La CGT, el Frente Sindical, las CTA y los movimientos sociales se manifestarán en rechazo a las políticas del gobierno de Mauricio Macri.
Mañana se movilizan las principales centrales de trabajadores
En marcha por otro modelo
“Tenemos las mejores expectativas para la movilización, que creo será importantísima y va a poner el acento en la discusión de un modelo de país distinto al que lleva adelante este gobierno”, aseguró el dirigente de la CGT Héctor Daer, a horas de la marcha por la Unidad, la Producción y el Trabajo Argentino. Convocada por la dirección cegetista y los gremios de la industria, la protesta sumó la participación del Frente Sindical para el Modelo Nacional –donde están la Corriente Federal y Camioneros–, de los distintos sectores de la CTA, las comisiones internas de la izquierda y los movimientos sociales. Aunque mañana pararán algunos gremios –como los docentes–, el llamado a una huelga nacional sigue estando fuera del menú. De todos modos, la marcha mostrará una amplia confluencia contra el programa económico.
La CGT difundirá, mediante una solicitada, un documento sobre “la realidad de la industria, de las pequeñas y medianas empresas, de la producción y del empleo en todo el país”. “Hay que tener una mirada de largo plazo, la situación social es preocupante, viene en caída libre y no le vemos salida”, planteó Daer.
La marcha va a salir de Once a las 14 horas. La cabecera, presidida por los integrantes del consejo directivo de la CGT, tiene previsto formar desde Misiones y la Avenida Rivadavia, detrás de gran bandera de color celeste. A la altura del Congreso van a hacer una escala para entregar un proyecto de ley de defensa de las Pymes industriales y luego seguirán camino hasta el cruce de Avenida de Mayo y con la 9 de Julio.
Daer y Carlos Acuña, su coequiper en la conducción de la CGT, resolvieron no hacer acto de cierre ni armar escenario para la lectura del documento, un modo de evitar que se repita la incómoda experiencia que vivieron el 7 de marzo de 2017, cuando los manifestantes le exigieron a la dirigencia que pusiera fecha para una huelga nacional. De la misma manera, fijaron lejos de la Plaza de Mayo el punto de llegada de la marcha.
Los reclamos a la CGT para que llame a un paro nacional, con todo, serán un elemento fuerte en la jornada, planteado por los cegetistas disidentes, Camioneros, las CTA y las agrupaciones sindicales de la izquierda.
La Corriente Federal fijó como punto de encuentro la Avenida Entre Ríos e Hipólito Irigoyen, a las 12.30. Sergio Palazzo habló de la necesidad de medidas que vayan más allá de la marcha: “Con eso solo no alcanza, hay que hacer más desde el consejo directivo de la CGT. Desde el Frente Sindical estamos planteando la necesidad de un paro nacional y de un plan de lucha para que este Gobierno cambie sus políticas de hambre”.
La CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky convocó a concentrarse en el Congreso desde las 13 horas. “Hay que ir a la marcha y hay que ir al paro nacional. Quienes no lo hagan están jugando para el Gobierno”, definió el dirigente.
Pablo Micheli, de la CTA Autónoma, llamó a “marchar en unidad” aunque marcó que tras la movilización “tiene que haber un paro nacional”.
La CTA-A que dirige Ricardo Peidro convocó a marchar y a generar “las condiciones para la construcción de un paro general que ponga freno al ajuste”.
El MST junto a gremios como la Cicop anunciaron que van a marchar a las 14 horas desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo.
Los movimientos populares del llamado triunvirato de San Cayetano (CTEP, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa), más los del Frente Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha van a movilizarse al Congreso a las 13 horas, para ser parte del reclamo junto a las centrales obreras. Luego irán al Ministerio de Desarrollo Social, donde van a hacer un acto, como continuidad de su plan de lucha por alimentos y planes sociales.
Suma volumen la movilización gremial del 4 A en reclamo de “producción y empleo”
La marcha por la unidad, la producción y el trabajo que convocaron los gremios industriales de la CGT para este jueves 4 de abril sumaron a las CTA, los movimientos sociales y las PyMes con más adhesiones. Los motivos para la queja y la protesta sobran, particularmente luego de las cifras oficiales de pobreza y empleo que hablan de una economía en rojo.
La marcha está convocada para las 14 en Plaza Once y recorrerá la avenida Rivadavia en dirección hacia el Congreso donde realizará una escala para entregar un proyecto de ley de defensa de las Pymes industriales para continuar luego hasta la intersección de avenida de Mayo y 9 de Julio.
La movilización nació como una necesidad de los gremios de la industria que ven cómo con el gobierno de Mauricio Macri, las empresas relacionadas con la industria se fueron destruyendo con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. “La opción del gobierno por favorecer la especulación financiera, la apertura desmesurada de importaciones y de promover la producción de productos primarios –sin valor agregado- colocó a estos sectores en un escenario de crisis similar a los años 2001-2002” denuncian los gremios.
En ese contexto es que se va abultando la convocatoria. De hecho los más 70 gremios que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN) también ratificaron su participación de la marcha pero podrían ser ellos mismos quien ese día reclamen a la CGT la convocatoria a un paro que por el momento no está en agenda.
Cada gremio citará a sus afiliados desde el mediodía en distintos puntos geográficos para confluir luego en plaza Miserere e iniciar a las dos de la tarde el reclamo bajo el lema: “por el trabajo y la producción”.
Al mismo tiempo habrá un firme reclamo de parte de los sectores como la CTA y los movimientos sociales de que se declare el estado de emergencia alimentaria y nutricional; la emergencia tarifaria en los servicios públicos; la emergencia habitacional y la emergencia ocupacional en todo el ámbito del territorio argentino.
En el interior del país la adhesión también es muy significativa, sobre todo en centros urbanos muy emblemáticos como Córboba o Rosario donde existen reclamos muy fuertes de sectores como el metalúrgico o el automotriz que atraviesan una situación desesperante.
Algunos gremios, todavía por estas horas insisten en la necesidad de contar con un escenario, con un discurso o con llegar a la plaza de Mayo pero eso no está previsto por parte de los organizadores luego de aquella marcha del 7 de marzo de 2017 que finalizó con disturbios que opacaron la protesta.
La CTA Autónoma marcha el 4 de abril camino al PARO NACIONAL
El próximo 4 de abril la CTA Autónoma marchará una vez más en unidad de acción junto con la CTA de los Trabajadores, la Corrientes Federal y el Frente Sindical que encabeza el moyanismo para exigirle al Congreso que convoque de manera urgente a una mesa de diálogo social a empresarios, Centrales Sindicales, Partidos Políticos, Movimientos Sociales y la Iglesia y así poder acordar un programa de salida a la crisis que tenga como prioridad bajar la pobreza, parar los despidos y frenar los tarifazos.
Cabe destacar que la CTA Autónoma ha combatido desde su inicio las políticas de ajuste del Gobierno de Macri, desde la contundente marcha que nos reunió aquel 29 de abril del 2016 en el Monumento al Trabajo hasta los meses de enero y febrero de este año que hemos marchado a lo largo y ancho del país contra las tarifas en los servicios públicos que está destruyendo el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras.
En este marco, y con los recientes indicadores de pobreza que muestran cómo ésta ha aumentado y afirman que el 47% de los niños son pobres, con fábricas que cierran todos los días y la inflación que crece de la mano de la fiesta que se hacen unos pocos con las corridas del dólar, estamos convencidos que la respuesta más contundente a esta situación es la convocatoria a un PARO NACIONAL que no puede pasar del mes de abril.
Convocamos a concentrar el próximo jueves 4 a las 11 horas en Entre Ríos e Hipólito Irigoyen para exigir al Congreso el llamado urgente a las instituciones de la democracia a una mesa de diálogo con la firme convicción que si no tenemos respuesta vamos todos al PARO NACIONAL.
Dora Martínez José Rigane Pablo Micheli
Secretaria Adjunta Secretario Adjunto Secretario General
Dora Martínez José Rigane Pablo Micheli
Secretaria Adjunta Secretario Adjunto Secretario General
EMERGENCIA SOCIAL
“Las organizaciones populares encontramos las respuestas que el Estado no da”
Pablo Spataro, secretario general de CTA Autónoma capital y Gildo Onorato, miembro de la conducción nacional de CTEP, destacan el rol de las organizaciones sociales ante el crecimiento de la pobreza.
En ese contexto, Pablo Spataro, secretario general de CTA Autónoma capital y miembro del Consejo Directivo Nacional de ATE junto a Gildo Onorato, secretario de políticas sociales del Movimiento Evita e integrante de la conducción nacional de CTEP analizaron el rol de las organizaciones populares ante el crecimiento de la miseria y la exclusión.
Onorato advirtió: “Desde la Caja PAN en los 80 que llegaba a 800 mil personas, más 200 mil que recibían un programa similar en la provincia de Córdoba, o sea que en total un millón de personas eran asistidos de alguna manera. Hoy son nueve millones. Se avanzó en el asistencialismo en contra del trabajo”.
“Hay tres órbitas del mundo laboral que deben generar el nuevo bloque histórico que genere la unidad nacional que buscamos, la de los trabajadores privados, la de los estatales y la de la economía popular del campo y la ciudad. Ese debe ser el motor de la unidad nacional”, amplió el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
Por su parte, Spataro, expresó: “Hay que recuperar el Estado que fue desguazado. Los alimentos suben porque los que venden comida a precio de exportación venden también en las góndolas a precio de afuera, y al mismo tiempo se destruyó la Secretaría de Agricultura Familiar que articula con los pequeños productores para generar alimentos baratos y de calidad”, sostuvo.
Con respecto a las posibilidades de torcer el rumbo socio económico que impone el modelo Cambiemos, Onorato remarcó: “Gane quien gane las elecciones el movimiento popular tiene que sostener en la calle sus propuestas”.
“Es muy importante seguir en la resistencia que se ha ido construyendo en un proceso muy rico. Cada minuto que el movimiento popular demora en construir la unidad se va a medir en más pobreza y dolor para nuestro pueblo”, coincidió Spataro.
“Cada minuto que el movimiento popular demora en construir la unidad se va a medir en más pobreza y dolor para nuestro pueblo. Tenemos que trascender y generar los pilares del país que queremos”
Por último, ambos dirigentes convocan con expectativas a las movilizaciones del 4 y 10 de abril como parte de un proceso de resistencia: “Esperamos que sea un paso más hacia la construcción de un gran Paro general para ponerle límites a este modelo de ajuste. Tenemos que armar un gran bloque que sea capaz de quebrar al macrismo en las elecciones, y que después de octubre pueda seguir garantizando una agenda popular”, concluyó Spataro.
Con reclamos a Vidal, el Astillero Río Santiago marcha este jueves a la La Plata
Lo resolvieron en asamblea sus trabajadoras y trabajadores. A la mañana marcharán al Ministerio de Trabajo, en reclamo de la reactivación de la empresa y que se cumplan varios puntos pendientes del conflicto pasado.
Los trabajadores del Astillero Río Santiago resolvieron este miércoles, en una asamblea en la planta de Ensenada, movilizar este jueves a La Plata en reclamo de medidas concretas y de presupuesto para la reactivación de la empresa naval.
Según informaron, la movilización arrancará a las 9 de la mañana desde la puerta del Astillero y se estima que a las 10 llegarán a la sede del Ministerio de Trabajo provincial, ubicado en Avenida 7 entre 39 y 40 de la capital bonaerense.
Entre otras cosas, desde el ARS reclaman fondos para poder finalizar la construcción de dos buques producteros, que actualmente está en un 90 % terminados.
Juan Contrisciani, delegado paritario y militante de la agrupación Marrón del Astillero, dijo a La Izquierda Diario que “un importante sector de la fábrica sabe que no podemos esperar ni a un cambio de gobierno como nos dice la oposición, ni aceptar marchar con algunos gremios junto a la Unión Industrial Argentina con el argumento de recuperar la producción como propone la CGT y propuso nuestro gremio”, en referencia a la conducción de ATE.
Las trabajadoras y los trabajadores del ARS convocan, además, a “salir a la calle junto con los gremios y organizaciones que nos apoyaron el año pasado y también sufren como nosotros el ajuste del gobierno nacional y provincial”.
La semana pasada las bases del ARS ya habían rechazado por amplia mayoría en asambleas de sector la propuesta del sindicato y por eso este miércoles aprobaron la movilización al centro platense en una asamblea general.
Según se informó, la movilización continuará hacia el Ministerio de Economía bonaerense, donde se entregará otro petitorio exigiendo la devolución de ítems salariales descontados ilegalmente durante 2018. Y también marcharán al Instituto de Previsión Social para pedir reclamar que trabajadores del ARS que están por jubilarse puedan hacerlo por esa dependencia.
Se espera que la movilización finalice en la céntrica Plaza San Martín, frente a la Gobernación, para exigirle a María Eugenia Vidal que se concrete de una vez por todas la batería de reclamos realizados el año pasado y que la gestión macrista prometió.
Héctor Daer: “No podemos descartar un paro general por la inestabilidad de este Gobierno”
El secretario general de la CGT, Héctor Daer, se refirió a la marcha sindical que la central sindical, el movimiento obrero y las organizaciones sociales lanzaron para mañana 4 de abril y sostuvo que “va a ser importantísima”.
“Tenemos las mejores expectativas para la movilización”, dijo, al tiempo que advirtió: “No podemos descartar un paro general para este año por la inestabilidad que hay con este Gobierno”.
En diálogo con Crónica Anunciada, que se emite por Futurock, Daer señaló: ”El objetivo nuestro tiene que ser el proceso electoral, pero no descartamos hacer un paro por la inestabilidad que hay”.
Por otro lado, opinó sobre el armado de la oposición de cara a las elecciones de octubre: ”Trabajamos todos los días por la unidad entre Cristina y Lavagna. Separados desilusionan a todos los trabajadores”, y remarcó: ”Cristina, Massa y Lavagna no tienen nada que ver con Macri. Tienen que hacer un esfuerzo por la unidad”.
”Si este Gobierno es reelecto va a venir por la legislación laboral”, concluyó.
CTA Autónoma solicitó la urgente convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil
La CTA Autónoma solicitó, mediante notas dirigidas a la Secretaria de Trabajo y Empleo de la Nación y al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, “la urgente convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.”
Ambas notas son del mismo tenor y en ellas se exponen los motivos haciendo referencia a “la grave situación económica y social que se encuentran atravesando los trabajadores y trabajadoras de todo el país, atento el lapso transcurrido desde la última convocatoria realizada”.
Las chicas de Nordelta
Por Ana Fornaro para La Diaria
La chispa la encendió el destrato por un lugar en el bus, pero no ocurrió hace 60 años ni se trata de Rosa Parks y el histórico movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, sino de un grupo de trabajadoras domésticas de un megabarrio privado en Buenos Aires. Ana Fornaro estuvo con ellas para entender una lucha que estaba asordinada, y que ahora tal vez haya encontrado condiciones favorables para avanzar.
Le vino de adentro. La rabia le salió de golpe y se convirtió en arenga. Hacía una hora que Flora veía cómo las combis pasaban de largo. El sol ya pegaba a las nueve y media de la mañana del 7 de noviembre de 2018, y la parada estaba desbordaba de empleadas domésticas, como ella. La compañía de transporte encargada de trasladarlas desde allí hasta el complejo de barrios cerrados Nordelta las ignoraba desde hacía semanas, haciéndolas llegar tarde a sus trabajos, obligándolas a bajarse o a viajar paradas y al fondo, lo más lejos posible de los propietarios, quienes también usan ese servicio para entrar a la ciudad-pueblo enrejada.
La parada de Pacheco, en el municipio de Tigre, está en un descampado, frente a un puente, en el cruce de la ruta 197, a varios kilómetros del primer barrio cerrado. Tiene vista a un cartel gigante con una chica en una playa paradisíaca. “Costa Mujeres: la nueva joya del caribe mexicano”. Pero el mar está lejos de Pacheco y los micros pasan de largo. Entonces a Flora, que hace ocho años trabaja de empleada doméstica en Nordelta, que antes fue operaria en fábricas, que tiene ocho hijos, que cobra 10.000 pesos por mes trabajando siete horas diarias en una casa con seis baños, eso la quemó adentro y gritó:
— ¡Nos están discriminando! ¡Chicas, hay que hacer algo!
A los pocos minutos, decenas de mujeres habían cortado la ruta. Los coches se fueron acumulando entre bocinas. La mayoría era de propietarios que buscaban entrar a sus barrios. Una conductora amenazó con pasarles por encima si no se movían. No se movieron. Algunas documentaban todo con sus celulares mientras se daban ánimo. Los videos se hicieron virales y los días siguientes todos los medios de comunicación de Argentina hablaron de Nordelta y de los countries, de discriminación y de la empresa de transporte Mary Go.
Las empleadas domésticas tomaban la palabra. Algunas salieron en la radio, otras en la tele de espaldas. Un mes antes del estreno de Roma, la película que haría hablar al mundo entero sobre empleo doméstico, en Argentina se destapaba una olla de explotación laboral y malos tratos. Se habló deapartheid en el transporte, de trabajos en negro, de jornadas de 16 horas en casas de ricos y poderosos, de patronas que escondían la comida a sus empleadas, que encadenaban la alacena y las vigilaban con cámaras. Ese cruce de datos e historias también circulaba en la parada de Pacheco, el único lugar de encuentro posible de las trabajadoras de los barrios privados. Aprovecharon esas horas de espera para pasarse los teléfonos. Armaron un grupo de chat con más de 40 empleadas. Empezaba la organización.
Nordelta fue una idea del empresario italiano Julián Astolfoni, que, mirando a París, quiso importar a Argentina el modelo de ciudad satélite autosuficiente. Eran los años 70 y el “master plan” — así llaman al plano y documento fundador que sirve como una suerte de constitución del complejo — preveía un espacio para 140.000 personas. Hubo que esperar al liberalismo de los 90 para su aprobación, de la mano del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. Para terminar de impulsarlo, se sumó el magnate inmobiliario Eduardo Costantini.
El proyecto, que prometía la vida de Miami a media hora de Capital, vendió su primer lote en el año 2000. Era un país en la miseria y al borde del caos social, donde proliferaban el miedo a la inseguridad y las noticias sobre entraderas y secuestros express; las clases medias-altas y altas querían salvarse, y un complejo de barrios cerrados era una solución para exiliarse sin tener que irse del país. Durante esa década, proliferaron los countries al norte del Gran Buenos Aires.
Pero Nordelta es más que un country: es una suerte de isla con 25 barrios terminados y dos en construcción, cinco colegios, un centro médico con dos sanatorios, clubes de golf y de deportes náuticos, un centro comercial, oficinas de la Asociación Vecinal Nordelta — AVN, el ente administrador que nuclea a desarrolladores y propietarios — y unos 8.000 trabajadores que circulan a diario. Las empleadas domésticas son mayoría, pero también hay jardineros, pileteros y empleados de comercio, que tienen que viajar a diario para entrar a ese corredor de casas y edificios color pastel que dan a lagos artificiales, con una flora diseñada especialmente, donde cada árbol está inventariado.
Los barrios están unidos por la avenida Nordelta, una troncal que, a pesar de ser una calle municipal, no es de libre acceso: los propietarios pagan desde hace años al Municipio de Tigre para su uso exclusivo. Eso quiere decir que allí sólo ingresan vehículos autorizados, como autos de residentes, remises con un permiso especial y una sola compañía de transporte colectivo: Mary Go, la misma que en los últimos meses les pasaba de largo a las empleadas domésticas, o no las dejaba subir cuando adentro venían propietarios, o no les permitía sentarse porque los asientos estaban ya reservados.
Mary Go enfrenta, junto a la AVN, una denuncia por discriminación. Tras el escándalo, la AVN se puso de acuerdo con la empresa y transporta de forma gratuita a las trabajadoras, que antes pagaban boleto. Al menos será así hasta que empiece a circular una línea de transporte público en Nordelta, un hecho inédito que desató una batalla entre propietarios y desarrolladores (que van a construir un centro cívico) y el propio municipio, encabezado por el peronista Julio Zamora, quien en diciembre apoyó públicamente la decisión del Concejo Deliberante de abrir la avenida troncal, en medio de cacerolazos de residentes enfurecidos.
“Ni siquiera creo que sean empleadas domésticas. Demostrame que son empleadas. Cortaron la calle porque les pagaron”, dice Gabriel Sanders, un residente de Nordelta que se ha convertido en la voz de la indignación vecinal. Sanders se presenta como abogado, pero no quiere dar más detalles de su actividad profesional ni del barrio en que vive para conservar su privacidad (una palabra que emplea mucho, igual que “seguridad”). Sanders ha salido en varios medios y es el autor de la frase que se convertiría en titular de muchos portales: “Nos discriminan por chetos”.
— Yo quiero contarles que estamos siendo discriminadas. Ahora nos dejan subir a la combi, pero porque están los medios. Pedimos que los sindicatos se pronuncien. Nos queremos organizar, formar una agrupación para defender nuestros derechos. Que estos chetos que nos maltratan sepan que no estamos desamparadas.
Flora empezó titubeando, pero en un momento se encendió. Enseguida vinieron los aplausos y los cantos: “Unidad de las trabajadoras, al que no le gusta, se joda”. Estaba hablando frente a 500 personas en una asamblea feminista de Ni Una Menos.
A pocas semanas del corte en Nordelta, la Justicia de Mar del Plata dejó libres a los acusados del femicidio de Lucía Pérez, una chica de 16 años violada y asesinada en octubre de 2016. En ese momento, la brutalidad del crimen y el tratamiento mediático — que acusó a Lucía de promiscua — hicieron que el feminismo se volcara a las calles. Tres años después, una nueva asamblea preparaba un paro de urgencia para repudiar el fallo judicial. Entre las asistentes estaban Flora y Silvia. Las invitaron a tomar la palabra. Se pararon junto a Marta Montero, la madre de Lucía, y se presentaron como “las chicas de Nordelta”.
— Donde trabajamos está la gente más importante del país. Hay banqueros, ministros y jueces como estos que largaron a los asesinos. Hay actores y periodistas. Y ahí adentro estamos solas. Necesitamos su apoyo. Si saben que estamos acá, nos echan. Y muchas están en negro — dijo Silvia.
Era la primera vez que tanto Silvia como Flora participaban en una asamblea del movimiento Ni Una Menos. Nunca habían hablado frente a tantas personas. Salieron del barrio de Constitución mandando mensajes a sus compañeras del grupo de Whatsapp. Silvia le preguntó a su compañera: “¿Se notaba que estaba temblando?”.
En algún momento de su vida, antes de limpiar casonas del suburbio bonaerense, antes de casarse y tener hijos, Silvia quiso ser abogada. La idea se le metió en la cabeza mientras atravesaba un juicio en la década de 1990 y tuvo que enfrentarse a policías, fiscales y médicos que, mientras la revisaban o interrogaban, la responsabilizaban por su abuso. A Silvia la violó su padre entre los cuatro y los 14 años. Era un oficial retirado de las Fuerzas Armadas que la amenazaba con matar a su madre o hermanos si decía algo. Lo contó en la iglesia evangélica a la que iba. No intervinieron. Tampoco lo hizo su madre, ni la dejó terminar la escuela. Le decía que si estudiaba iba a quedar embarazada. Un día, se escapó.
— Tuve que volver esa noche. Después pasaron mis 15, con fiesta y vals con mi papá y todo. Si vieras la foto: ni una sonrisa ni nada. Y después, casada, lo peor de todo: mis hermanos me dijeron que mamá y papá se habían separado por mi culpa y que yo tenía que llevarme a mi padre a vivir conmigo. Mi ex aceptó, a cambio de un terreno, y terminé cambiándole los pañales a mi abusador. Yo hice muchos esfuerzos para no matarme.
Silvia sonríe mucho, pero su mirada dice otra cosa. Está sentada a la mesa en la cocina-comedor de la casa de Flora, en un barrio popular que queda a media hora de Nordelta. Entre mate y mate, atropella las palabras. Dice que ahora puede contar así las cosas porque hablar la salvó.
Los abusos sexuales ocupan horas en la televisión y las redes, y es difícil escaparle al tema. Dos días antes de este encuentro en lo de Flora se hizo pública la denuncia de la actriz Thelma Fardin contra el actor Juan Darthés, a quien acusa de haberla violado cuando ella tenía 16 años y él 45. Fue una bomba mediática. A Silvia, obviamente, esto le remueve todo.
— Acá lo tenés a Juan Darthés — dice Flora, y abre una revista del countryNordelta en la que el actor aparece en una publicidad de página entera.
Silvia larga una carcajada: Flora es picante. Y tiene la costumbre de guardar las revistas de Nordelta, donde también vivía Juan Darthés con su familia, hasta que se escapó a Brasil. La publicación de distribución gratuita en los barrios privados se llama Locally y se nutre de novedades vecinales, planes inmobiliarios, reportajes a las celebridades locales y noticias de la fundación Nordelta, el ala caritativa del emprendimiento.
Flora lee todo lo que le pasa por las manos. Y escribe. Tenía cuadernos enteros con anécdotas de su experiencia en el trabajo doméstico, pero se arruinaron cuando se inundó su casa. Desde que existe Nordelta, los barrios aledaños al Miami argentino se inundan cada vez que llueve mucho; los humedales sobre los que está construido el emprendimiento antes absorbían el remanente de agua.
El grupo de Whatsapp de las chicas de Nordelta se fue convirtiendo en un espacio de recopilación de testimonios y de denuncias internas, y para hacer catarsis. Silvia no deja de estremecerse con las historias. Ella se considera una privilegiada. Está en blanco y gana 13.000 pesos por trabajar seis días a la semana, ocho horas. En los últimos años pudo terminar el secundario en un nocturno. Dice que no es por ella que quiere organizarse para reclamar. Es por las demás, las que están en negro, ganando miserias, en condiciones casi de esclavitud.
— Nuestro sueldo muchas veces es menos de lo que las familias gastan en un pedido semanal de supermercado. Ves los tickets, porque los dejan ahí, arriba de la mesada. Los sindicatos no están para nosotras.
— Yo aprendí a no reaccionar, porque si no, directamente te echan. Piensan que somos unas analfabetas. Para las que vienen de afuera es peor. Una chica paraguaya le pidió un colchón a su patrona, porque casi dormía en el piso, y la señora agarró unos almohadones viejos, los rompió y le hizo un colchón. ¡Le armó una cucha! — dice Flora.
Flora tuvo que ver varias veces cómo tiraban comida delante de ella antes de ofrecérsela. O escuchar que le dijeran que tomara agua de la canilla porque “la soda es para los chicos”, o que le pusieran cámaras para vigilarla. El anecdotario es larguísimo y la necesidad de trabajar, urgente y constante. Entonces sí, se aceptan condiciones que no deberían.
— En el fondo, el problema también es de ellos. Muchos fueron a Nordelta para escapar de gente como nosotros. De los pobres, de los negros, como dicen ellos. Pero nos necesitan. Necesitan que limpiemos sus casas, cuidemos a sus hijos, mantengamos sus jardines y piletas. No sé si son todos iguales. Debe haber gente bien. Pero no son la mayoría.
Flora habla de conciencia de clase. Una de las primeras lecturas que le abrieron la cabeza fue El origen de la familia, propiedad y el Estado, de Friedrich Engels. Le pasaron el libro en un grupo feminista de izquierda que la ayudó a cortar con el círculo de violencia de su familia.
— Yo quería estudiar, avanzar, porque sólo terminé la primaria. Y los maridos no quieren saber nada de eso. Sentía que yo tenía la culpa de separarme y estuve depresiva, pasé por iglesias evangelistas, por todo. No quería terminar como mi madre, que me decía: “Cuando tus hijos sean grandes tu marido no te va a pegar más”. Mi hija más chica ya sabe defenderse.
— Nos inculcan lo que tiene que ser una familia, y nosotras para cumplir con ese mandato hacemos cualquier cosa. No sabés lo que fue en mi iglesia evangélica cuando me separé. Hasta mis hijos me decían que era una pecadora. Yo sigo yendo a la iglesia, porque la fe no la perdés, pero encarás las cosas de otra manera — agrega Silvia.
— Ahora hay que convencerla del aborto legal — dice Flora con suavidad.
— Eso me cuesta. Yo estuve con los pañuelos celestes en el Congreso el día de la vigilia. A veces pienso qué hubiera pasado si quedaba embarazada de mi papá. Yo respeto mucho la vida. Hice mucho esfuerzo para seguir viva.
A pesar de las diferencias de orígenes, recorridos y hasta simpatías partidarias (Flora vota a la izquierda desde 2001; Silvia votó a Mauricio Macri porque quería un cambio, aunque se arrepiente), ambas están convencidas de que la organización colectiva es la única manera de hacerles frente a las injusticias que viven las empleadas domésticas en Nordelta. Antes del corte de calle de noviembre no se conocían. Esta mañana de sábado bostezan porque la noche anterior, después de trabajar en el día más arduo de la semana — “hay que dejar todo listo para el fin de semana, limpiar los quinchos, las piletas, todo” — , se reunieron con otras compañeras a pintar una bandera que reflejara su lucha. Muestran la foto, orgullosas. La bandera es blanca y dice, en letras violetas y rojas: “Trabajadoras de Nordelta en contra de la discriminación y precarización”. Dibujado hay un puño en alto. “El puñito feminista”, aclara Flora.
Tras las denuncias de discriminación, los residentes de Nordelta y la empresa Mary Go salieron a negar todo de plano. Desacreditaron la palabra de las empleadas, endilgándoles oscuros intereses políticos. Hablaban de que eran instrumentos de una trama entre los desarrolladores inmobiliarios y el municipio, que quieren hacer ingresar el transporte público por cuestiones de rédito económico.
Roxana López fue jefa de bloque por el partido Unidad Ciudadana en el Concejo Deliberante y ahora trabaja en el municipio. Conoce bien el territorio y todos los daños que causó el emprendimiento Nordelta a los barrios vecinos. Cuenta que la denuncia por discriminación en el transporte llegó al Concejo en agosto de 2018, pero que todo se agilizó tras el corte y la mediatización de la protesta.
— Ellas tienen mucho miedo, vienen recibiendo estos abusos desde siempre. Fue importante que saliera el proyecto para dejar entrar al transporte público, aunque sea sólo en dos franjas horarias. Muchos propietarios “invitaron” a concejales a que no lo votaran. Ojalá esto mejore las condiciones. Igual está el tema del trabajo en negro y los malos tratos, que en Nordelta es terrible. Si no hay voluntad del Ministerio de Trabajo va a ser difícil que eso cambie.
En medio de las acusaciones cruzadas apareció en el debate público un testigo inesperado — y calificado — , que vino a respaldar la palabra de las chicas de Nordelta. Ricardo Greene es un sociólogo chileno que pasó más de diez años investigando las particularidades del trabajo doméstico en las lógicas de esta ciudad-pueblo y dedica un capítulo de su tesis de doctorado al transporte que “entra y saca” a los trabajadores. Para su investigación, Greene entrevistó a más de 100 empleadas domésticas, así como a decenas de residentes de Nordelta; esperó con ellas en la parada de Pacheco y viajó en las combis, donde escuchó a propietarios pedirles a los choferes que no les pararan y quejarse de que tenían mal olor o de que hablaban mucho. Vio cómo muchos ponían bolsos en asientos vacíos para que ellas no se sentaran a su lado. Por eso, apenas leyó en los medios lo que estaba pasando, abrió un hilo en su cuenta de Twitter, donde contó que todo lo que denunciaban las empleadas era real. Lo que sigue son notas de su trabajo de campo, que compartió con Lento:
_Ricardo: ¿Qué pasa con la combi?
Marcos: Que hablan entre ellas.
Constanza: La combi es mortal, porque están esperando media hora y se juntan seis empleadas.
Silvia: Y ahí empiezan.
Constanza: Primero, son mujeres, con lo cual ya tienen un alto porcentaje de habla. Entonces, hablan todo [ríe].
Silvia: No, y aparte, es verdad…
Constanza: No, que es mortal porque la combi produce un tiempo de ocio.
Silvia: ¡Mi esclavo no está trabajando! [Ríe].
Marcos: ¡Se está trasladando! [Ríe]. ¡Se lleva la plancha!
Tomás: ¡El esclavo tiene tiempo ocioso! [Ríen].
Marcos: Tendría que ir cosiendo botones y planchando… [Ríe muy fuerte].
Silvia: Disculpas para nosotros, esclavos…
Marcos: ¡Y hasta arman sindicatos!_
— Nordelta es un espacio de mucha vigilancia. Los countries buscan purificarse, controlar lo que entra. Confort, buena vida. Y las empleadas domésticas vienen del otro extremo, y no solamente vienen de esos lugares, sino que entran a sus casas y cuidan a sus hijos. Por eso me parece un contraste radical. El tema del racismo es permanente, aunque haya propietarios que las defiendan. En Latinoamérica hay una tradición de diferenciar entre “mis chicas” y “las otras chicas” que viene desde la época de las haciendas. Porque, por ahí, si a mi empleada yo la voy a buscar a la parada, ¿qué me importa si el bus se atrasa dos horas para las demás? Y eso tiene que ver con una tercera cosa: ese discurso de falsa familiaridad y paternal, que es constitutivo del empleo doméstico en Latinoamérica, algo que no pasa en Hong Kong o en Inglaterra — dice Greene a Lento desde Santiago de Chile.
El sociólogo siguió al detalle la explosión mediática de fin de año. No es la primera vez que hay un corte en la parada de Pacheco: él ya vivió otros reclamos que quedaron en la nada. Se entusiasma con la organización de trabajadoras, pero no tiene grandes esperanzas: están muy solas.
Se estima que en Argentina hay un millón de mujeres que trabajan como empleadas domésticas, según datos oficiales. Desde 2013, gracias a una ley promulgada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, están amparadas bajo el “régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares”. Esto quiere decir que les corresponde vacaciones, aguinaldo, licencia de maternidad y seguridad social. El problema es que más del 70% aún no fueron regularizadas, por lo que están a la merced de sus empleadores.
Según la organización Economía Feminista, las empleadas domésticas tienen el sueldo promedio más bajo de la economía argentina y “pocas expectativas de crecimiento profesional, atravesado por innumerables maltratos, abusos y una delimitación poco precisa de sus tareas”. La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, sindicato encargado de velar por sus derechos, negoció el año pasado con el Ministerio de Trabajo un aumento de 13%, cuando en Argentina hubo una inflación acumulada de 47,6% en 2018. Según publica esta organización en su página web, el salario mínimo del sector a partir de marzo de este año es de 89,5 pesos la hora (2,2 dólares), y 95,5 pesos (2,3 dólares) en caso de trabajar con cama adentro. Estos montos descienden cuando se trata de situaciones irregulares.
Muchos empleadores dicen considerar a estas mujeres parte de la familia o regalarles cosas, y creen que así queda saldado el tema de los derechos. Los lazos de intimidad que se tejen por compartir la vida cotidiana y el cuidado de los hijos, el afecto y las desigualdades complejizan un vínculo que ni siquiera puede nombrarse del todo; “la chica que me ayuda”, “la señora que limpia” o “la mucama” son algunos eufemismos incómodos que borran la palabra “trabajadora” y, por lo tanto, el contrato laboral entre dos partes que distan de tener las mismas herramientas para negociar: 80% de las empleadas domésticas sólo completó sus estudios primarios.
Estas brechas y condiciones de explotación se agudizan en contextos como los de los barrios cerrados, donde operan lógicas de clase bien explícitas. En el caso de Nordelta, que cuenta con un sistema de muchísimo control, es difícil que sus residentes no caigan en generalizaciones y exotismos al hablar; no obstante, hay marcas y gestos que se mantienen constantes a la hora de lidiar con el personal doméstico. Es probable que mucho de lo que denuncian las empleadas de Nordelta — discriminación, racismo, explotación laboral — también aparezca en hogares urbanos, pero lo que se da en la ciudad-pueblo de Tigre es un efecto acumulado, algo así como una atomización o caja de resonancia, en un lugar que busca ser deliberadamente “exclusivo”, o sea excluyente. Pero el discurso de los comunicados y las declaraciones de los residentes es ambiguo:
“Los nordelteños no discriminamos ni somos chetos. Buscamos proteger nuestra privacidad y seguridad. El derecho a la propiedad está contemplado en la Constitución Nacional y la inseguridad es una problemática cada vez más grave a nivel mundial. Por lo tanto, nuestra defensa consiste en pedir mayores controles y tener exclusividad en el uso de las tierras que mantenemos con nuestro dinero y que son del dominio privado”.
— ¿Se puede publicar eso en la nota? ¿Hay tiempo? — me pregunta Gabriel Sanders.
— Intento agregarlo. Una consulta: ¿vos tenés empleadas domésticas? ¿En blanco?
— …
— Entiendo.
— …
— Era eso nomás.
— Pero no menciones eso. Es parte de una intimidad que comparto con vos para tu contexto. No me interesa que se sepa en Uruguay. Confío mucho en el trabajo de los periodistas y en su confidencialidad respecto de la fuente en ciertas noticias o de la preservación de la intimidad. Tengo amigos periodistas.
Imelda se miró al espejo con el uniforme de mucama y se sintió Cenicienta. La espalda le quedaba grande, la pollera le colgaba por debajo de las rodillas. Ella, acostumbrada a usar un trajecito, tacos y maquillaje, ahora andaba como embolsada. Y enrejada. Los primeros tiempos en los que llegó a Buenos Aires desde Asunción fue derecho a trabajar como empleada doméstica a una casa de Palermo. Era un puesto con cama, no tenía papeles y casi no la dejaban salir. Había dejado su trabajo de vendedora en una empresa, se había venido de apuro, con sus dos hijas chicas y su mamá, escapando de un marido violento que amenazaba con matarla. De esto hace 30 años. Hoy, aun con la residencia permanente, no logra que la pongan en blanco. Ni conseguir un mejor trabajo.
El corte de noviembre la despertó. Ella no estuvo ese día, pero enseguida buscó conectarse con las chicas. En diciembre filmó con su teléfono cómo la bajaban de una combi con la excusa de que tenía que tomar la siguiente. El video se hizo viral. A ella no se la ve, pero su voz llegó a canales de televisión, portales y radios. Imelda trabaja en uno de los barrios más clase media de Nordelta. Allí hay apartamentos donde suelen vivir personas solteras o divorciadas que no quieren alejarse mucho de sus familias. Sus empleadores son una pareja de jubilados que alquilan, y eso ponen como excusa cuando ella pide un aumento. Va tres veces por semana; aunque la contrataron para limpiar, cocina y hace las veces de enfermera para la señora de la casa, que está postrada en una cama. Le cambia los pañales, la ayuda a bañarse, les deja comida pronta.
Para llegar hasta allí tiene que tomarse tres ómnibus. Tarda una hora y media desde que sale de su casa, una pieza de material que alquila y comparte con su hijo menor. Tuvo que insistir para que le pagaran el transporte. Cada vez que pide algo extra, como un aumento o tomarse días libres, amenazan con echarla.
— En Nordelta te explotan. Tengo compañeras que trabajan afuera y otras adentro, y siempre es peor Nordelta. En los barrios más ricachones como La Isla, Los Castores o El Golf pagan mejor. En esos vive gente como Mirtha Legrand, y jueces. Gente con poder. Sé que ahí trabajan bien, porque tienen varias empleadas. El otro día en el grupo de Whatsapp contaron cómo a una chica peruana la hacen desvestirse cada vez que se va para ver si se roba algo. La última vez se fue llorando. No se anima a denunciar por miedo a que la echen. También nos enteramos de que a otra señora de Perú con cama le pagan 4.000 pesos por mes por trabajar más de 12 horas. Esa señora no sabe leer ni escribir.
Imelda tiene ganas de hablar. Está teniendo días duros en el trabajo y sale muy angustiada. La última vez, el empleador le gritó porque hizo el bizcochuelo con harina cuatro ceros y no con harina leudante. A pesar de la crisis, le gusta vivir en Argentina. Quiere al país desde su infancia, cuando de chica recibía la leche en polvo que mandaba a Paraguay Eva Perón y distribuía el párroco de su pueblo. Evita, la que a los pobres les decía “mis grasitas”.
— Acá en Nordelta a nosotros nos dicen “los negros”. Somos la clase negra. Como en esa película de empleadas en Estados Unidos que muestra que no las dejaban usar el mismo baño. Eso fue hace tiempo, y acá estamos igual ahora.
Pasaron las fiestas. Pasó el verano. Empezaron las sesiones en el Congreso. La película mexicana Roma ganó el Óscar y los medios se llenaron de notas de análisis y crónicas sobre trabajo doméstico y vínculos afectivos con disparidad de clases. Cada tanto sale una noticia en los medios sobre la pelea de los vecinos de Nordelta que buscan independizarse de los desarrolladores y de la asociación vecinal. Quieren alambrar todo antes de que empiece a circular la línea de transporte público dos veces por día. Lo plantean como una batalla entre David y Goliat. Las chicas de Nordelta comparten esos links en su grupo de chat, que ha ido mutando con el paso de los meses. En enero decayó al punto de que sólo quedaban diez, pero en las últimas semanas volvió a tener más de 40. Muchas tienen miedo porque algunos propietarios hacen preguntas sobre el grupo. Están investigando. Quieren saber si sus empleadas forman parte de las insurrectas.
El 8 de marzo las chicas de Nordelta armaron un volante y lo compartieron en el grupo de chat y en el de Facebook. A la movilización feminista sólo fueron cuatro. Entre ellas Imelda y Flora, que marcharon junto a las trabajadoras despedidas de Coca-Cola. Imelda pudo estar porque finalmente renunció al trabajo donde le gritaban y la tenían en negro. La angustia superó al miedo a quedarse en la calle en plena crisis económica y social, cuando una de cada tres personas vive en condiciones de pobreza.
A Silvia se le enfermó un hermano y por un tiempo se alejó de las acciones.
Flora se quedó sin su ingreso principal. La echaron sin mucha explicación de la casa de los seis baños. Su empleadora le dijo: “Trabajás bien, pero no nos entendemos”.
El 8 de marzo, al marchar con sus compañeras, levantó bien alta su bandera, pero se tapó la cara con un pañuelo.
Nunca se sabe.
Algunos patrones ven televisión.
¡QUEREMOS NUESTRO SALARIO YA!
La precarización laboral es violencia.
Lxs trabajadorxs del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), reclamamos el pago de sueldos adeudados desde el mes de enero a alrededor de 60 compañerxs , esto se suma a las políticas de represalias y persecución, la estrategia de desinformación y las condiciones precarias en las que trabajamos llevando adelante tareas que implican un riesgo para nuestra salud.
Retrasar el pago de sueldos es un nuevo ataque al bolsillo de lxs trabajadorxs, que enfrentamos un costo de vida cada vez mayor debido a la inflación. Lxs afectadxs por esta medida somos la mayoría mujeres, muchxs con hijxs, sostén de hogar y madres solteras. Bajo estas condiciones de trabajo se vuelve imposible sostener la tarea de asistencia y contención a mujeres en situación de violencia.
Nos negamos a adaptarnos a sus condiciones neoliberales de explotación laboral como a perder los puestos de trabajo por el desgaste que genera la precarización laboral la cual se refleja en el no pago a tiempo de los salarios, trabajadorxs con diferentes formas de contratación y salarios bajos, contratos a corto plazo por tiempo determinado, no percepción de aguinaldo, aportes jubilatorios, sumado a las diferentes formas de maltrato a las que nos vemos expuestxs.
Mientras que el gobierno nacional destina miles de millones de pesos al pago de deuda al FMI y 234,3 millones de pesos del presupuesto 2019 al INAM, que se traduce a $11 por mujer, ésta gestión prioriza lo cuantitativo de la política pública de género por sobre lo cualitativo de la misma. Sobre nuestras cuerpas recaen los efectos del ajuste, la decisión de no invertir en aumentar el número de trabajadorxs, las condiciones deficientes de las instalaciones de trabajo y la falta de recursos.
Para el afuera muestran la cantidad de llamados atendidos en la Línea 144 invisibilizando que para adentro esos llamados se desarrollan bajo la órbita de control, hostigamiento, persecución y disciplinamiento sobre nuestrxs cuerpxs, en donde bajo amenaza de perder nuestro trabajo nos presionan a atender cada vez más y más, dejando entrever que lo que importa es atender solo para engrosar las estadísticas. Nos hostigan cuando nos tomamos tiempos de descanso y nos presionan con “llamadas en espera” convirtiendo el dispositivo de atención en un call center.
Las trabajadorxs venimos denunciando las distintas formas de violencias que vivenciamos en nuestros puestos de trabajo y exigimos políticas de cuidado y contención a quienes trabajamos con la temática de violencia de género, pero lejos de esto recibimos represalias que se reflejan en despidos, cambios arbitrarios de horarios y de tareas, niegue de licencias, etc.
Pese al contexto de violencias en el que nos encontramos trabajando, lxs trabajadorxs del INAM sostenemos dia a dia y con compromiso nuestra tarea, porque además de profesionales somos feministxs y estamos convencidxs de la importancia de contener y asesorar a mujeres y disidencias en situación de violencia, con lo cual la tarea es realizada a conciencia y enfrentándonos con la desidia de quienes gestionan las políticas públicas.
Exigimos el inmediato pago de los salarios.
Contra el vaciamiento: ¡Presupuesto YA para el INAM!
Contra el vaciamiento: ¡Presupuesto YA para el INAM!
Defendemos nuestros salarios y nuestras condiciones de trabajo, porque nuestro trabajo son tus derechos.
Trabajadorxs del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM)
Roberto Baradel, secretario general del Suteba
“Queda demostrado que podían hacer otra oferta”
Tras el principio de acuerdo en la paritaria docente bonaerense, Baradel precisa qué condiciones pusieron los maestros para firmar y explica por qué paran este jueves.
Baradel detalló cómo sigue el conflicto docente en territorio bonaerense.
Imagen: Sandra Cartasso
Que María Eugenia Vidal haya ofertado a los docentes el aumento que pidieron fue la gran sorpresa de estas negociaciones paritarias. La gobernadora otorgó este año la cláusula gatillo de aumento por inflación y luego, de una reunión para la otra, mejoró en diez puntos su propuesta inicial –cuando el año pasado había arrastrado la paritaria por veinte audiencias y 29 paros, sin plantear una mejora significativa para destrabarla–. No menos intrincado puede resultar el hecho de que el Suteba haya aceptado la oferta para a continuación declarar un paro este jueves. Y es que en el conflicto docente, incluso consideradas las presiones que agrega el año electoral, hay mil capas.
El titular de Suteba, Roberto Baradel, habló con PáginaI12 de cómo queda el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. El estado de las escuelas, la política antisindical de Cambiemos, los comedores y los spots de campaña son parte del menú.
–El jueves y el viernes los docentes debatieron la oferta en las escuelas. ¿Qué clima hubo?
–Hubo un clima de discusión y enojo con la provincia de Buenos Aires, por muchas cosas: porque la plata no alcanza, por el aumento de las tarifas, por la inflación… por lo que han hecho en estos cuatro años, buscando disciplinar a los docentes, no invirtiendo en infraestructura, por las muertes de Sandra y Rubén en Moreno… Hay indignación por los sumarios; desde la dictadura que no se hacían sumarios por ejercer el derecho a huelga o a manifestarse. Todo esto entró en la discusión de la propuesta salarial, sabiendo que hoy no hay una oferta que pueda satisfacer la demanda que tenemos los trabajadores por la inflación y las políticas de ajuste de este gobierno.
–¿Y en números? ¿Cómo quedaron la aceptación y el rechazo?
–Fueron parejos. Los que plantearon aceptar lo hicieron no tanto por quedar satisfechos, sino por una cuestión de tomar la cláusula gatillo, para no seguir perdiendo por la inflación.
–¿Por qué, si Suteba aceptó, llama a un paro el jueves?
–Nosotros convocamos a la marcha (de las centrales sindicales, en defensa del trabajo y la producción). Creemos que tiene que ser masiva y planteamos un cese de actividades para que todos puedan ir. Somos parte de la CTA y apostamos a la unidad, la organización y a que los reclamos sean expresados.
–¿El paro se va a sentir en las escuelas?
–Es una jornada convocada por casi todos los sindicatos.
–Un diario nacional publica que el salario promedio docente pasará a estar entre 31 y 35 mil pesos.
–Es mentira. El salario inicial sigue estando por debajo de la línea de pobreza. Lo que pasa es que ellos toman un promedio general de todas las liquidaciones, incluyendo a los inspectores. Ya estamos acostumbrados a que este gobierno mienta: ha mentido con el ausentismo, miente en su preocupación por las escuelas. Venimos del escándalo de los dos spots televisivos que hizo la gobernadora, donde mostraba la supuesta inversión en las escuelas; y resultó que eran chicos de una colonia, que les habían dado guardapolvos y los habían usado para la propaganda. Crean escenografías que son amplificadas por las corporaciones mediáticas. Hablan de una realidad virtual que no se condice con lo que está sucediendo todos los días.
–¿Lo sorprendió que Vidal les diera salarialmente todo lo que pidieron?
–No es todo lo que pedíamos… Lo que queda demostrado es que podían hacer otra propuesta y que no éramos nosotros los que estábamos poniendo palos en la rueda. Ni reclamábamos con una intencionalidad partidaria, como dicen algunos para justificar su propia incapacidad. Teníamos razón cuando decíamos que la provincia tenía recursos para mejorar la propuesta. La discusión es dónde se invierte, si para los negocios de algunos o si en salud, educación y justicia. Creo que los docentes dimos una pelea en ese sentido.
–¿Qué significa exactamente que la propuesta se acepta con condiciones? ¿Va a ser otro año de conflicto?
–Significa que tienen que cumplir esas condiciones.
–¿Y en el caso de que no?
–Nos reuniremos nuevamente y veremos qué hacemos.
–Entre las condiciones, plantean el levantamiento de los sumarios. ¿Cuántos sumariados hay?
–Más de seiscientos, directores y otros, por manifestarse o hacer algún reclamo.
–¿Qué consecuencias tiene estar sumariado?
–Que mientras está abierta la investigación, la carrera del docente se congela. Por ejemplo, no puede ser calificado. Un sumario es una investigación que debería ser abierta cuando existe una denuncia de irregularidad. En este caso, la provincia los usa como instrumento punitivo frente a la protesta.
–Otra condición es que la gobernación acepte los doce puntos para garantizar la seguridad en las escuelas. ¿De qué se trata?
–Son los puntos de un acuerdo paritario nacional sobre los requisitos que tiene que cumplir una escuela para ser considerada segura. Conexiones eléctricas, agua potable, pozos, cielorrasos…
–¿Fue firmado con el gobierno anterior?
–Sí, y este gobierno lo aceptó en Moreno. Aunque fue muy reacio a la participación, porque tardó más de 60 días en conformar la comisión con docentes, auxiliares de la educación y miembros de la comunidad educativa. Pero aceptaron que en Moreno las escuelas tienen que cumplir con esos doce puntos. Entonces, no vemos por qué no los van a aceptar para toda la provincia de Buenos Aires…
–Hoy se cumplen ocho meses de la explosión. ¿Qué balance hace lo hecho por la provincia en este tiempo?
–El balance es lamentable, porque les trasladó toda la responsabilidad a los municipios a través del fondo educativo. Está bien que los municipios inviertan a través del fondo educativo, pero es sólo una parte. Otra parte la tienen los consejos escolares y la mayor parte debería ser a cargo de la provincia, que estuvo ausente en la inversión en educación. El año pasado, de su inversión general en infraestructura, el aporte para infraestructura escolar fue sólo del 4 por ciento. Es lamentable y todavía estamos esperando que la gobernadora se refiera a Sandra y Rubén. En las sesiones legislativas no lo hizo. La gobernadora niega la realidad de un hecho gravísimo, que dos docentes hayan muerto preparando el desayuno a los chicos.
–¿Para qué piden una mesa de políticas socioeducativas?
–Para discutir la situación de los comedores y las necesidades de apoyos concretos a los chicos. Hoy los docentes están haciendo colectas para comprar útiles, porque los padres no llegan a fin de mes. En los comedores la provincia invierte poco más de 20 pesos por chico. Después de lo que sucedió con Sandra y Rubén, en muchas escuelas en lugar de arreglar el gas lo cortaron, los proveedores ahora llevan las raciones hechas sin garantías de haber guardado la cadena de frío. Los directores hacen maravillas para que los chicos coman, pero no les mandan ni los cupos necesarios ni los montos suficientes para una alimentación de calidad.
FATPREN convoca a parar y movilizar
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) adhiere a la movilización del 4 de abril, convocada por los sindicatos industriales en defensa del trabajo e inscribe el paro para las y los trabajadores de prensa.
Las trabajadoras y trabajadores de prensa de todo el país sufrimos las políticas de ajuste en todos sus niveles, desde los despidos hasta el brutal golpe a nuestros magros bolsillos. En la Patagonia las empresas se niegan a reconocer el punto Zona desfavorable con que cuentan otros sectores, a lo que se suma que en diversas provincias del Norte el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) Nº 541 no es aplicado, con la complicidad de los gobiernos de turno y la Justicia que favorece a los empresarios.
Debido a la altísima precarización laboral y a las pésimas condiciones de trabajo a las que estamos sometidos hace décadas, con un solo puesto laboral no alcanzamos a cubrir un sueldo que se acerque a la canasta básica alimentaria; al tiempo que pretenden imponernos un retroceso en nuestras condiciones laborales agregando mayor tarea por menor salario.
Por todo esto, convocamos a parar y adherimos a la movilización del 4 de abril en defensa de nuestro salario y nuestro trabajo; por paritarias acordes al índice inflacionario; por la plena vigencia de nuestro CCT Nº 541 y nuestro Estatuto del Periodista Profesional; contra el ajuste y el plan económico que nos hunde en la miseria, exigimos que las centrales obreras convoquen inmediatamente a un paro nacional.
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Laboratorios Craveri: Después del despido de 47 trabajadores, son arrestados 5 delegados
Durante la mañana de este miércoles, cinco integrantes de la comisión interna de Laboratorios Craveri fueron detenidos por la Policía de la Ciudad en la planta ubicada en el barrio de Caballito. El arresto de los delegados se produce en el marco de los reclamos contra 47 despidos decididos por la empresa a fines de la semana pasada.
Los 47 despedidos eran empleados de planta y del área técnica y fueron desvinculados de la empresa a partir del lunes 1° de abril, por lo que este miércoles un grupo de delegados se hizo presente en la empresa para reclamar contra los despidos, pero cuando intentaron ingresar a la planta de calle Miranda intervino la Policía y arrestó a 5 delegados: Horacio Wasserman, Darío Fonticelli, Walter Benítez, Facundo Gutiérrez y Martín Mendoza, que fueron trasladados a la Comisaría 6°, de Acoyte y Díaz Vélez.
El laboratorio había presentado Procedimiento Preventivo de Crisis en junio del año pasado, tras tener tres balances anuales en rojo, confirmando escenario muy difícil para la empresa desde el inicio del gobierno de Cambiemos. En octubre la empresa decidió eliminar el turno noche de su planta de Villa del Parque y desvincular a 20 operarios, pero un mes después el Ministerio de Producción dictó una conciliación obligatoria e impidió los despidos.
Ahora la yuta represora de @horaciorlarreta violando las leyes intentando sacar a los trabajadores de la comisión interna #Craveri
16 personas están hablando de esto
Juan Craveri, CEO del laboratorio, responsabiliza por la crisis al Gobierno nacional: “Desde que empezó, esta gestión nos puso en la mira y nos tomó como sus enemigos”. Luego detalló: “El 80% de nuestros insumos cotizan en dólares o en euros. Con la última gran devaluación nos pegaron en la línea de flotación y sumando un embargo de la AFIP, al atraso de precios, al aumento de las tarifas y las altas tasas todo se torna imposible”.
Waserman, uno de los detenidos, había cuestionado la explicación patronal: “Hay una baja de la producción, pero responde a decisiones de Juan Craveri, el dueño del laboratorio. Hay una contracción del mercado farmacéutico, pero no es eso lo que nos aqueja a nosotros”. El delegado también denunció que además la empresa pretende pagar el 50% de las indemnizaciones correspondientes por los despidos decididos el pasado viernes
Un fallo judicial podría causar el cierre de Diario Popular
Los intereses en dólares reclamados por honorarios de un abogado ponen en peligro la subsistencia del medio.
El caso es de suma gravedad porque pone en riesgo la viabilidad del medio y con ello la consecuente pérdida de numerosas fuentes de trabajo. La situación incluso fue advertida por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su reciente reunión en Colombia, donde manifestó su preocupación por la resolución judicial que puede amenazar la continuidad de Popular y “la subsistencia de una voz informativa”.
Se trata del reclamo de un abogado por honorarios jurídicos en un juicio contra la empresa. “A partir del intento de aplicar fórmulas de determinación de deuda alejadas de la realidad económica del país, existe el riesgo de que se termine consagrando un virtual abuso confiscatorio sobre el patrimonio de la empresa Impreba, editora de Diario Popular”, indicaron desde la compañía.
El fallo de primera instancia desconoció el pago que había recibido el demandante y también la legislación vigente (que impone regular los honorarios profesionales en pesos), fijando una suma en dólares en base a una cuestionada estimación del paquete accionario, que según la empresa es muy superior a su valor real.
Desde la empresa calificaron como “abusiva y confiscatoria” la pretensión de querer “aplicar un interés mayor al 30 por ciento anual en dólares a una sentencia, cuando en realidad no supera el 1 o 2 por ciento anual”. De acuerdo a la exigencia del demandante, la deuda superaría ampliamente el valor actual de la empresa.
Ante esta situación, se espera en los próximos días un pronunciamiento de la Cámara Civil de Apelaciones Sala J, integrada por las juezas Beatriz Alicia Veron, Marta del Rosario Mattera y Patricia Barberi. De ese fallo podría depender la continuidad del diario.
Convocatoria de SiPreBA
Musimundo cerró otras 3 sucursales
El ajuste se puso en marcha el año pasado. La empresa dice que con estos últimos cierres ya logró estabilizar sus operaciones y que no serán necesarios más cierres.
03/04/2019
La cadena de electrodomésticos Musimundo concretó una seguidilla de cierres de tres sucursales en los últimos cinco días. Santa Fe, San Juan y Bariloche fueron los sitios donde los locales bajaron las persianas, en el marco de un plan de reestructuración destinado a bajar costos y adecuarse al nuevo contexto económico.
Los voceros de la firma explicaron que los cierres son “la conclusión de un proceso de readecuación que comenzó el año pasado y que con estas medidas debería estar resuelto”.
A comienzos de esta semana cerró la sucursal Fisherton ubicada en Rosario, donde fueron despedidos 20 trabajadores. También cerró el local que Musimundo tenía en el San Juan Shopping Center, donde trabajaban 15 personas. Y lo mismo pasó con la sucursal Bariloche, donde había 10 empleados.
Estos cierres se suman a los 28 que se concretaron el año pasado, como el local emblemático de Callao y Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires. También otros en localidades como Mercedes, Saladillo, Pehuajó, Bragado, Chivilcoy y Trenque Lauquén, en la provincia de Buenos Aires; Neuquén; Famaillá y Banda del Río Salí en Tucumán. Además, el centro de distribución ubicado en Resistencia, Chaco.
Desde compañía le dijeron a Ámbito Financiero que en los problemas de Musimundo “influyó el cambio de hábito de los consumidores que se volcaron a las compras online y evitan visitar sucursales. También afectó el impacto del aumento de las tasas de interés, la inflación, costos de alquileres”, concluyeron.
La quiebra de OCA hace peligrar 6.700 empleos
La Justicia decretó la quiebra de la empresa de correo privado OCA por $7.000 millones y peligran más de 6.000 empleos aunque continuará operando hasta que tenga nuevo dueño
OCA arrastra una deuda millonaria, gran parte de la cual corresponde a impuestos reclamados por AFIP, a quien la Justicia le dio la razón a través del fallo del juez en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Pablo Tejada.
Según la resolución, la quiebra establecida permitirá que continúe la actividad del correo, lo que servirá para mantener las fuentes de trabajo durante los meses siguientes, señalaron fuentes judiciales. Sin embargo, si no aparecen interesados en hacerse cargo de la empresa, el futuro de las fuentes laborales se tornaría incierto.
El objetivo al que se apunta es a que la empresa, encuentre un nuevo dueño mediante una subasta. Según fuentes judiciales, el juez recibió dos propuestas ligadas al mismo dueño de OCA -Patricio Farcuh-, que fueron desechadas por no acreditar la solvencia necesaria para saldar las deudas de la compañía.
El juez Tejada optó por ordenar en su fallo la continuidad de la empresa, que se mantenga esa licencia durante todo el procedimiento de salvataje y lo extendió ahora que se decretó la quiebra.
Un colegio privado echó a un maestro por querer ser delegado gremial
Sucedió en la escuela Los Arroyos de la ciudad Rosario, fundada bajo la órbita del Opus Dei. El docente Ramiro Ayala hacía seis años que trabajaba en la institución.
El día siguiente, los directivos de la escuela Los Arroyos de la ciudad de Rosario, perteneciente a la órbita del Opus Dei, se enteró que Ayala había iniciado los trámites de rigor en el Sindicato de Docente Privados (Sadop) para constituir la comisión interna que nunca tuvo el establecimiento y ser candidato a delegado gremial.
En cuestión de horas, decidieron echarlo sin causa, a pesar del buen prestigio ganado por el maestro en sus seis años como empleado de la escuela.
“Ramiro era el que más se animaba, quien tenía más conciencia gremial y por eso sus compañeros también confiaban en que pudiera sostener la defensa de los derechos”, repasó Silvana Cadahia, secretaria adjunta del Sadop Rosario. Y agregó: “Era la primera vez que se elegía delegado en esta escuela, estábamos muy contentos porque era un paso importante”
Ante la presencia del sindicato en el colegio para pedir explicaciones, las autoridades obviamente negaron cualquier relación entre el despido y la actividad gremial de Ayala. Sin embargo, aclararon que no tenían ningún reproche profesional para hacerle y que le iban a pagar toda la indemnización en tiempo y forma.
En la web del colegio Los Arroyos figuran varios lemas. Uno de ellos es “Educación para liderar, aprender para pensar”. Allí dice también el colegio, bajo el título Nuestra Misión: “Procuramos un ambiente que fomente el desarrollo de las virtudes y el buen uso de la libertad”. Y en el apartado Institucional, concluye: “La Asociación para la promoción deportiva, educativa y social (APDES), es una Institución de bien público, sin fines de lucro, que tiene 19 colegios y jardines en la República Argentina. Estos surgieron por el impulso de un grupo de padres que, haciéndose eco de las enseñanzas de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, decidieron fundar colegios donde se continuara el trabajo que ellos realizaban en sus casas”.
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