente al portuario Juan Carlos Schmid. Es que en ambas organizaciones los viales nacionales militan activamente.
“Ya contamos con el antecedente de lo sucedido con la sede del 1º Distrito Buenos Aires, el 10º Distrito Corrientes, a lo que se suma el 7º Distrito Santa Fe y el 4º distrito Mendoza, donde observamos una metodología similar cuyo único objetivo fue la enajenación de los inmuebles que no son ociosos”, sostuvieron los viales en una nota remitida al organismo que encabeza Patricia Gutierrez, exigiendo que ratifiquen la intención de venta o no de las sedes ubicadas estratégicamente en cada provincia.
Gutierrez aterrizó en ese lugar luego de la escandalosa salida de Javier Iguacel investigado por la justicia en su gestión al frente de Vialidad Nacional.
El STVyARA calificó así de “provocación” la acción de Dietrich ya que se emitió dicha circular en el pleno momento en que ayer sesionaba un Plenario de Secretarios Generales de los 25 distritos con el objetivo de implementar un plan de lucha ante la pérdida de más del 30% del poder adquisitivo de los salarios durante el 2018. “Ahora arrancamos además el 2019 con la venta de nuestros lugares de trabajo que pasarían a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Lo que están haciendo es desguazar Vialidad Nacional, a pesar de las acciones de marketing que hacen por la compra de maquinarias”, argumentó Aleña.
“Solicitamos a esa administración que informe sobre los motivos que llevan a pedir la documentación inmobiliaria registral a todas las sedes de la Dirección Nacional de Vialidad” agregó Aleñá, “requerimos una inmediata respuesta, que en caso de no ser recibida, obligará a nuestra organización gremial a tomar las medidas necesarias, ya sean administrativas, judiciales o de acción directa”, finalizó el documento remitido a la cartera de Dietrich.
Crisis en el puerto de San Pedro: empresas piden suspender 150 empleados sin goce de sueldo por 75 días
En total 150 trabajadores podrían ser suspendidos sin goce de sueldo si el Ministerio de Trabajo autoriza el procedimiento preventivo de crisis solicitado por las empresas Sucesión Saliva y Estibaje San Pedro. Hoy reunión clave.
El jueves hubo audiencia en el Ministerio de Trabajo solicitada por el abogado Carlos Casini, representante de los trabajadores del Puerto de San Pedro, que temen por sus puestos laborales luego de confirmarse que la empresa rusa Baltic Shipping trasladó sus operaciones a Campana.
Durante la reunión estuvo presente el representante legal de las firmas sampedrinas, José Benito Aldazábal, quien presentó un escrito con las explicaciones de las firmas, confirmando en primera instancia lo que ya era de público conocimiento, referido a la decisión de Baltic Shipping.
Según contó el portal Visión Regional, le solicitaron al Ministerio de Trabajo el inicio del procedimiento preventivo de crisis y pidieron poder suspender a los 150 trabajadores por 75 días, sin goce de sueldo. En ese plazo, en principio, los empresarios podrían dar con alguna otra empresa que opere en San Pedro.
El abogado Carlos Casini se mostró escéptico de esta posibilidad, basándose incluso en la experiencia de los trabajadores que indican que las alternativas implican solo trabajo por algunas jornadas.
El letrado solicitará a las empresas que se respeten los derechos de los trabajadores y que estos perciban el pago de sus salarios durante la suspensión.
Hoy las partes volverán a reunirse en el Ministerio de Trabajo mientras se espera por la intervención del Municipio en el acompañamiento de los trabajadores.
Fracasaron las paritarias y la UTA comenzó un paro de media y corta distancia del interior del país
Es por la falta de acuerdo con la Federación de Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros. En caso de no solucionarse, el jueves se profundizarán las protestas.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó desde hoy y hasta el jueves a un paro de colectivos de media y corta distancia del interior del país. La decisión es en respuesta al fracaso en la negociación de salarios con la Federación de Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros.
Según dieron a conocer desde el gremio, por ejemplo en Bahía Blanca la medida de fuerza afectará el servicio de todas las líneas sólo durante la noche, de 22 a 6, desde mañana y hasta el próximo jueves.
Además, adelantaron que de no haber acuerdo en la audiencia del jueves, se profundizarán las protestas.
Desde la UTA pidieron que las medidas “se realicen en forma pacífica”, solicitaron “comprensión” y exigieron que “no castiguen al pueblo trabajador en la justa manifestación de su reclamo”.
Alerta en el ENRE por despidos masivos
Por el traspaso de Edenor y Edesur, se dispuso la creación de un nuevo ente regulador. Desde el Gobeirno dejaron trascender que “algunos” trabajadores se incorporarán al nuevo organismo. Temor por la continuidad laboral.
El gobierno nacional firmó el 28 de febrero un acta con la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires avanzar con el traspaso de las distribuidoras eléctricas Edesur y Edenor a esas jurisdicciones. El acuerdo incluye la creación de un nuevo ente de control bipartito para realizar las tareas que hoy desarrolla el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre esas empresas.
Sin embargo, y según consignó Página/12 la Asociación de Trabajadores del Estado denunció que dicho acuerdo no garantiza la continuidad laboral de los trabajadores del organismo y se declaró en estado de alerta.
Los trabajadores afirman que el directorio del ENRE les había prometido que en el acta se iba a incluir una cláusula donde se garantizara el traspaso de todo el personal que realiza tareas relacionadas al servicio de distribución (unas 200 personas), pero finalmente esa garantía no se incluyó. El acta dice que para avanzar con el traspaso “se requiere que las áreas técnicas del ENRE y del nuevo organismo regulador trabajen coordinadamente, para lograr una transición que no afecte la prestación del servicio y a sus usuarios y que respeto los derechos de las concesionarias”, pero a continuación aclara que “en ese período se evaluará también la posibilidad de que algunos agentes que hoy prestan servicios en el ENRE, pasen a hacerlo en el nuevo organismo regulador a crearse”.
La palabra “algunos” encendió la alarma en el gremio. Además, por si esa palabra no generara suficiente temor, ni siquiera se garantiza que algunos sean transferidos, pues se aclara que “se evaluará la posibilidad”.
“Expresamos nuestra profunda preocupación y reclamamos al directorio de nuestro Ente y a todos los poderes involucrados, tanto nacionales como locales, que al instrumentarse el traspaso de jurisdicción sobre las empresas Edenor S.A. y Edesur S.A. se garantice la continuidad laboral de quienes trabajamos en el ENRE y un adecuado control de las empresas distribuidoras a fin de proteger integralmente los derechos de los usuarios”, afirmó ATE a través de un comunicado.
“Como trabajadores del ENRE, a lo largo de los últimos 25 años y con los distintos gobiernos de turno, siempre hemos cumplido con todas nuestras obligaciones laborales. Cada trabajador/a del ENRE se capacita para su función y es evaluado anualmente en su desempeño laboral. Aportamos día a día el conocimiento acumulado durante todos estos años de trabajo y queremos seguir haciéndolo en el futuro para que el servicio eléctrico de todos los argentinos sea cada día mejor”, agrega el comunicado.
Por ahora el traspaso está demorado ya que antes el gobierno deberá avanzar con una liquidación de activos y pasivos de las distribuidoras con el Estado. La pelea está concentrada en ese punto y es difícil que haya una definición durante la campaña electoral, pero igual los trabajadores se declararon en alerta hasta que se garanticen todos los puestos de trabajo.
“Reclamamos un traspaso de jurisdicción sin trabajadores ni usuarios afectados”, concluye el texto de ATE.
Mirgor, la firma que fundó Mauricio Macri, comunicó que despedirá 60 empleados
Mirgor, la firma que fundó Mauricio Macri, comunicó anoche a sus empleados que tiene la intención de avanzar con 60 despidos. Además habla de suspensiones y reducciones horarias para quienes queden activos.
El grupo Mirgor, conocido popularmente por haber sido fundado por el Presidente Mauricio Macri, le anunció anoche al personal que pretenden avanzar con más de 60 despidos, suspensiones y reducción horaria para el personal.
De hecho, por estas horas se desarrollaban reuniones para tratar de avanzar en algún acuerdo, según consignó el portal local PolíticaTDF.
Anoche trascendió la intención de la empresa Mirgor y ahora son el cuerpo de delegados y los representantes de la empresa para tratar de destrabar la situación.
La medida es rechazada por los representantes de los trabajadores y trascendió que se entiende que “se estaría violando el acuerdo firmado recientemente”, de concretarse los más de 60 despidos planteados.
Además, la patronal pretendería avanzar con suspensiones y reducciones horarias entre el plantel que quede vinculado a la empresa.
Mirgor es actualmente una firma propiedad de Nicolás “Nicky” Caputo, el íntimo amigo de Macri y su socio fundacional. De hecho, a principios de año corrieron fuerte los rumores de que los amigos estarían distanciados por la situación económica del país que impacta, entre otros negocios, en varios de los emprendimientos de Caputo.
Envío:RL
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